* Daniel Ortega aplica en Nicaragua leyes similares a las de Nicolás Maduro para evadir sanciones internacionales y proteger a su círculo cercano.
** Superintendencia de Bancos ordena a entidades financieras que no cumplan las sanciones por violaciones a derechos humanos.
Expediente Público
Con la ley aprobada por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua que busca evadir el impacto de las sanciones internacionales, se replica el modelo implementado por Nicolás Maduro en Venezuela.
Para forzar a los bancos privados a ignorar el sistema de sanciones, Ortega usa a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif).
El superintendente de Bancos, Luis Ángel Montenegro, firmó una circular en la que ordena a la banca privada cumplir las normas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
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Sin embargo, ninguna de las sanciones es por este delito sino por el de violaciones a los derechos humanos calificados de crímenes de lesa humanidad. Esta es la trampa en la circular del superintendente para obligar a los bancos a reabrir las cuentas bancarias a los más de cien funcionarios, incluida Rosario Murillo, la esposa de Ortega y quien cogobierna, así como varios de los hijos de la pareja.
Montenegro es uno de los funcionarios del régimen alcanzado por las sanciones internacionales.
Los bancos deberán enviar a la Unidad de Análisis Financiero la lista de los sancionados vinculados por terrorismo.
“Debe verificarse que la prestación de servicios financieros internacionales para estos clientes guarde correspondencia con las regulaciones contractuales internacionales”, reza la circular de Montenegro del 27 de noviembre de 2024.
Esta es otra maniobra para obligar a reabrir las cuentas bancarias a los sancionados porque esta cláusula es para legitimar operaciones con estos clientes, justificando que cumplen regulaciones internacionales, aunque las sanciones estén relacionadas con violaciones a los derechos humanos y no con terrorismo o lavado de dinero.
¿En qué se parecen la ley de Ortega con la de Maduro?
La nueva ley nicaragüense, aprobada el 25 de noviembre de 2024, tiene grandes similitudes con la “Ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y garantía de los derechos humanos”.
Esta legislación la aprobó el régimen venezolano el 9 de octubre de 2020.
Con la “Ley de Protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas”, Ortega al igual que Maduro intenta invalidar jurídicamente las sanciones internacionales.
Maduro no tuvo éxito. De hecho, negoció un respiro económico en su actividad petrolera a cambio de elecciones este año, que al final no respetó.
“Son propuestas legislativas que están para burlar las sanciones, pero no para enfrentarlas directamente”, explicó el activista venezolano, Carlos Correa, director de la organización civil Espacio Público.
“Estas leyes pretenden ser un barniz legal para tratar de burlar esas sanciones”, dijo a Expediente Público.
Daniel Ortega se copia para evadir sanciones
Aunque la Ley Antibloqueo venezolana, con sus 44 artículos, es más extensa que la nicaragüense, ambas califican las sanciones como “medidas coercitivas unilaterales”.
Por otro lado, los dos regímenes utilizan una retórica nacionalista similar en las leyes, aprobadas con cuatro años de diferencia.
Mientras Venezuela apela a la “soberanía nacional”, Nicaragua se enfoca en la “integridad y defensa nacional”.
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El texto aprobado por la Asamblea Nacional en Nicaragua señala que las sanciones pretenden debilitar la “soberanía y el derecho a la autodeterminación de otro Estado”.
La ley enviada por Ortega al legislativo señala que a través de esas “medidas coercitivas unilaterales”, los Estados que imponen sanciones están “ejerciendo presión”.
Según el régimen, estas sanciones no se deben a las violaciones de derechos humanos que comete, sino, están dirigidas a “influir en sus decisiones políticas o económicas”.
“Cuando hay modelos que se distancian de los valores democráticos vas a encontrar patrones muy parecidos, de propuestas legislativas, muy parecidas” indicó Correa.
“Lo que hacen es acentuar la discrecionalidad del Estado y la ausente rendición de cuentas”, explicó Correa a Expediente Público.
Daniel Ortega ordena “inaplicabilidad”
Según el texto legal aprobado en Nicaragua, las sanciones internacionales “carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional”, sin importar su naturaleza o alcance.
La ley nicaragüense —igual que la venezolana— en el artículo segundo establece que su ámbito de aplicación es de “orden público y de interés general”.
Además, ordena que sea aplicada por “todas las instituciones a nivel nacional, regional y municipal”.
