Cronología de polémicas judiciales

El Poder Judicial en Nicaragua ha sido uno de los pilares del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para proteger a su gente más leal, asimismo, castigar y extorsionar a sus opositores. Desde antes de la toma del poder de Daniel Ortega en 2007, por la vía electoral, las acciones de magistrados y jueces allegados construyeron con astucia y desfachatez la enorme capacidad de control político del actual régimen.

Los casos que se describen a continuación no pretenden ser exhaustivos ni brindar una lista completa de escándalos del sistema de justicia de Nicaragua, tampoco tienen la intención de verificar si las sentencias son conforme a la ley ni establecen criterios para juzgar inocencia o culpabilidad de los implicados, sirven como testimonios recopilados de archivos periodísticos y se interpretan como material complementario para comprender el modo operativo de los jueces del régimen orteguista que en diferentes facetas y momentos manifiestan la capacidad represiva y corrupta de las estructuras del Estado en Nicaragua, instituciones cooptadas por el poder político.

 

En 1998 Zoilamérica Narváez Murillo denunció a su padrastro el expresidente Daniel Ortega por violencia sexual desde que ella tenía once años; la acusación por abuso deshonesto, violación y acoso sexual, fue recibida en marzo por la jueza Primero de Distrito del Crimen, Martha Quezada, nombrada al cargo por el FSLN, quien remitió el expediente a la Asamblea Nacional porque el exmandatario ocupaba una diputación nacional como candidato presidencial que alcanzó el promedio del cociente electoral regional en los comicios de 1996, prerrogativa anclada en la Constitución Política del país.

El abogado que ejerció la defensa del expresidente, Ramón Rojas, dijo en ese momento que "aquí todo el mundo sabe que Ortega goza de inmunidad por ser representante del FSLN ante la Asamblea Nacional".

Aunque los sandinistas eran minoría parlamentaria, los liberales, aglutinados en su gran mayoría alrededor del entonces presidente Arnoldo Alemán, estaban muy comprometidos por las acusaciones de corrupción de su gobierno. Dos meses después de la acusación contra Ortega, la misma jueza sandinista que llevaba este caso abrió un juicio contra Alemán por la compra de un jet que había sido usado en operaciones de narcotraficantes. Con esto los sandinistas ponían las piezas del juego político en tablas. Ninguno de los juicios contra ambos prosperó. A menos de un mes de la reconfiguración del parlamento, donde los liberales alcanzan la mayoría absoluta, y ante la inminente salida de la presidencia de Alemán y la llegada de Enrique Bolaños, Ortega renuncia el 12 de diciembre de 2001 a su inmunidad para enfrentar el caso de abuso sexual.

El Juzgado Primero de Distrito del Crimen había pasado a manos de Juana Méndez, otra jueza sandinista, por lo cual Narváez Murillo recurrió contra ella por su marcada militancia, el expediente fue enviado el 17 de diciembre a la jueza Segundo de Distrito del Crimen de Managua, Ileana Pérez, también nombrada por el FSLN, pero rechazó el caso al día siguiente.

Finalmente, el 19 de diciembre de 2001, Méndez decidió desestimar los cargos contra Ortega afirmando que los delitos habían prescrito.

Actualmente, Quezada es magistrada de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), mientras Juana Méndez e Ileana Pérez son magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Dos meses después de la acusación de Zoilamérica Narváez contra Daniel Ortega, Arnoldo Alemán se vio involucrado en su primer proceso por corrupción que se conoció como el caso del “narcojet”, una aeronave de lujo que pasó por avión presidencial siendo buscado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

La jueza Martha Quezada, teniendo el expediente de Ortega, llevó también este caso y citó al mandatario a declarar durante más de tres horas, el 12 de mayo de 1998, es considerado el primer presidente de Nicaragua que declara judicialmente, al menos, en la historia reciente, aunque al final no fue implicado en el juicio.

