** En el juicio contra el narcotraficante Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, en el Distrito Sur de Nueva York, se ha descrito cómo la participación de policías, militares, diputados, alcaldes e incluso presidentes, hizo posible que se movilizaran decenas de toneladas de cocaína a través de este país centroamericano.
Expediente Público
En una mañana soleada, pero con temperaturas de cero grados centígrados en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, dio inicio el 8 de marzo el juicio oral en contra de Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, quien en Honduras era un prominente empresario, hasta que fue detenido en Miami cuando viajaba en compañía de sus hijos, el 1 de marzo de 2020. La Fiscalía estadounidense lo acusa por los delitos de conspiración para transportar droga hacia ese país y por el uso de ametralladoras y artefactos explosivos.
En un edificio cercano a la Corte del Distrito Sur está el Metropolitan Correctional Center, un edificio café, de varios pisos de altura, donde mantienen a Fuentes Ramírez; a Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los miembros del cártel de Los Cachiros, y testigo de la Fiscalía en varios procesos contra narcotraficantes hondureños, incluido éste. Pero también allí permanece Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, y quien espera sentencia luego de ser hallado culpable de cuatro delitos vinculados a la narcoactividad.
Ese mismo día, el 8 de marzo, en Tegucigalpa, capital de Honduras, los más de 20 grados centígrados no parecían calentar al presidente Juan Orlando Hernández, quien desde antes que comenzara el juicio, y se le mencionara, lanzó una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter, donde atacó a la banda de Los Cachiros y volvió a pedir no creer en sus “falsos testimonios”.
Además advirtió que si Estados Unidos atiende a esos “falsos testimonios, la alianza internacional colapsaría con Honduras, luego con varios países”.
Día 1: Las mujeres mandan en el jurado
Aunque estaba programada para las 9 de la mañana, la audiencia comenzó faltando 10 minutos para las 10:00 a.m, hora de Nueva York. Fuentes Ramírez llegó vestido de traje, no con el uniforme azul de la prisión, con una marcada delgadez que lo hace ver diferente a las fotografías que circulan en los medios.
Por lo general estos procesos comienzan con la selección de los jurados, pero en este caso el juez Kevin Castel convocó a la defensa y a los fiscales Matthew Laroche y Jacob Gutwilling para advertirles que tenía conocimiento que un hijo de Fuentes Ramírez habría amenazado a la esposa de un testigo, que eso debe investigarse y de confirmarse se podría agregar una nueva acusación contra el procesado, obstrucción de la justicia.
Además, el viernes anterior, 4 de marzo, la Fiscalía había comunicado que tenía un testigo nuevo que había hecho llegar desde Honduras, alguien que podría describir mejor las relaciones del acusado con personas cercanas al poder político encabezado por Hernández Alvarado. La defensa pidió al juez no admitir ese recurso, pero el juez Castel les comunicó su resolución: el testigo sí podrá declarar.
Acto seguido procedieron a la selección del jurado en medio de estrictas medidas de bioseguridad a causa del Covid-19. Unas 45 personas fueron llevadas a un salón donde estaban a unos seis metros de distancia entre sí. Allí, fiscales y defensores les hicieron una serie de preguntas: si sabían a dónde está Honduras, mostraron al acusado y consultaron si lo conocían o si habían tenido algún tipo de contacto.
Además, los jurados fueron consultados si habían visto antes a los testigos, si han sido acusados por uso o venta de drogas, o si han trabajado con alguna oficina del Gobierno. También les presentaron una lista de más de 40 hondureños, calificados como “personas de interés” en el juicio, para saber si los conocen.
Esas personas de interés no necesariamente tienen algún tipo de responsabilidad penal, pero sus nombres han sido mencionados por testigos o en documentos. En esa lista está el presidente hondureño, sus hermanos: Hilda (fallecida); y Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado (preso). También sus primos Mauricio Hernández Pineda, oficial de policía que se entregó a la justicia estadounidense; y Hernán Hernández. Además, está el expresidente Porfirio Lobo Sosa y su hijo Fabio Porfirio Lobo, condenado a 24 años de reclusión en Estados Unidos por narcotráfico.
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El propósito de ese cuestionamiento es descartar a cualquier persona en la que se perciba algún prejuicio o sesgo. Así seleccionaron a 12 jurados, en su mayoría mujeres, y al menos a cuatro suplentes para sustituir a alguno que llegue a quedar inhabilitado. Según la ley, el veredicto debe ser unánime, de lo contrario el juicio podría repetirse.
