*A 15 meses de haberse desembolsado millones de dólares para la compra de las clínicas móviles, ninguna atiende pacientes por coronavirus.
** Los US$4.1 millones «congelados» de las cuentas de la empresa Elmed Medical Systems, propiedad de Axel Gamaliel López Guzmán, retornarían a Honduras hasta que el proveedor sea declarado culpable en juicio, según autoridades del Ministerio Público de este país centroamericano.
Expediente Público
Axel Gamaliel López Guzmán es un ciudadano estadounidense de origen guatemalteco; es representante legal de Elmed Medical Systems y tiene orden de captura internacional por fraude en perjuicio de la Administración Pública de Honduras a título de cooperador necesario. Y, al menos, en Honduras las autoridades aseguran no saber dónde está ese empresario, como tampoco explican qué pasará con los 4.1 millones de dólares que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EE.UU.) decomisó a Axel López, acusado por la Fiscalía hondureña por el delito de fraude en la compra de 7 hospitales móviles para enfrentar la pandemia del Covid-19.
“…busque… arriba… no abajo ni en el bullicio… ambos lados”, respondió por Whatsapp Axel López, exproveedor de los hospitales móviles, cuando Expediente Público le solicitó una entrevista el 6 de junio de 2020.
En marzo de 2020, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández pagó por adelantado 47 millones de dólares a Elmed Medical Systems por la compra de siete hospitales modulares para atender la emergencia provocada por el coronavirus que, a la fecha, ha causado la muerte de 6,532 hondureños, según cifras oficiales.
La compra se realizó mediante Marco Antonio Bográn, director en ese momento de Inversión Estratégica, Invest-H, la entidad estatal de ejecución de proyectos, quien aseguró que la negociación se hizo de “buena fe”.
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Juicio en curso
El 23 de junio de 2020, Marco Antonio Bográn explicó en comparecencia pública que no conocía a Axel López ni a Elmed Medical como empresa y que llegaron a ellos buscando proveedores en internet.
Para Bográn, la empresa ya tenía experiencia en la venta de insumos médicos y ofrecía soluciones modulares integrales, no perecederas, que podrían servir en la red hospitalaria, una vez pasada la emergencia. También detalló en esa oportunidad, que todas las compras las hicieron por los requerimientos que les hizo la Secretaría de Salud Pública de Honduras.
Sin embargo, el 25 de abril de 2021, la justicia hondureña decretó prisión preventiva contra Marco Bográn y Alex Morales exadministrador de la estatal Invest-H.
Mientras se desarrolla el juicio, ambos exfuncionarios fueron detenidos en el Primer Batallón de Infantería, en Tegucigalpa, capital hondureña, bajo la acusación de violación a los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública. Se les ubicó a ambos en esa dependencia militar por «razones de seguridad», ya que según las autoridades judiciales en las cárceles comunes, Bográn y Morales estarían expuestos a ser agredidos por otros reos.
De acuerdo con la Fiscalía de ese país, los hospitales no son funcionales, además, el historial de la contratación evidencia anomalías y un acuerdo previo entre los compradores y el proveedor.
De los siete hospitales, solo funcionan tres: el de San Pedro Sula, Tegucigalpa y Choluteca, pero ninguno atiende pacientes con Covid-19, sino de otras patologías. Respecto al proveedor, las autoridades hondureñas solicitaron asistencia jurídica internacional a Estados Unidos.
¿Dinero usado en campaña electoral?
Lester Ramírez, jefe de investigación de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), dijo en una entrevista en HRN el 20 de octubre de 2020, que el dinero de la compra de los módulos hospitalarios adquiridos por INVEST-H estaría regresando a Honduras para financiar las campañas políticas rumbo al proceso electoral de 2021.
“Tengo la leve sospecha que ese dinero que se le pagó a Axel López (proveedor de los hospitales) ya regresó y se ha repartido entre diferentes factores para financiar campañas”, afirmó Ramírez.
El 17 de enero de 2014, salió a luz pública la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y en ese caso también se evidenció que se financiaron campañas políticas en 2013.
De acuerdo con las autoridades hondureñas, de ese dinero desviado del IHSS, el Partido Nacional habría recibido 10 cheques que suman unos 147.783 dólares.
En conferencia de prensa realizada el 4 de junio de 2015, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, admitió que empresarios vinculados a un multimillonario desfalco al sistema de seguridad social financiaron su campaña política con parte de ese dinero.