Sin embargo, el contralor general de la República, Agustín Jarquín Anaya mantenía una férrea vigilancia al gobierno corrupto de Alemán, destapando casos como la venta de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) y del Banco de Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), así como investigaciones contra quien entonces era el director de ingresos, Byron Jerez, un connotado operador de Arnoldo Alemán a quien se le ha responsabilizado de diversos y millonarios casos de corrupción.

Jerez es actualmente diputado de la Asamblea Nacional por la Alianza por la Republica (APRE).

Jarquín tuvo en la mira el enriquecimiento ilícito del mandatario, pero como consecuencia de sus denuncias e investigaciones, quien finalmente fue juzgado fue el mismo contralor en un proceso de ocho meses que terminó en junio de 1999, cuando la jueza Cuarto de Distrito del Crimen, Vanessa Chévez encontró al funcionario culpable de fraude contra el Estado.

El entonces contralor Agustín Jarquín fue liberado por la presión internacional en sentencia de Apelaciones y se convirtió en aliado de Ortega, mientras la judicial que lo condenó, Vanessa Chévez, fue destituida por liberar al narcotraficante Juan Carlos Ospina en 2003 y recontratada como asistente de Antonio Alemán, hermano del expresidente, y fallecido en 2016, por lo que la jueza fue nominada por los liberales a sustituirlo en ese cargo, sin éxito.

Con la llegada de Enrique Bolaños al poder en enero de 2002, inician las investigaciones por corrupción contra el gobierno de Arnoldo Alemán por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

El 21 de marzo de 2002, la jueza sandinista Gertrudis Arias, establece prisión contra Alemán y otros funcionarios del Estado que habían sido acusados por la PGR por el desvío de fondos a través del Canal 6 de la televisión estatal, sin embargo, gozaba de inmunidad por la reforma constitucional del 2000 que le otorgaba una diputación automática como expresidente saliente, según se negoció en el pacto entre liberales y sandinistas.

Sin embargo, la principal acusación contra Alemán y Jerez, junto a sus familiares, así como de otros funcionarios cercanos, se conoció como “La Huaca”, una palabra náhuatl de uso común en Nicaragua que significa vasija y representa el hallazgo de una reliquia antigua y por ende un tesoro, la PGR aseguraba que alrededor de US$100 millones procedentes de instituciones estatales como el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER), Petróleos de Nicaragua (PETRONIC), la Dirección General de Ingresos (DGI), la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) y Materiales y Construcciones (MAYCO), fueron sustraídos ilegalmente del erario público.

El desafuero se da finalmente el 21 de diciembre de 2002, con lo cual Alemán fue condenado a prisión por la jueza Ileana Pérez por el caso de Canal 6 bajo cargos de fraude y asociación e instigación para delinquir en perjuicio del Estado por US$1.3 millones.

Un año después, el 7 de diciembre de 2003, la jueza Méndez sentenciaba a Alemán a 20 años de prisión por el caso “La Huaca”, es decir, la defraudación de US$100 millones de instituciones y empresas estatales, además, de cargos por delitos electorales.

Sobre todos los casos judiciales del expresidente liberal hay sobreseimientos, uno de ellos de 2006 por la compra fraudulenta de “vaquillas” del Instituto de Desarrollo Rural y el “narcojet”, también a mediados de enero de 2009 es anulada su condena a 20 años de cárcel por los magistrados de la Sala Penal de la CSJ, de mayoría liberal. En esos momentos, había 25 puestos públicos relevantes en juego, en especial estaban las ratificaciones de los magistrados del Consejo Supremo Electoral en la Asamblea Nacional. Y en esta época el FSLN aún seguía siendo minoría en el Legislativo.

En 2013, una nueva denuncia de violencia sexual cayó sobre Ortega, quien había vuelto al poder en 2007 y fue reelecto en 2011.

Lo acusaban de abusar en 2005 de Elvia Junieth Flores Castillo, cuando ella tenía 15 años, y según su familia, el hijo mayor de la adolescente era producto de los hechos y su legítimo padre era Ortega, pero la bebé fue reconocida por Néstor Moncada Lau, asistente personal del exmandatario.

