* Situaciones inhumanas y graves violaciones a la integridad física han vivido los ciudadanos en Honduras al tener que recoger el cuerpo sin vida de un familiar sin ningún tipo de investigación para esclarecer su muerte.
** El Estado de Honduras prefiere crear un nuevo ente forense que atender la crisis que ha durado 57 días en el Ministerio Público.
*** El Gobierno ha estado cuartando el derecho de la protesta de los trabajadores del Ministerio Público a través de amenazas e intimidaciones, una situación ya denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Yarely Madrid / Expediente Público
Graves violaciones a los derechos humanos de los hondureños y un manto de impunidad se pasean por las calles de Honduras desde el 6 de febrero cuando 3,000 empleados de Medicina Forense, incluyendo médicos, fiscales, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) del Ministerio Público, comenzaron una toma indefinida para exigir un aumento salarial.
Los fiscales y empleados piden un incremento del 9.8% al sueldo base y un aumento del 13 al 15% por concepto de costo de vida.
Los fiscales y demás trabajadores sostuvieron una reunión el 28 de marzo con el Fiscal General Adjunto, Arturo Sibrian y el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales. Aunque reconocieron la disponibilidad del Gobierno en promover el diálogo, todavía no existe ninguna solución a la problemática. El Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla no se ha ocupado de la crisis.
Cientos de muertes sin esclarecer
Al menos 237 levantamientos de cuerpos dejaron de tener autopsia entre el 23 de febrero al 26 marzo 2023, lo que imposibilita obtener respuestas sobre la forma en cómo murieron, según dijo la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, a medios hondureños. La cifra
Una crisis jamás vista repercutió e indignó a varias familias hondureñas que con el dolor de una pérdida tuvieron que levantar el cadáver de su familiar sin el procedimiento establecido en la ley para darle sepultura.
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Entes internacionales como Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reconocen que la lucha de los fiscales es justa porque “el Estado de Honduras debe establecer condiciones razonables de servicio, incluyendo una remuneración adecuada, seguridad y recursos técnicos y materiales suficientes”.
Gobierno amenaza
No obstante, el personal del Ministerio Público dijo a Expediente Público que no hay intención por parte de las autoridades del ente estatal de solucionar la situación, y del Gobierno de Honduras solo han recibido amenazas de ser reemplazados.
Incluso el pasado 19 de marzo la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la implementación de medidas cautelares, luego de ser intimidados por la Secretaría de Seguridad de sufrir un ataque armado.
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Los muertos que no importan en Honduras
Sobre el extenso río Choluteca, que abarca tres departamentos de Honduras, fue encontrado flotando el cuerpo de un hombre, hasta el momento desconocido, el pasado 13 de marzo.
Su hallazgo se produjo a las 6:00 de la tarde de ese día, sin embargo, una de las medidas de presión de parte de los trabajadores del Ministerio Público era no realizar levantamientos de cuerpos, autopsias y pericias, por lo que nadie de ellos se movilizó a realizarlo.
Ninguna autoridad tomó la decisión de hacer algo al respecto, por lo que 24 horas después los forenses decidieron dejar a un lado la huelga y hacer los procedimientos correspondientes.
Esa misma suerte no corrió Gustavo Adolfo Mondragón, quien murió en un accidente de tránsito también el 13 de marzo. El cuerpo del hombre quedó postrado sin vida a la orilla del Corredor Agrícola del departamento de Olancho.
“Tóquese el corazón señora presidenta”
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al lugar para acordonar la escena y esperar a los forenses. Pero las horas transcurrieron entre automóviles que pasaban por el lugar, y algunos familiares alrededor de la escena, pero finalmente el dolor y la impotencia se apoderó de ellos al ver que el cuerpo de Gustavo se encontraba bajo el sol, por lo que en una acción casi desesperada subieron sus restos mortales a una camioneta roja para darle el último adiós.
Otro caso similar ocurrió tres días después (16 de marzo) a la altura de Zambrano, departamento de Francisco Morazán, con Daniel Ernesto Padilla Polanco, quien murió en lo que preliminarmente indicaba un asesinato. Los familiares llegaron a la escena indignados y con el fuerte dolor de la pérdida, recogieron el cuerpo del hombre.
