*La impunidad permanece ante los 19 asesinatos perpetrados por fuerzas al mando de la pareja presidencial de Nicaragua durante la “Madre de todas las marchas”, celebrada en Managua el 30 de mayo de 2018.
**Expediente Público trae las historias de cuatro madres nicaragüenses exiliadas en Costa Rica por las amenazas del régimen para intentar silenciar su exigencia de justicia por el asesinato de sus hijos.
Expediente Público
En una mesa de madera yacen fotografías que encapsulan sonrisas de lo que se vivió. Entre velas, pinturas y una bandera azul y blanco se guarda la memoria de Agustín Ezequiel Mendoza, hijo de doña Martha Lira, quien actualmente resiste y lucha lejos de lo familiar, de los suelos que guardan el recuerdo de su hijo.
El gris y frío ambiente de San José, Costa Rica, la acompaña a prepararse, los 19 de cada mes, para salir a protestar frente a las instalaciones de la Embajada de Nicaragua, con su bandera y una imagen de su hijo.
Se pone sus tenis y una camiseta que lleva grabada la leyenda: ‘La lucha es y será de los jóvenes, quienes soñaron con una Nicaragua libre’. Antes de salir no olvida cambiarse sus habituales aretes por unas perlas azul y blanco que mantiene guardadas junto al “mortero” (arma artesanal) que Agustín utilizaba en las barricadas de Tipitapa, ubicada a 22 kilómetros al noreste de la capital, Managua.
Las históricas huellas de la migración nicaragüense a Costa Rica ahora tienen la variante de persecución política a diversos sectores de la sociedad civil. Entre ellos están las madres de las víctimas mortales del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes en 2018 cometieron una serie de acciones que sembraron el luto en 355 familias a lo largo y ancho del territorio nicaragüense, según datos del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
Expediente Público, en el marco de la conmemoración a las 19 víctimas de la masacre del 30 de mayo de 2018, se movilizó a San José, Costa Rica y trae la historia de cuatro mujeres migrantes, exiliadas por la miseria, la violencia, la desesperanza, y que siguen alzando la voz por sus hijos asesinados desde el suelo que ahora habitan.
Su anhelo más grande es la justicia, aspiración que se mantiene intacta a pesar de las dificultades que implica ser mujer migrante en un país donde el Gobierno está saturado con solicitudes de refugio, unas 200,000, desde el inicio de la crisis en el 2018 hasta la fecha, según datos de la Oficina de Extranjería y Migración.
Según el informe de Popol Na el 52,1% indica haber salido de Nicaragua por temor, por la integridad de su familia, el 44,2% por persecución política directa, el 45,5% por falta de oportunidades laborales y un 35,8% por falta de recursos económicos.
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Un 30 de mayo lejos del hogar
Un espíritu de libertad fue lo que motivó a centenares de nicaragüenses a sumarse a la denominada “Madre de todas las marchas” en Nicaragua. El propósito era manifestar solidaridad para todas aquellas madres que habían perdido a sus hijos desde el inicio de las protestas contra las reformas a la seguridad social, el 18 de abril de 2018. El calendario cívico nicaragüense marca el 30 de mayo como «Día de las Madres».
Las calles vestidas de azul y blanco, el sonido de los megáfonos que gritaban los nombres de los 90 asesinados desde el 18 de abril hasta el 30 de mayo de 2018, era el panorama que en horas de la tarde desató el enojo de la pareja presidencial.
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Antes de que el reloj marcase las 5:00 p.m., la marcha de las madres comenzó a ser atacada en la Avenida Universitaria, mientras el presidente Daniel Ortega se encontraba en la contramarcha “Cantata a las madres”, enunciando promesas de paz, pero que minutos después se mancharía de tristes notas sangrientas bajo las ráfagas disparadas por policías, francotiradores y paramilitares contra los ciudadanos.
Hoy, muchas madres se encuentran lejos del hogar, de sus familias y con el luto de un hijo asesinado y enterrado en el suelo patrio.
Susana López: “Fue un día manchado con sangre”
“¿Qué tenemos que celebrar en Nicaragua?”, se cuestionó Susana López, quién al mismo tiempo se respondió: “Nada”.
