*Fue solo la cacería contra el liderazgo opositor lo que provocó la primera reacción de los funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden
**El tema del Triángulo Norte ha copado el interés estadounidense, pero la desestabilización democrática en Nicaragua podría aumentar la migración
Expediente público
Mientras el presidente de Nicaragua Daniel Ortega preparaba un ataque frontal contra la oposición, solo los comentarios del vocero del Departamento de Estado, Ned Price y de la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, indicaban que el país centroamericano estaba en el radar del gobierno de Joe Biden.
Expediente Público conversó con dos analistas para entender si la diplomacia de Biden hacia Nicaragua dejó pasar importantes meses para presionar por elecciones libres y democráticas y si es posible todavía un apoyo decidido que contribuya a revertir la ruta autocrática del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los analistas consultados fueron Ryan Berg, miembro del Programa para las Américas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) y anteriormente experto en globalidad del American Enterprise Institute (AEI), ambos en Washington DC. y Eric Olson, director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle y miembro del Wilson Center.
La campana de alerta
El presidente Ortega mencionó en un discurso público, el 18 de mayo de 2021, que Kevin K. Sullivan, embajador de Estados Unidos en Managua, promovía a sus rivales políticos. “Que no se meta, como se anda metiendo, postulando candidatos, presionando a partidos políticos para que acepten el candidato que quiere el yanqui (Estados Unidos)”, exigió.
A pesar de este señalamiento, el diplomático Sullivan tenía casi un mes de silencio mediático, el 22 de abril @USAmbNicaragua publicó dos mensajes en la red social Twitter, uno anunciando conciertos binacionales y otro comentando un mensaje de Biden sobre cambia climático. En ese periodo el gobierno nicaragüense aprobó reformas electorales a su medida y nombraron nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) inclinados políticamente a su favor.
Un día después del discurso de Ortega, se canceló la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), la plataforma electoral de la Coalición Nacional, uno de los dos principales bloques opositores. Además, el Ministerio de Gobernación inició una investigación por supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cerrada el 5 de febrero de 2021 por las restricciones que imponía la Ley de Agentes Extranjeros. La directora era Cristiana Chamorro, la precandidata opositora más popular, según dos encuestas de CID-Gallup.
Sullivan no ha dado ninguna declaración sobre los ataques personales de Ortega. Apenas el 27 de mayo publicó en Twitter una foto de su reunión en Washington con Juan González, director principal del Consejo de Seguridad Nacional para las Américas y Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte del gobierno de Joe Biden, con quienes “evaluamos los últimos acontecimientos en Nicaragua”.
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Berg considera que tanto la administración Biden como el embajador Sullivan han estado ausentes en la mayor parte de la crisis nicaragüense y esto es “especialmente trágico en un momento tan crítico como este”.
“La única razón que justificaría tal silencio es que esta administración trabaja horas extras en silencio y de manera diplomática, entre bastidores. Es posible que la Embajada de los Estados Unidos esté procediendo con cautela debido a los pocos candidatos de la oposición que quedan y debido a la preocupación de un mayor uso de la Ley Pueblo”, asume Berg.
En cambio, Olson considera este aparente distanciamiento de Sullivan como una estrategia, tal como ocurre en Cuba y Venezuela, donde los embajadores mantienen un bajo perfil para mantener abiertas las líneas de comunicación.
Precisamente, un sector de la oposición teme que Ortega prepare “su aterrizaje suave” con negociaciones debajo de la mesa con el gran capital o que use a los precandidatos arrestados como rehenes para negociar con Estados Unidos.
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El arresto de Arturo Cruz, partidario del “aterrizaje suave”, al menos hasta antes de su arresto, hace tambalear la tesis que se prepara una salida política para Ortega con negociaciones debajo de la mesa con el gran capital.
Al 15 de junio había 13 prominentes opositores presos y dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro detenidos e incomunicados, inclusive cuatro precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga.
¿Despertó el gigante?
Durante meses no hubo acción concreta de parte del gobierno de Biden, fuera de algunas declaraciones y tuits de distintos funcionarios, aunque sí hubo una marcada insistencia por el tema migratorio en el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador, Honduras). La primera acción fuerte del nuevo gobierno estadounidense fue el 9 de junio, con sanciones contra cuatro funcionarios de Ortega, incluyendo su hija, Camila, como respuesta a la cacería de opositores.
La primera declaración directa a la crisis de Nicaragua del secretario de Estado Antony Blinken se dio en Costa Rica el 31 de mayo pasado, durante una ronda de preguntas con periodistas.
Olson explica que la crisis del Triángulo Norte es muy grave y existen razones políticas legítimas para enfocarse en este tema, pero es posible ver también que Nicaragua representa amenazas reales a la estabilidad, la democracia y la justicia en la región.
