* Hijos, hermanos y otros familiares de los 37 opositores encarcelados por el régimen de Daniel Ortega relatan las violaciones a los derechos humanos que enfrentan en las mazmorras.
** Luces encendidas las 24 horas del día, alimentación limitada, interrogatorios constantes, intimidaciones, aislamiento y otras formas de tortura fueron reveladas a Expediente Público por familiares de nicaragüenses detenidos en los últimos cuatro meses, a quienes han visitado solo una sola vez.
Expediente Público
“Es duro estar aquí, es bien duro estar aquí encerrado”, le dijo Marcos Fletes, extrabajador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), 95 días después de su detención, a su hermano Pablo Fletes, dentro de un cuarto estrecho de cuatro paredes de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), ubicado en la capital, Managua, con al menos una cámara en el techo grabando y en presencia de efectivos policiales armados.
Fletes, de 42 años de edad, ha sido acusado por la fiscalía de Nicaragua por supuesto lavado de dinero, bienes y activos, como parte de una investigación en contra de la FVBCH en la que él trabajaba como administrador financiero antes de cerrar operaciones. El 28 de mayo se convirtió, junto a Walter Gómez, ex administrador financiero de la Fundación, en los primeros detenidos del régimen de Daniel Ortega en la embestida contra la oposición.
A todos los mantuvieron 90 días detenidos para ser investigados y luego les han abierto juicios que enfrentan encarcelados.
A la lista se sumarían 35 líderes opositores más y los hechos de violencia política como hostigamiento, tortura y tratos crueles y agresiones en el país, incrementarían a 1,375 en total en los últimos 10 meses de contexto electoral, según cifras del Observatorio Urnas Abiertas.
A seis semanas de los comicios en este país centroamericano, señalados por la comunidad internacional de carecer de transparencia y garantías, el gobierno ha desatado una serie de maniobras represivas a la población en general.
Desde el 28 de mayo la redada de detenciones arbitrarias alcanzó a 37 nicaragüenses, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos, precandidatos presidenciales, líderes opositores de diferentes movimientos sociales y estudiantiles, quienes pasaron a formar parte de los 155 presos políticos que, según el Mecanismo para el reconocimiento de presos y presas políticas, mantiene en los centros penitenciarios de tortura el régimen desde el año 2018 a la fecha.
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Desde el 31 de agosto, las primeras y únicas visitas por parte de familiares de presas y presos políticos en la DAJ desencadenaron incesables denuncias por las condiciones en las que están detenidos y por seguir siendo víctima de la mano represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes gobiernan desde el año 2007 Nicaragua, y buscan un cuarto mandato como presidente y segundo como vicepresidenta, sin más candidatos que los autorizados por ellos en las próximas elecciones del 7 de noviembre.
Amnistía Internacional señaló a través de su informe publicado a principios de agosto sobre la situación en Nicaragua, que la “desaparición forzada” de los líderes opositores es una nueva táctica de represión de Ortega, y la apuesta de su candidatura para quedarse como presidente hasta 2026, “es un recordatorio de la impunidad que prevalece en el país”.
“El gobierno de Daniel Ortega implementa una nueva estrategia para intentar callar a quienes alzan la voz. Al desaparecer a opositores, activistas y periodistas, Ortega muestra el temor que le tiene a la crítica y a la denuncia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional en su comunicado de prensa.
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¿Qué pasa con los derechos de las presas y presos políticos?
De acuerdo al análisis penal consultado con Uriel Pineda, jurista nicaragüense y actual subdirector de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, las autoridades en Nicaragua han infringido el Código Procesal Penal.
El artículo 95 aborda los derechos de los imputados o acusados, que abarca el poder ver a sus familiares y tener asistencia legal, sin embargo, transcurrieron más de 80 días incomunicados de sus familiares y abogados.
Debido a esta falta de garantías y de información por parte de las autoridades, se les declaraba como “desapariciones forzadas”. No fue hasta a partir del 31 de agosto que la “prueba de vida” que exigían sus familiares, se cumplió y pudieron constatar que se encontraban vivos y en las instalaciones de la DAJ, mejor conocido como “El Nuevo Chipote”.
De las 37 personas encarceladas, 32 han recibido visitas de sus familiares, quienes reiteran un claro deterioro físico y psicológico producto de la malnutrición y diversas tácticas de tortura dentro del centro penitenciario.
“Lo miré muy delgado, golpeado, bien cansado y estresado, porque eso es lo que provoca el encierro, y descuidado en su salud”, señaló el hermano de Fletes en entrevista con Expediente Público.
