A sus 13 años de edad, Alexandra habita y estudia en una de las colonias más peligrosas de la capital de Honduras. Con 39 personas asesinadas entre el 2013 y el 2017, la colonia Los Pinos es como se dice popularmente, una «zona caliente».
Ella cursa el sexto grado en el centro de estudios Hermán Herrera Molina, donde por la mañana acuden los alumnos matriculados hasta sexto grado, y por la tarde, los del colegio. En total son 892 estudiantes.
La escuela queda a una cuadra de la casa de Alexandra. A pesar del corto trayecto que debe recorrer, la joven confiesa que cada día siente temor de que algo le suceda en el camino, «porque cuando salgo de mi casa hay un grupo de hombres que me acosan al pasar, entonces a mí me genera inseguridad venir, porque me pueden hacer daño», comenta.
Una de sus maestras se llama Blanca Canales. Ella también es originaria de Los Pinos y lleva 36 años dando clases en este centro educativo. Para ella la inseguridad en la zona se descontroló desde hace cinco años, afectando sobre todo a los alumnos matriculados en la jornada de la tarde.
De acuerdo al centro estadounidense de investigaciones sobre temas de seguridad y violencia, Insight Crime, Los Pinos está rodeada por la Mara 13 y la Pandilla 18, quienes se dedican a la extorsión y al narcomenudeo, lo que ha generado un aumento en el índice de la violencia.
«Siempre nos damos cuenta en qué parte del barrio apareció alguien muerto, sabemos cuáles zonas son peligrosas, donde uno no puede ir si no lo conocen, porque lo pueden asaltar o hasta asesinar. Nosotros prevenimos a los alumnos y les decimos que no deben irse solos para sus casas, tienen que hacerlo en grupos o con algún familiar», explica Canales.
La inseguridad que afecta a los estudiantes y a los docentes del Hermán Herrera no siempre proviene de afuera, el contexto de violencia ha traspasado los límites de sus muros. La profesora explica a Expediente Público que algunos maestros han recibido amenazas de muerte por parte de ciertos padres de familia, por el hecho que sus hijos reprobaron alguna materia.
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También han recibido amenazas por parte de los mismos estudiantes, «una vez un alumno me dijo “mire profe, mi papá es marero, entonces yo no respondo por lo que le pueda suceder, él pertenece a la pandilla 18”. Yo le respondí “que venga su papá cuando quiera”. Pero también le dije que él puede ser la diferencia, que no tiene que ser igual que su familia. Yo me acerco a los estudiantes para averiguar sobre sus vidas, soy amiga de ellos y me cuentan de todo», relata la profesora, quien opina que se debe mejorar el reglamento de convivencia y contratar más consejeros en su centro.
Dentro de un territorio en disputa
Con 45 años de existencia, el Instituto Mixto Hibueras es uno de los centros educativos más reconocidos en la capital hondureña. Con una población de dos mil estudiantes, este colegio se encuentra dentro de un territorio en disputa por las maras y pandillas que operan en la zona.
Situado en el centro de Comayagüela, el Hibueras convive dentro de un «ecosistema de la violencia», donde según datos de la Secretaría de Seguridad, se cometieron 89 homicidios entre el 2013 y el 2017.
En 2012, las autoridades policiales reportaron la muerte de cinco personas en el sector de La Soto, en Comayagüela, donde dos de las víctimas eran estudiantes del Instituto Mixto Hibueras.
Lizbeth Navarro, directora del instituto, conoce los peligros que enfrentan sus estudiantes en la zona, una área donde se da la extorsión y el control pandilleril, como sucede en el Mercado Colón, ubicado entre la tercera calle y cuarta avenida de Comayagüela, contiguo al centro de estudios.
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Con más de 20 años laborando en este instituto, la directora recuerda algunos incidentes de robo, de tráfico de drogas y de acoso sexual en contra de sus estudiantes y del personal docente. «En una ocasión, un hombre ajeno a la institución ingresó por la parte de trasera de las instalaciones del colegio, e intentó despojar de sus pertenecías a una maestra, pero ella logró escapar», comenta Navarro.
Los casos de acoso sexual se daban en las afueras del colegio. La directora comentó a Expediente Público que el año pasado un hombre acosaba constantemente a las alumnas, «la situación paró cuando la última víctima fue una niña hija de alguien que trabaja en la Policía, el padre llegó al instituto y me dijo “tenga la plena seguridad que ese tipo jamás volverá a estar en ese lugar”, la situación terminó ahí», recuerda Navarro.
Como medida de seguridad, la directora ha ordenado que permanentemente haya un consejero en los pasillos, porque también ha habido algunos indicios de venta de drogas al interior del Instituto. En la entrada, siempre hay dos guardias de seguridad, día y noche.
Hace unos años la policía capturó a uno de sus alumnos con 1,200 piedras de heroína. Este año la Secretaría de Seguridad ordenó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) iniciar un trabajo de investigación en los centros educativos, para identificar las estructuras delictivas que allí podrían operan, el Instituto Hibueras fue uno de ellos.