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“La administración (de Biden) puede haberse centrado primero y principalmente en el Triángulo Norte, pero eso está cambiando rápidamente a medida que el régimen de Ortega se hace más represivo”, indicó Olson.
Para el politólogo Ryan Berg el hecho que las declaraciones sobre Nicaragua provengan sobre todo de los tuits de la subsecretaria interina Chang, muestra que “la administración Biden durante este momento crítico no quiere más problemas en Centroamérica. El enfoque de la administración está en el Triángulo del Norte, debido a una preocupación por la migración”.
Berg critica esta estrategia y la considera “miope”, en primer lugar, porque la administración “no quiere admitir o no se da cuenta de que Nicaragua también podría convertirse en una fuente importante de migración si Ortega continúa por la senda del robo electoral que es una razón más fuerte para migrar que las que pueden desencadenar sanciones específicas”. Y en segundo lugar, “porque la administración hizo campaña para poner un mayor énfasis en los derechos humanos en su enfoque de política exterior específicamente con el Triángulo del Norte, pero ¿dónde está esta preocupación en Nicaragua?”.
De hecho, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reporta un notable incremento de indocumentados nicaragüenses en el año fiscal 2020 hubo 3,164 detenciones, mientras en los ocho meses del presente año fiscal 2021 (termina en septiembre) fueron 12,327 personas, incluyendo 804 menores sin acompañantes los requeridos por las patrullas fronterizas.
En abril de 2021 conmocionó el caso del niño nicaragüense de 10 años Wilton Gutiérrez, el niño estaba solo y llorando en la frontera. La madre fue raptada en la después que las autoridades de EE. UU. los devolvieran a territorio mexicano.
Entre las sanciones y la negociación
La administración Biden debería poner más énfasis en la Carta Democrática Interamericana, que involucraría a la OEA (Organización de Estados Americanos) y también cumpliría con sus metas de mayor multilateralismo en política exterior, analiza Berg, pero esa decisión también les exigiría mirar más profundamente a Venezuela, un país al que también ha buscado quitarle prioridad.
Por eso el analista se sorprende porque “la resolución de la OEA del 15 de junio no hace nada para avanzar en la situación en Nicaragua y señala, en uno de los primeros párrafos, que Nicaragua aún tiene que cumplir con la resolución aprobada en 2020 que exige reformas electorales para fines de mayo».
En lugar de nombrar un embajador de Estados Unidos ante la OEA y presionar con fuerza sobre los artículos 20 y 21 (de la Casta Democrática), la administración Biden se ha comprometido, extrañamente, con el presidente Alberto Fernández en Argentina para traer una posible solución, es decir, la misma administración que abandonó el Grupo de Lima y afirma que los abusos de derechos humanos en Venezuela ‘están desapareciendo’», critica el analista.
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Argentina, México y Honduras, estaban entre los cinco países que se abstuvieron de firmar la resolución de la OEA de este 15 de junio que condenó con el voto de 26 naciones los arrestos a opositores y acoso a medios independientes en Nicaragua.
Otros dos puntos de la resolución están relacionados a la falta de reformas electorales solicitadas por el organismo, así como la petición de adoptarlas. El Consejo Permanente llevará a la 51 Asamblea General de la OEA, a realizarse en Guatemala del 10 al 12 de noviembre de 2021, el tema de los comicios nicaragüenses, por lo que estará monitoreando el proceso.“Sin duda, otros en la región con tendencias autocráticas y dictatoriales similares, están observando a Nicaragua y tomando notas cuidadosas. La inacción de EE. UU. tiene consecuencias mucho más allá de Nicaragua”, argumenta Berg.
Olson considera que es posible que el gobierno de Biden pueda acceder a una negociación con Ortega. “Hemos encontrado regímenes represivos de derecha e izquierda y necesitamos tener claro cómo tratar con cada uno. Las estrategias punitivas de aislamiento no han tenido particularmente éxito para los cambios en América Latina, por lo que necesitamos considerar otros enfoques con una mezcla diferente de ‘zanahorias y garrote’ cuando se trata de regímenes represivos”.
Por el contrario, un grupo de congresistas propuso, a finales de marzo, incrementar las sanciones contra el Gobierno de Nicaragua, a través de la Reinforcing Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform (RENACER Act).
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Este 15 de junio los senadores Bob Menendez y Marco Rubio, presidente y miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, respectivamente, dirigieron una carta al secretario de Estado Blinken para reiterar que “la situación en Nicaragua se está deteriorando de modo alarmante” y señalaron los mecanismos de presión como la Nica Act, la propuesta Renacer, así como la Carta Democrática.
También 17 congresistas remitieron una misiva a Blinken, el mismo día que los senadores, solicitando respuestas de la Casa Blanca a la “consolidación de una dictadura de partido único” en Nicaragua.