Día 2: Honduras es un narcoestado
No pudo comenzar peor para el presidente Hernández. La congresista demócrata Norma Torres, aparentemente en respuesta a los mensajes del mandatario, el día anterior, escribió en sus redes sociales y lo etiquetó: “@JuanOrlandoH: Mantenga su cocaína y mentiras sobre su lucha contra la corrupción, en la que usted entra, para alguien tonto como para creerle. Por esta razón he recortado la asistencia y equipo militar para el Estado narcótico hondureño y su jefe de carteles durante dos años”.
Mientras esto ocurría en redes sociales, en la Corte, el fiscal Jacob Gutwilling y el defensor presentaban sus alegatos de apertura, durante unos 20 minutos cada uno. El representante del gobierno estadounidense hizo énfasis en la relación entre el presidente hondureño y del acusado, y como esto derivó para que Honduras se convirtiera en un “narcoestado”.
El fiscal dijo que demostrarían que Fuentes Ramírez pagaba al presidente, pero también a militares, policías y otros funcionarios para facilitar el paso de cargamentos de cocaína a Estados Unidos. Además, que el narcotraficante y Hernández llegarían a ser socios en la administración de un narcolaboratorio que el primero había montado en Omoa, en el Caribe hondureño.
Expresó que presentarían a un testigo que dijo haber sentido “miedo” al ver y escuchar al presidente hondureño y a Fuentes Ramírez, sentados, negociando asuntos relacionados a las drogas. Esta persona asegura que Hernández dijo que inundarían de cocaína a Estados Unidos y que la meterían hasta por debajo de las narices de los gringos, esto aparentemente por el uso de las instalaciones de Puerto Cortés, donde los estadounidenses tienen tecnología para certificar los embarques como “seguros”.
Este testigo, identificado con el seudónimo “José Sánchez”, sería un contador que trabajó para el empresario Fuad Jarufe, quien presentó a Hernández con Ramírez.
Por su parte, la defensa reconoció que ambos se conocían, pero que de igual forma Ramírez conocía a otros altos funcionarios, como el actual designado presidencial (vicepresidente) Ricardo Álvarez, a causa de sus actividades como empresario. Dijo estar seguro que al final del proceso el jurado lo declararía inocente.
Tras los alegatos de apertura fue llamado el primer testigo de la Fiscalía, el agente especial de la DEA Brian Fairbanks. Este describió cómo el primero de marzo de 2020 el acusado Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami.
En ese momento le decomisaron dos teléfonos, a los que les hicieron un “vaciado” donde hallaron el número del presidente Hernández y su correo electrónico personal, datos que fueron confirmados al cotejarlos con una solicitud de visa que el presidente había hecho. En esa lista de contactos había nombres de militares y policías, entre ellos el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras René Orlando Ponce Fonseca, el comisionado Ramón Adalberto Martinez Hernández y un teniente coronel de apellido Salgado, alias “Comanche” y del comisionado Leonel Sauceda.
También estaban los números de otros políticos, como el expresidente de Honduras José Manuel Zelaya Rosales, Ricardo Álvarez, el asesor presidencial Marvin Ponce y los empresarios Fuad Jarufe y Joseph Jarufe.
Pero también hallaron fotografías de arsenales y de fajos de dólares. Las imágenes fueron mostradas en una pantalla.
En una de las fotos se observa una mano sosteniendo un paquete con dinero y en otra foto esa misma mano sostiene un arma. En la muñeca hay un reloj fino y, según el agente, cuando Fuentes Ramírez fue detenido llevaba ese mismo reloj, el cual fue fotografiado para hacer las comparaciones pertinentes.
El fiscal explicó que también se había accedido a una cuenta de iCloud de un hijo de Fuentes Ramírez y a su cuenta de Instagram. Eso sucedió porque los agentes se dieron cuenta que el imputado estaba teniendo contacto por correo electrónico con uno de sus hijos, Geovanny Gutiérrez, y pidieron a un juez la intervención. Así se dieron cuenta que la esposa de un testigo podría haber recibido amenazas, lo que aún debe confirmarse.
