*Dos periodistas independientes en Nicaragua fueron detenidos esta semana, siendo acusados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la misma «Ley de los Pueblos» que aplica a los opositores.
**El director del periódico El Nacional, en entrevista con Expediente Público, sostiene que en Venezuela el periodismo ha migrado a las plataformas web para vencer la censura.
***En Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Ciberdelitos o “Ley Mordaza” que busca castigar a quienes difundan “noticas falsas”.
EXPEDIENTE PÚBLICO
Actos intimidatorios, detenciones arbitrarias y leyes contra el ejercicio periodístico son situaciones que tienen en común Nicaragua y Venezuela, países donde los gobiernos autoritarios de Daniel Ortega y Nicolás Maduro replican los mismos modelos para limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública.
En ambos países, los gobernantes aprobaron leyes que implican multas y cárcel, como un mecanismo para censurar al periodismo independiente que sigue en resistencia y se sobrepone a los ataques.
En Venezuela, donde se vive una crisis de derechos humanos inédita en la región de las Américas, el trabajo de la prensa continúa siendo amenazado.
Empiezan a detener a periodistas
La situación es similar a la que enfrentan los periodistas en Nicaragua desde abril de 2018 cuando el país se sumergió en una crisis sociopolítica, debido a unas reformas a la ley del Seguro Social.
La noche del lunes 21 de junio, la Policía nicaragüense detuvo al periodista independiente Miguel Espinoza, quien es cronista deportivo, y al igual que al dueño del Canal 100 % Noticias, Miguel Mora, quien fue arrestado el domingo 20 de junio a medianoche, se les acusa de violar la conocida como «Ley de los Pueblos», bajo el argumento de «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos» de Nicaragua.
Mora además es aspirante a la presidencia y con él ya son cinco precandidatos arrestados con la misma ley por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La Policía también la noche del lunes allanó la casa del director del Confidencial y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro Barrios con la intención de detenerlo, denunció el periodista en sus redes sociales. En la vivienda de Chamorro, ubicada en la zona sur de Managua, la capital, estaban su cuñada Amelia Elizondo y dos trabajadores.
«Daniel Ortega ordenó el asalto policial a la redacción de Confidencial en diciembre de 2018. Se robaron todos los equipos y confiscaron las oficinas. Hace un mes, el 20 de mayo, la policía asaltó por segunda vez la redacción de Confidencial y Esta Semana», recordó Chamorro, quien se desconoce si salió de Nicaragua como lo hizo hace tres años debido a la represión en su contra por parte del régimen sandinista.
Carlos Fernando es hermano de Cristiana Chamorro Barrios, la precandidata presidencial opositora quien tiene casa por cárcel impuesta por 90 días, mientras siguen las investigaciones en el supuesto lavado de dinero y activos que le señala la Fiscalía mientras la también periodista era directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). Cristiana y Carlos Fernando son hijos del periodista y «mártir de las libertades públicas», Pedro Joaquín Chamorro, quien fue asesinado durante la dictadura somocista el 10 de enero de 1978, y de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios.
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Venezuela sin conexión de calidad
El periodista venezolano, Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional, explicó a Expediente Público que en su país los hombres y mujeres de prensa siguen siendo objeto de agresiones, hostigamiento y persecución, acciones gubernamentales que buscan evitar que la información llegue a los venezolanos.
“El 60% de la población al único medio que tiene acceso es a la estación de televisión del Estado que es el canal 8 de TV, no tiene acceso a más nada y el acceso a internet que es donde están todas las noticias en Venezuela ha ido deteriorándose, de tal manera que Venezuela pasó de ser un primer país con acceso calificado en América Latina a ser el último, estamos peor que Haití y además costoso y entonces eso impide que en los sectores populares tengan acceso a las webs”, dijo Otero a Expediente Público.
