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Contienda electoral se complica en Nicaragua con inhibiciones a partidos y candidatos

*La cancelación de la plataforma electoral de un importante bloque opositor en Nicaragua deja únicamente al partido Ciudadanos por la Libertad con opciones de pactar con el presidente Daniel Ortega o unificar fuerzas con lo sectores adversarios de cara a las elecciones de noviembre del 2021.

**Ataque frontal del mandatario nicaragüense contra Estados Unidos advierte que podría extenderse las inhibiciones a los candidatos y organizaciones políticas que amenazan su poder por la vía electoral.


Expediente Público

Nicaragua finaliza una semana convulsa en el ámbito político electoral. En un momento que diferentes sectores sociales y políticos demandaban unidad entre los dos principales bloques opositores, el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el sandinismo, canceló al Partido Restauración Democrática (PRD) y cerró las puertas a una de estas opciones políticas, la Coalición Nacional, compuesta en su mayoría por organizaciones populares, sociedad civil, estudiantes, campesinos y sectores religioso, entre otros.

Los pasos de los recién nombrados magistrados del Consejo Electoral, todos afines al gobierno sandinista, para limitar la participación de los sectores opositores en las elecciones previstas para el 7 de noviembre del 2021, se combinó con el anuncio del Ministerio Público (Fiscalía) de que se investiga por presunción de lavado de dinero y activos a la precandidata presidencial independiente Cristiana Chamorro Barrios, al mismo tiempo que se intensificó el hostigamiento y asedio contra los también aspirantes a la Presidencial, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, a quienes la Policía les impuso “casa por cárcel” sin que exista una acusación penal en curso.

El otro bloque opositor fuerte, la Alianza Ciudadana, está integrada por Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido Movimiento de Unidad Costeña (Pamuc), así como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde participan algunos sectores sociales y estudiantiles, pero sobre todo connotados operadores políticos y empresarios.

La Alianza Ciudadana encabezada por CxL emitió un comunicado el 19 de mayo, al conocer la cancelación del PRD y el Partido Conservador (PC), el más antiguo del país, condenando las inhibiciones como “una estrategia del régimen para promover la abstención y sembrar la desesperanza, tratando de alejar a los ciudadanos de las urnas”.

El gobierno de Daniel Ortega “trata desesperadamente con estas acciones, de profundizar la desconfianza y la división entre los opositores y todos debemos estar claros de que el único adversario y responsable de la crisis nacional es el FSLN”, expresa el comunicado.

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CxL aunque en sus discursos clama “estar abierta” a la participación de otros ciudadanos y organizaciones, omitió un llamado a la unidad con la descabezada Coalición Nacional y se limitó a repetir que continuarán preparándose por su cuenta para las elecciones de noviembre próximo.

Discurso anti-izquierda

Noel Vidaurre, precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana, expresó a Expediente Público que “la unión debe ser entre los que comulgamos con los mismos principios y valores, estamos cansado del sandinismo y la izquierda que ha gobernado al país en los últimos años y solo ha traído luto, llanto, miseria y dolor, esa gente en la Coalición quieren un sandinismo sin Ortega”.

Vidaurre expresó que el otrora Movimiento Renovador Sandinista (MRS), hoy Unión Democrática Renovadora, controla la Coalición Nacional y está en la cúpula del PRD con distintos valores y principios morales de la Alianza Ciudadana.

“Es falso que CxL haya tenido injerencia en la cancelación de este partido, lo que se ha pretendido es que haya opciones para que la izquierda, el MRS y los socialistas del siglo 21, tengan su casilla y demuestren que son capaces de conquistar el voto del pueblo y no digan que son líderes de la democracia, cuando es lo contrario”, indicó Vidaurre.

El MRS es un partido de izquierda que se desligó del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1995, cuando participaron en una reforma constitucional desde el parlamento a la par de un sector de la Unión Nacional Opositora (UNO).