“Fue un día manchado con sangre”, reiteró a Expediente Público la nicaragüense de 53 años, que debió abandonar su país natal por asedio y amenazas a causa de su demanda de justicia por el asesinato de su hijo, en mayo de 2018.
Técnico superior de la construcción era la carrera que el hijo de López, Gerald Vásquez, de 20 años, estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma Nicaragüense (UNAN-Managua). Su meta era convertirse en ingeniero civil.
Aunque él no fue uno de los 19 asesinados en la masacre del 30 de mayo de 2018, sí pertenece a los 355 casos impunes que registra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 7 de mayo, Gerald decidió unirse a la lucha y atrincherarse junto a los demás estudiantes en las instalaciones de la Universidad. Dejó su ciudad natal, Masaya, departamento ubicado a 30 kilómetros de la capital, junto a la venta de frescos que tenían como negocio familiar.
Su mamá recuerda que él le prometió volver. Sin embargo, durante la madrugada del 14 de julio de 2018 fue alcanzado por una bala en su cabeza, en una de las barricadas de la Universidad, mientras paramilitares atacaban la universidad y posteriormente a la iglesia Divina Misericordia, donde más de un centenar de los estudiantes se refugiaron.
¨Sí, es mi hijo. Pero, ¿qué está haciendo aquí?” Recuerda doña Susana haberle dicho incrédula al doctor, aquel día que le tocó entrar a un cuarto frío y reconocer el cuerpo de Gerald en una gaveta. Secó sus lágrimas y se armó de valor para sepultarlo.
Meses después, aunque doña Susana quiso continuar con su venta de frescos, con su dolor en el suelo patrio, no pudo seguir ante las constantes amenazas de clausurar su negocio, su único medio de generar ingresos. “Somos víctimas de esa represión y le hemos dicho (al Gobierno) que lo único que hemos querido es justicia y verdad”, reiteró.
“La última vez que estuve en el cementerio, recuerdo fue el 27 de mayo (2019), porque era su cumpleaños”, rememoró doña Susana, quien también era acosada por agentes del gobierno cada vez que quería visitar la tumba de su hijo, según relató a Expediente Público.
Ahora desde el exilio en Costa Rica continúa exigiendo justicia por su hijo. Ella es miembro de la Asociación de Madres de Abril (AMA).
En la actualidad, se dedica a trabajar como ama de casa, sin embargo, las actividades de la organización le demandan mucho tiempo, que incluso le han hecho perder varias oportunidades de trabajo, pero nada le quita su sed de justicia.
Martha Lira: “Tarde o temprano vamos a tener justicia”
Martha Lira, madre de Agustín Ezequiel Mendoza, forma parte de las mujeres migrantes que llegaron a Costa Rica antes de la crisis sociopolítica desatada en 2018 en Nicaragua: “Yo me vine hace 19 años a Costa Rica por problemas económicos y por falta de empleo en Nicaragua”.
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En su país, doña Martha trabajaba en una zona franca, pero al llegar a San José comenzó a laborar como ayudante de cocina: “No he tenido oportunidad casi de trabajo, muchas veces es muy explotado. No se le respetan muchos derechos como inmigrante o refugiado”, manifestó a Expediente Público.
“Actualmente lo que hago es vender cosas por catálogo. No hay como estar en su país, no tenés que pagar alquiler o estadía, o preocuparte por tus documentos, pero a raíz de lo de mi hijo opto por seguir aquí a pesar de todas las dificultades”, explicó.
Vivir el levantamiento a través de una pantalla fue para ella como ver una llama arder a lo lejos. Rememora que empatizaba con todas las madres que habían perdido a sus hijos debido a la violencia estatal, ignorando que en poco tiempo el dolor tocaría a sus puertas.
“No sabía que él estaba metido en la lucha, hasta un mes antes de su asesinato. Él no quería que yo me diera cuenta. Fue sorprendente para mí, porque yo estaba viendo todo lo que pasaba en redes sociales, con los muchachos que estaban asesinando”, recordó.
