*Una comisión parlamentaria de nueve diputados del oficialista Libre impuso a Fiscal General y Fiscal adjunto «interinos», ambos fieles al Gobierno de Honduras.
**Se avizora el funcionamiento del Legislativo en dos facciones, “lo que supone la existencia de un país sin certeza jurídica”, señala el Cespad.
***Legislativo desconoce sesión de diputados de la oposición y crea Comisión Permanente, cuya primera medida es nombrar autoridades del Ministerio Público.
Aimée Cárcamo y Sharon Ardon
Expediente Público
Después de dos meses sin sesionar y en medio de una institucional múltiple, el Congreso Nacional de Honduras nombró este miércoles 1 de noviembre a los abogados Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscal general y adjunto interinos, respectivamente.
Zelaya y Morazán responden a los intereses del partido Libre que gobierna en Honduras.
Al nombramiento de Zelaya y Morazán seguirían múltiples recursos de nulidad, señalaron varias fuentes.
Ambos elegidos son parte de la nómina de cinco candidatos que la Junta Proponente envió el pasado 1 de agosto al Legislativo, que debía elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público a más tardar el 31 de ese mes, pero no hubo consenso.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
Partidos de Honduras y el pleito por los fiscales
La falta de acuerdos entre el partido Libertad y Refundación (Libre) y los partidos de la oposición (Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras) ha degenerado en una crisis institucional y jurídica, advirtieron expertos consultados por Expediente Público.
La bancada de Libre proponía para fiscal general y adjunto a Zelaya y Marcio Cabañas, respectivamente, mientras los opositores apoyaban a Cabañas y Jenny Almendares.
Además, la elección ocurrió un día después varios incidentes violentos que se registraron en el Congreso Nacional, cuando los partidos de la oposición, aglutinados en el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), se autoconvocaron para una sesión en la que extendieron el periodo ordinario de sesiones hasta el 24 de enero.
Según la ley orgánica del Congreso Nacional, el periodo ordinario de sesiones inicia el 25 de enero y concluye el 31 de octubre de cada año.
Además: Relatora especial de la ONU advierte de riesgo elevado para la libertad de expresión en Honduras
Violencia en Congreso de Honduras
En un aparente intento para impedir la sesión de los partidos de oposición, los guardias de seguridad del Congreso mantuvieron encerrados a varios de los parlamentarios e impidieron el ingreso a otros que se encontraban en las afueras del edificio legislativo.
La situación escaló con la llegada de miembros de los colectivos de Libre, quienes agredieron a diputados del Partido Nacional, entre ellos Antonio Rivera, cuya imagen con el rostro ensangrentado circuló en algunos medios.
También trascendió un video del diputado del mismo partido, Mario Pérez, amenazando con una pistola a un guardia de seguridad, que supuestamente pretendía abrir el portón a los colectivos de Libre que estaban afuera del Congreso.
Estos hechos generaron la reacción de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Honduras, con un llamado al diálogo, a la que se sumaron en las horas siguientes el sector privado y la sociedad civil.
Nueve diputados imponen al Fiscal
A eso de las 9 de la noche, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, informó de un plan de sacar una renuncia falsa en su nombre y que tenían información que ese día personas particulares iban a pretender ingresar para “fraguar su plan de desestabilizar este poder del Estado”.
Cerca de la medianoche, el Legislativo publicó un comunicado de la instalación y designación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, con base en los artículos 207 de la Constitución y 26 de la ley orgánica del Poder Legislativo, con lo que desconocían la sesión realizada por los partidos de oposición.
Una de las facultades de la Comisión Permanente, que funciona mientras dura el receso legislativo, es la de “elegir interinamente en caso de falta absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional”.
No obstante, para el director de seguridad y justicia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, de acuerdo al artículo 80 de la ley orgánica del Congreso Nacional, el Ministerio Público no se encontraba acéfalo y por lo tanto no correspondía el nombramiento de fiscales interinos, sino una elección como manda la Constitución con 86 votos.
Lea también: Congresistas de Estados Unidos critican el «socialismo nepótico» en el Gobierno de Honduras
Avalancha de recursos de nulidad
El abogado constitucionalista, Leonel Núñez, dijo a Expediente Público que el nombramiento del fiscal general y adjunto interinos “goza de nulidad total” y dejará a la sociedad hondureña en un estado de indefensión ante el crimen organizado y común.
Esto, porque los fiscales no podrán ejercer la acción penal de manera efectiva debido a la incertidumbre sobre quiénes ocupan estos cargos.