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Otero ha vivido en carne propia las agresiones del régimen venezolano, un país donde ejercer periodismo se volvió sumamente complicado desde la llegada de Hugo Chávez al Palacio de Miraflores en 1999 y luego de su muerte, el 5 de marzo de 2013, con Nicolás Maduro.
En el caso venezolano, según Otero, la primera ley aprobada contra los medios fue la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, mejor conocida como “Ley Resorte”, aprobada por la Asamblea Nacional y vigente desde el 7 de diciembre de 2004.
La ley tiene que ver con “bloques de horario y restricciones” y la emisión de mensajes “obligatorios” vulnerando la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en Venezuela, afirmó Otero.
“Es una ley para controlar los medios audiovisuales, la radio y la televisión, que como son concesiones del Estado en el aspecto del espectro radioeléctrico, entonces, establecen unos mecanismos en los cuales se imponían instrumentos discrecionales de penalización, el tema de las concesiones”, explicó el periodista venezolano.
En 2005, Venezuela introdujo una reforma en el artículo 297-A del Código Penal para castigar con hasta cinco años de prisión a las personas que divulguen “informaciones falsas”.
El 21 de marzo de 2020, el periodista Darvinson Rojas fue detenido por publicar unos tuits en los que habla de cifras que presuntamente el gobierno de Maduro “intenta ocultar”
Un informe de la organización Amnistía Internacional, señala que Rojas fue puesto en libertad después de doce días, pero fue acusado de “instigación al odio” e “instigación pública”.
Las regulaciones establecidas en Venezuela todavía vigentes son un mecanismo de censura contra la prensa independiente, afirmó Otero.
“La primera que eliminaron fue Radio Caracas Televisión que era el canal más importante y después generaron una autocensura terrible donde siguen siendo, la mayoría de los medios radio y televisión, siguen estando en manos de privados, pero no se atreven a sacar nada, porque el primero que saque algo lo cierran, lo penalizan y le quitan la concesión”, explica Otero.
Persecución y asalto contra El Nacional
En 2015 Otero huyó a España, donde adquirió la nacionalidad, después que Diosdado Cabello siendo presidente de la Asamblea Legislativa demandó a tres medios de comunicación venezolanos, incluyendo a El Nacional, por un artículo que reprodujeron del diario español ABC, en el que se señalaba que el funcionario chavista sería investigado por supuestos vínculos con el tráfico de estupefacientes.
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El régimen venezolano desató una batalla legal contra El Nacional, un rotativo que después de 75 años dejó de circular en su versión impresa el 14 de diciembre de 2018, pues no había más papel, ni planchas ni tinta.
El Nacional, que dirige Otero desde el exilio, fue obligado a migrar a la web, como consecuencia del bloqueo a los insumos que se utilizan para imprimir el periódico.
“Con los medios impresos estos se fueron contra el suministro de papel que creo, porque leí por ahí, que es lo que quieren hacer con La Prensa en Nicaragua, porque es el medio que queda, impreso, más importante y quieren obstaculizarle, eliminarle o impedirle el suministro de papel prensa para que no puedan imprimir que fue lo que hicieron en Venezuela con el periodismo independiente”, afirma Otero.
La arremetida contra El Nacional no paró ahí. El 14 de mayo de 2021, efectivos de la Guardia Nacional venezolana ejecutaron un embargo de todos los bienes del diario, después que un juez ordenó pagar a Cabello US$13.4 millones de dólares por la demanda que introdujo en 2015.
“Es la última manera que ellos utilizaron contra nosotros, una demanda de difamación que no tiene sentido cuando los jueces y todo el sistema judicial está controlado por el ejecutivo en estos países autoritarios (…) Lo hicieron de una manera brutal, el edificio del periódico está tomado”, mencionó Otero.
En Nicaragua la historia se repite
El 13 de diciembre de 2018, la Policía Nacional asaltó el edificio donde estaban ubicadas las oficinas de Confidencial y los estudios de Esta Semana y Esta Noche que dirige el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro.
