II Parte
En plena campaña electoral, el 7 de agosto de 2019, el aún presidente boliviano Evo Morales y el entonces jefe del ejército, el general Williams Kalimán, participaron en un desfile militar en El Alto, municipio colindante con La Paz, con motivo del 194 aniversario de las Fuerzas Armadas.
La subordinación militar al Ejecutivo es elemental en un Estado democrático, pero había una ideologización del ejército; en el acto conmemorativo Kalimán llegó a decir que el ejército moriría “anticolonialista”. Antes, en su toma de posesión el 24 de diciembre de 2018 se declaró también “soldado del proceso de cambio” y se refería a Morales como “hermano presidente”.
Esta relación preocupaba a los partidos opositores que abogaban, entre otras cosas, por la desideologización de la armada y derogar o sustituir el servicio militar obligatorio que todo joven boliviano en condiciones físicas y mentales debe cumplir por un año.
Morales coqueteó con los militares en medio de disputas territoriales con Chile, elevó el gasto militar de 180 millones de dólares en 2006 a 668 millones de dólares en 2017 y había destinado 80 millones de dólares para la construcción de más cuarteles. Ofreció cupos a militares en empresas estratégicas del Estado y entregar una dotación de víveres a los soldados, algo que hizo efectivo el 21 de agosto por medio de un decreto, con el cual entregaba a los 26,000 efectivos y 9,000 empleados civiles de la armada un quintal de harina, uno de arroz y otro de azúcar, así como aceite y fideos, por un monto total de 3.6 millones de dólares.
El aún presidente declaró que mantendría el servicio militar obligatorio y criticaba las propuestas de desideologizar al ejército, también justificó la polémica consigna “patria o muerte” impuesta al ejército desde 2010.
“Cuando cantamos el himno nacional gritamos patria o muerte, sería importante que los opositores repasen nuestros himnos, por ejemplo, el himno de Bolivia, ‘morir antes que esclavos vivir’, en otras palabras, es patria o muerte”, declaró el entonces mandatario.
Kalimán, puesto por una parte de la prensa internacional como artífice de un golpe de Estado, se sumó entonces a respaldar la reelección de Morales y envió “un mensaje a nuestros gratuitos detractores antinacionalistas, que por sus apetitos de poder piden cambiar la estructura vertical, la disciplina y la jerarquía de las Fuerzas Armadas con oscuras intenciones, (queremos) decirles a esos antipatrias que la institución más antigua del Estado jamás permitirá que eso suceda”, según notas de archivo de medios bolivianos.
Desde el 20 de octubre de 2019, día de las elecciones nacionales, hasta la renuncia de Morales el 10 de noviembre, el país estuvo paralizado por las alegaciones de fraude que permitirían la tercera reelección de Morales, quien gobernaba desde 2006. El presidente llamó al diálogo, pero la presión nacional ante las irregularidades en las elecciones llevó a la oposición a rechazar cualquier negociación.
Además de protestas y bloqueos, generalmente pacíficos y multitudinarios, también hubo una huelga general, la policía se había replegado o amotinado, pero la confrontación entre manifestantes con los grupos de choque oficialistas había dejado al menos tres muertos, todos manifestantes contra el fraude.
Para tranquilizar las protestas, Morales había permitido el ingreso de una comisión de expertos electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y aceptó que su informe fuera vinculante, hasta este momento esta organización se había manifestado favorable al mandatario boliviano, a través de su secretario general, Luis Almagro, quien declaró en mayo de 2019 durante su visita a Bolivia, que Evo Morales tenía derecho a postularse porque en otros países se había hecho y, de lo contrario, sería discriminatorio.
El 9 de noviembre, Kalimán comunicó que los soldados quedarían acuartelados y no saldrían a reprimir las protestas, lo mismo ocurrió con la Policía. Ese día, simpatizantes de Morales detuvieron un bus que transportaba a La Paz a estudiantes universitarios provenientes de Sucre y Potosí, a 30 universitarias las secuestraron y violaron, relatan las fuentes consultadas.
