*El gobierno promueve la reforma a la Ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, en la que incorpora a la institución militar como parte de la Comisión estatal de vigilancia sobre las actividades del sistema financiero.
*Tres funcionarios sancionados por Estados Unidos por corrupción y violaciones a los derechos humanos siguen al frente de la Comisión Nacional contra el lavado de dinero en Nicaragua: Iván Acosta, Francisco Díaz y Ana Julia Guido.
Expediente Público
«Están militarizando el control del sistema bancario», es la lectura del economista Róger Arteaga, del alcance que tiene la reforma a dos importantes leyes en Nicaragua sobre la supervisión del sistema financiero que promueve el gobierno de Daniel Ortega, en donde se incorpora al Ejército como parte de la estatal Comisión Nacional encargada de vigilar, supervisar e investigar las actividades sospechosas de lavado de activos y con el crimen organizado en los bancos, financieras, agencias de envíos de remesas y de todo empresa vinculada al sector financiero.
La inclusión de un representante del Ejército en la Comisión Nacional Antilavado, es interpretado por analistas políticos y economistas consultados por Expediente Público como otra muestra de la extensión de poderes a la institución militar con la que el presidente Ortega se sigue asegurando la lealtad de sus altos mandos. También tiene un doble propósito, según los analistas, como es el de fortalecer el modelo político-partidario- militar, y a su vez usar al Ejército como instrumento para intimidar al sector empresarial nicaragüense con el objetivo que desista de apoyar a la oposición, y se restablezca el modelo corporativista que existía entre el sector privado y el gobierno sandinista previo al estallido de la crisis social y política de abril del 2018.
El miércoles 28 de abril fue presentada en la Asamblea Nacional (parlamento) la propuesta de reforma a la Ley 977, «Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva», así como a la Ley 561, «Ley general de bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros».
Lea además: El precio del Ejército. Las formas en que Daniel Ortega compró la lealtad de los militares
Un día después, el 29 de abril, los diputados dieron trámite al anteproyecto de reforma firmada por Ortega, iniciando así el proceso para que los cambios sean discutidos en la Comisión Económica, donde hay 12 diputados sandinistas de los 14 miembros que la integran. Ese control de los legisladores oficialistas asegura que las reformas propuestas a las leyes sean aprobadas sin mayores obstáculos, lo que se concretarían en las próximas dos semanas, afirmó a Expediente Público la diputada liberal (opositora), Azucena Castillo.
Se van a reformar 11 artículos de la Ley contra el lavado de activos, siendo uno de los más importantes el artículo 6 sobre la conformación de la Comisión Nacional, que se amplía de ocho a 10 las instituciones que la integran al sumar a un representante del Ejército de Nicaragua y a uno del Ministerio de Gobernación (Migob).
«Puede que pongan al Ejército por estos dos temas, el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, porque ahí ni la Corte Suprema, ni la Siboif pueden tratar esos temas porque eso ya es de seguridad nacional», según la explicación para Arteaga, expresidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y exdirector ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La Ley 977 actualmente establece que el Comisión Nacional Antilavado la integran ocho miembros representantes del Poder Judicial, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría General de la República, Ministerio Público (Fiscalía), de la Policía Nacional, de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), Unidad de Análisis Financieros (UAF) y de la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami).
Aunque en la ley actual ni en el reforma propuesta se define quiénes son las personas a designarse por cada entidad para ser parte de la Comisión Nacional Altilavado, en la práctica son los ministros y presidentes de las instituciones estatales los miembros. Eso significaría que el jefe del Ejército, el general Julio César Avilés y la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, pasarían a ser parte de ese importante ente estatal a cargo de hacer cumplir las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Arteaga no ve «prudente» que el Ejército forme parte de la comisión que supervisa el sistema bancario nicaragüenses, debido a que «provocará nerviosismo y hasta su presencia sería considerada amenazante para todo el personal en los bancos, en las microfinancieras, pues hablamos de gente acostumbrada a intimidar, no es sano que los militares se metan a supervisar a un sector que no les corresponde», dijo el economista.
«El mensaje que Ortega le da al Ejército es que es una institución que está por encima de todo», y en Nicaragua en el contexto de represión, «cualquier ley en manos discrecionales se convierte en un arma en la sien de los ciudadanos, porque el problema son quiénes administran las leyes, porque se aplican a los enemigos y se les interpreta a los amigos», afirmó Arteaga a Expediente Público.