Una semana después, el 21 de diciembre de 2018 la historia se repitió con el canal 100% Noticias, del periodista Miguel Mora que fue llevado a prisión junto con la jefa de prensa, Lucía Pineda.
La toma de esos dos medios de comunicación fue la antesala de lo que ocurriría posteriormente en el país, donde los diputados de la Asamblea Nacional promulgaron polémicas leyes.
En Nicaragua, la Ley Especial de Ciberdelitos, Ley número 1042, es el principal instrumento jurídico que tiene el gobernante centroamericano, Daniel Ortega, contra los periodistas y medios independientes de Nicaragua.
Desde la presentación de la ley en el Parlamento nicaragüense en 2020, medios independientes y organizaciones periodísticas denunciaron que la iniciativa serviría como un arma más para criminalizar la libertad de expresión y de información en el país.
La abogada penalista María Oviedo, integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), recordó que la iniciativa se aprobó en un “contexto de represión”.
“Es un contexto de represión, de violación al derecho humano, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, la libertad de asociación. Esta ley al nacer dentro de este contexto es una clara señal de que lo que se pretende es instrumentalizar el marco legal y el derecho penal para erradicar a la disidencia, eso está claro”, dijo Oviedo a Expediente Público.
Pese a que la legislación se aprobó hace poco más de siete meses, a la fecha ningún nicaragüense ha sido judicializado por promover “noticias falsas o tergiversada”.
La polémica ley, también conocida como “Ley Mordaza”, fue promovida por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) el 27 de octubre de 2020 y quedó aprobada con el voto favorable de los 70 diputados sandinistas.
Tres días después (30 de octubre de 2020) la legislación entró en vigencia, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta. La ley castiga con cárcel a las personas y entidades que difundan “noticias falsas” en las redes sociales o medios de comunicación.
El texto señala, en el artículo 30, que la “propagación de noticias falsas” será sancionada con una pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa.
Si la “información tergiversada” perjudica el “honor, prestigio o reputación” de una persona o a su familia, la pena será de uno a tres años de prisión y ciento cincuenta a trecientos cincuenta días multa.
Mientras que las publicaciones de noticias falsas que “incita al odio y a la violencia recibirán de tres a cinco años de prisión, si se logra comprobar además que esa información pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana.
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Para Oviedo el texto de la ley abre la posibilidad que el artículo 30 sea analizado de manera “subjetiva, arbitraria y en abuso total del poder”.
“No sabes quién va a determinar qué es falso y qué es tergiversado, quién va a determinar qué noticia provoca alarma o zozobra si el monopolio de la verdad la va a tener el gobierno siempre, porque quién es el que maneja o controla la información es el Estado y hay una Ley de Acceso a la Información Pública, pero eso no se cumple”, señala Oviedo.
La legislación también establece una aplicación fuera del territorio, es decir el artículo 43 le brinda la facultad al gobierno de solicitar la extradición de quienes estén fuera del territorio y consideren que atentan contra la seguridad del Estado.
Además, la ley autoriza la “intervención o interceptación de las telecomunicaciones en tiempo real” y “La incautación y depósito de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos”, que pudiesen estar vinculados en la comisión de un delito.
“Algunos de los preceptos normativos que contiene la ley ya estaban contemplados en el Código Penal. La ley amplía estas conductas delictivas estableciendo aspectos subjetivos a la norma que pueden crear una errónea interpretación o haber un exceso en la interpretación de la ley lo cual está prohibido”, explica Oviedo.
Fiscales la usan para “amedrentar” periodistas
La controversial ley es el arma que los fiscales del Ministerio Público están utilizando para amedrentar a los periodistas que son citados, como testigos, en el marco de una investigación por lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
Al menos tres periodistas independientes de Nicaragua fueron cuestionados y señalados de promover “noticias falsas” entre ellos el periodista Wilfredo Miranda, de la plataforma digital Divergentes y los editores del diario La Prensa, Fabián Medina y Eduardo Enríquez.
