*Concentración de poder, tráfico de influencias y corrupción, son parte de las debilidades institucionales que madereros aprovechan para arrasar con recursos forestales.
Expediente Público
Al ritmo actual de deforestación en Nicaragua en 20 años no habrán bosques, sólo el año pasado se perdieron 60,000 hectáreas verdes, afirmó el ambientalista Amaru Ruiz, durante la presentación de su investigación “Bosques en venta: análisis de la corrupción en el sector forestal de Nicaragua”.
La rápida reducción del área boscosa de Nicaragua está ligada a la corrupción, el tráfico de influencias y blanqueo de madera incautada por medio de subastas amañadas, realizadas por el mismo Instituto Nacional Forestal (Inafor), documentó el estudio presentado este viernes 31 de mayo por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, en coordinación con la organización Hagamos Democracia.
El estudio detectó que la corrupción en el sector forestal en Nicaragua está notablemente vinculada a la del sistema político, que plantea decisiones por encima del valor técnico o ambiental. Además, la llegada de inversiones chinas en el sector maderero llena de mayor preocupación a los ambientalistas.
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El último reporte de bosques es de 2020, cuando Nicaragua tenía unos 34,000 km2 de área forestal, el 25% de su territorio, sin embargo, en 2000 tenía una cobertura de 42%. Solamente entre 2015 y 2020 se perdieron unos 5,300 km² de área forestal, detalla la investigación del Observatorio.
La tasa anual de deforestación es de 2.56% en el último quinquenio analizado, convirtiendo a Nicaragua en el segundo país de América Latina donde más rápido se pierden bosques, advirtió Ruiz.
A pesar de eso, existen en el país 110 industrias madereras, 116 aserríos y 1,007 permisos de tala, según datos oficiales de 2022, precisa el reporte.
A diciembre de 2023 había 38 empresas con permiso de exportación de madera, la mayoría destinada a China, con un total de 12 concesiones, mientras El Salvador y Estados Unidos le seguían con 9 y 7, respectivamente, el estro se distribuyó a otros diez destinos internacionales.
Concentración de poder
En Nicaragua la corrupción es impulsada por la concentración de poder, debilidad institucional, periodos de inestabilidad política y social, así como la discrecionalidad en el ejercicio de la función pública y la impunidad.
Por otra parte, los procesos de discusión, control y fiscalización ciudadana han sido eliminados, tanto desde las organizaciones civiles como desde los medios de comunicación, señaló el estudio.
Daniel Ortega como mandatario gobierna prácticamente por decreto, una situación que llevó a la suspensión de la veda de pino desde 2008, pero también existe una sumisión legislativa que llevó a una serie de reformas a leyes de protección ambiental.
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La apertura a la tala es tan amplia, que incluso hubo una carta del 17 de enero de 2019 del director del Inafor Orlando Corrales dirigida al presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras y al a vicepresidenta Rosario Murillo explicando sus dudas y preocupaciones por el decreto presidencial que permitía la explotación de cedro real y pochote, las cuales podían afectar áreas protegidas y territorios indígenas.
Blanqueo de madera
De 2018 a 2022 entre el 22 y 40% de ingresos forestales provienen de las subastas de maderas decomisadas por violar las normativas vigentes. La base legal fue un decreto administrativo de 2015.
Hay evidencia que en 2019 y 2020 hubo subastas con un único postor.
Sin embargo, la situación más opaca fue la comercialización de la madera de árboles arrancados por el paso del huracán Félix en 2007 y el Otto en 2019, este último permitió el ingreso de madereros a la reserva Indio Maíz.
Al final, se extrajeron 32,100 metros cúbicos de madera bajo esta modalidad.
El estudio denominó “emblemático” la participación de la empresa pública venezolana-nicaragüense Alba Forestal en los negocios madereros, que monopolizó la comercialización de madera en el Caribe Norte, donde está la mayor área forestal del país, así como el pulmón biológico más importante, Bosawás.
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Solamente entre 2014 y 2016 Alba Forestal extrajo 5 millones de metros cúbicos de madera, supuestamente, de árboles tumbados por el huracán Félix, esto significa 73,855 contenedores y ganancias de 5.8 millones de dólares. Pero existen proyecciones que detallan que pudieron ser más de 12 millones de metros cúbicos comercializados entre 2008 y 2016.
Como parte de la madera derribada por los huracanes se pudrió o terminó consumida en incendios forestales, se talaron árboles en pie, señala el estudio.
El grupo Alba creó también N&H Woods Products contando con las autorizaciones necesarias porque eran allegados al régimen, sostiene el informe.
Corrupción y tráfico de influencias
Nicaragua es uno de los países más corruptos no sólo de América Latina, sino también, del mundo, con apenas 17 puntos de 100 en el índice anual de Transparencia Internacional.
La investigación “Bosque en venta” ejemplificó el tráfico de influencias en el sector con un caso de finales de 2018, donde 107 piezas de madera de cedro real y laurel de Julio Mendoza Machado, sin certificado de origen fueron devueltos.
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El maderero involucró a funcionarios de Inafor y la Policía, pidiendo favores al secretario político del Frente Sandinista y al entonces alcalde de Masaya Orlando Noguera, para facilitar los permisos correspondiente, donde el propietario presentaba copia de sus carnets de militancia partidaria.
Un año antes, el 30 de diciembre de 2017, la codirectora de Inafor Shanda Vanegas envió una carta a Murillo reconociendo que dentro de la institución había una red corrupta y malversación de fondos.
El estudio del Observatorio concluye que la corrupción en el área de protección forestal ha impregnado a los funcionarios medios y bajos, pero también hay mandos que son presionados para facilitar los negocios depredadores de madereros y exportadores
Puede empeorar
La investigación también concluye que la situación de los bosques en Nicaragua puede empeorar, particularmente, por el tratado de libre comercio con China, que le facilitaría a sus empresas mecanismos para aprovecharse de los recursos naturales del país.
Por otra parte, ante la falta de interés estatal e incluso la promoción de la tala, la eliminación de organizaciones ambientalistas hace más difícil la fiscalización de las instituciones públicas encargadas de proteger los bosques y fiscalizar a los madereros.
Incluso, la eliminación de medios de comunicación, hace complicada la denuncia de casos de corrupción y de promoción a la conservación de los bosques.