Moncada Lau, un exmilitar y expolicía, ha sido vinculado con varios atentados y fue condenado por terrorismo por llevar 800 gramos de explosivos el día de la toma de posesión de Arnoldo Alemán, el 10 de enero de 1997, asimismo, fue sancionado en 2018 por Estados Unidos por ser uno de los principales operadores de la represión contra los manifestantes opositores.

El hermano de la supuesta víctima, Santos Sebastián Flores Castillo, al denunciar el caso fue acusado de violación por Lucila Narcisa Cortez García, defensora pública del Poder Judicial, amiga de la jueza sandinista Gertrudis Gaitán, denunció su familia.

Santos Flores fue sentenciado a 15 años de cárcel en 2013, en un proceso rápido en el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Violencia de Managua, a cargo de Aleida Irías, según entrevistas recogidas entonces por medios de comunicación de Florida, Estados Unidos, donde vive la familia de la joven, y por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El abogado de oficio que le fue asignado a Santos Sebastián Flores Castillo fue Ramón Rojas, el mismo que defendió a Ortega por la denuncia que presentó Zoilamérica Narváez en 1998, negándole el Poder Judicial así toda posibilidad de un proceso justo.

La joven se retractó de las acusaciones en enero de 2018, en una entrevista El Diario de las Américas.

El exrecluta del Servicio Militar en la década de los ochenta, Marvin Vargas Herrera, alias El Cachorro era un líder de los veteranos de guerra que organizó protestas contra el gobierno de Ortega para exigir derechos a los desmovilizados, pero el 8 de mayo de 2011 fue apresado bajo cargos de terrorismo, pero enjuiciado dos días después por estafa contra un supuesto socio en un negocio de compra y venta de divisas, después de meses en el limbo legal, fue condenado por un tribunal de jurado en febrero de 2012 y recibió del juez sentencia a cinco años y seis meses de cárcel; posteriormente, pese a tener dos órdenes de libertad, una a mitad de su pena y la otra al cumplirla, las autoridades penitenciarias lo mantuvieron en aislamiento.

Volvió a ser enjuiciado en 2017 por tráfico de drogas a lo interno del penal y ha continuado recluido bajo aislamiento. Fue hasta el 2018 que pudo saberse del preso durante una visita del Comité Internacional de la Cruz Roja, asimismo, con la salida de presos políticos este año, se sabe que está gravemente enfermo, incluso, padece cáncer de próstata.

El primer juicio se dio en el Octavo Distrito Penal de Juicio de Managua, a cargo de Tomás Cortez Mendoza y el segundo por tráfico de narcóticos se inicia en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia a cargo de Julio César Arias Roque, dictando sentencia en el Juzgado Cuarto Distrito Penal de Juicio a cargo de Carlos Silva Pedroza.

Cortez Mendoza, hoy titular del Juzgado Octavo Distrito de Familia, según un cable diplomático revelado por Wikileaks, fue tildado por la embajada de Estados Unidos en Nicaragua como el “juez favorito” del FSLN “para todos los asuntos criminales”.

El cable del 10 de abril de 2006 “Request for corruption 212(F) Visa ineligibility finding” afirma que Cortez era protegido del entonces magistrado Rafael Solís, y el operador judicial Lenín Cerna.

La Embajada de Estados Unidos señala que funcionarios como Cortez absuelven o han beneficiado a prominentes sandinistas, entre ellos, el hijastro del presidente, Rafael Ortega Murillo, y formalizan acusaciones contra oponentes al FSLN.

En julio de 2019 la defensora de Vargas Herrera, Ivania Cortez García, solicitó por segunda vez una valoración médica a El Cachorro, la cual fue negada por la jueza Tercero Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Gertrudis Gaitán Pavón.

Gertrudis Gaitán otorgó libertad condicional en 2009 al mexicano José Salvador López Santos, detenido en junio de 2007 en el Aeropuerto Internacional de Managua a bordo de una avioneta con US$965,000.

El magistrado liberal Manuel Martínez anunció que sería investigada y la ministra de Gobernación Ana Isabel Morales la señaló como la judicial que más narcos liberaba.

