* La comunidad de Estados reconoció que la indiferencia de Nicaragua ante las solicitudes del sistema interamericano de derechos humanos pone en peligro las herramientas y la seguridad jurídica de la región.
** En su informe, la Corte IDH recuerda al régimen Ortega Murillo su obligación de darle cumplimiento a las medidas provisionales a favor de 122 personas.
*** Corte recuerda “muerte civil” por apatridia y vulnerabilidad provocados por el régimen Ortega Murillo.
Sharon Ardon / Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lleva más de dos años en desacato a las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esto representa una amenaza a la seguridad jurídica interamericana, expresó Nancy Hernández López, presidenta de dicho tribunal.
“La situación de desacato pone en riesgo las garantías que representan los instrumentos legales para la región”, indicó Hernández ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) este 23 de abril del 2025.
En noviembre del 2022, la Corte IDH declaró por primera vez en desacato permanente al régimen de Nicaragua por el incumplimiento de las medidas cautelares a opositores y hasta la fecha, el régimen sigue indiferente ante estas medidas.
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“El desacato de sus decisiones (Corte IDH) erosiona directamente el tejido normativo y político sobre el que descansa esta organización”, expresó la jueza Hernández López, presidenta de la Corte IDH a los embajadores de la OEA.
¿Qué medidas se han incumplido?
En su reporte, la presidenta detalló que, desde junio del 2021 hasta marzo de 2025, la Corte ha emitido 19 resoluciones que benefician 122 personas.
Estas medidas exigen al régimen nicaragüense garantizar de forma inmediata la vida, integridad, salud y libertad de los afectados.
Sin embargo, al 27 de marzo del 2025, 15 personas continúan privadas de libertad bajo condiciones extremas e inhumanas en Nicaragua, el resto de ellas fueron desterrados.
“La Corte ha constatado que estas privaciones de libertad no responden a penalidades legitimas, sino que marcan una lógica de represión política incompatible con los estándares del Estado de Derecho”, afirmó.
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Desprotección a beneficiarios
De las personas objeto de medidas, en el caso de “Juan Chamorro y Otros”, 107 beneficiarios fueron encarcelados y expulsados del país hasta Estados Unidos, Guatemala y la Ciudad del Vaticano.
Fueron privados de sus documentos de identidad, revocada su nacionalidad, confiscadas sus propiedades y anulados sus títulos de estudio, entre otros.
“Esto ha provocado situaciones de apatridia y extrema vulnerabilidad que configuran formas contemporáneas que la Corte ha denominado muerte civil”, detalló la presidenta de la Corte IDH.
Pese a la gravedad de este contexto, el régimen nicaragüense no ha remitido información alguna que acredite el cumplimiento de medidas provisionales.
“Aunque el Estado de Nicaragua no haya cumplido, estas medidas fueron la única luz de esperanza y sentimiento de no estar solos (para los afectados) sabiendo que afuera hay instituciones y organizaciones luchando por su libertad”, puntualizó Hernández.
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Obligación vigente del régimen
Nicaragua ha tomado una postura evitativa e indiferente con sus responsabilidades ante la Corte IDH. En abril del 2022, el régimen fue condenado internacionalmente por confiscar las oficinas de la OEA.
Posteriormente, en noviembre del 2023 denunció la Carta de la OEA, oficializando así su salida del organismo internacional, sin embargo, esto no lo exime de sus responsabilidades y compromisos con los derechos humanos.
Lo anterior, debido a que todavía es miembro de la Convención Americana “por lo que las obligaciones emanadas de dicho tratado continúan plenamente vigentes”, reafirmó la presidenta de la Corte.
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Reacciones de la comunidad internacional
A su vez, la presidenta de la Corte instó a la comunidad de Estados miembros a «monitorear activamente la situación de estas personas (beneficiarios) en el principio de solidaridad interamericana”.
“Es una amenaza directa a la legitimidad del sistema interamericano y a la seguridad jurídica de millones de personas en nuestra región”, expresó la embajadora de Costa Rica Alejandra Solano en su intervención.
Agregó que “ignorar las sentencias de la Corte es ignorar a las víctimas, socavar la institucionalidad democrática y debilitar el conglomerado de principios que nos unen como comunidad”.
Por ello, muchos de los delegados aplaudieron la iniciativa de las misiones permanentes de Chile y Canadá, quienes solicitaron la inclusión y análisis de esta situación ante el Consejo.