El Partido Liberal Independiente (PLI) y el MRS mantuvieron una alianza en las elecciones generales de 2011 y estaban dispuestos a continuarla en 2016, pero en esta última sufrieron el boicot del CSE, que los eliminó de la contienda cívica.

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Hijos de PLI

Un base del PLI formó CxL al perder la personería jurídica su líder de entonces, Eduardo Montealegre, en 2016.

El MRS ya había sido cancelado en 2008; en 2021 se distanció de su pasado sandinista y cambió su nombre por Unión Democrática Renovadora (Unamos), actualmente es miembro del conglomerado de organizaciones civiles llamada Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), a la vez integrante de la Coalición Nacional junto al Movimiento Campesino, el PRD y anteriormente el partido indígena Yatama (Hijos de la Madre Tierra, en misquito).

Vidaurre, candidato presidencial por los conservadores quien en 1996 solo obtuvo un 2.2% de votos, renunció a su candidatura en 2001 cuando marcaba el tercer lugar en las encuestas (20% de intención de votos), precisamente por su negativa a aliarse con el MRS; finalmente las elecciones las ganó Enrique Bolaños por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), partido al que se unió posteriormente para renunciar en 2016 por conflictos alrededor de su nueva candidatura presidencial.

Vidaurre deslegitimó a Expediente Público la influencia de la Coalición como bloque opositor.

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Recomendó a la Coalición Nacional buscar otras casillas, no solo la de la Alianza Ciudadana, porque además compiten el PLC, la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el PLI y la Alianza por la República (APRE), partidos colaboracionistas con Ortega.

“Masacre” de partidos y candidatos

Por su parte Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial por la Alianza Ciudadana, se solidarizó con los partidos cancelados: “así como asesinó a ciudadanos en las calles, está asesinando a agrupaciones políticas”, argumentó.

En entrevista con Expediente Público, Chamorro dijo que “si no nos unimos nos van a colgar por separado” y pidió cerrar filas en cuanto a la existencia de partidos políticos.

A pesar que CxL obtuvo 4.5% de votos en las últimas elecciones regionales del Caribe en 2019, es el heredero político del PLI que llevó al banquero Eduardo Montealegre a disputar el liderazgo de la oposición hasta obtener 31% de votos en 2011.

Después el PLI fue descabezado de la contienda electoral en 2016 cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE), traspasó la personería jurídica del partido a un dirigente menor que abrió un litigio por el control de la razón social y dejó sin posibilidad de competir al banquero y exfuncionario gubernamental de los expresidentes Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños.

Cadena de derrotas y partidos cancelados

En 2008 Montealegre también perdió la presidencia de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), después de quedar en segundo lugar en las elecciones de 2006, dividiendo el voto opositor y otorgando la victoria a Ortega.

Igualmente, un litigio con un miembro de la directiva del partido lo dejó sin partido, sin embargo, compitió a través del Movimiento Vamos con Eduardo en alianza con el PLC, como candidato a alcalde de Managua, en una elección donde hubo claras señales de fraude y no le fue otorgada la victoria.

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La personería jurídica del PRD fue anulada el 18 de mayo por una impugnación hecha por un grupo de supuestos pastores evangélicos que argumentaron una alianza con grupos proaborto y favorables al matrimonio igualitario.

El PRD no es un partido denominacional, pero tiene influencia de líderes evangélicos, sin embargo, ninguno de ellos está entre quienes solicitaron su cancelación, según indicó a diferentes medios de comunicación el presidente de la agrupación Saturnino Cerrato, quien someterá a revisión ante el CSE la cancelación de su partido.

Cancelado por adelantado

El PC había anunciado que desistiría de acudir a las elecciones por la falta de garantías, por lo cual fue suspendida su personería jurídica en un procedimiento expedito. Los conservadores también pidieron revisión de su caso ante el CSE.

