El último eslabón no oficialista en el sistema de justicia penal de Nicaragua es la defensa privada de los opositores, pero los litigantes trabajan bajo amenazas.
Más de diez representantes legales de manifestantes y opositores se han exiliado desde 2018, la mitad de ellos en junio de 2021.
Expediente Público
El exilio del abogado Elton Ortega, defensor de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, no es el primer caso desde que iniciaron las redadas contra figuras notables de la oposición política, periodistas, líderes del sector privado y trabajadores de organizaciones independientes en Nicaragua.
“El primer abogado que se contrató presentó un recurso de exhibición personal, pero fue denegado. Posteriormente este abogado fue amenazado y tuvo que huir del país, por lo que se contrató a otro que ya fue aceptado por un juzgado como su defensor”, informó el 29 de junio el equipo de prensa de Juan Sebastián Chamorro.
Los operativos policiales de junio 2021 dejaron a 21 opositores presos, entre ellos cinco precandidatos presidenciales, que se suman a las 125 personas encarceladas por razones políticas en Nicaragua, según organizaciones de derechos humanos.
Persecución, amenazas y alertas
Los abogados son blanco de amenazas y hostigamiento judicial. Expediente Público conoce de al menos cinco de ellos que tuvieron que salir de Nicaragua en junio 2021.
El jurista Roberto Funes es uno de los defensores exiliados, el miembro de Acción Penal representó a presos y excarcelados políticos y apoyó jurídicamente a varios periodistas que estaban siendo investigados en el caso de supuesto lavado de dinero de la clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Acción Penal es un grupo de expertos en derecho procesal independiente conformado en Nicaragua tras la crisis social y política del 2018.
Funes explicó a Expediente Público que a finales de mayo la Policía Nacional lo detuvo al salir del Ministerio Público, le tomó fotografías y a su su cédula de identidad, así como de su representado.
La situación es dolorosa para el abogado Funes, ya que ha dejado a su núcleo familiar con quienes espera reencontrarse.
Entre el 28 de mayo y el 9 de junio del 2021, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encarcelado y establecido casa por cárcel 21 líderes opositores, periodistas, empresarios y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En este grupo de presos políticos están los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro Barrios, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Miguel Mora. Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano mayor de la precandidata Cristiana es el último opositor apresado el 25 de junio pasado.
A Cristiana Chamorro se le acusó de supuesto lavado de dinero y activo en la Fundación Violeta Barrios, y desde el 2 de junio se le impuso casa por cárcel, habiendo policías afuera y a lo interno de su vivienda. A los demás presos políticos se les acusa de «promover el injerencismo extranjero» al gestionar sanciones internacionales contra funcionarios y el régimen nicaragüense; la acción judicial es en base a la llamada «Ley de los Pueblos», aprobada por los diputados sandinistas en diciembre del 2020.
Los familiares de los detenidos así como organizaciones internacionales han denunciado la cacería de líderes opositores por parte de Ortega y Murillo, tiene el objetivo de no tener contrapeso en las elecciones previstas para el 7 de noviembre del 2021, en la que la pareja presidencial buscará reelegirse, en el caso de Ortega para un cuarto mandato consecutivo y el segundo para Murillo, esposa del mandatario nicaragüense.
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Otros dos abogados independientes, a pesar de estar en el extranjero, temen represalias contra sus parientes cercanos que están aún en Nicaragua y por eso prefieren omitir sus nombres para este reportaje.
El jurista Carlos G*. salió con toda su familia en junio porque “hubo señales muy claras que iban a perseguir a los defensores; voceros oficialistas mencionaron con nombre y apellido a diversos abogados que trabajan en la defensa de investigados, si esta lista salió, iba a salir la lista de otras personas”.
“Hemos visto que la persecución en estos últimos dos meses ha sido feroz y creemos que puede estar orientada a desarticular a los abogados defensores de los presos políticos. No hay garantías que en Nicaragua pueda darse un proceso justo y transparente. La privación de libertad no te da garantía a tu integridad física o la vida”, dijo el jurista.