Lo recomendable para el economista es que en la ley se establezca que la Comisión Nacional Antilavado pueda «consultar o pedirle apoyo» al Ejército, en casos específicos que se detecten actividades relacionadas al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Todos estos cambios los justifica el gobierno en su propuesta de reforma a la Ley 977, en que deben cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la autoridad máxima de regulación mundial de medidas legales para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Esos estándares, también conocidos como las 40 recomendaciones, son de obligatorio cumplimiento para todos los países.
Nicaragua se mantiene en la «lista gris» del GAFI por tener «deficiencias estratégicas» con las normas de regulación, por lo que se considera que su sistema financiero es frágil a ser vulnerado por el crimen organizado. En esa «lista gris» también se incluye a Albania, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Ghana, Jamaica, Mauricio, Marruecos, Myanmar, Pakistán, Panamá, Senegal, Siria, Uganda, Yemen y Zimbabwe.
Rechazan presencia militar
Azucena Castillo, diputada liberal (opositora) y exministra de Comercio, dijo a Expediente Público que si bien Nicaragua debe mejorar sus normas legales para cumplirle al GAFI, valoró que meter al Ejército en la comisión encargada de vigilar al sistema financiero «es peligroso».
Una investigación de Expediente Público publicada en el marzo del 2021, reveló las evidencias sólidas del papel de los militares en la represión sufrida en Nicaragua en 2018. Militares activos durante la crisis junto a exmilitares en retiro, afirmaron en esa investigación, cómo el propio general Julio César Avilés los llamó para que se integraran a los paramilitares y operaran al lado de la Policía Nacional para desmontar la protesta nacional. El Ejército aportó personal y armas para las operaciones posteriores que el gobierno realizó para deshacer las barricadas, según las evidencias.
El alto mando del Ejército reaccionó a las publicaciones descalificándolas como parte de «una campaña» de desprestigio, sin embargo no presentó pruebas contra la investigación. Desde que Daniel Ortega retornó a la Presidencia de Nicaragua en 2007, ha cooptado a los militares hacia su proyecto político-partidario premiando a los fieles con prebendas económicas, liderazgos en ámbitos no propiamente militares, impunidad y otros privilegios que se extienden a sus familias.
Lea también: Investigación expone participación del Ejército de Nicaragua en la represión de 2018
«El gobierno (y la Asamblea) han estado aprobado leyes, como la reforma a la Ley de defensa de los consumidores (en febrero del 2021) para presionar a los bancos a reabrirles las cuentas bancarias a los funcionarios sancionados por violaciones a los derechos humanos. Hasta ahora no se conoce que hayan esas medidas se cumplieran, pero el gobierno tiene amenazado a todo el sistema bancario y esta reforma es otra presión», refirió Castillo.
Sin embargo, agregó, el hecho que «el Ejército se meta a ser parte de una comisión que vigila y regula a los bancos, a las empresas de microfinanzas, hasta a las de envío de las remesas se han extralimitado, es una barbaridad y no están midiendo el riesgo, porque esto es dar un paso hacia un sistema militar en el país», dijo la diputada Castillo.
«¿Qué tiene que ver el Ejército con el tema de la regulación bancaria?», cuestionó por su parte Enrique Sáenz, economista y analista político. La explicación para él es que el nuevo rol del Ejército es para que se asegure la protección a los negocios en los que estén vinculados funcionarios, incluidos militares activos o en retiro, de que aparezcan siendo involucrados en actos ilícitos.
Sáenz recordó que en Nicaragua, el Ejército y la mayoría de los altos mandos, así como militares en retiro, son «propietarios de un conglomerado económico que tiene un peso importante» en la economía del país centroamericano. «Entonces, en las condiciones del entorno de sanciones que existen, (contra el gobierno sandinista), la lógica de la participación (del Ejército) en el consejo (antilavado) es para asegurar al grupo (empresarial) del gobierno una forma de protección de su poder y de sus negocios», afirmó Sáenz.
Tres sancionados presiden comisión
Entre los ocho funcionarios actuales que integran la Comisión Nacional Antilavado hay tres sancionados por Estados Unidos (EE.UU.), señalados de corrupción y de violaciones a los derechos humanos, y son el ministro de Hacienda, Iván Acosta, la fiscal general de la República, Ana Julia Guido y el jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz. De hecho el ministro Acosta es quien preside la Comisión Nacional Antilavado, según una nota de prensa publicada en la página web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con fecha del 8 de enero del 2021.
El comisionado Díaz también está sancionado por la Unión Europea porque «ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”. Díaz es consuegro del presidente Ortega.