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“Tienen el mismo discurso porque son regímenes totalitarios, que buscan un enemigo interno que le llaman enemigo de la revolución”, explicó a Expediente Público el economista nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro, excarcelado y desterrado.
“Los vende patrias; y un enemigo externo que le llaman imperialismo, le llaman a Europa, Estados Unidos”, agregó.
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EE.UU. mantiene como un peligro a Nicaragua
Desde 2018, el régimen de Ortega enfrenta sanciones que provienen de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Suiza.
Las sanciones, impuestas como respuesta a la represión política, violaciones de derechos humanos y el deterioro democrático en Nicaragua.
Estas alcanzan a la fecha a 110 individuos, entre funcionarios y sus familiares, así como a 16 instituciones, que incluye a la Policía Nacional.
“Así son todos los regímenes. La Ley de Agentes Extranjeros es una copia de la (Vladimir) Putin traída a Venezuela y Nicaragua. Es el mismo ecosistema de países autoritarios que se comparten estrategias”, afirmó Chamorro.
El 22 de noviembre de 2024, el presidente estadounidense Joe Biden ordenó mantener por un año más la “emergencia nacional” declarada en 2018 respecto a la situación en Nicaragua.
Estados Unidos considera que en Nicaragua persiste el “continuo desmantelamiento y debilitamiento sistemático de las instituciones democráticas y el Estado de derecho”.
Según Washington, la “violencia indiscriminada y tácticas represivas contra civiles, así como la corrupción”, en la actualidad sigue representando una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.
Crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Mientras que, el régimen venezolano, en el artículo 1 de la Ley Antibloqueo, también llama a las sanciones “medidas coercitivas unilaterales”.
Maduro señala en la legislación que las sanciones “constituyen crímenes de lesa humanidad”, por lo que definen como “efectos nocivos”.
Pero, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, nombrada por Naciones Unidas en 2019, en su informe de octubre de 2024, tiene otra opinión.
La Misión concluyó que muchas de las graves violaciones ocurridas entre 2014 y 2021, como resultado de la represión gubernamental, “podían ser caracterizados como crímenes de lesa humanidad”.
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Durante este período, la Misión documentó al menos 54 ejecuciones extrajudiciales, 112 detenciones arbitrarias y 95 casos de tortura y malos tratos.
Según la Misión es evidente un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
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Lo negativo de las leyes contra sanciones
Para Chamorro, la ley nicaragüense es perjudicial debido a que obliga a los proveedores de servicio de bienes y servicios privados y públicos, “sean estos comerciales y financieros, a “hacer negocios con personas sancionadas”.
“El objetivo de esa ley es forzar a los proveedores de servicios”, señaló Chamorro.
La ley representa una amenaza para los bancos que operan en el país centroamericano, ya que los obligará a realizar actividades que “las regulaciones internacionales” no permiten.
Pero, la Ley Antibloqueo le otorgó facultades discrecionales y excesivas sobre operaciones económicas y financieras al régimen de Maduro.
“Eso se tradujo en mayor discrecionalidad y, por lo tanto, en mayores casos de corrupción”, puntualizó Correa.
¿Frenarán Nicaragua y Venezuela las sanciones?
A pesar de los intentos de Caracas y Managua para mitigar el impacto de las sanciones de la comunidad internacional, los Estados que toman esas acciones siguen reaccionando contra los regímenes de Maduro y Ortega.
Estados Unidos, este 27 de noviembre, impuso sanciones a 21 individuos vinculados al régimen de Maduro, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios de alto nivel ministerial.
Con estas medidas, el Departamento de Estado intenta que los designados “rindan cuentas por socavar el proceso electoral en Venezuela y reprimir al pueblo venezolano”.
Estados Unidos dictó las sanciones cuatro meses después del fraude electoral del 28 de julio en Venezuela.
Estas sanciones forman parte de un total de 180 funcionarios o exfuncionarios venezolanos sancionados por su implicación en la represión y querer “aferrarse al poder”.
Además, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a aproximadamente 2,000 individuos.
En octubre, Suiza renovó las sanciones aplicadas desde 2020 contra funcionarios del régimen nicaragüense, que incluyen a Rosario Murillo y sus hijos Camila, Juan Carlos y Laureano Ortega Murillo.
A esta renovación se sumó la Unión Europea que prorrogó las sanciones contra 21 funcionarios y tres entidades.