Sobre la investigación en curso sobre los hospitales móviles, Expediente Público entrevistó con Yuri Mora, vocero del Ministerio Público y explicó que esa entidad solicitó a las autoridades de Estados Unidos que se confisquen 18 millones de dólares en cuentas bancarias y bienes del proveedor; de ese monto, ya hay congelados 4.1 millones de dólares.
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Retorno del dinero
El funcionario explicó que de momento no se ha podido demostrar que se trate de una red de corrupción montada previamente, como ocurrió con el desfalco en el Seguro Social, IHSS en 2015.
“Los aseguramientos que se dieron en Chile, Panamá y Estados Unidos, ya cuando los acusados fueron vencidos en el juicio, ese dinero retornó a las arcas del Seguro Social”, dijo Mora.
Detalló que el Estado de Honduras podrá disponer del dinero asegurado en Estados Unidos hasta que López Guzmán sea declarado culpable en juicio oral y público.
Mientras tanto, la Fiscalía hondureña espera que el circuito de los Juzgados Anticorrupción de Tegucigalpa, programe para los próximos días el juicio que llevan contra Marco Bográn y Alex Morales. «Ahí se comprobará la culpabilidad de ellos», afirmó Mora.
Por otro lado, el estamento jurídico de los Estados Unidos mantiene incluida la Ley Anti Bribary Act de 1977 que sanciona a las empresas de esa nación, que negocien, paguen o faciliten sobornos en negociaciones con funcionarios de países extranjeros.
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Sobre ese tema, el vocero de la Fiscalía de Honduras, no descarta que el Departamento de Justicia estadounidense inicie su propia investigación contra el proveedor de los hospitales móviles: “si ellos aseguraron ese dinero porque consideraron que la solicitud del Ministerio Público estaba fundada en pruebas fehacientes de que hay algún tipo de delito».
En ese sentido, la justicia estadounidense podría sancionar a los involucrados en la supuesta compra fraudulenta de hospitales móviles e insumos médicos, como sucedió con Alfredo Hawit y el extinto presidente hondureño, Rafael Leonardo Callejas, por el denominado caso FIFA Gate.
Al respecto, cuatro hondureños: Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal; Nelson Ávila, precandidato presidencial del partido Libertad y Refundación; Guillermo Valle, excandidato a la Presidencia en la alianza de oposición Libre PINU y Tony García, vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras, en julio de 2020, solicitaron al Bureau de Investigación Federal (FBI, siglas en inglés) investigar la compra de hospitales móviles.
Conexión en Turquía
“Luego de haber presentado la documentación, a las semanas nos pidieron más información y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) les mandó detalles completos de los informes de corrupción”, explicó Tony García en una entrevista a Expediente Público.
García cuestionó el hecho que el Gobierno de Juan Orlando Hernández haya buscado a un intermediario en lugar de contratar al fabricante de los hospitales. «Plagió los brochures y el concepto de los hospitales móviles de una empresa de Turquía. Sólo le cambió el nombre utilizando la propiedad intelectual de este fabricante”.
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Las declaraciones de García se derivan de un comunicado, que el 21 de junio de 2020, hiciera la empresa turca, SDI Global LLC, contra la compañía estadounidense, Elmed Medical, a la que culpa de falsificar una cotización que ellos le entregaron para la venta de los hospitales móviles al gobierno de Honduras.
SDI Global LLC aseguró un comunicado que el presidente de Elmed Medical, les solicitó una cotización de los hospitales móviles de aislamiento para la Covid-19 y después descubrieron que Axel López la modificó para obtener los millonarios contratos que le otorgó Invest-H.
“En ese momento se nos ocurrió hacer la denuncia considerando los delitos de estafa, lavado de activos, sobrevaloración, evasión de impuestos y utilización del sistema norteamericano para una compra falsa. Estos son delitos federales en Estados Unidos”, explicó.
El entrevistado comentó que la compañía turca SDI Global LLC, también puso la denuncia ante el DOJ tras haber sido objeto de plagio intelectual y usurpación de concepto por parte de Elmed Medical.
“Aquí hay un delito de sobrevaloración y soborno, pero allá… utilizar el instituto bancario, evadir impuestos, sobrevaloración, estafa y fraude, son delitos federales”.
Conversación cifrada
Para conocer la realidad acerca de la negociación de los hospitales, Expediente Público, el 8 de junio de 2020, buscó de nuevo la reacción del señor Axel López, presidente de la empresa proveedora, pero sus respuestas carecían de sentido común.
