30/07/2020
** Mientras la población hondureña padece la falta de medicamentos en los hospitales, una investigación de Expediente Público saca a luz nuevos conflictos de intereses en transacciones millonarias del erario para la compra e instalación de hospitales móviles.
Isaías Romero, un joven panadero, lleva dos semanas yendo al Hospital “Mario Catarino Rivas” en San Pedro Sula, al norte del país, desde que su madre de 63 años y su suegro de 69, se contagiaran de coronavirus.
Su mirada denota angustia y tristeza; asegura que, para pagar el tratamiento de sus parientes, su familia ha unido esfuerzos. “Hemos estado apoyándonos unos a los otros, tratando de economizar y tratando de ver qué se hace; ahí a escondidas saliendo a vender pan para tratar de sobrevivir”, relata.
De acuerdo con el testimonio de este hondureño, en el Hospital “Mario Catarino Rivas” apenas les han proporcionado dos medicamentos de los seis que se requieren para el combate de la enfermedad.
Hay un enjuague bucal-se queja- que cuesta aproximadamente 30 dólares, unos 800 lempiras. Cada pastilla vale cerca de 3 dólares (78 lempiras) y al día deben tomar dos durante 21 días que dura el tratamiento. “En tres días, hemos gastado aproximadamente 12 mil lempiras” (el equivalente a unos 480 dólares).
Un reciente informe de la organización civil Transformemos Honduras revela que 5 de 10 hondureños que acudieron a un centro asistencial público, tuvieron que comprar sus medicamentos y más de la mitad de médicos y enfermeras, insumos sanitarios.
Los resultados son parte de una encuesta de percepción efectuada del 12 al 26 de junio de 2020 a nivel nacional a pacientes, médicos y miembros del personal de enfermería que acudieron o laboran en policlínicas, clínicas periféricas y hospitales del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), centros integrales de salud (CIS) y hospitales públicos a nivel nacional.
Según el sondeo, el 52% de los pacientes debió costear sus medicamentos, porque estos no se encontraban disponibles en el centro asistencial al cual acudió. Solo 21% de los pacientes consideró que el establecimiento de salud contaba con los medicamentos que se le prescribieron y 52% opinó que algunos de los fármacos se encontraban disponibles
Expediente Público hizo un recorrido por los hospitales públicos de la zona norte del país. Relatos similares a los de Isaías Romero han sido expuestos en diferentes medios de comunicación y redes sociales, donde queda en evidencia que los recursos que están actualmente siendo ejecutados no se están viendo reflejados en la atención sanitaria, tampoco en políticas sociales dirigidas a los sectores más afectados, y están siendo usados con poca transparencia.
En el marco de la crisis sanitaria que ha generado el coronavirus, las autoridades hondureñas han adoptado una serie de medidas para acceder a fondos del presupuesto nacional, de los organismos financieros multilaterales y la cooperación internacional bilateral para hacer frente a la pandemia en ese país que hasta la fecha registra la muerte de más de 1,100 personas y con un poco más de 38,000 contagios, según las cifras oficiales publicadas al 25 de julio de 2020.
El presupuesto actual autorizado para la pandemia oscila entre 3,800 y 4,700 millones de lempiras, (188 millones dólares), según la Secretaría de Finanzas de Honduras. De momento, la ejecución del presupuesto en Inversión Estratégica, INVEST-Honduras con relación al Covid-19 suma 84 millones de dólares, equivalente a más de dos mil millones de lempiras.
Medicina Legal reporta varios levantamientos de personas que han muerto en la calle y en las aceras de los centros hospitalarios del país, cuyas pruebas de contagio de la Covid-19 han dado positivo.