El pasado 10 de junio de 2021, los periodistas Eduardo Enríquez y Fabián Medina, editores del diario La Prensa, atendieron una citatoria del Ministerio Público.
Medina, director de las revistas Magazine y Domingo del diario La Prensa, a su salida de la Fiscalía aclaró que no tiene “ninguna relación” con la FVBCH.
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El editor explicó que durante la entrevista la fiscal lo cuestionó por sus publicaciones, aduciendo que lo que escribe en su columna podría ser “noticia falsa”.
“Lo que veo es un intento de intimidar al periodismo a través de lo que hacemos, mostrando como si lo que hacemos es un delito. Insistió bastante en lo que hacía, las fuentes quiénes eran (…) Lo que veo es un intento por convertir el ejercicio del periodismo en un delito a través de definir ellos qué cosa es la mentira”, mencionó Medina.
Los cuestionamientos de la fiscal que los señala de infringir la Ley de Ciberdelitos no quedaron plasmados en el acta que firmaron.
Para Enríquez este tipo de señalamientos deben encender las alertas al periodismo independiente del país.
“Llama la atención que mencionen esta ley, que es una ley represiva, yo me imagino que tratan de amedrentar a la persona, porque ni siquiera queda plasmado en la declaración, sino que lo tiran como comentario”, señaló Enríquez.
Desde el 25 de mayo, un total de 22 personas vinculadas al ejercicio periodístico entre periodistas, representantes y dueños de medios de comunicación, han sido citados a entrevistas al Ministerio Público, como testigos de un caso de presunto lavado de dinero contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
La abogada penalista de la CPDH alertó que tomando en cuenta que “Nicaragua vive una dictadura”, donde es evidente el “irrespeto al Estado de derecho y la violación sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos”, no se puede descartar una persecución contra los periodistas.
“Que haya una arremetida y que ya hay manifestaciones a través de la intimidación de estar citando, utilizando al Ministerio Público para citar a un gran sector de los medios de comunicación, esa es una clara señal, es más no es señal es un método de intimidación para los medios de comunicación y de que vaya a haber un encarcelamiento a cualquiera de un medio de comunicación eso no podría descartarse”, manifestó Oviedo.
La abogada dejó claro que si el gobierno de turno en Nicaragua decide “dirigir una política represiva en contra de un sector lo va a hacer porque tiene la fuerza, tiene las armas y tiene el poder”.
“Las instituciones están subordinadas a él, por eso es una dictadura, no hay independencia de poderes, sabemos que hay una manipulación del sistema de justicia”, enfatiza Oviedo.
Los medios de comunicación sobreviven
El oficio informativo, tanto en Venezuela como en Nicaragua migró a los espacios que ofrecen las plataformas digitales.
En Nicaragua, una investigación que realizó antes de su cierre la FVBCH titulada “Estado Situacional de la Libertad de Prensa y Acceso a la Información Pública 2010-2020”, expone que durante la última década el régimen de Ortega ha cerrado y confiscado 20 medios de comunicación en Nicaragua.
Sin embargo, han surgido al menos 27 nuevos portales digitales dentro y fuera del país, dirigidos a diferentes audiencias y se transmiten desde redes sociales, sitios web, emisoras virtuales, aplicaciones de mensajería instantánea, podcast, videos, infografías y otras plataformas, señala la investigación.
En Venezuela, según Otero los periodistas también han terminado transmitiendo las informaciones desde diferentes plataformas web, pero aún ronda el miedo a la censura.
“Terminamos siendo unas plataformas web, plataformas web que están sometidas al bloqueo discrecional y al bloque por el régimen, por las telefónicas. En este momento hay una gran denuncia en Venezuela de páginas bloqueadas que son páginas que ya no funcionan en Venezuela, funcionan en Bogotá, en Madrid, entonces las bloquean adentro, en Nicaragua las ves perfecto, pero cuando entras a Venezuela ya no la ves perfecto es un bloqueo sistemático a las páginas web de tal manera que van cerrando, cerrando la ventana de la libertad de expresión y lo que va quedando es algo muy pequeño”, explica Otero.
