*Expertos catalogan la acción de criminalizar la protesta pacífica como acto dictatorial y una clara amenaza a los opositores del gobierno de Xiomara Castro.
**La presidenta Xiomara Castro establece un peligroso precedente de perseguir a opositores y protestantes, solo visto en los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Yarely Madrid / Expediente Público
El pasado 10 de mayo la presidenta Xiomara Castro convocó a una reunión de emergencia al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNDS) para condenar una protesta en el departamento de Choluteca, zona sur de Honduras, el 9 de mayo en contra de la Ley de Justicia Tributaria que se encuentra en socialización para su aprobación en el Congreso Nacional.
La mandataria culpó directamente a la empresa privada y políticos opositores de haber financiado la protesta y ordenó que se investigara y se sancionara a las personas responsables al encontrar indicios de culpabilidad.
Diversos sectores de la sociedad hondureña han rechazado la acción, pues consideran que se coarta la libertad de protesta y de expresión y lanza un mensaje amenazante para las personas que estén en contra de las decisiones del Gobierno de Castro, un presagio de lo que ocurre con los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
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Tiene miedo
El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y empresario, Adolfo Facussé, dijo a Expediente Público que las acciones de la presidenta Xiomara Castro son una demostración de que “el Gobierno está seriamente preocupado de que las protestas que hay en todo Honduras, todos los días, por falta de medicina, porque no les aumentan el sueldo y por miles de personas que están extendiendo a este temor grande que hay en el país de la pérdida de empleos”.
En sentido Facussé explicó que la empresa privada nada más señala su punto de vista sobre la Ley de Justicia Tributaria y la decisión de la presidenta Castro era una exageración.
“Ellos actúan como histéricos porque la convocatoria de Consejo Nacional de Defensa implica o un ataque de guerra externa o de guerra interna, entonces han convocado una guerra, pero contra el pueblo hondureño”, expresó el empresario.
“Esta medida que han adoptado de reprimir estas reuniones (manifestaciones) es lo peor que yo he oído en muchos años”, declaró.
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Injustificado
El abogado César Espinal del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) manifestó a Expediente Público que el acto de Castro fue totalmente innecesario puesto que no es “más que todo un proceso en el cual actualmente se encuentran discordancia el sector oficialista del Gobierno y otros sectores como por ejemplo la empresa privada por el tema verdad de la Ley de Justicia Tributaria”.
“Es evidentemente desproporcionado convocar al mecanismo de un Consejo Nacional de Defensa bajo un aparente argumento de que se pretende desestabilizar al país o como que la marcha en Choluteca busca poner en peligro la paz y la seguridad interior del Estado cuando la marcha ni siquiera mostró violencia”, indicó Espinal sobre la protesta realizada el 9 de mayo.
Protesta también es parte de socialización
De acuerdo a Espinal la Ley de Justica Tributaria está en su fase de socialización y esta manifestación es parte de la democracia del país.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recogido y ha establecido de manera reiterada, la importancia en los derechos como la libertad de expresión y la protesta porque son elementos esenciales para la existencia del desarrollo de toda sociedad y que éstas puedan ser consideradas como democráticas”, aclaró.
El artículo 79 de la Constitución de la República también establece que “toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso
o permiso especial”.
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Al estilo de Daniel Ortega
A criterio del analista político hondureño, Raúl Pineda, Castro debe “tratar de mantener una distancia de lo que puede ser el estilo de Gobierno de Daniel Ortega y de su esposa”.
“Lo ideal sería que la presidenta diera una explicación a las personas que participaron… yo confío en que esta iniciativa no surgió de la presidente sino un asesor que definitivamente tiene una vocación democrática intolerante y que al final esto en lugar de favorecer el proceso de negociación o la elaboración del dictamen donde se está procurando buscar consensos, más bien enturbia las aguas”, afirmó.
¿Qué opina las fuerzas políticas?
El Partido Nacional (PN) emitió un comunicado calificando la decisión en el CNDS como un “acto de soberbia, autoritarismo y envuelto absoluto en irrespeto al elemental derecho humano a la protesta, la presidenta Xiomara Castro amenaza a las personas que salieron a protestar en la ciudad de Choluteca”.
Los congresistas evidenciaron que cuando los colectivos del partido de Gobierno Libertad y Refundación (Libre) se toman los centros de Salud y hospitales públicos del país durante semanas, la mandataria “no hace ni dice absolutamente nada”.
“La Bancada del Partido Nacional hace un llamado a la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, paraque abandone su militancia de Libre, gobierne para todos los hondureños, y deje en el pasado su resentimiento y odio acumulado desde el 2009”, enunciaron.
El Partido Liberal de Honduras (PLH) también emitió un pronunciamiento en el que exhibieron que desaprueban “cualquier amenaza del poder público que intente restringir los derechos de los ciudadanos, pues a todas luces, eso ha sido la resolución del CDSN”.
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“Los gobiernos democráticos, lejos de incomodarse por las distintas formas en las que los ciudadanos se expresan, están en la obligación de escuchar a quienes disienten y considerar sus posturas al momento de tomar decisiones”, apuntaron los diputados.
¿De qué trata la Ley de Justicia Tributaria?
La Ley de Justicia Tributaria tiene 41 artículos y fue anunciada públicamente el 30 de enero del 2023. Su objetivo es revertir los privilegios fiscales en el país para crear un sistema tributario más justo transparente.
Esta normativa elimina las exoneraciones fiscales (impuestos) vigentes, combate la evasión fiscal, elimina lagunas del Código Tributario y busca mejorar el conjunto de la administración tributaria.
Además, pretende eliminar 14 regímenes de exoneraciones, entre ellos los de las Zonas Libres (Zoli), Régimen de Importación Temporal (RIT), call center, energía renovable, energía térmica, agroindustrial, fomento al turismo, transporte terrestre y Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía (Zolitur)”.