El 10 de febrero de este año, el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, en Consejo de Ministros aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 para declarar emergencia nacional por el Covid–19 y autorizar la ejecución de compras directas evadiendo los procesos de licitación establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
Para cumplir esos objetivos, amparado en el Decreto Legislativo número 31-2020, publicado en La Gaceta en fecha 13 de marzo, 2020, la ejecución de compras durante esta pandemia ha sido realizada por Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (Sesal), Inversión Estratégica de Honduras (Invest-Honduras) y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
A comienzos de la emergencia, ya habían aflorado acciones irregulares de cotizaciones y compras sobrevaloradas en un ambiente generalizado de secretividad con que se ejecutan los fondos y que impide la transparencia, hechos denunciados en varios informes por el Consejo Nacional Anticorrupción.
Transacción oscura
El 18 de marzo, el Estado de Honduras pagó 47 millones de dólares a la empresa estadounidense Elmed System Medical para adquirir siete hospitales móviles junto a igual número de plantas de tratamiento de desechos hospitalarios, para tratar a pacientes contagiados de Covid19, mismos que se preveía llegarían desde Turquía a finales de mayo.
Diferentes sectores denunciaron y descubrieron eventuales irregularidades en esa compraventa millonaria. Marco Antonio Bográn, ex director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), está siendo investigado por el Ministerio Público por tres presuntos delitos de corrupción que son fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Bográn aduce que participó de buena fe en la compra de los hospitales móviles y asegura que nadie intervino en ese proceso ya que contactó a la empresa proveedora tras una búsqueda por internet.
Desde el pasado 10 de julio, luego de 4 meses de espera, llegaron a Puerto Cortés, zona norte de Honduras, los dos primeros hospitales de aislamiento que serán instalados en San Pedro Sula y otro en Tegucigalpa, capital de ese país. Pero debido a una serie de inconsistencias en las facturas que envió Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), los 78 contenedores que forman los dos hospitales, llevaron al Ministerio Público a intervenir para evitar su inmediato desaduanaje en tanto no hubiera una supervisión adecuada de lo que traían esos contenedores. Inició así el trabajo de pesquisa que contó con la veeduría social del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), auditores del Tribunal Superior de Cuentas y las autoridades aduaneras.
El compromiso del guatemalteco Axel López, dueño Elmed System Medical, era mandar un grupo de 10 expertos a Honduras para que realizaran la instalación de los primeros dos hospitales móviles. Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) tenía previsto pagar cerca de tres millones de lempiras por su hospedaje, alimentación y seguridad durante 15 días.
Pero el señor López, ha subcontratado a una empresa hondureña para el proceso de instalación de los dos primeros hospitales traídos de Turquía; Expediente Público ha detectado indicios de un posible conflicto de interés.
Sermaco, la empresa contratada para instalar los hospitales móviles
Se trata de Luis Rene Eveline Hernández, un exfuncionario que además ha estado vinculado a personajes de alta categoría del partido de gobierno y es socio fundador de una universidad privada que funciona en la capital hondureña. A Eveline, lo unen, entre otras cosas, sus socios de Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A: (Sermaco), que participan en el negocio con tres contratos firmados por 23 millones de lempiras.
La sociedad Sermaco, junto a Jorge Alberto Crespo Madrid, Roberto José Avilés García, Tomás Roberto Ayala Nájera, Edgardo Enrique Crespo Madrid y Luis René Eveline Hernández, constituyeron en 2004 la empresa “Agregados del Sur”, cuya finalidad es la explotación de agregados petróleos de cantera y de río; explotación de minerales y construcción de obras civiles. En esa sociedad mercantil, Sermaco es dueño de 125 acciones. (Descargue)
Ese mismo año, los socios anteriores también constituyeron otra empresa con igual finalidad: Canteras Nacionales, en donde Sermaco también es dueña de 125 acciones sociales. (Descargue).
Una relación de cercanía al poder presidencial
Luis René Eveline Hernández, fue gerente del Servicio Autónoma Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), de 2013-2016 durante el primer periodo gubernamental de Juan Orlando Hernández Alvarado. Anteriormente, ocupó el cargo de jefe de la Unidad de Gestión Ambiental en la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, (Soptravi) y en la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor). (Descargue). Soptravi es lo que ahora se conoce como la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), en tanto Cohdefor es hoy el Instituto de Conservación Forestal (ICF) dentro de la nueva nomenclatura de la administración pública.
