*Presos políticos en Nicaragua han sido torturados, golpeados, no les permiten visitas familiares y han pasado más de tres meses incomunicados.
**En Venezuela a una mujer le arrancaron las uñas y el cuero cabelludo y le colocaron bolsas plásticas en su cabeza para asfixiarla, como parte de las torturas.
Expediente Público
Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violación al debido proceso, negación del derecho a la defensa, incomunicación de los detenidos con sus abogados y sus familiares, son patrones de las constantes violaciones de derechos humanos que sufren las personas presas políticas y se repiten tanto en Venezuela como Nicaragua con los regímenes de Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
Emirlendris Benítez, una comerciante de origen venezolano, es una de las personas presas políticas del chavismo, que tuvo la desdicha de estar en el lugar y la hora equivocada al momento de su aprehensión.
Benítez enfrenta actualmente una condena de 30 años de cárcel por su supuesta vinculación con el magnicidio frustrado contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018 cuando se celebraba el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas.
La condena fue dada a conocer el 3 de agosto de 2022 y en el mismo caso fueron sentenciadas 16 personas más con penas que van desde los 5 hasta los 30 años de prisión, pena máxima en Venezuela.
Le provocaron aborto
“Cuando es detenida ni siquiera sabía qué era un dron ni sabía el significado de magnicidio. Esta muchacha ha sufrido tan terribles torturas que al día de hoy ya no puede caminar, estaba embarazada, y ellos la golpearon tan salvajemente hasta que abortó”, dijo a Expediente Público la abogada Martha Tineo, cofundadora y coordinadora general de la organización no gubernamental Justicia Encuentro y Perdón.
La comerciante fue detenida cuando acompañaba a su pareja, Yolmer Escalona, en un servicio de taxi en el estado de Portuguesa.
El régimen de Maduro mantiene en prisión al menos a 312 personas por motivos políticos.
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Las detenciones arbitrarias
A diferencia de lo que ocurre en Nicaragua donde el régimen canceló a más de 3,000 organizaciones sin fines de lucro –y también organismos de derechos humanos- en Venezuela a pesar de los riesgos que conlleva, todavía quedan algunas organizaciones no gubernamentales que junto a los pocos medios de comunicación independientes visibilizan la dramática y grave situación que viven los presos de conciencia.
Tineo, que conoce muy bien la situación que enfrentan en el país centroamericano los 235 presos políticos del régimen de Ortega, señala que son “casos muy similares”, en países distintos, pero con una “misma realidad” en la que se repiten las mismas violaciones de derechos humanos.
“Primero una detención arbitraria, son detenidos sin que medie una orden judicial que es lo que podría permitir la detención de una persona o que estuviera cometiendo un delito en flagrancia, ninguno de esos dos supuestos ocurre. Sigue, por lo general, con desapariciones forzadas de corta o mediana duración”, explicó Tineo.
Las detenciones efectuadas por el régimen de Ortega en 2021, previo al contexto electoral, por lo general se llevaron a cabo sin órdenes judiciales y en horas de la noche.
Las torturas en Ramo Verde
El periodista Carlos Julio Rojas, que se presenta como un luchador social, en 2017 estuvo detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, acusado de “traición a la patria”, una prisión ubicada en los Teques del Estado Miranda, donde los detenidos sufren las peores vejaciones.
“Para ellos era más peligroso que yo tuviera papel y lápiz, que un arma de fuego”, dice Rojas en entrevista con Expediente Público.
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El activista de derechos humanos reconoce que la actual situación de los presos políticos en Venezuela es “muy grave”.
“Te puedo decir por mi propia experiencia que no es solamente la tortura física, que te caigan a golpes, sino la tortura sicológica, que te quiten el agua durante cuatro días y solo tenga un poco para mojarte los labios, que no puedas evacuar, que te golpeen, que te pongan electricidad en la cabeza y sobre todo la tortura sicológica”, describió Rojas.
En Ramo Verde, Rojas pudo ver a jóvenes que estaban en contra de la dictadura chavista, pero por las “torturas y el amedrantamiento sicológico” se convirtieron en “patriotas cooperantes”, es decir en “sapos delatores”.
En Nicaragua, los presos políticos también sufren aislamiento, falta de luz solar, largos periodos de incomunicación, interrogatorios constantes, hambre y falta de medicinas.
“Son gobiernos hermanos en la represión, lo que en Nicaragua han vivido con la dictadura de Daniel Ortega y su esposa (Rosario Murillo) o lo que nosotros hemos vivido con la dictadura de Nicolás Maduro y el poder que tiene Cilia Flores (esposa de Maduro), hay muchas similitudes. Es un patrón de represión que lo copian de gobiernos autoritarios como el caso de Cuba, es un guion de represión para mantenerse en el poder”, señaló Rojas.
Rojas sostiene que la mayoría de presos en Venezuela son militares que están en condiciones “inhumanas y torturados”.
Presos sufren torturas “escalofriantes”
Tineo, sin embargo, asegura que en Venezuela se cometen las “torturas más escalofriantes” como “colocar a una mujer en una celda de castigo dos por dos llenas de aguas negras y ratas para que las ratas muerdan sus piernas”, es decir en las cárceles ocurren situaciones contrarias a la condición humana.
“Me temo que se ejecuta el mismo patrón, solo que en Venezuela lo hemos logrado documentar desde 2014 (…) Muchos de ellos han quedado con patologías crónicas como consecuencias de las torturas o de las mismas condiciones de hacinamiento”, señaló la abogada venezolana.
Ambas dictaduras mantienen en prisión a personas que se dedicaban únicamente a defender derechos como el caso del profesor universitario venezolano, Javier Tarazona o la abogada María Oviedo, de Nicaragua.