Por su parte, un familiar de la activista Ana Margarita Vijil, detenida el 13 de junio aseguró que ella ha perdido peso. “Ana Margarita está tan flaca que su ropa interior no le queda, se le cae, y está tan flaca que ni si quiera los anteojos le quedan. Es decir, ella con las bridas que tiene en las manos tiene que caminar sosteniéndose los anteojos porque se le caen”, relató en condición de anonimato a Expediente Público.
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Jugadas de una dictadura
“El pueblo nicaragüense demanda democracia ante esta dictadura despiadada. Mientras tanto, el régimen está aprovechando el libro de jugadas de un dictador probado y verdadero”, expresó el analista senior del American Enterprise, Ryan Berg, ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el pasado 21 de septiembre.
A lo largo de este año el paquete de leyes represivas que el régimen ha venido preparando desde el 2019 han logrado ser instrumentalizadas para que hoy en día estas 37 personas estén siendo acusadas por cualquiera de estas: Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055), aprobada por el Parlamento de Nicaragua, el 21 de diciembre de 2020 con 70 votos a favor. Ley Especial de Ciberdelitos, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (1060) que también se encuentra contemplada en la Ley 641: Código Penal en el artículo 282 que hace referencia al Lavado de Dinero y Bienes incautados-, también del Código Penal están utilizando el artículo 278: Gestión Abusiva, 279: Autorización de Actos Indebidos y el art. 285: Falsedad Ideológica.
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Las capturas siguieron un patrón bastante preocupante: ocurrían de manera imprevista o en altas horas de la noche, y la mayoría de los casos iban seguidos de allanamientos ilícitos. Bertha Valle también estuvo presente en el foro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, donde denunció la detención de su esposo, el politólogo Félix Maradiaga.
“El 8 de junio de este año, Félix fue llamado al Ministerio Público para ‘una entrevista’. Mientras estuvo allí, fue interrogado durante cuatro horas. Salió del Ministerio Público, pero a 500 metros de distancia, lejos de la prensa, su coche fue detenido por la policía, lo sacaron del auto y lo golpearon y se lo llevaron. El mismo día, Juan Sebastián Chamorro, otro candidato presidencial, también fue sacado de su casa. El régimen ha utilizado la misma táctica contra innumerables otros líderes de la oposición”, denunció Valle.
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Familiares de los detenidos denunciaron en diversas ocasiones que cuando los policías se presentaban a realizar las capturas y allanamientos, no daban ninguna explicación ni presentaban órdenes judiciales.
Un familiar de Medardo Mairena, líder del movimiento campesino en Nicaragua, que por motivos de seguridad y temor a represalias prefiere ocultar su identidad, aseguró a Expediente Público que el precandidato a la presidencia, por segunda vez “fue secuestrado” sin mayores explicaciones.
“Yo digo que fue secuestrado porque no fue captura, no tenía orden de captura, no tenía ningún proceso judicial en su contra abierto, nunca fue citado, simplemente lo secuestraron de la casa de habitación el 5 de julio de 2021”, relató a Expediente Público.
“Entraron con violencia, derribaron el portón, lo capturaron y lo sacaron del lugar”, reiteró el familiar de Mairena, quien fue detenido el pasado 5 de julio junto a los líderes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas. Simultáneamente, los líderes estudiantiles Max Jerez y Lesther Alemán fueron detenidos también alrededor de las 9 de la noche.
Según la versión oficial de las autoridades nicaragüenses, estas detenciones tenían el propósito de iniciar investigación debido a “indicios” de la comisión de delitos, pero debido a la reforma que sufrió el Código Procesal Penal en febrero de este año, el proceso de investigación pasó de un máximo de 48 horas a tener un lapso de hasta 90 días. Los primero en cumplir los 90 días, fueron: Marcos Fletes y Walter Gómez, acusados por supuestamente haber cometido actos indebidos, falsedad ideológica y gestión abusiva en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBC), además de estar siendo investigados bajo la Ley 1060 en el que actualmente además de ellos, están implicadas otras personas, como la precandidata a la presidencia Cristiana Chamorro.
Posterior a las detenciones, los familiares desconocieron su paradero, lo que los impulsó a realizar diversas campañas mediáticas, denuncias internacionales y demandas al régimen a respetar los derechos fundamentales de sus seres queridos, la cual tuvo mucha incidencia. Para Olama Hurtado, sobrina del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro y miembro de la Unidad Azul y Blanco, esta presión puede ser la razón por la que el régimen autorizó realizar las visitas.
De acuerdo al testimonio de Fletes, su hermano pudo ver a su abogada después de cien días de su detención. “Es increíble, solo en este país se da, y después sale la fiscalía con un comunicado diciendo que se respetan los derechos humanos de los privados de libertad y eso es una total farsa, no se respeta nada”, señaló Fletes.
Los familiares siguen denunciando las condiciones extremas a las que están siendo sometidos sus madres, padres, hijos, hermanos, evidenciadas en la única visita que han podido hacerles.