En la madrugada del 10 de noviembre emboscaron a mineros de Potosí que viajaban a La Paz, provocando la muerte de una persona, por esta razón, la Central Obrera, afín al MAS, pidió también la renuncia del presidente.
El 10 de noviembre, la OEA presentó su informe preliminar en el que confirma las graves irregularidades en el proceso y sugería repetir los comicios. Morales aceptó, pero la confirmación del fraude hacía su Gobierno insostenible.
En una conferencia de prensa encabezada por Kalimán, las Fuerzas Armadas proponen a Morales renunciar, también hizo lo mismo el comandante general de la Policía de Bolivia, Yuri Calderón.
Evo Morales dejó el poder ese mismo día y de la misma forma que llegó a la Presidencia en 2006, es decir, en medio de una conmoción política y la renuncia del presidente, que irónicamente era su principal rival en estas votaciones, Carlos Mesa.
MORALES ARRASTRABA CRISIS DE LEGITIMIDAD
Sobre la Bolivia de Morales se conoce el notable desempeño económico, con cifras de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto de 4.8% y una reducción de la pobreza de 60% a 36%, entre 2009 y 2017, gracias a la nacionalización de los hidrocarburos y los excelentes precios internacionales, revelan datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Las elecciones de 2014, Morales las ganó con 63% de los votos.
Por eso, la renuncia del presidente de ascendencia indígena sacudió a todo el continente, particularmente a sus aliados y a la izquierda latinoamericana que tenían en la figura de Evo Morales, un exlíder campesino cocalero, como uno de sus estandartes de gobiernos progresistas. La conmoción fue tanta que el Gobierno de México le ofreció asilo, después de once meses que el presidente Andrés Manuel López Obrador había pregonado una política exterior neutral.
En su habitual estilo, el régimen nicaragüense reaccionó a la renuncia de Morales en Bolivia, el lunes 11 de noviembre, por medio de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien dijo: “Escuchen, esos racistas, esos proimperialistas, esos sicarios, esos imperios, estamos en las luchas y somos nobles, valientes, dignos hijos de estas tierras sagradas, donde estos infames golpes de Estado sabemos que no quedarán impunes”.
Sin embargo, a juicio de los expertos consultados por Expediente Público, el problema en la gestión de Morales no sería económico y ni siquiera ideológico, sino, de legitimidad.
El exmagistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, José Antonio Rivera, afirma que bajo “el rótulo de un bueno gobierno” no se sostiene la reelección indefinida para romper el modelo democrático, porque “habiendo superado el militarismo, una de las grandes amenazas para las democracias en América Latina es el hiperpresidencialismo”.
Para el académico de origen boliviano y experto en gobernabilidad y transparencia, Gerardo Berthin, el mandato de Morales empezó a desmoronarse desde el referendo que dijo no a su reelección, el 21 de febrero de 2016, conocido en Bolivia como el 21F. Por eso, considera que la declaración de las Fuerzas Armadas fue solo el último eslabón en la cadena de sucesos que llevaron a su caída.
Berthin, quien ha sido asesor de la ONU, el BID y organismos de cooperación de varios países, explicó a Expediente Público (leer aquí entrevista completa) que el desgaste del gobierno de Evo Morales incrementó con dos eventos mal manejados, el primero fue el diferendo por el acceso al mar interpuesto en la Corte Internacional de Justicia, en el cual La Haya le da la razón a Chile en octubre de 2018, el segundo momento fue el pobre accionar contra los incendios en el Amazonas que arrasó en Bolivia alrededor de 1.7 millones de hectáreas entre julio y octubre de 2019, sobre todo en la sierra de Santa Cruz, en oriente, un bastión históricamente opositor a Morales.
Algo muy parecido ocurrió en Nicaragua con los incendios en la reserva del Indio Maíz a inicios de abril de 2018, cuyas protestas a causa del manejo irresponsable del régimen sandinista fueron aplacadas por grupos de choque sandinistas.
Contra Morales se suman también algunos escándalos privados y el tono machista en declaraciones que puso a las mujeres y jóvenes en su contra, considera Berthin.