Mientras los hondureños siguen preguntando ¿Dónde está el dinero y Axel López?, las autoridades de ese país desconocen su paradero.
Según los registros públicos de Miami, Florida, Axel López y su esposa Evana López, ciudadana de República Dominicana, son propietarios de Vertisa Corporation y American Business Links, Corporation.
Expediente Público identificó que Caesar López, director administrativo de Orlando City Soccer Club (OCSC), es hijo de Evana y Axel López Guzmán. Este medio lo contactó por Twitter y solicitó una entrevista para conversar sobre los hospitales modulares que su padre vendió al Gobierno, pero luego de unos minutos, el joven Caesar López cerró su cuenta.
El 8 de junio de este año, Expediente Publicó intentó comunicarse de nuevo con Axel Guzmán, pero no hubo respuesta. Los mensajes que se envían a su WhatsApp reciben el doble chec y al llamarlo, desvía la llamada al buzón de voz.
Los hechos
A través de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social, aprobada en el Congreso Nacional, el 13 de marzo de 2020, el gobierno destinó 420 millones de dólares, unos 10 mil 374 millones de lempiras para el combate de la Covid-19.
Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, informó en su momento, que con ese dinero se construirían 90 hospitales y contrarían el personal médico y de enfermería necesario en todo el país. Anunció, además, la instalación de una plataforma electrónica.
También el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó 200 millones de dólares y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 50 millones de dólares para la compra de equipo y puesta en marcha de la tecnología necesaria para hacerle frente a la pandemia.
Alba Consuelo Flores, ministra de Salud, solicitó mediante el oficio 630-SS-2020 del 16 de marzo de 2020, la compra directa de los siete hospitales móviles y la contratación directa de todos los servicios conexos y de consultoría para la instalación y puesta en funcionamiento de los hospitales.
En junio de 2020, se viralizó en redes sociales una fotografía en la que Axel López, presidente de la empresa proveedora, aparece junto a María Antonieta Guillén de Bográn, ex vicepresidenta de Honduras y madrina de Marco Bográn.
Al respecto, Expediente Público buscó por correo electrónico la reacción de Axel López, quien respondió el 24 de junio de ese año “que tiene amigos en Honduras”.
“En su país hay personas lindas, en 1997 en plan de negocios fui a su país y tengo amigos doctores, empresarios, personas comunes que conocen de mi persona y nuestra rectitud”, dijo.
Aseguró que forma parte de un grupo de empresas de USA con oficinas y fábrica en Turquía y que recibió la orden de compra de Invest–H y que en 2 o 4 semanas enviará personal a San Pedro Sula y Tegucigalpa para hacer las instalaciones correspondientes.
El 23 de junio de 2020, el Ministerio Publicó citó a Marco Bográn en calidad de investigado y ante las acusaciones por corrupción el 27 de junio Marco Bográn renunció al cargo de director de Invest–H.
Contrató a su tío
Por otra parte, Marco Bográn también pactó un contrato millonario con una empresa propiedad de su tío, Napoleón Bográn Idiáquez, para la supervisión de obras de construcción del plantel de un hospital móvil en Santa Rosa de Copán.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció el viernes 26 de junio de 2020 que el director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, favoreció con contratos millonarios a empresas que están ligadas a funcionarios públicos.
La entidad anticorrupción verificó que el 26 de marzo se suscribió un contrato por más de 1,200 millones de lempiras entre Invest-H y la sociedad mercantil CINSA, para realizar la supervisión de obras de construcción de plantel de un hospital móvil en Santa Rosa de Copán, situado a 320 kilómetros al oeste de Honduras.
En el informe logró determinar el grado de consanguinidad del director ejecutivo de Invest-H, Marco Antonio Bográn Corrales, con el señor Napoleón Bográn Idiáquez, quien es socio y presidente de la sociedad mercantil CINSA, siendo sobrino y tío respectivamente entre sí; este lazo familiar es en virtud de que el papá del director de Invest-H (el señor Marco Antonio Bográn Idiáquez) es hermano del señor Napoleón Bográn Idiáquez.
Se identificó el contrato CD-DCPV-127-2020 el cual es celebrado por parte Marco Antonio Bográn Corrales en su condición de director ejecutivo de Invest-H y la sociedad mercantil CINSA.