En un reciente comunicado señalan que esto está afectando gravemente su estado de salud físico y mental, al igual que el régimen de aislamiento e incomunicación constante que corresponden a actos de tortura.
“Nos preocupa en sobremanera la situación de aislamiento extremo en el que se encuentra, […] sobre todo las mujeres están aisladas a excepción de doña Violeta Granera y la Dra. María Oviedo, el resto de mujeres están solas en sus celdas y eso denota un ensañamiento especial”, aseguró el familiar de la activista, Tamara Dávila que fue entrevistado por Expediente Público bajo anonimato.
“En el caso de Tamara, además de estar sola en su celda a diferencia del resto de personas presas, ella está en una celda empernada, totalmente clausurada, ella se encuentra en una situación de aislamiento todavía mayor”, reiteró.
Por otro lado, cuenta como lograron identificar el trastorno de sueño como una forma de tortura a sus familiares, como dejar la luz encendida permanentemente o, al contrario, total oscuridad en las celdas.
Deudas personales
El levantamiento popular del año 2018 fue uno de los detonantes para que el régimen Ortega-Murillo mostrara al mundo su saña hacia la disidencia social y política en la nación centroamericana.
Diversos movimientos comenzaron a fortalecerse y a tener mucha más visibilidad al momento de denunciar a nivel nacional e internacional los delitos de lesa humanidad, entre ellos la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Alianza Cívica Nicaragua (ACN), Asociación Madres de Abril (AMA), Movimiento Campesino de Nicaragua, Unidad Azul y Blanco (UNAB), entre otras.
Personalidades como Lesther Alemán, Miguel Mora, Dora María Téllez, miembros de la familia Chamorro, entre otras que actualmente se encuentran detenidas, suponían una amenaza directa para el proceso de desmantelamiento a la democracia que el Estado de Nicaragua ha estado desarrollando: “La criminalización de la disidencia política representa el golpe definitivo del régimen de Ortega-Murillo a las elecciones previstas para el 7 de noviembre de este año”, añadió Berg.
Pero ¿Por qué Ortega y Murillo temerían a un joven de 23 años? El líder estudiantil de AUN, formó parte del Diálogo Nacional del 2018 en donde diversos sectores de la población se sentaron con el gobierno de Ortega, la Iglesia católica, el Movimiento Campesino y el sector privado. Hasta aquel 16 de mayo de 2018, se contabilizaban más de 40 personas asesinadas producto de la represión desatada por órdenes del Estado desde el 18 de abril del 2018.
“El pueblo está en las calles, nosotros estamos en esta mesa, exigiéndole el cese a la represión… No podemos dialogar con un asesino porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio”, expresó Alemán, de tan solo 20 años en ese momento, quien intervino al asaltar la palabra a la pareja gobernante, que llevaba mucho tiempo sin tener un cuestionamiento cara a cara, que no fuese desde los medios oficialistas.
Alemán fue capturado un año y medio después de haberse exiliado y regresado a Nicaragua. Actualmente lleva más de 80 días detenido. Está siendo investigado por ser presunto autor “del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal”, según informó un comunicado emitido por el Ministerio Publico el pasado 2 de septiembre.
Lesbia Alfaro, su madre, expresó en una entrevista con CNN que el joven se encuentra en una preocupante situación de salud: “Cuando me lo secuestraron de mi casa mi hijo era un hombre fuerte y para 23 años que esté ya con problemas para caminar, que se le duerman sus piernas es que o tiene tortura física o temo que le den alguna sustancia en la comida o lo poco que le puedan dar. Yo temo por la vida de mi hijo”, denunció.
Expediente Público intentó en esta ocasión entrevistar a Alfaro, sin embargo, la situación de inseguridad en el país por posible represalia continúa.
Al respecto, AUN ha emitido hasta la fecha dos alertas donde se evidencia que las autoridades de Auxilio Judicial les solicitaron a familiares de Alemán tratamiento, sin prescripción médica, para tratar síntomas como vértigo o mareo, a lo que ellos solicitan que se le permita la visita de un profesional de la salud para así evaluar y tratar adecuadamente al líder estudiantil.
La situación de salud deplorable es evidente en muchos casos, como el de Violeta Granera quien desde 2019 cuenta con medidas cautelares. Sin embargo, fue sacada de su residencia el 8 de junio por la Policía Nacional, y desde entonces ha perdido peso por no llevar una buena alimentación por su diabetes, según lo denuncia su hijo, Julio Sandino.
“Nos han mandado a pedir aumento en la dosis de sus pastillas de hipertensión, de 50 mg la subieron a 150mg y recalcamos que no tenemos un médico de confianza que la esté revisando, no sabemos si las medicinas son para ella o se venden, lamentablemente lo tenemos que decir así”, relató Sandino a Expediente Público, desde el exilio.