¿Por qué se metió en esa lucha? – le preguntó doña Martha a Agustín después de enterarse.
Madre, no puedo ser indiferente en ver lo que está pasando, en lo que están haciendo con los chavalos. Yo tengo que meterme y estoy metido en la lucha. Y si a mí me van a matar, me van a matar, pero con dignidad– contestó Agustín, según recuerda su madre. Agustín estaba atrincherado en las barricadas de Tipitapa.
Desde fuera, doña Martha lo llamaba constantemente para saber si se encontraba bien.
El 14 de junio de 2018, recibió la llamada que le dio un giro completo a su vida en el exilio. Su hijo había sido asesinado.
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“No me olviden, no me olviden, no me olviden, soy M-19 (Movimiento 19 de abril)”, repetía Agustín camino al hospital, antes de fallecer, según el relato que le describieron a su madre, y que recuerda constantemente. Asegura que esas palabras la instaron a seguir la lucha desde el exilio.
“Recuerdo que yo gritaba y no hallaba ni para donde correr, porque no podía salir a Nicaragua, porque estaba todo paralizado con la cuestión de los tranques. Entonces tuve que salir por aire (en avión) para llegar a estar allí con él en ese momento”, contó.
Para doña Martha, el proceso de duelo, de solidaridad con su familia, fue imposible de vivirlo a causa del ambiente tenso y de violencia que se vivía en Nicaragua. En tres días tuvo que regresarse a Costa Rica por el temor que le generaba estar en su tierra y ser asesinada ella también.
Azucena López: “Sé el dolor de que le asesinen a un hijo”
Los sonidos de los morteros, el olor a pólvora, los gritos jóvenes de la rebelión, el llanto en segundo plano, y una abrumadora oscuridad fue el común denominador durante el velorio de Erick Jiménez López, hijo de Azucena López, originaria de Monimbó, Masaya.
“He viajado a Costa Rica desde los 23 años. He trabajado aquí durante varios años como empleada doméstica. Mis hijos siempre quedaron con mi mamá, Erick era el mayor”, relató a Expediente Público. Su historia representa la de muchas otras mujeres que tienen que dejar su hogar para buscar una vida más digna fuera de su país.
Instalar un minisúper era la meta de doña Azucena: “Mi sueño era venirme a trabajar aquí unos meses más, poner un negocio en Nicaragua”, dijo.
Durante el 2018, doña Azucena recuerda haber apoyado desde Costa Rica a los jóvenes atrincherados: “Mi hija iba a manifestaciones con Erick. Había un tranque y daban comida. Yo varias veces mandé plata de aquí para que le dieran de comer a los jóvenes”, relató.
El miedo fue creciendo en ella. En múltiples ocasiones le pidió a Erick que se fuera a Costa Rica, pero no aceptó. Hasta que llegó el 17 de julio de 2018, día de la “Operación Limpieza”, un operativo organizado por el régimen donde paramilitares y agentes de la Policía Nacional reprimieron y levantaron violentamente las barricadas en distintos puntos del país centroamericano, entre ellos en Masaya, donde fueron asesinadas 34 personas.
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“Erick me había mandado un audio, donde se oye como que es una guerra, por los disparos. Eran las 09:00 de la mañana cuando me llaman y me dicen que le habían dado un disparo. Yo me asusto porque acababa de hablar con él. Minutos después me llaman a decirme que lo asesinaron”, describió.
Doña Azucena decide inmediatamente irse a Nicaragua. Su viaje fue largo. Salió a las 11 de la mañana de San José, trasbordando buses por la escasez de transporte directo. Al llegar a la frontera “Peñas Blancas” tomó un taxi hacia Masaya, pero debido a las barricadas en las calles y carreteras tuvo que bajarse antes de llegar a su casa.
“Yo me bajo del taxi, yo llevaba una mochila. Era todo oscuro. Iba rezando, pidiéndole a Dios no encontrarme con nada y que nadie me dijera nada. Ya eran las nueve de la noche cuando finalmente llegué a mi casa”, detalló.