“Es sumamente preocupante que la clase política hondureña nos está llevando hacia un abismo en el cual sabemos cómo estamos entrando, pero desconocemos la manera en la que vamos a salir”, refirió el abogado.
El escenario futuro que anticipa Núñez incluye una avalancha de recursos de nulidad presentados por abogados privados y defensores públicos contra las acciones del Ministerio Público, debido a que “la forma en que se llevó a cabo la elección de los fiscales carece de validez legal”.
Le puede interesar: Ocultando cifras y copiando modelos fracasados, así lucha el Gobierno contra la pobreza en Honduras
Deformación de la democracia
De su lado, Madrid se refirió a los últimos acontecimientos como “una deformación de la democracia y del Estado de derecho”.
Explicó que la Junta Directiva del Congreso Nacional debió cumplir con la solemnidad y clausurar oficialmente la legislatura ordinaria, “y de forma previa a la clausura establecer la Comisión Permanente”.
Madrid también consideró que con el nombramiento de los fiscales interinos se estaría hundiendo al Ministerio Público en una crisis, porque los fiscales pueden desconocer a las nuevas autoridades. Además, la Fiscalía de Defensa de la Constitución deberá emitir sus propios dictámenes y verificar la constitucionalidad de los nombramientos.
Además, lamentó que Redondo haya desconocido la sesión de los diputados de la oposición, que a su criterio fue lícita.
Congreso polarizado
Al respecto, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), advirtió sobre un escenario “altamente probable, pero nada deseable”, del funcionamiento del Legislativo en dos facciones, con base en los sustentos constitucionales que el oficialismo y la oposición esgrimen.
Esto es, que la Comisión Permanente podrá emitir decisiones con base en el artículo 208 de la Constitución y el “otro Congreso”, leyes y adoptar reformas y derogaciones de marcos jurídicos hasta el 25 de enero del 2024, e incluso extender su vigencia en el tiempo, sin que sus acuerdos lleguen a ser sancionados por la presidenta Xiomara Castro, como establece la Ley.
“La situación descrita supone la existencia de un país sin certeza jurídica”, señala el Cespad.
Agendas ocultas
Para Madrid, detrás de los últimos acontecimientos en el Congreso Nacional hay una agenda oculta de “querer perpetuarse en el poder, de no respetar el equilibrio de poderes (…) se quiere tener un control absoluto de todas las instituciones a la fuerza, sin votos y sin tener, obviamente, los requerimientos necesarios”.
A su criterio, el país se encuentra en una multicrisis generada por Libre, a cuyo coordinador, Manuel Zelaya, “le gusta el caos, le gusta la crisis y obviamente ahí es donde se alimenta y donde tiene su esencia Libertad y Refundación”.
Esa agenda oculta puede venir a través de la disolución del Congreso Nacional, de la instalación de una Asamblea Constituyente, “para poder tener el poder absoluto del país, de lo contrario no hay una explicación lógica del por qué están generando esta desestabilidad en el país, sin tener los votos necesarios”.
Lea: Costa Rica y Honduras suspenden requisito de visado, pero endurecen control de seguridad
Brecha ideológica
El analista político, Lester Ramírez, manifestó a Expediente Público que la elección de fiscales interinos fue una “movida política”, pero el tema del Ministerio Público es solo una pieza en el rompecabezas y la crisis en el Congreso Nacional tiene que ver con temas “más sistémicos”.
A su criterio, hay una gran brecha ideológica que ha ido acrecentándose en este año porque “hay un temor muy fuerte del sector privado y de la comunidad internacional, de las iglesias”, de que el proyecto de Libre lleve a un autoritarismo de izquierda.
Entonces el problema tiene que ver más con el proyecto político que tiene Libre en mente “y la oposición lo que está haciendo es crear barreras, obstáculos, limitar ese poder de alguna manera u otra, esperando que lleguen las elecciones”, apuntó.
No obstante, reconoció que una preocupación del Partido Nacional ha sido también la de procurarse impunidad, como han manifestado miembros del partido Libre, y que la oposición en general tampoco ha hecho propuestas de reformas institucionales, “lo que quieren es volver a estar en el poder para disfrutar de las mieles”.
Sin embargo, consideró que Libre le está apuntando al problema y no a la causa de la corrupción, ya que no se está discutiendo sobre quiénes están financiando a los partidos políticos.
“Posiblemente lo que quiera Libre es ir más allá en un Estado de derecho frágil como el nuestro, donde la justicia es bien selectiva, se pueden iniciar investigaciones de lavado de activos y se puede terminar quitándole la personería jurídica a un partido”, como ocurre en Guatemala con el movimiento Semilla, finalizó.