Su hermano, Carlos Humberto Eveline Hernández, ocupa el puesto de jefe del área digital del Instituto de Formación Profesional (Infop). Otra hermana, Gilda Albertina Eveline Hernández, trabaja en la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización. Mientras que su esposa, Jance Carolina Funes, fue candidata a diputada por el Partido Nacional al igual que su sobrina Melissa Claros Eveline, quien actualmente trabaja como asistente Ejecutiva y Coordinadora de Despacho del Secretario de Estado en el despacho de la Presidencia en Casa Presidencial.
Mismos socios, diferentes contratos
Adicionalmente a la compra millonaria de los siete hospitales, Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) pagó también 57.9 millones de lempiras (2.3 millones dólares) para la construcción de la obra y supervisión de los planteles donde funcionarán estos centros modulares de atención para pacientes con Covid-19. (Descargue).
Los hospitales móviles estarán distribuidos en Tegucigalpa, capital de Honduras, en San Pedro Sula, conocida como la capital industrial del país y donde se reporta la mayor cantidad de casos por coronavirus; en Danlí, El Paraíso, ciudad localizada a 121 kilómetros de la capital; en Choluteca, zona sur del país; Juticalpa, Olancho, a 170 kilómetros de Tegucigalpa; en La Ceiba, Atlántida, localizada en la costa norte del caribe hondureño y Santa Rosa de Copán, al occidente del país.
Para la obra de Juticalpa y La Ceiba, Invest-H, le adjudicó un contrato por 16 millones de lempiras a la Constructora Serrano Colindres y Asociados Sociedad de Responsabilidad Limitada, (Cosco); para Tegucigalpa, contrataron a la empresa Maquinaria y Proyectos, Sociedad Anónima, por un monto de 10 millones de lempiras.
Mientras que la que más favorecida es la Sociedad Mercantil denominada Servicios de Mantenimiento y Construcción Sociedad Anónima, (Sermaco), firmó tres contratos por un monto de 23 millones de lempiras para la preparación del terreno en San Pedro Sula, Danlí y Santa Rosa de Copán. Invest-H destinó así un monto total de 49 millones de lempiras solo para adecuar los planteles.
Y para la supervisión de los siete proyectos, el Estado de Honduras pagó 8.9 millones de Lempiras, unos 360 mil dólares estadounidenses.
Las empresas encargadas de esa labor son Servicios Técnicos de Construcción y Consultoría, Sociedad de responsabilidad Limitada (Setcco), quien tiene un contrato por 1.2 millones; Gabinete Técnico Sociedad Anónima,(Gatesa), por un monto de 1.3 millones; Consultores Asociados de Honduras, Sociedad de Responsabilidad Limitada, (Conash), por 1.4 millones; Asociación de Consultores en Ingeniería, (ACI), por 1.3 millones; Ingenieros Consultores, (Inconsul), por un monto de 2.4 millones y Consultores en Ingeniería Sociedad Anónima, (Cinsa) por 1.2 millones de Lempiras.
Expediente Público también evidencia que las empresas contratadas para este proceso, han conformado consorcios pero que de forma individual fueron favorecidas; en el caso de las empresas Ingenieros Consultores, (Inconsul), Consultores Asociados de Honduras, Sociedad de Responsabilidad Limitada, (Conash) y Servicios Técnicos de Construcción y Consultoría, Sociedad de responsabilidad Limitada, (Setcco), en 2017 esas tres sociedades formaron un consorcio denominado Conash-Icsa. (Descargue)
Mientras que, en 2013, Napoleón Bográn Idiáquez representante de Consultores en Ingeniería (Cinsa), Pedro Pineda Cobos en representación de Técnica de Ingeniería (Tecnisa) y Mayra Tosta Apell de Consultores Asociados de Honduras, Sociedad de Responsabilidad Limitada, (Conash), y la Asociación de Profesionales Consultores conformaron el consorcio Cinsa-Tecnisa-Conash-Asp. (Descargue).