Mientras algunos familiares recogían piedras y ramas que se encontraban en el lugar para colocar encima del plástico negro que cubría el cadáver de Daniel, Judith de Vázquez, una pariente de la víctima expresó su indignación a medios de comunicación que se encontraban en la zona.
«Es un dolor grande estar en lo que estamos por una negligencia del Gobierno… a esta señora no se le ocurre poner el dinero a disposición del pueblo. Es indignante. Tóquese el corazón señora presidenta que Dios no lo permita que sea un familiar suyo a ver si le va gustar que esté aquí», manifestó la señora con la voz ahogada.
¿Qué solución dan?
Tras estos eventos, y luego de 36 días de la huelga de los trabajadores del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, instruyó a través de la Sala Penal que los jueces de Paz de todo el país pudieran realizar los levantamientos. Además, se contará con el apoyo de Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), el Registro Nacional de las Personas (RNP), alcaldías municipales, Secretaría de Salud y la Policía.
También se estableció que serán las instalaciones policiales donde serán llevados los cuerpos para que los fiscales puedan realizar sus labores, debido a que tanto Ciencias Forenses y el Ministerio Público se encuentran paralizados por la huelga de los trabajadores.
Estas acciones están amparadas en el artículo 59, numeral 2 del Código Procesal Penal que indica que los jueces de paz pueden “efectuar el levantamiento e identificación del cadáver en ausencia del fiscal”.
En el artículo 272 también se establece que “en la investigación de la verdad, la Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente, practicará todas las diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia del hecho punible y tomará en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes”.
Sin capacidad real
Sin embargo, son decisiones que en la práctica requieren un costo extra, debido a que, por ejemplo, las instituciones que realizarán el levantamiento de los cuerpos no tienen el equipo necesario para hacerlo. Además, la Policía no tiene cuartos fríos para mantener los cuerpos.
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En las últimas semanas son solo los agentes policiales quienes están realizando los levantamientos y después de firmar un acta donde se indica el lugar donde la persona será sepultada, pensando en que los fiscales realicen exhumaciones posteriormente para autopsias e investigaciones, la Policía entrega el cuerpo a los familiares.
La doctora Ana Molina, representante de los médicos y del personal de Medicina Forense en protesta, dijo a Expediente Público que las acciones del Poder Judicial son “una simple y llana demostración de que dinero hay en el Gobierno».
«Si le van a dar dinero a COPECO para una situación de emergencia, porque estamos en huelga, van a contratar personal para hacer levantamientos cadavéricos y sumado a ello, vehículos serán utilizados para levantamientos cadavéricos, entonces lo que me indica a mí es la falta de voluntad política por parte de las autoridades gubernamentales en querer resolver nuestra problemática”.
Molina reclama «por qué querer contratar nuevo personal» si ya cuentan con funcionarios. «Es mucho más sencillo que estar inventando crear un decreto de emergencia porque eso no es una emergencia, es una problemática laboral que necesitamos una pronta respuesta, pero ellos lo han hecho así porque parece ser que ya no tienen cómo sacar dinero por la pandemia. Creo que les sale mejor decir que estamos en crisis por culpa de Medicina Forense”, sentencio la doctora.
Instituto de Medicina Forense
En medio de la crisis del Ministerio Público la subsecretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, presentó el 16 de marzo ante el Congreso Nacional una iniciativa de ley para la creación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense de Honduras.
En una conferencia de prensa en el Congreso la subsecretaria de seguridad, explicó que este será un órgano independiente del Ministerio Público con independencia financiera.
“Yo ya no puedo estar diciéndole al fiscal general del Ministerio Público que me compre 20 escobas porque la morgue está sucia, qué por favor se eliminen los roedores”, dijo Villanueva en la conferencia.
“Sería un órgano donde hay un director, un subdirector y una organización…lo que se busca es una calidad en el trabajo pericial, ya que de esa manera los fiscales harán su trabajo con una prueba fuerte”, manifestó.
Expediente Público se comunicó con la doctora Villanueva para hablar sobre esta iniciativa de ley, sin embargo, no obtuvo una respuesta concreta.
Debilitar el sistema de Honduras
En ese sentido la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, advirtió a medios de comunicación una supuesta confabulación entre el partido de Gobierno, Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal de aprovecharse de la situación para intervenir el Ministerio Público.