Ana H.*, representante de presos y excarcelados políticos, asesoraba a los investigados de la Fundación Violeta Barrios antes de exiliarse.
“Estoy en una situación que nunca imaginé, desde la forma de mi salida que fue brusca y solo vi en otras personas. Es duro porque no tenía planes de salir de Nicaragua, amo vivir allá y de repente se desordena todo y no sabés qué viene, es como una montaña rusa, es duro, doloroso, porque te mueven las emociones, a nivel familiar me hizo retroceder a otras etapas, no fui yo la involucrada, pero viví lo mismo en la década de los ochenta, ahora me tocó experimentar el exilio de manera brusca”, indicó Ana H.
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Primera ola de abogados exiliados
Otros colegas exiliados en junio tuvieron experiencias distintas y con señales de alerta que los motivaron a huir del país centroamericano, mencionó.
A partir de 2018 se exiliaron alrededor de seis abogados de presos políticos, uno de ellos Álvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) y a partir de la investigación contra la Fundación Barrios salieron al menos cinco juristas más, indicó la fuente.
En general, al 30 de julio 2019, la Unidad Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua (Unanic) registraba unos treinta abogados en el exilio y unos veinte procesados por denunciar a las instituciones del sistema de justicia y los abusos policiales, según un artículo de La Prensa de Nicaragua.
El caso más notable fue el de María Oviedo, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CPDH), quien fue suspendida seis meses por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por una queja de un oficial policial por obstrucción de funciones.
“Nadie está preparado para salir al exilio, estoy como decenas de miles en el mundo, pasando dificultades, situaciones que no estamos acostumbrados a vivir, hemos tenido solidaridad, pero las condiciones para un retorno no se ven a corto o mediano plazo, esto pasa factura al núcleo familiar que se ve arrastrado por estas circunstancias, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para salir adelante”, dijo a Expediente Público Carlos G.
Los abogados entrevistados por Expediente Público trabajaban en los procesos penales contra manifestantes desde 2018, Carlos G. defendió a 15 opositores y asesoraba a algunos periodistas citados o investigados del caso de supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios.
Ana H. también llevó algunas causas de 2018 y asesoraba a los detenidos e investigados por la acusación por supuesto lavado de dinero contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro.
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Imponer a defensores públicos
Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), informó a Expediente Público que la persecución contra los abogados defensores no es nueva, pero ahora se han convertido en un patrón de la represión.
“Las personas que defendieron a varios presos políticos que fueron liberados, sufrieron acoso, amenaza y criminalización, ahora es un patrón más que acompaña a las detenciones arbitrarias”, mencionó.
“Es extremadamente preocupante porque es un derecho escoger a la defensa, pero están imponiendo defensores públicos. Así cierran el círculo alrededor de los procesos penales donde ya ninguna parte es independiente”, indicó Paz y Paz.
En el informe sobre Nicaragua del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “subrayamos la falta de independencia del Poder Judicial en Nicaragua, la sumisión del Ministerio Público a la Presidencia y Vicepresidencia”, dijo Paz y Paz.
“Los jueces no cumplen ningún papel en examinar si las detenciones se basan en los estándares nacionales e internacionales”, agregó.
Cejil representa ante el sistema interamericano de derechos humanos a Félix Maradiaga, Tamara Dávila y los miembros de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) detenidos en junio.
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El último eslabón de la independencia jurídica
El abogado independiente Carlos G. coincidió parcialmente con Paz y Paz: “Dentro del esquema uso del sistema de justicia penal, lo único que no controla el régimen es el abogado defensor privado o que no forma parte de la defensoría pública u organizaciones de abogados vinculados al partido de gobierno”.
“Hay una evidente necesidad del régimen de controlar las defensas para evitar que se filtre información, porque los expedientes judiciales tienen elementos que son utilizados para solventar denuncias internacionales, al no existir abogados privados ejerciendo la defensa, la población y la comunidad internacional están a oscuras porque no saben el contenido de una acusación, tampoco van a tener conocimiento de lo que pueda suceder en audiencia y juicio”, sostuvo.
