*El Consejo Supremo Electoral entregó también onerosos desembolsos a los partidos colaboracionistas. Solo Camino Cristiano Nicaragüense todavía no recibe reembolso y corre peligro de perder su personería jurídica.
**Urnas Abiertas reporta irregularidades en el proceso de Verificación Ciudadana que se desarrolla en línea.
**Expediente Público consultó con el magistrado electoral Leonzo Knight Julian, pero evitó responder a esos cuestionamientos.
Expediente Público
El Consejo Supremo Electoral (CSE) convocó a elecciones municipales tardíamente en Nicaragua y el proceso no da muestras de ser transparente con un poder del Estado que sigue favoreciendo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) recibió 609.8 millones de córdobas (US$17.1 millones) en concepto de “reembolso de campaña” tras los cuestionados comicios generales de 2021 en un país que sigue sumergido en una crisis sociopolítica, donde prevalece un ambiente represivo y donde miles siguen el camino del exilio.
El CSE destinó de su presupuesto una partida de 803.9 millones de córdobas (US$22.6 millones) para el “reembolso de campaña” a los partidos políticos y favoreció al FSLN con 609.8 millones de córdobas (US$17.1 millones), según datos analizados por Expediente Público provenientes del Informe de Ejecución Presupuestaria Enero-Junio 2022.
El resto de organizaciones políticas colaboracionistas también recibieron un desembolso por la farsa electoral. A la fecha, el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) es el único que no recibe los 26.2 millones de córdobas (US$738,192.9) que le corresponde por los gastos de campaña como la Ley Electoral establece. Además, corre el riesgo de no participar en los comicios municipales del próximo 6 de noviembre en Nicaragua, incluso de perder su personería jurídica.
Solo a CCN le «deben» reembolso
El reembolso, que ya se hizo efectivo, se entregó a las organizaciones políticas de acuerdo al “porcentaje de los votos válidos” que obtuvieron en las elecciones generales de 2021. El presidente de Camino Cristiano Nicaragüense, Guillermo Osorno, fue el único excandidato presidencial que el año pasado denunció anomalías en el proceso electoral.
En entrevista con Expediente Público, Osorno reconoce que el partido está limitado para poder participar en los comicios municipales de noviembre próximo en Nicaragua.
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“Eso nos está impidiendo participar y no vemos ninguna garantía. Si no nos han reembolsado el dinero del año pasado y le pagaron a los demás partidos y a nosotros no nos pagan, ese es el problema que estamos teniendo. Entonces, no veo muchas señales de que vayamos a participar”, dijo Osorno.
Los datos oficiales del CSE muestran que Camino Cristiano Nicaragüense obtuvo 89,853 votos en el proceso electoral de 2021 celebrado en el país centroamericano, lo que equivale al 3.26% de los votos válidos.
¿Quedará excluido Camino Cristiano?
Para Osorno es un “capricho” de las autoridades electorales, tomando en cuenta que esa partida fue aprobada y consta en el Presupuesto General de la República (PGR).
“Este es un capricho realmente porque es dinero ya presupuestado (…) Qué entusiasmo uno puede tener para participar en un proceso electoral donde no ves cumplimiento por parte de uno de los poderes del Estado, como es el Consejo Supremo Electoral”, cuestionó Osorno.
El político afirma que el partido está haciendo un “esfuerzo” para participar en la jornada electoral de este año para evitar que les quiten la personería jurídica.
El artículo 59 de la Ley Electoral establece seis causales de cancelación de personería jurídica, entre ellas, “no participar en las elecciones que se convoquen”.
Osorno afirma que “la gente tiene miedo de participar” en las elecciones por el grave deterioro de los derechos humanos en el país. Esa situación y la asfixia económica que vive el partido les ha obligado a replantearse su situación en el seno del partido de cara al proceso electoral 2022.
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“Hay una posición del partido que si no hay cómo participar y no nos han pagado y si tienen que cancelar la personería jurídica, que la cancelen. Desde el año pasado nos han venido tratando muy mal y nos han estrangulado por todos lados”, manifestó Osorno.
En las elecciones pasadas, el CSE había reconocido a Camino Cristiano un escaño en la Asamblea Nacional por el departamento de Managua. Pero el mismo, en el conteo final, fue arrebatado por las autoridades electorales, afines al régimen sandinista. Esto es interpretado como una represalia por las anomalías denunciadas por el excandidato presidencial.
Reembolso a colaboracionistas
La reforma electoral aprobada en mayo de 2021 eliminó el requisito para los partidos políticos de lograr por lo menos un 4% de los votos para acceder al reembolso.
El reembolso es dinero que proviene de una asignación presupuestaria del 1% que destina el Estado en el PGR.
El observatorio independiente Urnas Abiertas, advierte que la ley no específica que para acceder al mismo se debe demostrar contra factura los gastos en los que incurrió cada partido.