Gaitán Pavón continúa en el cargo.

En 22 de febrero de 2014, la policía detuvo en Managua a Milton González cuando viajaba en una motocicleta, portando un taco rectangular con 1.5 kilos de cocaína, una balanza y varios proyectiles de calibre 14, según consta en el expediente judicial del Ministerio Público.

González es hermano del campeón del mundo de boxeo, un popular joven de barrio, Román “El Chocolatito” González, quien ya había alcanzado dos títulos mundiales y era extremadamente popular en Nicaragua.

Aunque la prueba de campo dio positivo a cocaína, en el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional se determinó que la sustancia era talco para bebé mezclada con otros componentes, indicó el fiscal Douglas Vargas.

El juez de Audiencia Julio César Arias cerró el caso el 10 de marzo de ese año. Y el hermano del boxeador no pasó ni un día en prisión como ordenaba la ley en caso de narcotráfico.

Arias sostuvo que no había prueba suficiente para iniciar un juicio “sobre la base técnica del escrito de intercambio de información y pruebas que presentó el Ministerio Público” y “en el caso de estupefacientes, lo que se hace es una prueba de campo que es presuntiva, y por último se hace la prueba del Laboratorio Central de Criminalística, que es la confirmativa”.

La presidenta de la Corte Alba Luz Ramos defendió a Arias. “Si le ponen un peritaje no puede hacer nada más, no puede inventar pruebas”, dijo.

Román González aparece en muchas actividades oficiales y en sus peleas se presenta con camisetas progubernamentales y banderas del FSLN.

También el sistema judicial nicaragüense ha actuado a favor de Ricardo Mayorga, por ejemplo, cuando el entonces campeón del mundo de boxeo fue acusado de violación sexual en 2004. Según los cables de Wikileaks, el presidente Ortega habría intervenido por su libertad en un caso del 2004, a cambio de recibir ganancias por sus peleas. El púgil pasó el juicio en libertad bajo fianza hasta que el juez Julio César Arias lo declaró no culpable.

El escándalo por extorsión a los inversionistas de un proyecto turístico de US$88 millones despunta en el primer año de gobierno de Daniel Ortega, en 2007.

El inversionista Armel González Mühs acusó públicamente al exdiputado sandinista Gerardo Miranda, de pedirle US$4 millones para poder continuar con el proyecto.

González y sus socios Jocelyn Carnegie y Gail Geerling dijeron que tuvieron que mediar directamente en la Secretaría del FSLN y discutir con el operador político, Vicente Chávez Fajardo, una solución a cambio de dinero para el proyecto torpedeado por diferentes vías institucionales.

El teniente coronel en retiro del Ejército y exasistente de Lenín Cerna en la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, Vicente Chávez, era desde 2001 contralor suplente y desde 2014 forma parte del Consejo Superior de la Contraloría General de la República.

La propiedad en la playa El Gigante del municipio de Tola, del departamento de Rivas fronterizo con Costa Rica, estaba en litigio con 23 antiguos socios de la Cooperativa “Pedro Joaquín Chamorro”, que había recibido de forma tardía títulos de la reforma agraria en 1994.

El proyecto de Arenas Bay estaba constituido en una parte desmembrada de la propiedad de la cooperativa, es decir, eran 119 manzanas que un grupo de campesinos vendió a la sociedad Inversiones González Bolaños S.A., representada por Alejandro Bolaños Davis, electo diputado en 2006, sobrino del expresidente Enrique Bolaños y suegro de Armel González.

Con apenas meses de estar en el Gobierno, el FSLN demostró con fuerza su poder represivo a través del chantaje al proyecto; en julio de 2007 la PGR canceló el asiento registral de Bolaños a favor de los cooperados, a través del exprocurador para la zona, Wilber Ibarra Blanco, con una acusación que había sido introducida en 2004.

Ese mismo mes, el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), notificó a los dueños del proyecto Arenas Bay, el cierre del mismo, por violentar la Ley 217 (Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales).