Ataques a medios de comunicación
En su narrativa de que se está “desarrollando un ataque implacable y sin precedentes en contra del pueblo y gobierno de Nicaragua”, el régimen de Daniel Ortega, a través de la investigación contra la FVBCH, está tratando de salpicar a los medios de comunicación independiente.
En un comunicado dado a conocer el 14 de junio de 2021, el gobierno de Ortega exigió “la no injerencia de cualquier gobierno extranjero” y pidió que se levanten las sanciones internacionales en contra de sus funcionarios, incluyendo su familia.
Además, el gobierno arremete contra los medios independientes acusándolos de promover “falsas narrativas” a través de los fondos recibidos por la FVBCH.
“Recibieron decenas de millones de dólares del pueblo estadounidense a través de USAID, NED, IRI y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, que luego fueron transferidas a través de cuentas corporativas y personales a miembros de la familia Chamorro, incluido su hermano Carlos Fernando Chamorro (CINCO, Confidencial) y su tío Jaime Chamorro Cardenal (La Prensa)”, señala el texto público.
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El régimen además acusa a otros medios como Canal 10, Canal 11, Canal 12, y Vos TV, Radio Corporación y Café con Voz; así como las plataformas digitales de 100% Noticias, Artículo 66, Nicaragua Investiga, Nicaragua Actual, Bacanalnica y Despacho 505.
“El propósito de la investigación del Ministerio Público es determinar si Cristiana Chamorro y su FVBCH han cometido algún delito relacionado con la Ley número 1040, que requiere que las organizaciones informen en detalle cualquier financiamiento que reciban del extranjero y la Ley número 1055, que protege al Pueblo Nicaragüense contra los delitos de traición y conspiración sediciosa”, afirma el régimen en su comunicado.
Para Otero los regímenes de Nicaragua y Venezuela “son modelos que tienen como objetivo mantener el poder a costa de lo que sea y mantener el poder férreo”.
A través de enmiendas a las constituciones de ambos países, los gobiernos de Ortega y Maduro se han mantenido en el poder.
Eurodiputados piden derogar leyes
En un comunicado, emitido el 15 de junio de 2021, el Parlamento Europeo además de demandar la liberación de los opositores detenidos, pidió la derogación de las leyes punitivas a finales en el último trimestre de 2020 e inicios de 2021.
La “inconstitucional” Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, en la que se basan gran parte de las acusaciones, particularmente contra la FVBCH, “debe ser derogada de inmediato, igual que la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley contra los Delitos de Odio”, afirmaron en un comunicado los eurodiputados.
“Estas normas sirven al Gobierno de Daniel Ortega como una herramienta represiva para silenciar a sus críticos, aumentando constantemente el número de víctimas de dicha represión y agravando aún más el clima general de intimidación y amenazas, lo que lleva a violaciones inaceptables de los derechos humanos”, reiteraron los eurodiputados.
Además, advirtieron que “la criminalización y persecución judicial de defensores de derechos humanos, sociedad civil, medios independientes y periodistas por parte de las autoridades nicaragüenses es inaceptable y debe cesar”.
En el último informe de violaciones a la libertad de prensa, publicado por el diario La Prensa, solo en mayo se identificaron 31 casos de violaciones a la libertad de prensa en el país, donde el 100% de los hechos fueron perpetrados por agentes policiales.
Desde que se inició la investigación contra la FVBCH más de 15 periodistas fueron citados en mayo por el Ministerio Público, para comparecer en calidad de testigos solo en el mes de mayo, señala el informe.
“El ejercicio periodístico en Nicaragua continúa desarrollándose en un ambiente hostil; la cobertura de temas electorales, representan mayores riesgos para los hombres y mujeres de prensa debido a los fuertes despliegues policiales que buscan amedrentar y amenazar a quienes cubren las actividades de los bloques opositores al partido de gobierno”, puntualiza el informe.