Los representantes de ambas cámaras del Congreso, coincidieron en la preocupación por el encarcelamiento de candidatos presidenciales y la preocupación por una elección fraudulenta, así como en la aplicación de más sanciones y mayor colaboración internacional, incluyendo la mención de la Carta Democrática de la OEA.
A juicio de Berg, “la administración Biden y el Capitolio deben darse cuenta de que estamos observando un contexto totalmente diferente en Nicaragua (que cuando se presentó la propuesta). Si bien sería bueno que el Congreso aprobara dicha ley de inmediato, es urgente que la administración y el Capitolio comiencen a pensar más allá de RENACER y las sanciones dirigidas a individuos”.
“El poco tiempo que queda antes de las elecciones, junto con estos últimos movimientos de Ortega, significa que las opciones de política deben escalar a la parte más alta de la escalera: esfuerzos multilaterales para utilizar los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana en el marco de la OEA, así como una revisión de la participación continua de Nicaragua en CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica-República Dominicana). Estos son algunos de los últimos (y mayores) puntos de apalancamiento que tiene Estados Unidos para mover la situación sobre el terreno”, explicó el analista.
Sanciones al Ejército
En las últimas sanciones del Departamento del Tesoro anunciadas el 9 de junio se incluyó al coronel Julio Balladares, director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que maneja las inversiones y el fondo de pensiones del Ejército de Nicaragua.
“Esta medida debería prohibir cualquier transacción que Balladares busque realizar como individuo, pero a mi entender, no evitaría que una persona no designada tome su lugar y se haga cargo de IPSM y realice transacciones”, explica Berg.
El problema es que al final el IPSM como entidad permanece sin sanciones, considera el analista. Por otra parte, “es difícil decir qué tan expuesto está IPSM al mercado estadounidense, el fondo es intencionalmente opaco y sus detalles financieros nunca se revelan al público, pero la última investigación importante sobre IPSM reveló un gran fondo invertido en activos estadounidenses y, por lo tanto, estaría expuesto a posibles sanciones y congelación de activos”.
Sin embargo, “es posible que Balladares haya reducido la exposición de IPSM al mercado estadounidense en los últimos años. No obstante, la OFAC debería considerar congelar los activos de IPSM en Estados Unidos y sancionar a IPSM como una entidad bajo el mismo fundamento usado para sancionar a Balladares y antes, al jefe del Ejército, el general Julio César Avilés, por su participación en abusos de derechos humanos que expertos técnicos de la OEA dicen que alcanzan el nivel de crímenes de lesa humanidad”.
EE. UU. no controla al BCIE
En lo que respecta al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) existe una cartera de préstamos de 1,800 millones de dólares al 2020. Estados Unidos es un pequeño accionista en el BCIE, “un salvavidas importante para Ortega con pocas preocupaciones por el colapso de la democracia”, afirmó.
“El titular del BCIE, Dante Mossi, depende de la aprobación de los presidentes Ortega, Nayib Bukele, Juan Orlando Hernández y Alejandro Giammattei para continuar en su cargo. Lamentablemente sobrevive,, eso ha caracterizado su tiempo reciente en el banco multilateral, al contrario de un jefe que se enfrentar a los presidentes regionales que encabezan el deterioro democrático, ”.
“La mayor amenaza para las operaciones continuas del BCIE podría ser, probablemente, una rebaja de una importante agencia de calificación crediticia, lo que evitaría operaciones posteriores”, expone Berg.
Si “EE. UU. expresara preocupación por el BCIE y sus préstamos, tal vez algo suceda. Pero esto es una posibilidad remota, especialmente dado el relativo silencio de la administración Biden ante la continua medidas represivas de Ortega”, concluye.
Poco interés
Las caras más visibles en el tema centroamericano tienen un enfoque específico y cargos orientados directamente al Triángulo Norte, como Juan González, Ricardo Zúñiga y Michael Camilleri, asesor principal para el triángulo norte de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid), también están la subsecretaria Chang y particularmente la vicepresidenta Kamala Harris, designada para trabajar directamente el tema de la migración ilegal por la frontera sur.
“Conozco personalmente a tres de ellos, no diría que desconocen o les falta interés por Nicaragua, creo que estamos comenzando a ver más compromiso con Nicaragua”, sostiene Olson.
“No es falta de conocimiento sobre lo que está pasando en Nicaragua de la élite diplomática de Washington, pero estos deben responder preguntas difíciles: ¿Qué hacer al respecto?, ¿es suficiente la denuncia?, debemos denunciar las violaciones de los derechos humanos y la democracia, pero ¿qué estrategia puede seguir EE. UU. para realizar cualquier cambio significativo?, advierte el experto en asuntos internacionales.
Pero incluso el exsubsecretario de Estado, Elliot Abrams ha llegado a criticar abiertamente la pasividad de este Gobierno, señalando en un blog que pese al discurso a favor de los derechos humanos, en el caso de Nicaragua Estados Unidos se mantiene al margen.
