*Es la segunda vez que el régimen nicaragüense acoge a un exgobernante salvadoreño acusado de corrupción. El expresidente Mauricio Funes está protegido desde el 2016 en Nicaragua.
** Sánchez Cerén es prófugo de la justicia de El Salvador por delitos cometidos contra el Estado, pero la nacionalización del expresidente impide su extradición.
Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), un prófugo de la justicia de su país después que un juez ordenó su búsqueda y captura internacional por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La protección de Ortega a su aliado del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN-izquierda) se oficializó al publicarse en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua.
Del mismo modo fueron nacionalizados nicaragüenses su esposa Rosa Margarita Villalta, su hija Claudia Lissette Sánchez Villalta y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez, según certificaciones del Ministerio de Gobernación publicados en La Gaceta, este 30 de julio.
Luego que cada uno de ellos manifestaran “su voluntad de adquirir la nacionalidad nicaragüense” y en atención a la Ley General de Migración y Extranjería y su reglamento se les otorgó ese derecho. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación habría violentado la Ley al nacionalizar de forma expedita al expresidente salvadoreño, pero de esta manera se le protege de la extradición.
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Es la segunda vez que Ortega protege a exmandatarios salvadoreños de que enfrenten la justicia por delitos de corrupción que le acusan. Desde el 2016 se otorgó, primero asilo al expresidente Mauricio Funes y en julio del 2019 se le nacionalizó nicaragüense así como a su esposa e hijos, incluso Funes recibe un salario de 2,739 dólares por parte de la Cancillería de Nicaragua, aunque se desconoce en concepto de qué recibe ese pago.
Buscado por la Interpol
Esta semana trascendió que el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador emitió una orden de búsqueda y captura internacional en contra del expresidente Sánchez Cerén.
En ese sentido giró oficio a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la mayor organización de policía con 194 países miembros, para que se localice y capture al exmandatario Sánchez Cerén.
La semana pasada, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió en Twitter que Sánchez Cerén era un prófugo de la justicia de su país. Y agregó: “Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó”.
Se cree que desde esa fecha ingresó a Nicaragua, pero su presencia era mantenida en secreto por el régimen de Ortega.
El pasado 25 de julio, la Fiscalía General de El Salvador presentó cargos por actos de corrupción contra el exmandatario y otras nueve personas que supuestamente recibieron “pagos irregulares” durante la administración del también expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009 y 2014).
La acusación señala que Sánchez Cerén podría haber recibido en sobresueldos hasta US$530,000 cuando se desempeñaba como vicepresidente de Funes.
Sánchez Cerén es un político y docente que nació el 18 de junio de 1944 en el municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad.
El nieto del político salvadoreño también estaría relacionado con un caso de corrupción.
Refugio de acusados de corrupción
Sánchez Cerén y Mauricio Funes militaban en el partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), un aliado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) el partido que dirige Ortega.
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El FMLN llevó al poder a Funes y a Sánchez Cerén, pero después de múltiples denuncias de corrupción el partido sufrió una derrota electoral. La Constitución de Nicaragua en su artículo 43 prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
Al asumir su mandato, el presidente Bukele prometió extraditar de Nicaragua al expresidente Funes en los primeros 100 días de su gestión, algo que todavía no logra por la protección que le otorgó Ortega.
Bukele no ha reaccionado a la nacionalización nicaragüense de Sánchez Cerén.
A inicios de julio, Estados Unidos divulgó la “Lista Engel”, un mecanismo para castigar a actores políticos corruptos y que socavan la institucionalidad democrática en el Triángulo Norte de Centroamérica. En la lista de 34 funcionarios, iban empresarios y políticos de El Salvador y Guatemala.
En lo que refiere a El Salvador son 14 los incluidos en la lista que encabeza Martha Carolina Recinos, jefa de gabinete del presidente Nayib Bukele, pero también hay varios funcionarios y exfuncionarios gubernamentales, activistas del partido oficialista Nuevas Ideas y dirigentes de los partidos ARENA (derecha) y FMLN (izquierda).