Otro proceso de impugnación contra CxL y el PRD fue abierto en el CSE en octubre de 2020, en este caso, un exabogado parlamentario sandinista, Luis Argüello, adujo que ninguno de estos partidos había presentado elecciones de juntas directivas en todos los municipios, como lo establece la ley de partidos políticos.

Sobre este caso, el Poder Electoral nicaragüense no se ha pronunciado.

Vidaurre, abogado de profesión, explicó a Expediente Público que no había una verdadera causal contra el PRD, la acción tiene como objeto arruinar la competencia democrática y ahogar a los partidos con amenazas de si no se comportan en la línea de Ortega van a perder la posibilidad de competir.

Acusaciones a EE.UU.

La cancelación del PRD se dio a conocer el 18 de mayo por la noche, cuando Ortega, acompañado de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, así como funcionarios, jefes militares y policiales, increpó al embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, acusándolo de promover candidatos presidenciales.

Durante un acto partidario por el natalicio del guerrillero Augusto C. Sandino, Ortega señaló directamente al diplomático: “que no se meta, como se anda metiendo, postulando candidatos, presionando a partidos políticos para que acepten el candidato que quiere el yanqui (Estados Unidos)”, además, increpó a “otros embajadores que viven haciendo reuniones en sus embajadas con grupos políticos”.

La última declaración pública del embajador de EE. UU. en Nicaragua fue hace casi un mes, el 22 de abril, para anunciar en las redes sociales un intercambio entre músicos nicaragüenses y estadounidenses. Sobre las acusaciones no se pronunció Sullivan ni ningún otro funcionario del gobierno de Joe Biden.

Sin embargo, un tuit de la subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung resume la posición oficial de Estados Unidos: “Al cancelar arbitrariamente el estatus legal de un partido político de oposición, el Consejo Electoral de Ortega está socavando el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus líderes y la credibilidad del proceso electoral”.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado reforzó esa posición al expresar, en sus redes este 20 de mayo, que “las elecciones libres y justas se ven desvirtuadas cuando los medios independientes están bajo asedio y los líderes de la oposición no pueden postularse” en Nicaragua.

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¿Pacto gran capital-orteguismo?

La cancelación de la plataforma electoral de la Coalición Nacional y la continuidad en la carrera de CxL, crea suspicacia entre los opositores y algunos analistas que temen un pacto por debajo de la mesa, entre el gran capital y Ortega.

Un panorama de oposición dividida como en las elecciones de 2006 parecía más beneficioso para el régimen, pero analistas como el sociólogo Óscar René Vargas, prevén la tesis del “orteguismo sin o con Ortega”, particularmente porque los empresarios han sido aliados del régimen nicaragüense desde 2008. Aunque luego de la represión de la Policía y paramilitares a las manifestaciones sociales que estallaron en abril del 2018, ese “modelo de diálogo y consenso” se fracturó entre el sector empresarial y el gobierno.

“¿Enfrentamos el riesgo de que la lucha por la democracia sea cooptada, no solamente por los representantes políticos del gran capital y sus soluciones: la salida al suave, el despegue, cohabitación, etcétera; sino también por los políticos tradicionales, zancudos elegantes o conservadores de la extrema derecha?”, cuestionó Vargas en entrevista con Expediente Público.

Una de las acciones que hacen temer un acuerdo secreto, es la aparición de Arturo Cruz Sequeira como precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana; Cruz fue un operador político del empresariado con el gobierno de Ortega, de hecho, fue el primer embajador de Ortega en Washington entre 2008 y 2009.

Cruz sorprendió con su precandidatura no tanto porque en el ámbito público es poco conocido, sino, porque había sido una figura de oposición invisible desde 2018 y antes de eso un operador político-ideológico entre el empresariado y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

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La tesis del aterrizaje suave

Cruz Sequeira propuso en 2018 el “aterrizaje suave” para Ortega, es decir, una salida política al gobierno de Ortega por medio de elecciones, a pesar de los crímenes de lesa humanidad cometidos y documentos por organizaciones internacionales de derechos humanos.

