Gobierno sigue negándose a dejar entrar a Nicaragua a una delegación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet.
Expediente Público
Después de casi tres años del estallido social, el Gobierno de Nicaragua no ha reconocido la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018, incluidos asesinatos, detenciones ilegales y recapturas arbitrarias. La crisis en Nicaragua ha alcanzado otras dimensiones económicas y humanitarias, un escenario de pobreza, desempleo y desigualdad, agravado por el coronavirus y los huracanes que afectaron el Caribe Norte del país en noviembre de 2020.
“Desde abril de 2018 Nicaragua está sumida en una profunda crisis en materia de Derechos Humanos, provocada por una sistemática y generalizada violación a los derechos humanos, por una política represiva dirigida por el gobierno de Daniel Ortega”, advirtió Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en el encuentro “El papel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante la continua crisis de Derechos Humanos en Nicaragua”.
Este panel contó con la participación de líderes y también víctimas de Nicaragua, en el marco de la 46 sesión del Consejo de Derecho de las Naciones Unidas, el pasado jueves 18 de febrero.
Ahí estuvo presente el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas, Clément Nyaletsossi Voule, quien destacó su desacuerdo ante la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que no cumple con estándares internacionales y limita la libertad de expresión en el país centroamericano. Además, señaló que ha solicitado en reiteradas ocasiones la entrada a Nicaragua de una delegación para discutir y evidenciar la situación, pero no ha obtenido respuesta positiva por parte del Gobierno sandinista.
La impunidad ha propiciado la repetición de violaciones de derechos humanos y nuevas formas de represión, documentada por varios mecanismos internacionales y nacionales, en particular las restricciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación en la dirección de los asuntos públicos. Todos esto abusos los recogió en su reciente Informe la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet, publicado un día después del encuentro.
La oficina de la Alta Comisionada ha enviado 37 comunicaciones a la Cancillería de Nicaragua, pero las autoridades solamente han respondido a 17. La OACNUDH aseguró que “continuó solicitando acceso al país y reiteró su disponibilidad para brindar asistencia técnica, pero no recibió respuesta”, se refleja en el documento. Desde junio del 2020 el Gobierno sandinista no responde a las solicitudes de información sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
“A los campesinos nos están asesinando a diario”
La campesina Thelma Montenegro, participó en el intercambio con los miembros de Naciones Unidas, y alzó su voz: denunció una vez más el asesinato de cuatro miembros de su familia, entre 2018 y 2019, incluyendo a su esposo, Francisco Blandón, cuyo cuerpo no le fue entregado para darle cristiana sepultura.
Montenegro relató en el panel el hostigamiento constante de la Policía y grupos sandinistas contra su familia, originaria del municipio de Wiwilí, en el departamento de Jinotega, ubicado al Norte, a más de 170 kilómetros de la capital Managua.
“En este momento tenemos el encarcelamiento de dos miembros de nuestra familia, dos jóvenes de 20 y 24 años, Dorling y Oliver Montenegro Muñoz, hijos de mi primer hermano asesinado, uno de ellos está condenado y el otro fue capturado en una balacera y quien está siendo procesado”, denunció.
Montenegro sostuvo que otras familias campesinas de la zona por miedo a represalias, prefieren guardar silencio. Sin embargo, la mejor medida para salvaguardar la vida de su familia ha sido no callar.
Expediente Público ha documentado el calvario que ha sufrido esta familia campesina, que a partir de 2018, en medio del contexto nacional de reclamos sociales, se integró en acciones de protesta cívica, ante las aberraciones cometidas contra estudiantes, ancianos y la Iglesia. “Esta actuación ciudadana de nuestra parte desencadenó el odio, la persecución y crueldad de los adeptos al Gobierno y las fuerzas militares del Gobierno, Ejército, Policía y paramilitares”, manifestó Montenegro.
También Lea: Los Montenegro de Wiwilí, la familia excontra perseguida por el régimen
La campesina Montenegro solicitó a la comunidad internacional “un compromiso empático, una mirada y un accionar contundente hacia el país”, ante un año electoral en 2021 y de oportunidad de cambiar la historia de impunidad de Nicaragua, que permita una mejor educación a las nuevas generaciones.
Nuevas formas de represión
El informe reciente de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dejó en evidencia que no hay un avance del gobierno de Daniel Ortega en el respeto a los derechos humanos y la impunidad predomina como política de Estado, para cubrir los graves crímenes que se siguen cometiendo de manera sistemática desde hace tres años, cuando estalló la crisis social y política por la represión a las manifestaciones.
La OACNUDH señaló la permanencia de prohibiciones a las manifestaciones públicas organizadas por opositores al Gobierno, como la Ley 872, de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, que subordina los eventos públicos a la autorización de esta institución sancionada por Estados Unidos por violación de derechos humanos.