En la cuenta encontraron fotografías de los hijos del acusado y de un hermano, Cristian Fuentes Ramírez, posando con el presidente Hernández e incluso con su esposa, Ana García. Cristian Fuentes es candidato a diputado por el movimiento de Nasry Asfura, en el Partido Nacional, y en los próximos días se sabrá si seguirá aspirando, tras las elecciones primarias del domingo 14 de marzo.
En ese contexto el fiscal apuntó que los negocios de cocaína de Fuentes Ramírez prosperaron gracias a las conexiones con Hernández, así como con alcaldes, diputados, militares y policías.
Día 3: llega el testigo estrella
La jornada inició con un breve interrogatorio de la defensa al agente Fairbanks. Seguidamente, los fiscales llamaron a su segundo testigo, el agente Gregg Marvis, un experto en cárteles, quien ha trabajado en Colombia, México y Centroamérica.
Él describió cómo se movilizan los cargamentos desde Sudamérica hasta Estados Unidos y cómo funciona el negocio. Por ejemplo, dijo que en Colombia un kilo de cocaína cuesta 2,500 dólares; pero cuando llega a Honduras su precio sube a entre 5,000 y 6,000 dólares; en Guatemala pasa a costar entre 7,000 y 9,000 dólares; mientras que en México vale entre 12,000 y 16,000; y ya en Estados Unidos se comercializa entre 30,000 y 35,000 dólares.
Al terminar su testimonio fue convocado el testigo “estrella” de la Fiscalía, el “Cachiro” Devis Leonel Rivera Maradiaga, cuyo testimonio en el pasado ha servido para encarcelar a Yani y Yankel Rosenthal y al mismo Juan Antonio Hernández Alvarado, entre otros. Fue trasladado a la Corte encadenado de pies, vestido con uniforme amarillo fluorescente y con tenis azules.
Rivera Maradiaga explicó que su primo, el subcomisionado depurado Rubén Santos, lo presentó con Melvin Sanders, quien era socio de Fuentes Ramírez en el mundo del narcotráfico.
Luego Sanders pactó un encuentro entre Rivera Maradiaga y Fuentes Ramírez, el que se realizó en el 2009, dentro de un vehículo, en una gasolinera del municipio de Omoa, donde el último tenía su narcolaboratorio. El Cachiro aseguró que desde ese momento comenzaron a colaborar en el trasiego de drogas y que durante unos cuatro años habrían enviado unas 100 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Explicó que por el envío de unos 1,500 kilos de cocaína podían hacer unos 30 millones de dólares. Aseguró que Fuentes Ramírez intentaba convencerlo de invertir en el narcolaboratorio, pero que a él no le parecía porque sentía que importar la cocaína desde Colombia y llevarla a Estados Unidos era un negocio menos riesgoso y más expedito que importar pasta-base para transformarla en cocaína, que era lo que hacían en el laboratorio. Según el testigo, ese sitio estaba protegido por unas 30 personas que utilizaban uniformes y armas militares y policiales, inclusive de la Policía Militar, un ente creado por Juan Orlando Hernández.
Dijo que en ese periodo Fuentes Ramírez intentaba quedar bien con él y que con ese afán incluso llegó a matar a una persona que le había quedado mal. Este era un mecánico que le debía unos 40,000 dólares al Cachiro y para darle una “lección” ordenó a unos agentes policiales que lo interceptaran en un operativo de carretera y se lo llevaran. La víctima fue torturada, asesinada con un tiro de gracia y luego lo dejaron en un sitio solitario en la frontera con Guatemala, al norte de Honduras. Fuentes Ramírez le mostró unas fotografías de cómo había quedado el cuerpo del mecánico.
Mientras Devis hablaba, Fuentes Ramírez se mostraba nervioso, a veces se pasaba las manos por el cabello, tomaba apuntes en hojas que pasaba a sus abogados, hacía gestos con la cabeza como negando que las acciones descritas hubiesen sucedido.
Como parte de su “trabajo” llegaron a utilizar una narcopista en una propiedad de Fredy Renán Nájera Montoya, quien era diputado vigente cuando se entregó a las autoridades estadounidenses en marzo de 2018. Éste, en una de sus declaraciones, aseguró haber recibido un millón de dólares para el empresario Yani Rosenthal y su campaña presidencial de 2012.