El doctor en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Gonzalo Rojas Ortuste, manifiesta: “La mayoría de bolivianos no estamos de acuerdo que se hable de golpe de Estado, no hemos vivido esto como un golpe, por eso nos molestan enormemente los sabelotodo del norte y del sur, izquierdistas de salón, ejércitos de bolivianistas con mucha prepotencia intelectual y pobre capacidad de análisis”.
“Aquí hubo una revolución ciudadana, y lo que detonó la salida de Morales es que la policía dejó de reprimir, poniéndose de escudo entre los ciudadanos pacíficos y los adeptos al MAS (Movimiento al Socialismo, el partido oficialista), que son grupos de choque. El propio Morales se burló de los bloqueos porque eran con pititas (cordeles), no eran bloqueos duros como cuando él era dirigente sindical”, explica.
Por otra parte, las Fuerzas Armadas, pese a los privilegios adquiridos durante el mandato de Evo Morales, tienen en su pasado reciente antecedentes que pudieron hacerlos desistir de órdenes represivas. Rojas Ortuste recuerda que Bolivia enjuició y condenó a Luis García Meza Tejada, dictador militar entre 1980 y 1981, además, hay cinco militares encarcelados por la represión del 2003 que causó 64 muertos.
A juicio del magistrado del Tribunal Constitucional entre 1998 y 2006, José Antonio Rivera, la renuncia fue una jugada táctica de Evo Morales y no descartaría que Kalimán haya actuado a petición del Gobierno, pero la táctica se salió de control y provocó que al final del camino perdiera el poder.
El MAS tiene dos tercios de la representación en las dos cámaras legislativas que debía aceptar o rechazar su renuncia, “fue una jugada táctica porque pretendía desmovilizar a los jóvenes que estaban pacíficamente en las calles exigiendo se respete su voto, contra quienes sacó organizaciones sociales en acciones de violencia”, señala el exmagistrado.
La Asamblea Legislativa podía rechazar la renuncia, no era aplicable la sucesión presidencial el lunes 11 de noviembre, pero el día martes, Morales abandonó Bolivia e incurrió en la pérdida de mandato por ausencia.
Por otra parte, la constitución vigente en Bolivia asigna las Fuerzas Armadas la misión de resguardar la integridad territorial y defender el sistema constitucional y el régimen democrático y garantizar la seguridad, precisa Rivera.
En todo caso, después de la elección de la presidenta provisional Jeanine Áñez, un amplio grupo de legisladores del MAS trabajó, en conjunto con los opositores, en una ley marco para anular las elecciones, volver a hacer los comicios y recomponer el Tribunal Electoral, pues muchos de sus miembros o vocales renunciaron y otros están siendo procesados por delitos contra la Constitución.
A pesar de eso, todavía hubo un grupo radical de senadores y congresistas masistas (del partido MAS) que exigen incluso que se permita mantener a Morales en su mandato hasta enero, aunque hubiera renunciado.
EL FRAUDE
El 20 de octubre, día de las elecciones, el Tribunal Electoral colocaba a Evo Morales con 45.7% y a Mesa con 37.8% de los votos del 83% de actas verificadas, cifras que obligaban al presidente a buscar su cuarto mandato en segunda vuelta porque en la constitución boliviana, si no hay mayoría simple, se puede ganar con más del 40% de los votos solo cuando hay un margen mayor de 10% entre primero y segundo lugar.
Sin embargo, la información del conteo se interrumpió 24 horas y el 21 de octubre se presentó una tendencia distinta y otorgaba la victoria a Morales con resultados de 46.8% contra 36.7% y el 95.6% del recuento, días después el tribunal electoral ratificó la victoria en primera vuelta con el 99% escrutado y un recuento de 47% contra 36.5%.
Ante las protestas y señalamientos de fraude, Morales pidió a la OEA realizar una auditoría, pero intentó frenar la publicación del informe preliminar cuando supo que le era desfavorable, según sus propias declaraciones al diario El Universal de México: “Yo se lo dije a su representante: No haga eso, con eso va a incendiar Bolivia, y le advertí que quería que lo supiera Luis Almagro”.
