*Diálogo Interamericano denuncia que Ortega despoja de derechos laborales a empleados de zonas francas y viola todas las normas establecidas en el acuerdo comercial o DR CAFTA.
**En el caso del oro, hay un despojo permanente de tierras indígenas para minerías y asesinatos sin investigar de la población autóctona.
***El análisis de Manuel Orozco, director de Migración y Desarrollo de Diálogo, sugiere que Estados Unidos aplique las normas del acuerdo comercial contra las violaciones de los derechos humanos y el gobierno dictatorial.
Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega ha despojado de los derechos laborales a los trabajadores de Zonas Francas, violando las normas establecidas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (conocido como DR CAFTA, por sus siglas en inglés). Esa es la conclusión de un análisis del politólogo Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano.
El documento titulado “Nicaragua y CAFTA: Incumplimiento del Acuerdo”, establece que el gobierno nicaragüense incumple los derechos laborales y ambientales del acuerdo comercial, así como lo referente al acceso al mercado para las instituciones financieras.
“Nicaragua ha roto su cumplimiento del acuerdo comercial por varios motivos. En primer lugar, ha violado el lado laboral del acuerdo en la medida en que los sindicatos y otros derechos laborales en las zonas de libre comercio están subordinados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que controla plenamente los sindicatos”, dice el análisis.
Según Orozco Nicaragua también está violando el Capítulo 17, en particular el 17.2 de la parte ambiental del acuerdo, así como el Capítulo 12 sobre el acceso al mercado para las instituciones financieras.
El tratado ha permitido a Nicaragua un acceso privilegiado al mercado estadounidense. Un 50 por ciento de las exportaciones nicaragüense van a Estados Unidos y el país centroamericano recibe un 26 por ciento de sus importaciones.
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Sin embargo, más de la mitad de las importaciones estadounidenses desde Nicaragua son textiles y prendas de vestir que se originan en las zonas de libre comercio. Sin embargo, las exportaciones de esos lugares son producidas por trabajadores y empresas que están sufriendo el acoso del régimen.
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Retórica antimperialista
De manera similar, las exportaciones de oro a los Estados Unidos ocurren en el contexto de las concesiones y operaciones mineras en las que existen derechos protegidos de los pueblos indígenas y donde algunos usurpan la tierra e infligen daño a la población indígena.
A pesar de la retórica antiestadounidense del régimen Ortega-Murillo, el análisis recuerda que la dependencia comercial de Nicaragua de Estados Unidos ha aumentado desde que entró en vigor el acuerdo.
“Tanto sus exportaciones como sus importaciones como volumen y participación en el comercio total han aumentado del 35% al 47% de las exportaciones totales y del 20% al 27% de las importaciones. Esta dependencia comercial es indicativa de una sólida relación producto del tratado de libre comercio con Estados Unidos”, señala el estudio.
Sin embargo, el mercado de exportación del país centroamericano a Estados Unidos puede reducirse a menos de diez productos y, en términos prácticos, a seis: textiles, oro, ensamblaje de productos electrónicos, carne, tabaco y café, que, en conjunto, en 2021, comprendieron el 93% de las importaciones estadounidenses desde Nicaragua.
Trabajadores sin derechos
El estudio de Orozco muestra un ambiente en el que los trabajadores carecen de las más mínimas condiciones laborales y derechos, en medio de la imposición de los sindicatos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los trabajadores de la Zona Franca se han quejado de prácticas arbitrarias de despido, especialmente para aquellos con condiciones médicas, independientemente de si los trabajadores desarrollaron estas condiciones dentro o fuera del trabajo. En algunos casos, esto ha incluido el despido de mujeres embarazadas.
Además, los trabajadores se han quejado de las malas condiciones sanitarias en el lugar de trabajo y de la denegación del acceso a la atención médica durante el horario laboral.
Según Orozco, a los trabajadores se les ha exigido laborar más horas y aumentar la productividad, sin que el Ministerio del Trabajo se pronuncie sobre los abusos a sus derechos.