Señalan que la Contraloría General de la República (CGR), organismo rector del sistema de control de la administración pública, está obligado a fiscalizar los bienes y recursos del Estado. Se debería aprobar el reembolso basado en lo que el partido demuestre que gastó, aunque el porcentaje de votos le permitiese un techo de financiamiento mayor.
De acuerdo al conteo oficial del CSE, el FSLN obtuvo un total de 2,093,834 votos válidos en la “pantomima” de elecciones de 2021 que permitió la reelección de Ortega y Murillo con el 75.87% del escrutinio oficial. Eso le aseguró al partido sandinista recibir la mayor parte del dinero del reembolso.
Las cuentas del CSE para favorecer al FSLN
“El año pasado eliminaron el mínimo de acceso del 4% de votos para poder acceder al reembolso. Al eliminar esto lo que están normando es que cualquier partido que participe va a recibir de todas formas un reembolso, ya no les ponen un mínimo. Por tanto, eso también son prebendas y son motivaciones que les dan a los mismos partidos colaboracionistas de participar sin que se sientan presionados de que, aunque no lleguen a ese 4%, de todas formas van a tener acceso a ese reembolso”, señaló Olga Valle, directora de Urnas Abiertas.
La misma reforma electoral de 2021 eliminó la posibilidad de que los partidos políticos apliquen a financiamiento proveniente del exterior. Es decir, tampoco se permiten las colectas populares para recaudar fondos para gastos de campaña.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), constituida la segunda fuerza política en el país gracias al pacto con el FSLN, obtuvo un reembolso de 115,193,192 córdobas (US$3.2 millones) por el 14.33% de los votos.
A la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) se le reembolsó una partida de 25,000,057.9 córdobas o el equivalente a 704,226.98 dólares.
La Alianza por la República (APRE) obtuvo 14,067,556.7 córdobas (US$396,269.2) y el Partido Liberal Independiente (PLI) un total de 13,585,240.5 córdobas (US$382,682.8).
“Es muy difícil para la ciudadanía común y corriente tener esa información por el manejo opaco que hace por un lado la autoridad electoral y por el otro los partidos políticos que no transparentan esta información”, denunció Valle.
Irregularidades empañan elecciones municipales
El CSE igual que el resto de instituciones del Estado no rinde cuentas de su presupuesto de 1,823.1 millones de córdobas o 51.3 millones dólares. A menos de tres meses de las elecciones municipales solo se sabe que se ha gastado 61.8% de los recursos que le fueron asignados en el PGR 2022.
Ese porcentaje equivale a 1,127 millones de córdobas (unos 31.7 millones de dólares) devengados y que le falta por ejecutar 696.1 millones, según el informe de Hacienda.
El 16 de agosto, el CSE a través del diario oficial La Gaceta oficializó la convocatoria a las elecciones municipales bajo las mismas reglas del régimen y con una demora notable, cuando faltaban menos de tres meses.
Posteriormente, el organismo electoral divulgó el calendario electoral en el que se marcan las fechas de un proceso “exprés” que no garantiza la verdadera participación o fiscalización.
“Se necesita un proceso que cumpla con las garantías y los principios democráticos. Por una parte, que se levante el estado policial, que las libertades fundamentales sean respetadas, que se respete la voluntad del votante en el sentido que no haya coacción del voto, que se liberen a las personas presas políticas. Se necesitan autoridades electorales independientes e imparciales”, dijo Valle.
Verificación solo online
El proceso de inicio está marcado por una serie de irregularidades, como la jornada de Verificación Ciudadana online promovida por el CSE desde el 18 de agosto. Consiste en que los ciudadanos ingresan al sitio web de la entidad electoral y en un link específico colocan su número de cédula y un código que trae ese documento para conocer en que Junta Receptora de Votos le toca ejercer el sufragio.
Urnas Abiertas denunció que los operadores del régimen están obligando a los docentes del Ministerio de Educación (Mined) y trabajadores del Ministerio de Salud (Minsa) a participar en esa jornada y están pidiendo listas a las instituciones.
La lista de las personas verificadas en línea se envía a los secretarios políticos y los trabajadores envían una captura de pantalla a sus jefes inmediatos. Otro segmento de trabajadores se verifica de forma presencial en los centros de cómputos habilitados, denunció Urnas Abiertas.
Consultado por Expediente Público el magistrado del CSE, Leonzo Knight Julian, evitó referirse sobre las irregularidades que opacan el proceso electoral municipal. “Discúlpame, no estoy en condición ahorita, estoy ocupado ahorita y tal vez llama a las otras autoridades, como a la presidenta del Consejo Supremo Electoral, por favor”, dijo antes de que se le pudiera hacer cualquier otra consulta.
Las elecciones municipales son un mecanismo para elegir a alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país.
En la convocatoria el CSE advierte que las organizaciones políticas además de cumplir con la Constitución Política y la Ley Electoral, deben seguir lo estipulado en la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley 1055, conocida como Ley de Soberanía, dos instrumentos que el régimen sigue utilizando para cancelar organizaciones no gubernamentales y encarcelar cualquier voz disidente.