En el mismo artículo 6 de la Ley 977 se precisa que es Ortega, como presidente, quién designa a la persona que coordinará esa comisión, por lo que mantiene al ministro Iván Acosta en el cargo, a pesar de haberlo retirado de presidir otras entidades estatales y de ser el representante del gobierno en la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), debido a las sanciones contra el funcionario.
El general Julio César Avilés también está sancionado por Estados Unidos porque como comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, «brindó apoyo a la policía y las pandillas paramilitares que cometieron crímenes contra el pueblo nicaragüense, incluidos ataques contra manifestantes durante las movilizaciones que comenzaron en abril de 2018», según la designación del Departamento de Estado estadounidense. Avilés y Acosta fueron sancionados el mismo día, el 22 de mayo del 2020.
Al aprobar los diputados la reforma a la Ley contra el lavado de activos y la Ley General de Bancos, como está previsto suceda en un par de semanas, al sumarse el general Avilés como representante del Ejército en la Comisión Nacional Antivalado, entonces serían cuatro los funcionarios sancionados del gobierno nicaragüenses quienes irónicamente serán los encargados de vigilar porque el sector financiero no sea vulnerado por el crimen organizado, el narcotráfico o que hagan negocios con empresas o personas vinculados al lavado de dinero.
«Tener a gente sancionada por corrupción en esa comisión la descalifica como un ente imparcial para administrar esa Ley (contra el lavado de activos), es como que se ponga al gato a cuidar la leche», dijo Arteaga.
El economista Enrique Sáenz igual cuestionó el hecho que tres funcionarios sancionados por Estado Unidos, y en el caso del comisionado Francisco Díaz también por la Unión Europea, tengan el rol de «tutelar, de servir de vigilantes, de reguladores, de contralores de actos de corrupción y de lavado de dinero» cuando son personas señaladas de cometer esos delitos.
Tendrán autonomía plena
El gobernante Daniel Ortega además de incluir al Ejército y al Ministerio de Gobernación, le otorga a esa comisión «autonomía» para actuar, ya que la separa del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, que es, hasta ahora, la entidad máxima donde se definen y ponen en práctica las políticas de persecución contra los delitos de la delincuencia organizada.
Con esa autonomía se «fortalece» a la Comisión Nacional Antilavado, según justifica Ortega en la propuesta de reforma a la Ley 977, donde además le amplía las facultades a los reguladores para «cancelar la autorización, licencias de operaciones o los registros, a las instituciones financieras o actividades o profesiones que no inicien sus operaciones en los tiempos previstos para ello».
Los reguladores como son la Siboif, UAF, Policía, Conami, Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Hacienda y, una vez reforma la ley, el Ejército y el Migob, quedarán facultados a «obligar a las personas y estructuras jurídicas para que conserven la información adecuada, precisa y actualizada sobre su beneficiario final y la estructura de su propiedad», es decir de los dueños de las empresas e inversiones que existan en Nicaragua. Esa información deberá estar disponible para ser facilitada a la Comisión Nacional Antilavado en el momento que la requiera, e incluso se orienta en la ley, que los sujetos obligados, como los bancos y cualquier otra compañía del sector financiero, deben mejorar los mecanismos de «evaluación de riesgos» de sus clientes.
Esos cambios en la Ley 977 y a la Ley General de Bancos, el gobierno los justifica en que es para cumplirle al GAFI, que en la recomendación 15, relacionada con las «nuevas tecnologías», mandó a los países y a las instituciones financieras a mejorar la supervisión a «productos que puedan surgir y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envíos» de transacciones virtuales.
Según el gobierno, lo que pide el GAFI es «mitigar los riesgos que puedan surgir a partir de los activos virtuales», que son valores monetarios cuya transacción es únicamente a través de medios electrónicos, que necesariamente relacionan a los bancos.
Lo que no se explica por ninguna parte de la propuesta de la reforma a la Ley 977, es por qué se requiere que el Ejército sea parte de la comisión que supervisa al sistema financiero nicaragüense.
Con el regreso de Daniel Ortega al gobierno, en 2007, la institución militar comenzó a deteriorarse, obedeciendo los deseos de su comandante en jefe y repitiendo los vicios del también líder del Frente Sandinista. El premio para el Ejército son una serie de privilegios, como ser prioridad en las asignaciones del Presupuesto General de la República, sus compras se rigen con secretismo de Estado y los altos mandos cuando pasan a retiro copan lugares claves en ministerios públicos o en empresas privadas ligadas a los negocios sandinistas.