Asimismo, el CNA verificó que, en el Registro Mercantil de Francisco Morazán, el 7 de septiembre del 2018, la Asamblea General eligió a Napoleón Bográn Idiáquez como presidente de dicha sociedad. Y previamente ya había sido en múltiples ocasiones el representante legal.
La Ley de Contratación del Estado de Honduras, en su artículo 15 en el numeral 6 prohíbe que funcionarios públicos y sus familiares hagan negocios con el Estado, tipificando el asunto como un conflicto de intereses.
Adicionalmente a la compra millonaria de los siete hospitales, Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) pagó también 57.9 millones de lempiras (2.3 millones dólares) para la construcción de la obra y supervisión de los planteles donde funcionarán estos centros modulares de atención para pacientes con Covid-19.
Vea el contrato de obra para la construcción de los hospitales aquí.
Los hospitales que nunca abrieron
Respecto a ese tema, una investigación de Expediente Público sacó a luz nuevos conflictos de intereses en transacciones millonarias del erario para la instalación de hospitales móviles.
El compromiso del guatemalteco Axel López, dueño Elmed System Medical, era mandar un grupo de 10 expertos a Honduras para que realizaran la instalación de los primeros dos hospitales móviles que llegaron a Honduras.
Pero López Guzmán subcontrató al empresario hondureño, Luis René Eveline Hernández para el proceso de instalación de los dos primeros hospitales traídos de Turquía.
Expediente Público evidenció que a Eveline Hernández, lo unen sus socios de Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A: (Sermaco), empresa contratada por Invest-H, para la adecuación de los planteles donde serían ubicados los hospitales móviles. Esa empresa obtuvo tres contratos firmados por 23 millones de lempiras.
Los hospitales móviles estarán distribuidos en Tegucigalpa, capital de Honduras, en San Pedro Sula, conocida como la capital industrial del país y donde se reporta la mayor cantidad de casos por coronavirus; en Danlí, El Paraíso, ciudad localizada a 121 kilómetros de la capital; en Choluteca, zona sur del país; Juticalpa, Olancho, a 170 kilómetros de Tegucigalpa; en La Ceiba, Atlántida, localizada en la costa norte del caribe hondureño y Santa Rosa de Copán, al occidente del país.
Expediente Público también evidencia que las empresas contratadas para este proceso, han conformado consorcios, pero que de forma individual fueron favorecidas; en el caso de las empresas Ingenieros Consultores, (Inconsul), Consultores Asociados de Honduras, Sociedad de Responsabilidad Limitada, (Conash) y Servicios Técnicos de Construcción y Consultoría, Sociedad de responsabilidad Limitada, (Setcco), en 2017 esas tres sociedades formaron un consorcio denominado Conash-Icsa.
Extradición
Para el vicepresidente del Colegio de Abogados, Tony García, las autoridades de Honduras, cuando se dieron cuenta que había un posible delito, debieron pedir inmediatamente a Estados Unidos que congelase ese dinero. García interpreta el asunto como un delito de ineficiencia y violación a los deberes de los funcionarios públicos. “Como si a uno se le olvidara la secuencia de la línea del tiempo que lo hicieron un año después, dándoles un año de ventaja para que el dinero lo repartieran y lo enviaran a otro lado”.
Agregó que es probable que ese dinero ya estaba de oficio congelado debido a la denuncia que ellos hicieron ante el FBI en julio de 2020.
“Detrás de Bográn hay muchos. Les ha de preocupar que aparezca vivo Axel López y cuente todo. Se anda escondiendo de los mismos funcionarios hondureños”, asegura.
Si la persona solicitada en extradición está enfrentando un juicio por otro tema en el país, según el acuerdo de extradición, este debe ventilarse primero antes de mandarlo.
Entonces aquí para evitar una solicitud de extradición piden “demándame de lo que sea. Son armas de los abogados y los corruptos para evitar la extradición porque lo permite el tratado”, concluyó el abogado García.
Por otro lado, las muestras de las debilidades del sistema sanitario y la falta de capacidad del gobierno de responder eficazmente a la pandemia también han sido expuestas de manera reiterada por los médicos y trabajadores de la salud.
La ejecución de los recursos para contrarrestar la emergencia de la pandemia al 15 de abril asciende a 2,949.1 millones de lempiras, según la Secretaría de Finanzas de Honduras, mientras la población hondureña muere por coronavirus sin recibir atención sanitaria.