“Según los informes, los días de trabajo oscilan entre 10 y 12,5 horas y algunos afirman que se han visto obligados a trabajar horas extras. Además de los breves descansos, algunos trabajadores también citan abuso verbal y psicológico durante sus turnos”, explica el reporte de Diálogo.
Sumado a las malas condiciones laborales, los trabajadores también denunciaron salarios injustos y deducciones salariales.
Las quejas incluyen que la libertad de movimiento ha sido limitada desde que el régimen aumentó la represión y se volvió más vigilante de la libertad de expresión.
Sindicatos sometidos al FSLN
“Los principales sindicatos del país y el gobierno no han logrado defender y proteger a los trabajadores, específicamente a los de la Zona Franca. En muchos casos, los trabajadores que presentan una demanda o las violaciones de reclamos de derechos son ignoradas, despedidas o, en algunos casos, amenazadas”, advierte el análisis.
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Los trabajadores de Zonas Francas son especialmente importantes porque el 32% de las exportaciones a Estados Unidos son de prendas y accesorios de vestir.
Según la Comisión Nacional de Zonas Francas existen unas 130 empresas registradas para operar en esta rama, donde laboran más de 130 mil personas, el 5% de la fuerza laboral y el 16% de los de la economía formal.
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Violaciones ambientales y represión a indígenas
El análisis de Diálogo Interamericano determina también que el régimen de Managua no ha protegido el medio ambiente y más bien ha ido en contra de lo estipulado en el capítulo 17 del DR CAFTA.
El estudio cita daños ambientales como la pérdida de más de 79,200 hectáreas de bosques primarios entre 2017 y 2022.
Pero Orozco subraya que “la principal interrupción del tratado consiste en el maltrato a los derechos indígenas donde se desarrollan las operaciones mineras”.
La exportación de oro es el 16% del total de productos nicaragüenses a Estados Unidos.
“Los grupos indígenas de la zona han sufrido diversos tipos de violaciones a los derechos humanos en beneficio de las operaciones mineras. Desde 2022, se han producido más de 571 infracciones en más de 83 comunidades en 17 territorios de la costa caribeña”, precisa Orozco.
Se señala a la entidad Mecanismo de Reparación Independiente (MRI) como la que ha presentado evidencias de que las concesiones mineras están usurpando territorios indígenas, dado que son a menudo establecidos sin el consentimiento de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
“Se han producido violaciones de los derechos humanos de la población indígena en las zonas donde operan las minas que exportan oro a los Estados Unidos y que trabajan bajo la protección del gobierno de Nicaragua”, cita el estudio.
“Estas violaciones de derechos humanos se relacionan con al menos dos temas principales: primero, conflictos por invasiones de tierras por parte de ‘colonos’ y segundo, asesinatos que no se denuncian ni investigan y que a menudo involucran a fuerzas policiales o personal militar desmovilizado”, agrega la investigación.
Proceso escalonado de sanciones
La propuesta de Manuel Orozco es un proceso de sanciones que debe ser escalonado o calendarizado conforme al cumplimiento e incumplimiento del DR CAFTA por parte del régimen de Daniel Ortega.
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Al menos tres medidas deberían ser introducidas antes del 21 de junio de 2023, dijo Orozco a Expediente Público.
Primero convocar las mesas de trabajo y medio ambiente para pedir rendimiento de cuentas sobre violaciones al tratado. Segundo, sancionar a la Unidad de Análisis Financiero, (UAF) por congelamiento de cuentas e ir en detrimento de derechos a la propiedad privada y al DR CAFTA.
Además, introducir sanciones adicionales a sectores financieros y económicos como los suplidores de combustible, y empresas de transporte que se benefician de la inversión estatal en obras públicas que oxigenan el clientelismo económico.
Orozco explicó a Expediente Público que, de haber incumplimiento, a tres meses de haberse realizado la convocatoria, habría que proceder a imponer multas por violaciones laborales y ambientales al Ministerio de Trabajo, al del Ambiente y al Banco Central.
¿Extender sanciones a quien apoye al régimen?