Fuentes Ramírez y Sanders tenían su residencia en Choloma, donde contaban con el apoyo del alcalde Leopoldo “Polo” Crivelli Durant, aseguró. Este notificaba a Fuentes cuando la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico realizaría operativos. Además, un hijo del alcalde, a quien identificó como “Polito” (Leopoldo Crivelli Yánez) le informó que debía tomar medidas porque estaban investigando su narcolaboratorio. Crivelli Durant aspira a ser reelegido en el cargo, con lo que podría llegar a veinte años de administración municipal.
Devis Leonel indicó que finalmente el laboratorio fue desmantelado.
Las relaciones entre el Cachiro y Fuentes Ramírez comenzaron a deteriorarse luego que el primero no le prestara un millón de dólares para comprar un cargamento, aseguró. La declaratoria de guerra fue abierta al grado de organizar atentados. En uno de ellos un contingente de hombres vestidos de policías ingresaron a la casa de Melvin Sanders y lo mataron.
Con el paso del tiempo lograron superar sus diferencias e incluso una hija de Javier Rivera Maradiaga, hermano de Devis, se casó con un hijo de Geovanny Fuentes.
Personas de Interés: Lista presentada a los jurados para preguntarles si los conocían. Según la Fiscalía, ellos son “personas de interés” en el juicio, lo cual no significa que tengan responsabilidad en el presente proceso.
Día 4: Los sobornos
En el cuarto día del juicio, jueves 11 de marzo, la Fiscalía y defensa continuaron los interrogatorios a Rivera Maradiaga. Los fiscales comenzaron a mostrar una a una las fotos de tres políticos: el presidente Juan Orlando Hernández, el vicepresidente Ricardo Álvarez y el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Le preguntaron si los conocía, si los había sobornado y los objetivos de hacer esos pagos. Indicó que a Hernández le había dado 250,000 dólares a cambio de protección de sus cargamentos y de mantener los negocios de sus empresas con el gobierno. A Álvarez le habría pagado 500,000 dólares bajo la promesa de buscar la abolición de la ley de Extradición; mientras que a Zelaya le habría dado 500,000 dólares en el 2006 para que nombrara como ministro de Seguridad a un primo suyo, lo que al final no se cumplió. El objetivo de la Fiscalía sería demostrar que narcos poderosos tenían protección de alto nivel.
Le preguntaron por qué se había entregado a las autoridades estadounidenses. Refirió que en el 2013 la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) puso a miembros de su familia y sus empresas como objetivos a perseguir. Ellos tenían mucha información de políticos y funcionarios, por lo que tuvieron miedo de ser asesinados, así que se acercaron a la DEA y empezaron a colaborar. Como parte de esa colaboración hicieron un video de un encuentro que tuvieron con Tony Hernández y que fue utilizado en su juicio.
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Finalmente se entregaron en 2015, lo que desmiente a Juan Orlando Hernández, quien asegura que los Cachiros se entregaron tras ser electo a la presidencia, en el 2013, porque sabían que él no negociaría con ellos.
Según Devis, tuvo oportunidad de reunirse, de manera fortuita, con Fuentes Ramírez en la cárcel. Dice que al salir de uno de los baños tuvo contacto visual con su exsocio, que se le acercó a saludarlo y tras conversar decidieron orar juntos.
Geovanny Fuentes comenzó a llorar y le contó que tiempo antes de su captura había recibido la visita de un comisionado de apellido Martínez y otro alto oficial de las Fuerzas Armadas, quienes iban a nombre del presidente Hernández. Este les ofrecía 13 millones de dólares a cambio de una de las empresas con las que lavaba dinero.
Fuentes Ramírez suponía que a raíz de esos acercamientos la DEA lo había puesto bajo vigilancia y finalmente lo habían capturado.
Antes de eso Fuentes había pagado 25,000 dólares a Hernández en Choloma y en otra ocasión habían viajado a Tegucigalpa a entregar otra cantidad de dinero.
Día 5: Se suspende
Este día estaba dispuesto para escucharse nuevos testimonios, pero uno de los jurados reportó tener a un pariente afectado por COVID-19, por lo que el juez Castel decidió mandar a practicarle exámenes a la persona señalada y que se continuara el juicio el lunes 15 de marzo.
Se espera que el proceso termine esta semana, cuando se escuche el testimonio de un contador de las empresas de Fuad Jarugfe, y quien habría sido testigo de las reuniones entre Hernández y Fuentes Ramírez. Pero también está pendiente la presentación de otro testigo que se supone es cercano al círculo de Hernández.