En septiembre, el proyecto fue embargado por orden de la jueza del Local Único de Tola, Astrid Fonseca, por una supuesta deuda de seis millones de córdobas a diez miembros de la Cooperativa “Pedro Joaquín Chamorro”, la cual, según el diario oficial La Gaceta, del 27 de mayo de 2003, fue disuelta y liquidada, y, por ende, se le canceló su personería jurídica.

Debido a este embargo, en octubre los socios de Arenas Bay afirmaron que cerraban operaciones en Nicaragua. Finalmente, en noviembre 2013, el Ministerio Público desestimó las denuncias de extorsión interpuestas por González y por otros socios en contra el exdiputado sandinista Miranda Obregón.

La Asamblea Nacional llegó a crear una Comisión de Investigación por las denuncias de corrupción, chantaje, tráfico de influencias, soborno, extorsión, falsificación de registros y documentos a funcionarios públicos relacionados al caso de la Propiedad de Tola que se instaló oficialmente el 15 de junio del 2007 y en octubre emitió recomendaciones favorables a González y pide investigar al exdiputado Miranda, pero la Comisión de Probidad del parlamento también dictaminó en noviembre contra los inversionistas.

Armel González Mühs ha realizado varios proyectos inmobiliarios en Panamá como el resort Saboga y Paraíso Apartment Building, en 2006 vendió Guacalito de la Isla al Grupo Pellas, en la actualidad, en las codiciadas tierras localizadas al sur de playa El Gigante, se encuentra Aqua Resort, desarrollada por la inmobiliaria Grupo del Sol, cuyo director ejecutivo es precisamente González Mühs, pero construido con una inversión muy inferior a la proyectada para Arenas Bay.

Carnegie y Geerling continúan realizando negocios en Nicaragua, según señalan en sus páginas empresariales en internet.

Fue determinante para la creación de los Certificados Negociables Inversión (CENI), conocidos como “los cenis”, las quiebras fraudulentas de siete bancos del país: el Banco del Sur (Bancosur) en 1998; el Banco Nacional de Desarrollo (Banades) en 1998, propiedad del Estado; el Banco Intercontinental (Interbank) en el 2000, el Banco Mercantil (Bamer) en 2001, el Banco del Café (Bancafé) en 2001, el estatal Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) en 2001 y el Banco de Crédito Popular, el último ente financiero de propiedad estatal, cerrado en 2001.

Los Cenis fueron creados en 2000 con el propósito de estabilizar el sistema financiero durante el gobierno de Arnoldo Alemán. El problema con estos certificados fue su negociación amañada y la enorme pérdida de recursos del Estado por transacciones inconvenientes que resultó beneficiando sobre todo al Banco de la Producción (Banpro), al Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) y al Banco de Finanzas (BDF), en este último uno de los principales accionistas es el Ejército de Nicaragua.

En el caso de Interbank, institución financiera de capital sandinista, sus activos fueron adquiridos por Banpro, pero el único involucrado en la quiebra que estuvo preso fue el ex gerente de dicho banco, Félix Padilla, por menos de un año, pues la jueza suplente del Juzgado Octavo de Distrito del Crimen, Regina Escobar, sobreseyó definitivamente a todos los denunciados, el 20 de octubre de 2000. La sentencia fue ratificada en 2006 por el TAM.

En el caso de la quiebra de Bancafé, el expresidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) y presidente de la entidad financiera, Francisco Mayorga, así como seis directivos más del banco, fueron declarados culpables en febrero de 2001 por un jurado de conciencia, en el Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, a cargo del juez Sabino Hernández.

Mayorga, accionista mayoritario de Bancafé, fue liberado después de dos años y medio en prisión, en otros dos juicios con jurado que lo exoneraron de culpa, en uno de ellos fue juez Tomás Cortez, Séptimo Local del Crimen de Managua. Mayorga se convirtió en aliado de Ortega fungiendo varios años como asesor económico.

En el caso de la quiebra de Bancafé e Interbank está la sombra de la estafa millonaria de los hermanos Alvin, Alex y Saúl Centeno Roque, vinculados a la cúpula empresarial sandinista.