Las luces apagadas durante el velorio de su hijo hicieron que el tiempo se hiciera aún más lento. “Fue la noche más larga de mi vida, el ver a mi nieto en manos mías y el féretro de mi hijo… ¿Cómo velar a un hijo en la oscuridad? Todo porque si no lo hacíamos nos podían llegar a matar. Ellos sabían que mi hijo había estado en la trinchera”, explicó.
Tras el entierro de Erick, que fue fuertemente asediado por paramilitares y policías, doña Azucena decidió regresar a Costa Rica, donde asegura que la vida es dura, no solamente por el sufrimiento personal de su pérdida, sino por las condiciones de su exilio.
“El conseguir trabajo es muy difícil, porque a uno lo apoya el carnet de refugiado, pero cuesta que le den trabajo. El permiso laboral no te garantiza nada”, puntualizó.
Sofía Mayorga: “Daniel Ortega es un asesino”
Conejos, perros, hámster y plantas. Casi un zoológico tenía Noel Lagos, nieto de Sofía Mayorga, en la casa donde vivían en Managua, la capital de Nicaragua. De eso, solo quedan los recuerdos.
En abril de 2018, a sus 19 años, Noel decidió apoyar a los estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), entidad que fue bastión de lucha contra Ortega y a la que le cancelaron su personería jurídica en 2022, y pasó a manos del Estado.
Entre abril y junio, por casi dos meses, la UPOLI permaneció rodeada por paramilitares y turbas sandinistas.
El 16 de mayo, previo a la masacre del Día de las Madres, Noel se encontraba enfermo del estómago, por lo que junto a su padrastro Humberto Parrales, y su primo Hansell, fueron en busca de ayuda médica a una farmacia en la zona de Bello Horizonte. Sin embargo, en el camino fueron embestidos por un taxi, cuyo conductor posteriormente dio aviso a paramilitares, quienes terminaron disparándoles.
Doña Sofía, abuela de Noel y suegra de don Humberto Parrales, narró a Expediente Público desde un barrio de San José, la tragedia de esa noche. “Les salió una camioneta con encapuchados paramilitares disparándoles, a Humberto le dan en el tórax. Cuando a él le disparan, todos caen, mi nieto inconsciente y el otro salió corriendo a avisar”.
Según el registro de una cámara de un restaurante cerca de la zona del ataque, don Humberto fue torturado con electricidad en la vía pública. Esta versión fue confirmada por familiares, quienes informaron que los dedos de sus pies presentaban fisuras y quemaduras. El dictamen médico enfatiza que su muerte fue a causa de una descarga eléctrica, informó su suegra. Noel también pereció, y con él todos sus sueños por una Nicaragua más justa.
Para doña Sofía y su hija, Iris Lagos, esposa de don Humberto, fue una situación muy difícil. Demandar justicia para sus familiares las ha obligado a exiliarse o encerrarse en sus casas.
“No puedo irme porque yo aquí he alzado mi voz y siempre voy a seguir alzándola en contra del régimen Ortega Murillo, porque ellos son los que asesinaron a todos, todos estos jóvenes y siempre la voy a alzar, no nos van a callar. Nosotras, las madres, siempre vamos a estar exigiendo justicia” aseguró a Expediente Público doña Sofía, de 54 años, desde la que ahora es su casa.
“Siempre se lo voy a decir (a Daniel Ortega), que es un asesino” reiteró.
Desde diciembre de 2018, tuvo que irse de Nicaragua por el asedio de la Policía y de los grupos sandinistas. Le tocó renunciar a su trabajo, a su estilo de vida, a su pasado. En Costa Rica ha sobrevivido trabajando en limpieza de casas y como masajista. Actualmente, solo trabaja un día a la semana.
“Es duro porque aquí no es lo mismo que estar en su país, que uno dice bueno allá está toda la familia. Como dice mi hija, aunque sea arroz y frijoles comemos, pero al estar aquí hay que estar pagando alquiler”, concluyó.
Datos de la Asociación Madres de Abril revelan que a la fecha, alrededor de 16 familias de asesinados durante 2018 se han exiliado por el asedio y las amenazas en su contra por denunciar los crímenes de lesa humanidad que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha reconocido.