Su directora no comparte la medida de militarizar las afueras de su centro, al considerarla poco eficiente, también porque es una publicidad negativa para el colegio. Para ella es más urgente la instalación de cámaras de seguridad dentro del instituto, como una medida persuasiva.
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A pesar que a Lizbeth Navarro se le dificulta dar detalles que afecten el historial de su centro, acepta que hay alumnos ligados a las pandillas, «hace tres años yo andaba el pelo rubio, un estudiante que yo sabía que era marero me dijo “oscurézcase el pelo, porque en el área del mercado la pueden lastimar por andarlo pintado de rubio”, yo le hice caso», comenta.
Contexto
De acuerdo al Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), entre enero de 2010 y marzo de 2018, fueron asesinados 1,522 estudiantes de los tres niveles académicos, de los cuales el 52% estudiaba en el nivel medio.
Esta violencia se ha convertido en una de las principales causas de la deserción escolar en Honduras. Según datos de la Secretaria de Educación, solamente en el 2016 se reportaron 2,886 casos de estudiantes que abandonaron sus estudios -en los tres niveles educativos- por la violencia que azota al país.
Los departamentos más afectados por esta deserción escolar son Atlántida, Cortés y Francisco Morazán, representando el 55% de los casos. Le siguen Yoro, Olancho y Comayagua, con el 14.6%.
Para afrontar esta situación de violencia que afecta a miles de estudiantes en los centros de educativos de Honduras, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) lanzó este año el proyecto «Asegurando la Educación». Con una duración de cinco años, su objetivo es prevenir la inseguridad, no solo dentro de los centros educativos, si no en la zona donde éstos se ubican.
El proyecto se enfoca en los cinco municipios con mayor incidencia de violencia en el país, los cuales según datos de 2017 del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) son San Pedro Sula -donde ocurrieron 402 homicidios, La Ceiba -con 137, Choloma -con 221, Tela -con 42- y el Distrito Central, con 596.
Para incidir en la protección de 65,335 estudiantes, que representa el 3% de los jóvenes matriculados a nivel nacional, el programa «Asegurando la Educación» intervino 66 centros educativos en estos cinco municipios.
Gustavo Payán, coordinador de esta iniciativa, explica que el programa intenta llenar el vacío estatal que existe en cuanto a la prevención y respuesta en el tema de violencia en contra de los jóvenes alumnos.
El proyecto
Previo a la ejecución del proyecto, el equipo técnico de USAID realizó el año pasado una serie de diagnósticos en 14 escuelas, en las cuales se levantaron datos con el objetivo de tener los principales indicadores sobre la percepción de inseguridad en docentes, estudiantes y directores de estos centros de estudio.
«En las 66 escuelas estamos trabajando para entender mejor la percepción de seguridad en diferentes ámbitos, desde el camino a la escuela, en la entrada de las instalaciones, en las canchas, en los baños y en el salón de clases», comenta Payán, un especialista de origen mexicano.
El abordaje que realizaron fue mixto, tanto cualitativo como cuantitativo, realizándose encuestas y levantándose un muestreo representativo dentro de las 66 escuelas, donde se obtuvo la opinión de los estudiantes, docentes y directores, «también se hicieron grupos focales con entrevistas para complementar y darle más fondo a las historias», detalla Payán.
Uno de los objetivos principales del proyecto es asociar positivamente los centros educativos con la comunidad, donde se incluyan estrategias de protección y ciudadanía, así como técnicas pedagógicas de prevención a la violencia, explica su coordinador.
Una de las tareas del proyecto es contextualizar la realidad de cada uno de los centros educativos abordados, mediante un proceso de participación comunitaria educativa, la cual incluya la discusión entre los diferentes actores involucrados, con el propósito de encontrar soluciones y organizar campañas en conjunto.
«Lo que se quiere es mejorar la calidad educativa por medio de acciones de prevención contra la violencia, enfatizadas y canalizadas por el Consejo Escolar de Desarrollo y con el Comité de Convivencia Escolar», detalló el representante de USAID.
Resultados esperados
Generar mayor inclusión social es uno de los retos prioritarios que se identificaron con los diagnósticos, donde en 14 escuelas, el 49% de los estudiantes opinaron que los homosexuales no deben estar en su centro de estudios, y el 22% opinó lo mismo frente a los jóvenes provenientes de grupos étnicos.
«La inclusión social es compleja, se trata de sesgos implícitos y explícitos en los estudiantes, es preocupante que estos jóvenes crezcan con estas percepciones excluyentes», comentó Payán.
El coordinador espera que al finalizar los cinco años de ejecución del proyecto, se vea una reducción de los índices de violencia adentro y afuera de los centros educativos, así como un fortalecimiento en los sistemas educativos escolares que mitiguen el impacto de la inseguridad en la comunidad.
Para generar ambientes de aprendizajes seguros, el proyecto pretende elevar la calidad y la cantidad de la información registrada, «queremos ver un sistema de datos efectivo, porque si no hay información no se sabe que está pasando, y no sabremos cómo atender ciertas tendencias», acotó Payán.