“Los presos políticos venezolanos no son políticos como ocurre en Nicaragua en la mayoría, sino personas que en un momento determinado o por el ejercicio de su trabajo o por disentir, o por opinar, simplemente están en prisión política y eso es similar a lo que ocurre en Nicaragua”, enfatizó Tineo.
Le arrancaron cuello cabelludo
A la docente Ángela Lizbeth Expósito Carrillo, presidenta de Fundanimalia una oenegé encargada de ayudar no solo a los animales de la calle, sino de proteger a las mascotas de perseguidos políticos fue detenida el 22 de septiembre de 2018 y recluida en El Helicoide, donde funciona la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la prisión más cruel del régimen chavista.
Expósito Carillo, una ciudadana española que fue nacionalizada en Venezuela, fue condenada el 4 de agosto de 2022 a 24 años de prisión por el mismo caso en el que se sentenció a Emirlendris Benítez.
“A esa mujer la tuvieron desaparecida por casi un mes. Le arrancaron las uñas y el cuero cabelludo y le colocaron bolsas plásticas en su cabeza para asfixiarla, como parte de las torturas», señaló Tineo.
Su caso fue expuesto el 19 de septiembre del 2022, en el marco del 77 ° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el evento “Retratos Humanos: Historias de Presos Políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.
En el evento participaron las organizaciones de Derechos Humanos Cuba Decide (Cuba), Sé Humano (Nicaragua) y Justicia, Encuentro y Perdón (Venezuela), las que demandaron la libertad de los presos políticos en estos países.
Desapariciones forzadas
En ambos países, los aparatos policiales que actúan siguiendo órdenes desde el más alto nivel, ocultan a las víctimas dejándolas fuera del alcance de la protección de la ley, mientras sus familiares sufren angustiados, sin saber si todavía viven.
La abogada de Justicia Encuentro y Perdón enfatizó que en el caso venezolano pueden pasar “días, semanas e incluso meses sin que se conozca el paradero” de las personas detenidas arbitrariamente.
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En Nicaragua, las personas detenidas en el contexto electoral 2021 estuvieron desaparecidas por varias semanas, tiempo en el que sus familiares no supieron dónde estaban, como ocurrió con la activista y presidenta de la Unión Demócrata de Nicaragua (Unamos), Suyén Barahona, encarcelada el 13 de junio de 2021.
“Pasamos casi tres meses que no sabíamos absolutamente nada de ellos (los presos políticos), nada de Suyén. Al principio solo nos permitían (llevar) galletas, después solamente agua, luego empezaron a recibir algunos jugos, pero pasamos tres meses hasta que la abogada la pudo ver, hasta que permitieron la primera visita”, dijo a Expediente Público César Dubois, esposo de Barahona.
Violaciones al debido proceso
En Venezuela como en Nicaragua a las personas presas por motivos políticos se les violan sus derechos sistemáticamente y sufren dilaciones en los procesos judiciales.
“Hay una violación flagrante al debido proceso, son presentados por lo general fuera de los lapsos procesales ante los tribunales, en la mayoría de los casos son presentados a unos tribunales contra el terrorismo”, señala Tineo.
A finales de octubre de 2021, los juicios contra los presos políticos en el país centroamericano fueron suspendidos, luego que los jueces alegaron “sobrecarga laboral” hasta que los retomaron en febrero de 2022, pero aún durante el proceso no se les permitió a los detenidos hablar con sus abogados.
“La abogada la vio solo brevemente durante el juicio y las visitas han sido realmente muy espaciadas (…) Todos son inocentes y todos tienen que estar en libertad, esa es nuestra primer demanda”, insistió Dubois.
En Venezuela, igual que en Nicaragua, son acusados por “traición a la patria”, el delito común que presentan ambos regímenes contra opositores.
“Por lo general todos son acusados de traición a la patria, asociación para delinquir, instigación al odio (…) Presentados también siempre por los mismos fiscales, inician unos procedimientos plagados de violaciones al debido proceso, acusaciones sumamente tardías”, denunció Tineo.
Imponen condenas excesivas
En Nicaragua, las personas pasan detenidas más de tres meses hasta que la Fiscalía, que dirige la exsubdirectora de la Policía Nacional, Ana Julia Guido, una figura clave dentro del esquema de represión judicial del régimen, presenta las acusaciones a los jueces que logran ascensos por la lealtad a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La situación es más dramática para los venezolanos ya que pasan “tres o cuatro y hasta cinco años, sin que ni siquiera se haya presentado una acusación formal en su contra”.
“Cuando son acusados, son juicios totalmente dilatados y cuando ocurre el juzgamiento, por lo general se impone la más alta pena que está establecida en nuestro ordenamiento jurídico que es de 30 años”, apuntó Tineo.
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En ambos países, los presos políticos son condenados con pruebas falsas, es decir “sin que se logre demostrar la responsabilidad penal de las personas por los delitos que son acusados”.
El 9 de diciembre de 2022, la justicia venezolana se ensañó nuevamente con otros reos de conciencia. El matrimonio conformado por María Auxiliadora Delgado Tabosky, de 46 años, de nacionalidad española y Juan Carlos Marrufo Capozzi (49 años), un militar venezolano retirado con nacionalidad italiana condenados a 30 años de prisión.
Ambos fueron arrestados el 20 de marzo de 2019 tras ser relacionados con el supuesto ataque de drones contra Maduro y el asalto al Fuerte Paramacay por delitos de asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
El 2 de octubre de ese mismo año fueron excarcelados, pero cuando eran trasladados en una camioneta de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (policía política-DGCIM) en Caracas, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) los llevó de regreso a la cárcel con nuevos delitos: terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir, homicidio de tipo frustrado, entre otros delitos imputados.