Sin embargo, los detenidos en junio no están acusados formalmente y existe aún la posibilidad que no lo sean, dijo Ana H. Según ella, hay un pequeño grupo de abogados en Nicaragua que están todavía asumiendo los casos.
Entre los presos políticos anteriores a junio 2021 hay muchos que ya tienen condena, han tenido sus abogados y algunos de ellos tal vez no siguen en los casos.
El riesgo, según Ana H. es cuando el abogado sale o está temeroso “entonces el juez nombra a un defensor público que son apéndices del Poder Judicial: se trata de un litigante que brinda servicios gratuitos, que aunque tenga experiencia técnica, no ejerce una defensa adecuada a los intereses de sus representados, tal como lo evidencian familiares de detenidos que no tenían recursos para pagar abogados”.
Sobre la condición de los encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), la cárcel de máxima seguridad conocida como El Chipote, se conoce muy poco y solo dos abogados han logrado ingresar para conversar con sus representados.
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Temen acoso a otros grupos
“Podemos hacer una proyección de quienes son las próximas víctimas de persecución. Van a seguir con más medios de comunicación, dirigentes de organizaciones civiles, incluyendo las defensoras de derechos humanos, algunos analistas políticos que cada vez hablan menos, quizá dirigentes territoriales de las plataformas políticas existentes o agrupaciones que no se están sometiendo o hicieron algo más de lo permitido por el régimen”, analizó Carlos G.
“Primero están desmantelando estructuras de carácter nacional y luego las territoriales para debilitar los procesos políticos de cara a las elecciones de noviembre, si hay”, argumentó el abogado.
Por su parte, Ana H. considera que conforme a las leyes que se han ido aprobando, están bajo la lupa del régimen, “periodistas, abogados, médicos, sociólogos y politólogos que se han involucrado en la lucha cívica, un sector de estudiantes e incluso personas que estén trabajando en el Estado y quieran desertar, ahí habrá una represión muy fuerte”.
“Un ciudadano profesional que trata de ejercer una labor no debería ser considerado una amenaza, que trabajes y ejecutes tus experiencias y conocimientos, si te ven como una amenaza es preocupante”, dijo la abogada.
Roberto Funes, en calidad de especialista en derecho penal, precisó que “ha habido una arbitrariedad desde el momento de los allanamientos, capturas y desapariciones… todos esos vicios acarrean la nulidad de esos procesos”.
A partir de octubre 2020 se empezaron aprobar leyes encaminadas a lo que hoy vive Nicaragua, venían preparándose para ciertos sectores. «La Ley de Ciberdelitos fue creada para callar las voces de los periodistas, los periodistas no deberían ser señalados de noticias falsas, porque ¿quién tiene la verdad?, es una forma de reprimir y criminalizar a los comunicadores y eso se transpone a otros gremios como los abogados, un gran número litigan y se ven limitados de ejercer libremente, con esto de estigmatizar el trabajo que uno hace, el hecho que uno defienda a un preso político o tenga otro caso que no está relacionado, es lo que llamo estigmatización del trabajo profesional”, consideró el exfiscal Funes.
Por otra parte, considera que es posible ver la judicialización de las investigaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público.
Paz y Paz se solidarizó con los presos políticos y sus familias: “no es fácil la prisión ni el exilio, hay crímenes de lesa humanidad detrás de todo, personas asesinadas por la policía en las protestas y la operación limpieza, pero no hay otra opción más que denunciar, demandar, documentar las violaciones de derechos humanos, que siguen pasando y son lo cotidiano en Nicaragua, y llevarlos a los organismos de derechos humanos”.
“Lo peor que podemos hacer es que el terror nos inmovilice y doblemos los brazos”, advirtió.
Para Paz y Paz cada escalada de violencia abre nuevos frentes, la Organización de Estados Americanos emitió el 15 de junio una condena casi unánime contra el Gobierno de Nicaragua.
“No se puede dar espacios a líderes como Daniel Ortega y Rosario Murillo”, reiteró. *Nombre alterado por seguridad.