“La persistencia de la crisis sigue arraigada en la fragilidad de las instituciones y el estado de derecho, que se han ido erosionando progresivamente a lo largo de los años, mientras que las violaciones de derechos humanos perpetradas en 2018, siguen impunes y el espacio cívico se ha restringido aún más”, señaló el informe.
Se hace referencia también a la Ley 1040, de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada el pasado 15 de octubre de 2020, de la cual varios organismos como la CIDH, la Unión Europea y la misma OACNUDH expresaron su preocupación. Esta última instancia ofreció asistencia técnica al Gobierno nicaragüense para asegurar su alineación con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, pero fue en vano.
Puede leer: Defensores de Derechos Humanos seguirán denunciando a regímenes dictatoriales
“La ley prevé la cancelación del registro legal de las organizaciones que obtengan fondos del exterior para realizar actividades que interfieran en los asuntos internos de Nicaragua, amenazando su independencia, autodeterminación, soberanía y estabilidad económica y política. Esta amplia formulación podría utilizarse para desmantelar cualquier organización que se considere crítica con el Gobierno”, cita el informe.
En el primer semestre de 2021 han sido detenidos seis nicaragüenses por ser opositores, mientras la cifra actual de presos políticos corresponde a 111 desde 2018, según estadísticas del Mecanismo de Presas y Presos Políticos.
Desde 2018 a la fecha, han sido documentadas más de 300 muertes y 2.000 heridos en el contexto de las protestas; al menos 1.614 personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad según la oficina de Bachelet.
Desde 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, otorgó un mandato específico mediante resolución a OACNUDH, en la que orienta el monitoreo y seguimiento de la situación de los derechos humanos en Nicaragua debido a su grave deterioro.
Sin embargo, ese mandato se realiza de manera remota, ya que el Gobierno de Ortega expulsó a todos los organismos internacionales de derechos humanos a finales del 2018 y no ha permitido su ingreso al país, para el monitoreo de los abusos y restricciones a las libertades fundamentales que viven los nicaragüenses.
Puede interesarle: 30 meses de represión continua: crítica situación de derechos humanos en Nicaragua
Seguimiento del Meseni
El balance del cumplimiento de Ortega de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada Bachelet en septiembre de 2019, “ha sido deficiente”. Así lo describe el reciente Boletín del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), publicado en enero de 2021.
A nueve meses que se realicen las elecciones generales en Nicaragua, el Meseni recalcó la situación de violaciones frecuentes a los derechos a la libertad personal, de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación en la nación centroamericana.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + también se sumó a la demanda a la comunidad Internacional, del seguimiento de monitoreo sobre el empeoramiento de la crisis social y política de los nicaragüenses.
“La falta de independencia del Poder judicial y de la institución nacional de derechos humanos, y la continua reducción del espacio cívico, obstaculizan la transparencia y la rendición de cuentas, incluso en relación con la respuesta del Gobierno a la pandemia del Covid-19 y las elecciones de 2021”, indicó el Colectivo.
Zona Caribe vulnerable
Lottie Cunningham Wren, representante del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, también participó en el panel y abogó por la inclusión de la situación de los pueblos indígenas, ya que a medida que el espacio cívico y las garantías democráticas se cierran, se agudiza también el despojo territorial y el patrón de violencia sistemática generalizada contra quienes defienden sus derechos.
Según estadísticas presentadas por Cunningham en el panel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Nicaragua en 2020 se contabilizaron al menos 13 asesinatos, 8 personas heridas en ataques armados, 2 secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad. Desde el 2011 habría un total de 49 indígenas asesinados, 52 lesionados, 46 secuestros y 4 desaparecidos.
Foto cortesía de UNICEF. Un niño en el barrio El Muelle Bilwi, Puerto Cabezas, Nicaragua, el 5 de noviembre de 2020. Una de las zonas más afectadas por los huracanes Iota y Eta
Cunningham resaltó que las condiciones frente a la pandemia en la zona Caribe Norte «son críticas», después de los huracanes que afectaron aproximadamente a 130,000 personas de 260 comunidades, de las cuales 54 fueron impactadas gravemente.
Las familias están expuestas a un brote de Covid-19 y otras enfermedades como diarrea, neumonía, malaria y dengue, además de estar en el desamparo, sin viviendas, con un hospital colapsado, sin alimentación, pozos, ríos y lagunas para consumo y pesca contaminadas.
“Lamentablemente las autoridades del Estado de Nicaragua no han dado respuesta para que la población pueda mejorar sus condiciones de vida, y tampoco han permitido que otras organizaciones apoyen como en otras emergencias de desastres naturales”, aseguró Cunningham.