“Estamos especulando porque lamentablemente no hay transparencia”, enfatizó.
El pasado viernes 23 de septiembre, la Unidad Azul y Blanco hizo un llamado público al Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) para presionar al régimen y constatar las condiciones de las personas detenidas. «El llamado que hizo la UNAB fue un llamado público a que siguieran presionando a las autoridades para que se les permitiera la entrada”, aseguró Olama Hurtado quien integra este movimiento.
Sin embargo, al igual que el CIRC, la OACNUDH, comisiones del Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (Cidh) y el Meseni han solicitado acceso a las cárceles para visitar a reos políticos en los últimos meses, pero hasta ahora las autoridades no lo han permitido.
Por otro lado, Peltier Barahona, hermano de Suyen Barahona, dirigente del partido UNAMOS (antiguo MRS) y detenida el pasado 13 de junio, asegura haber contactado a la Cruz Roja Internacional para comunicarse con su hermana, sin embargo, después de esperar varias semanas “nos comunicaron que, al intentar visitar las instalaciones, las autoridades policiales negaron su acceso y nos comunicaron que no consideraban que esa postura iba a cambiar en el corto plazo”.
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Cumpleaños, luto, enfermedad, exilio y más
En añadidura las repercusiones psicológicas no solo se están viendo reflejadas en quienes se encuentran detenidos, sino también en sus parientes: “Y nos preocupamos por los hijos de todos los presos políticos que viven sin sus padres y sufren de trauma y ansiedad por la separación, como mi propia hija de 8 años”, manifestó Berta Valle, quién también el pasado 23 de septiembre dirigió unas palabras hacia Maradiaga con motivo de su cumpleaños.
Un mensaje similar fue dado por Carlos Fernando Chamorro hacia su hermano Pedro Joaquín, quién el 24 de septiembre cumplió 70 años y al mismo tiempo estaba cumpliendo 91 días detenido, por ende, ya sobrepasó su plazo de “investigación”. Sin embargo, fue acusado por gestión abusiva y apropiación y retención indebida, bajo audiencia inicial en secreto.
Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, periodista y precandidato presidencial con más de 90 días de retenido, logró salir el pasado 24 de septiembre del Hospital Metropolitano Vivian Pellas “tras ganar la batalla contra la Covid-19″, informó el medio independiente 100% Noticias. Sin embargo, su hijo sigue en observación debido a que “por su discapacidad es un caso más delicado”.
El exilio ha sido otro de los retos que han tenido que enfrentar las familias en Nicaragua: hasta la fecha más de 100 mil nicaragüenses se han desplazado hacia la frontera sur en los últimos 3 años, entre ellos el hijo de Granera, quien debido a asedio, persecución y amenazas tuvo que dejar su país.
Sin embargo, defiende la lucha que ha hecho su mamá desde la revolución en 1979, cuando él estaba pequeño. Entre risas cuenta como su mamá “se perdió muchos cumpleaños de él”, por andar sirviendo al país.
“Mi mamá no ha cometido ningún crimen, más que luchar por una democracia en Nicaragua, por una libertad, como lo estamos haciendo todos”. Y reitera que ella siempre ha tenido claro “su amor incondicional por Nicaragua, y su lucha inquebrantable” por el país.
En tres meses las alertas y denuncias de condiciones de salud crítica por parte de movimientos de la oposición han aumentado. Los detenidos han pasado sus cumpleaños dentro de las cárceles, y no han podido ver a sus familiares a pesar de estar enfermos, e incluso fallecer.
Heidi Meza, madre del líder estudiantil Max Jerez, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) falleció el 17 de septiembre, tras experimentar un claro deterioro en su salud por la captura de su hijo el pasado 5 de julio.
En una última entrevista con Expediente Público, Meza confirmó su delicado estado de salud a causa de las preocupaciones por su hijo.
“Siempre uno como madre preocupada porque sabemos la situación en que él andaba, exponiendo su vida, buscando que me lo mataran o echaran presos, entonces yo desde ahí me enfermé mucho, preocupaciones me afectaron y hasta la fecha no estoy muy bien de salud”, afirmó Meza (1954-2021).
Los familiares de presos políticos comenzaron a realizar presión para que el joven pudiese visitarla y despedirse, pero una vez más el régimen se hizo de oídos sordos ante la petición de garantizarle este derecho. Meza falleció el 17 de septiembre y su hijo tampoco pudo asistir a su vela y sepelio, aunque la Ley del Sistema Penitenciario se lo permitía.
Para Julio Sandino, el único legado que ha dejado el Frente Sandinista de Liberación Nacional en la historia de Nicaragua ha sido el dolor. “Están plantando dolor en las familias nicaragüenses”, finalizó.