“Hace muchos años que existe la idea del modelo público-privado, que está interesado en mantener el autoritarismo responsable, ideado por Arturo Cruz, y proponen políticas de desarrollo basado en el modelo del capitalismo de amiguetes”, critica Vargas.

Por eso, la candidatura de Cruz ha sido rechazada, por ejemplo, por el influyente Movimiento Campesino, pues fue uno de los impulsores políticos y económicos del canal interoceánico que amenazaba a miles de propietarios con expropiaciones y confiscaciones.

“Hay partidos políticos, como CxL, que piensan participar en las elecciones con o sin reformas proponiendo un “orteguismo con o sin Ortega”, llegando al extremo de proponer una especie de dictadura “responsable”, idea con la que especuló a finales de la década de los años treinta del siglo pasado en relación a Somoza García”, expone Vargas.

Cruz es doctor en Historia por la Universidad de Oxford e hijo de un connotado líder de la contra en la década de los ochenta y luchador antisomocista, Arturo Cruz Porras.

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En la Alianza Ciudadana también está José Adán Aguerri, quien como ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) es una de las figuras que se identifica más con la alianza del gran capital y los empresarios con el orteguismo.

Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial por la Alianza Ciudadana, fue hasta 2019 director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), el centro de investigación del sector privado en Nicaragua.

¿Hundimiento del país?

Bosco Matamoros, analista político, usa la analogía del Titanic para visualizar la situación no solo de la oposición en Nicaragua, también de los empresarios, actores sociales y el mismo gobierno.

“Estamos rodeados de iceberg y cualquier desviación puede producir una catástrofe, el hundimiento de todos estos actores, una reacción de la comunidad internacional llevaría al aislamiento integral del país, tanto financiera, política como diplomáticamente, en ese sentido, la estrategia de Ortega tiene elementos altamente riesgosos para el futuro del país y el futuro de su partido”, indica Matamoros a Expediente Público.

Por otra parte, la oposición que se obsesionó con las candidaturas se olvidó de las reformas electorales y la construcción de alianzas, lo cual desemboca en la inhabilitación de partidos dice Matamoros, agregando que se manifiesta la debilidad de Ortega y a lo interno del FSLN, cuya cohesión se tambalea.

“La incertidumbre que tiene el partido de gobierno y el mismo Daniel Ortega es saber cuál es su futuro, porque este modelo está agotado en Nicaragua y de cara a la comunidad internacional, de continuar así este proceso, perderá legitimidad, si Ortega es reelecto bajo estas condiciones será rechazado, señalado como ilegitimo”, sostiene.

Nicaragua requieren el concurso de la mayoría de actores políticos y sociedad civil, “es el momento de terminar con los señalamientos y acusaciones, con esa lucha intestina horizontal que ha caracterizado a la oposición”, aconseja Matamoros.

El analista también señala el agotamiento del país y la comunidad internacional ante las posiciones y acciones de Ortega.

“Llamar y denunciar que hay presencia de la comunidad internacional tratando de armar una confabulación para derrotarlo electoralmente demuestra una falta de argumentos, hay una enorme sospecha que detrás de este discurso está la búsqueda de una plataforma para poder aterrizar en una forma sostenible para su sobrevivencia, pero esto parte de un acuerdo con los norteamericanos y la comunidad internacional”, advierte.

Matamoros concluye que es “típico” de Ortega llevar las cosas al borde de la implosión, del precipicio, para tratar desde esa posición de fuerza buscar una salida, y a corto plazo mostrar que tiene el control del país, “mientras tanto no habrá inversión y la marca país quedará desintegrada”.

“Las alternativas que quedan son el titanic, no hundimos todos, o perdernos en un desierto donde no existe nadie para contrarrestar” el mal rumbo, reitera el analista.