*La Fiscalía de Delitos Administrativos presentó una solicitud de levantamiento de inmunidad en contra de los magistrados del TSE.
**La solicitud busca el levantamiento de antejuicio de los magistrados titulares y suplentes del TSE y también del Departamento de Informática.
***Se les acusa de fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Luisa Laguardia / Expediente Público
El miércoles 27 de septiembre, la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) solicitó el levantamiento de inmunidad y de la figura de antejuicio, que lo otorga, en contra de los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Departamento de informática de la misma institución.
Esto confirma la continua criminalización de las elecciones guatemaltecas del 20 de agosto pasado en las que ganó el ahora futuro presidente Bernardo Arévalo. Desde la primera vuelta electoral funcionarios del gobierno de Alejandro Giammattei han presionado al Movimiento Semilla amenazando hasta el traspaso democrático del poder en ese país.
A estos funcionarios se les acusa de cometer los posibles delitos de fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, según la comunicación oficial del MP. Estos posibles hechos se habrían realizado al momento de comprar el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), utilizado los días de las elecciones en Guatemala.
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Por su parte, el magistrado titular del TSE, Ranulfo Rojas, comentó a los medios de comunicación que aún no se ha informado lo suficiente de la solicitud en su contra y demás colegas y por ello no puede dar una postura al respecto. “A mi parecer, la instalación del TREP, ayuda precisamente a evitar la conflictividad del día de las elecciones al tener resultados preliminares que le den certeza y seguridad a la población”, manifestó Rojas.
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El magistrado dio a conocer que conversará con el resto de los magistrados titulares y suplentes al respecto y dejó abierta la posibilidad de realizar un comunicado a los medios de comunicación y población como órgano rector electoral más adelante.
¡Fraude en la compra NO en las elecciones!
Después de varios intentos por parte del Ministerio Público de impedir que Bernardo Arévalo y su equipo tomen posesión el 14 de enero del 2024, al salir el nuevo comunicado del MP, varios internautas expresaron su preocupación por la posible desestimación de las elecciones generales del país centroamericano, sin embargo, según el abogado y constituyente, Aquiles Faillace, “las elecciones no están en riesgo”.
El licenciado Faillace dio declaraciones para Expediente Público explicando que el fraude que se denuncia es en la compra del sistema TREP y no un fraude en las elecciones. “En el peor de los casos los magistrados van a juicio, tienen un proceso penal, se concluye y nada de esto pone en riesgo la elección”, explicó el jurista.
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“Tenemos que parar la criminalización del proceso electoral y de las autoridades involucradas”, expresó Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala para Expediente Público al preguntarle su opinión acerca de la nueva medida tomada por la entidad que ella dirigió en el periodo 2010 – 2014.
Falta de claridad en el fin y el proceso
El Ministerio Público no está llevando de forma ordenada los procesos según el Licenciado Faillace. Un ejemplo claro es que “esta denuncia la hacen sin auditoría. Lo primero que tuvo que haber hecho el MP es pasar las presuntas anomalías a la Contraloría General de Cuentas (CGC), que llevara la batuta en el caso, que fuera esta institución la que denunciara ante el MP, con la auditoría en mano el posible fraude y actuar en contra de los magistrados”, explicó.
Así mismo también expuso que “todo este proceso está bajo el código penal, que tiene únicamente sanciones personalísimas”, especificó el jurista. Esto quiere decir que, la medida afectaría únicamente a los involucrados y al ser el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), que no tiene relación con el conteo de votos o la legitimidad de las elecciones, por el momento, los resultados de los comicios están a salvo.
“Jurídicamente no existe una posibilidad de que se desconozcan las elecciones”, afirmó Paz y Paz. Aunque el TSE ya certificó el resultado de las elecciones, el Estado de Derecho del país es muy débil y por tanto expresó con preocupación que “no sabemos si son estrategias justamente para debilitar a las instituciones y hacerlos resolver de otra manera conforme a sus intereses o debilitar al gobierno entrante”. Así mismo aseguró que “como es algo ilegal es muy difícil saber qué pretenden” concluyó la exmandataria.