En el caso de Consultores en Ingeniería (Cinsa) y Gabinete Técnico Sociedad Anónima, (Gatesa), el Consejo Nacional Anticorrupción evidenció que ambas empresas están relacionadas a la familia del ex director ejecutivo de Invest-h, Marco Antonio Bográn.
Con estos antecedentes Expediente Público evidencia que todas las empresas contratadas para la supervisión y construcción de los planteles donde serán instalados los hospitales móviles, están relacionadas entre sí y evidencia un enorme conflicto de interés que riñe con la transparencia y la rendición de cuentas. El entramado de contratos y de relaciones de cercanía al poder gubernamental, muestra que la adquisición de los hospitales móviles va más allá de “la buena fe”.
Al cierre de este reporte, el Ministerio Público ha revelado los primeros hallazgos en los contenedores que transportaban los dos hospitales móviles: equipo en desuso, con fecha de vencimiento del 2016, deteriorado y poco recomendable para ser utilizado en los pacientes del coronavirus. Mientras, Invest-H ha sido intervenida, ha aceptado los hallazgos del Ministerio Público y en un comunicado reitera a la opinión pública que la compra de los hospitales móviles es bajo la modalidad “llave en mano” y que solo se dará “por recibida esta compra hasta que se verifique que todo el producto cumple con la calidad y las condiciones pertinentes”. Pero Invest-H ya pagó por adelantado y por ahora, no aparece el contrato, y faltan cinco hospitales móviles más junto a sus plantas de tratamiento.
Solucionar problemas
Por otra parte, el Gobierno juramentó el pasado 24 de julio a la junta interventora transitoria que durante 180 días tomará el control de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), institución envuelta en supuestos actos de corrupción por la adquisición irregular de siete hospitales móviles a un intermediario que mandó a fabricarlos en Turquía.
Lea: Invest-h: Una mafia al desnudo
Está junta está integrada por José Ernesto Leva Bulnes, José Gustavo Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo.
Como presidente de la junta, nombraron a Leva Bulnes, quien se desempeñó como gerente del Instituto de Previsión Militar (IPM).
Boquín Suárez, actualmente presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, directivo del Régimen de Aportaciones Privadas y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante Convivienda.
Por otra parte, Benítez Portillo, subsecretario de Agricultura y coordinador nacional del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras (Firsa).
La junta interventora recibió instrucciones de realizar las gestiones que legalmente correspondan para agilizar el desaduanaje y la pronta instalación de hospitales móviles en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
La comisión tiene responsabilidad buscar la continuidad y cumplimiento de los proyectos, procesos, contratos y programas vigentes y en ejecución, por parte de Invest-H, con prioridad en el sector agroalimentario y de infraestructura vial.
En el caso de los hospitales modulares, anunciaron que han enviado una carta al proveedor para que dé explicaciones por qué se envió equipo usado y cuál es el avance de los otros cinco hospitales restantes, pero éste no ha respondido a los correos electrónicos.
Los interventores también anunciaron que si es necesario contratar una empresa o enviar un equipo a Turquía lo harán.
Relación comercial con proveedores del Estado
Se evidenció que la empresa Productos Médicos Especializados, Sociedad Anónima de Capital Variable (Promesa) es proveedora del Estado de Honduras y el último contrato de 15.7 millones de lempiras que recibió, fue publicado el 30 de abril, de acuerdo con el portal de Transparencia.
Se establece que hay una relación societaria entre la empresa Promesa y la
compañía Akinvest S.A, la cual figura entre sus socios, la especialista en dermatología, Nora Waleska Escoto Alvarez, esposa de José Ernesto Leva Bulnes, presidente de la recién nombrada junta interventora de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H).