Además a empresas identificadas como ‘socias’ manteniendo desprotegidos a trabajadores en zona franca textil, y poblaciones indígenas desalojadas por los ‘colonos’ y por agresiones físicas. También, desacreditar empresas exportadoras de textil que hayan sido identificadas en participar de las violaciones laborales y desacreditar a las empresas mineras que se benefician del desalojo de pueblos indígenas.
«Frente a un incumplimiento al rendimiento de cuentas la imposición de tarifas al sector textil y minero se impondrán en el 2024. Estas tarifas seguirán un procedimiento escalonado dependiendo del incumplimiento”, señaló Orozco.
Además, habría sanciones adicionales a empresas intermediarias que sabiendo los incumplimientos mantienen vínculos económicos en esas operaciones.
Según el director de Diálogo Interamericano, es imperativo que Estados Unidos, como parte del tratado, convoque una reunión del Consejo de Asuntos Laborales como lo ordena el Artículo 16.4 fuera del territorio nicaragüense e incluya a líderes cívicos y de derechos laborales para proteger su seguridad y tener una audiencia justa.
“Por el desprecio de Nicaragua a los derechos de la población indígena, Nicaragua está actuando en contra del acuerdo, que establece que “es inapropiado fomentar el comercio o la inversión debilitando o reduciendo las protecciones otorgadas en las leyes ambientales internas”, advierte.
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Además, recuerda que la administración tiene un recurso adicional a las violaciones a través del decreto ejecutivo del presidente Biden que establece sanciones a quienes atenten contra la democracia en Nicaragua.
¿Se puede eliminar a Nicaragua del DR CAFTA?
El investigador cree que eliminar a Nicaragua del DC CAFTA “además de ser política y jurídicamente inviable, no corresponde proporcionalmente al carácter dictatorial del régimen, y más bien agregaría ingredientes nacionalistas”.
Según Orozco, su propuesta “no afecta el empleo de trabajadores en zona franca o minería».
“Los costos de operación en estas zonas son más bajos que en la región, y la salida en masa es poco probable ya que los costos de reubicación son muy altos y el efecto laboral sería de un desplazamiento parcial a sectores formales e informales”.
Según su análisis, la experiencia muestra que, ante una crisis, las empresas dejan de crecer entre 15% y 20% en el peor de los casos.
“Es por ello que estas recomendaciones muestran que el impacto de las penalidades tiene precisión suficiente para minimizar el riesgo de pérdidas económicas que afecten a los nicaragüenses”, subraya.
Orozco señala que el fin de este análisis es tratar de hacer coincidir el cumplimiento del acuerdo comercial con las políticas exteriores de Estados Unidos contra las violaciones de los derechos humanos y el régimen de Ortega.
Objetivo debe ser debilitar al régimen
Además, ayuda a guiar a los responsables de la política exterior estadounidense a cumplir con la Ley RENACER, que exige una revisión del tratado de libre comercio con Nicaragua. La Sección 3 de la Ley RENACER otorga autoridad a la administración Biden para tomar medidas con respecto a la participación de Nicaragua en el DR CAFTA.
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“Estas medidas no deben tomarse como un evento aislado e independiente, sino como otro mecanismo de presión internacional. Hay una combinación de factores que juntos pueden debilitar el nivel de dictadura en Nicaragua para una transición política”, señala.
Orozco menciona entre estos factores el debilitamiento del capital político dentro del régimen como la cohesión del círculo de poder, la estructura policial y judicial represiva y la estabilidad del aparato burocrático.
Además, el cese de la cooptación económica del régimen que facilita el clientelismo y la cleptocracia, las remesas y deuda externa para liberar fondos que puedan ser utilizados para mantener la represión.
Otro de los aspectos sería el fortalecimiento del grupo cívico opositor en Nicaragua y en el exilio (integrando un bloque cívico democrático con su base nacional que sume a actores de diversos sectores e ideologías), y el aumento de la presión internacional a través de la protesta, las presiones materiales (con más sanciones, penas, restricciones al financiamiento externo) y la diplomacia proactiva.