“Tenemos que evitar que los politiqueros que se han dedicado a socavar la institucionalidad, se aprovechen del hambre y de la crisis de las instituciones, por lo que hoy necesitamos fortalecer al Ministerio Público”, externó.
En tal sentido, el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción, Luis Javier Santos, declaró a Expediente Público que como “los que tienen que tomar decisiones no resuelven entonces se deja una puerta abierta para que puedan intervenir los políticos”.
“Es como un pastel que se está poniendo ahí en la mesa y usted sabe que los políticos no van a dejar que ese pastel lo tome cualquiera, entonces sin duda en este momento ya han de haber discusiones o reuniones debatiendo a ver qué parte de ese pastel le corresponde a cada quien”, denunció.
Problema de fondo
Santos también sostuvo que la crisis por la que atraviesa el Ministerio Público no solo es por “el aumento de sueldo. «Detrás de todo hay un total descontento de parte de la mayoría del personal del Ministerio Público de la forma como se le trata en cuanto a lo económico y el respeto o el reconocimiento que debe de tener por los conocimientos que poseen”.
“Esto es una cuestión que está perjudicando a la mayoría… está perjudicando a toda la ciudadanía independientemente qué ideología predica o si pertenece o no a un partido. Esto hay que verlo así, se debe buscar una solución teniendo en cuenta los intereses generales de la sociedad, no de la política”, aclaró.
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Amenazas e intimidación
Una situación grave rodea la crisis del Ministerio Público y a pesar de que no tuvo una dimensión grande en Honduras, es una alarma de la falta de garantías del Estado hondureño a los derechos humanos de sus ciudadanos.
Los Elementos de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLC) del Ministerio Público capturaron a varios infiltrados en plena protesta el 16 de marzo.
La doctora Molina detalló a Expediente Público que al momento de que sus colegas detienen a los infiltrados que se movilizaban en automóvil y realizan una individualización para saber quiénes son, resulta que son tenientes y coroneles del Ejército.
Molina dijo que el vehículo no tenía placas, por lo que revisaron el interior y encontraron una boleta que indicaba que era de las Fuerzas Armadas. “Entonces también hay persecución por parte del Gobierno”, expresó indignada la doctora.
“De hecho, se nos han hecho ciertas persecuciones, sobre todo a los compañeros de lucha contra el narcotráfico, y no solo del Gobierno, sino que también de jefes, que han hecho este tipo de persecuciones e incluso, agresiones físicas y verbales por parte de los jefes hacia todos los empleados que nos encontramos en lucha y amenazas de requerimientos fiscales”, reveló.
El 19 de abril la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la implementación de medidas cautelares, luego de ser intimidados por las máximas autoridades del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad de sufrir un ataque armado.
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¿Quién debe solucionar la crisis del Ministerio Público?
De acuerdo al fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, quien debería y está obligado a solucionar la problemática es el Fiscal General, Óscar Chinchilla, quien hasta el momento se ha mantenido ausente de la problemática.
“Lo que pasa es que el Fiscal General no ha aparece y no se ha iniciado ese tipo de reuniones, al menos, de manera pública no sabemos que ese tipo de reuniones se hayan dado”, esclareció a Expediente Público.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó a través de un comunicado que “el Estado debe procurar, bajo cualquier circunstancia el fortalecimiento de la institución, garantizando su estabilidad e independencia”.
El abogado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ariel Díaz, también instó en una conferencia de prensa en la que estuvo Expediente Público “a la autoridad de la Secretaría de Finanzas para que identifique las fuentes de financiamiento para que se puedan adoptar estas medidas».
Al Congreso Nacional pidió ejercer «con su papel de control de estos actos y que pueda resolver de manera oportuna y favorable a las peticiones que de las y los empleados del Ministerio Público”.
Graves Consecuencias
Ariel Díaz dijo que Honduras se encuentra “frente a posibles infracciones graves a derechos humanos que pueden ser recurridas ante organismos internacionales producto de la falta de protección del Estado de Honduras”.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado en sus diversas sentencias internacionales que la escena del hecho siniestro se proteja de manera oportuna para salvaguardar la evidencia necesaria para esclarecer los hechos, identificar a los responsables, procesarles, eventualmente castigarles y asegurar que los hechos no se repitan”, indicó.