También anunció su determinación de anular las elecciones y cambiar el órgano electoral, cuando no eran sus atribuciones, pero demostraba como centró el poder político a su persona, afirma el exmagistrado Rivera.
“Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta”, sostiene el reporte.
Además, otros análisis de la Universidad Mayor de San Simón, la Universidad Católica de la Paz y la Universidad San Francisco Javier de Sucre, habían demostrado irregularidades muy parecidas a las que encontró la OEA.
SE APODERÓ DE INSTITUCIONES
El jurista José Antonio Rivera divide el gobierno de Morales en dos etapas, la primera con cambios favorables a los históricamente excluidos y recuperación de beneficios de los recursos naturales. En una segunda fase, a partir de 2009, a su criterio se da un deterioro de la institucionalidad y la constitucionalidad.
Rivera que renunció al Tribunal Constitucional poco después de la entrada de Morales al poder en 2006, precisamente por el rumbo que tomaba el Poder Judicial, asegura que el Tribunal Supremo de Justicia terminó convirtiéndose en una institución a la medida del presidente, su puesto fue llenado por decreto, mientras los jueces y magistrados terminaron siendo electos por voto popular con una baja participación ciudadana y favoreciendo a aliados del MAS.
Antes de la Constitución de 2009 no se permitía la reelección, por lo que se adelantan los comicios para reelegir por primera vez a Morales ese año, en 2013 el Senado aplica una ley normativa, inventada para habilitar a Morales a una segunda reelección en 2014 y en 2016 se somete a referendo una reforma para habilitar a la tercera reelección, pero el 51% de los votantes bolivianos dice no.
El MAS acude al Tribunal Supremo de Justicia para declarar inconstitucional la Constitución bajo el argumento de derechos humanos a ser reelegido.
Con esto, Morales desconocía el carácter vinculante del referendo y recibió sentencia a su favor en 2017.
En Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela la reelección fue establecida por medio de reformas constitucionales, pero en el caso de Daniel Ortega y Evo Morales se reeligen a pesar de las prohibiciones constitucionales usando también al Poder Judicial para avalar sus candidaturas de forma indefinida.
Óscar Arias, expresidente de Costa Rica, fue el primero que planteó en 2003 un recurso judicial con el propósito de establecer la reelección y volvió a la presidencia una sola vez. En Nicaragua, la reelección indefinida como derecho humano se propuso a la Corte Suprema de Justicia en 2009 y esto quedó en las reformas a la Carta Magna de 2014, en Bolivia también se usó al sistema judicial en 2017.
En 2018, la Comisión de Venecia o Comisión Europea para La Democracia a través del Derecho, a solicitud de la OEA presentó los resultados de un estudio sobre los límites de la reelección, argumentando que no existe tal derecho humano de reelección y peor aún de reelección indefinida. Sin embargo, estas observaciones no eran vinculantes.
A pesar de esto, en febrero de 2019 durante su visita a Bolivia, Almagro dijo que sería discriminatorio contra Morales no postularse para una nueva reelección, porque ya otros presidentes postularon a esto como derecho humano.
“La reelección no es un derecho humano porque los derechos humanos protegen a los gobernados, no a los gobernantes”, replica Gonzalo Rojas Ortuste, doctor en Ciencias del Desarrollo y coordinador del Doctorado Multidisciplinario en Política Sociedad y Cultura de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
“El libreto de los regímenes del siglo XXI es acaparar a los demás poderes del Estado. En Bolivia hubo un rechazo a la reelección, pero el presidente no acató la voluntad popular explícita del referendo de 2016”, continúa.
“Estábamos frente a un régimen que se resistía a perder en las urnas, es una de las condiciones mínimas de la democracia acatar los resultados no solo cuando te favorecen”, agrega el académico.
“Era claro también que ya no estábamos en un proyecto político declarado popular y proindígena. Era un proyecto de poder por el poder. Por ejemplo, la desconsideración con la naturaleza y los pueblos minoritarios ha sido sin precedentes en la historia. Los llamados gobiernos neoliberales permitieron que en 2006 hubiera una elección que ganó limpiamente Morales”, concluye Rojas Ortuste.