Los Centeno Roque provocaron pérdidas entre US$100 millones y US$200 millones a los dos bancos, entregando documentos falsos para obtener créditos, la estafa más épica fue la de las cascarillas de arroz.

Servicios Navieros y Marítimos (Semar) les emitió bonos por US$20 millones sobre un presunto café de exportación almacenado, que resultó ser cáscara de arroz. Los títulos fueron comprados posteriormente por el estatal Iniser y el liquidado Banco del Café. El juez Séptimo del Crimen de Managua, Sabino Hernández, dictó una orden para detener a los hermanos Alex y Saúl Centeno Roque y a 11 personas más en febrero de 2001, dos años después la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema lo suspendió por un viaje a Panamá que resultó pagado por los acusados, el castigo fue enviarlo a un tribunal en Somoto, en la frontera norte.

Se abrieron 17 causas penales contra ellos en diferentes juzgados, pero se fueron acumulando en un solo lugar, el Primero de Distrito del Crimen de Managua a cargo de David Rojas, actual magistrado del Tribunal de Apelaciones de Masaya. Los empresarios sandinistas Alex y Albin Centeno Roque fueron condenados a nueve años de prisión en 2003. Sin embargo, el juez Edgard Altamirano concedía a Alex Centeno permisos especiales, quien se mantenía en su casa en la lujosa zona residencial de Las Colinas, en Managua, según denunció el diario La Prensa en 2004. En enero de 2006, el juez Rojas exoneró a todos los acusados y en 2010 los magistrados de la Corte Suprema otorgaron sobreseimiento definitivo a los implicados en el “cascarillazo”.

En el sistema de consulta en línea del Poder Judicial se encuentran solo una condena a Saúl y Alex Centeno Roque en el Juzgado Primero Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Managua, manejado por Roxana Zapata, con expediente abierto en 2012 por acusación de INISER, Semar y el Ministerio Público, y con extinción de responsabilidad penal por prescripción, en diciembre de 2018.

Los Cenis se negociaron a intereses altísimos, hasta de 21% en perjuicio del Estado. El principal de la deuda interna sumó unos US$500 millones, ya que la deuda de los bancos quebrados no superaba los US$100 millones. Entre 2001 y 2005 el Banco Central había pagado a tres bancos US$285.1 millones y en los siguientes siete años debía cancelar US$326 millones más.

Por otra parte, el conflicto de intereses era evidente no solo por las relaciones de negocio y parentesco de los funcionarios de Gobierno con los bancos beneficiado, en Bancentro actuaba como accionista Eduardo Montealegre, exministro de Hacienda del presidente Bolaños entre 2002 y 2004, quien renegoció el pago de los Cenis, mientras en Banpro, tenía intereses Noel Ramírez, presidente del Banco Central entre 1997 y 2002, y artífice de dichos certificados de inversión.

Hasta mayo de 2006, después de publicaciones periodísticas, la Asamblea Nacional actúa por medio de la Comisión Anticorrupción y determina irregularidades de parte de los ex presidentes del BCN, Noel Ramírez y Mario Alonso, el ex ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre y los miembros de las Juntas Liquidadoras de Interbank, Bancafé, Banic y Bamer y piden a la Fiscalía que investigue, como resultado de estas indagaciones se acusa a 39 personas en julio de 2008. El fiscal era Armando Juárez Cerna, ahora magistrado sandinista de la CSJ.

El caso de los Cenis fue engavetado por el juez Julio César Arias, del Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, y la única medida que se tomó fue solicitar a la Asamblea Nacional el desafuero de Montealegre, quien gozaba de inmunidad como diputado por ser el candidato presidencial que quedó en segundo lugar en las elecciones de 2006, además, fue electo directamente al parlamento en 2011. Finalmente, perdió su escaño en 2016 por una resolución del Poder Electoral, en el mismo año de las elecciones generales. Al verse sin inmunidad y con un juicio pendiente, el político se ve obligado a anunciar su retiro de la vida pública.