*** Investigación de Expediente Público constata los vínculos entre diputados, empresarios y funcionarios del gobierno hondureño relacionados con la nueva ley aprobada que se suma a otras creadas para beneficiar el proyecto de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Expediente Público
Posibles conflictos de intereses, falta de transparencia y violaciones al procedimiento legislativo, figuran en un proyecto de ley que pone en manos de una empresa privada creada en 2019, información valiosa relacionada con los bienes y la titulación de tierras, que algunos diputados vinculan con el proyecto de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico de Honduras.
Una investigación de Expediente Público revela en exclusiva que la empresa DelNorte, que adquirió el contrato para digitalizar todos los bienes inmuebles y trámites de titulación de tierras en Honduras, pertenece a la familia de la diputada del oficialista Partido Nacional Waleska Marlene Zelaya Portillo, quien presentó el proyecto de decreto para favorecer a esa compañía.
Como representante de la sociedad mercantil DelNorte figura Anton Gloster, de origen estadounidense, quien está casado con la hondureña Josephinne Marie Zelaya Aplícano, sobrina de la diputada Waleska Marlene Zelaya.
Además, en la empresa DelNorte labora José Zelaya Aplícano quien a su vez es asesor del Congreso Nacional hondureño. En el portal web de la compañía figura como abogado y parte del equipo ejecutivo. Se destaca que las gestiones de Zelaya Aplícano hicieron posible la aprobación del contrato entre el Gobierno de Juan Orlando Hernández y DelNorte. El empresario y asesor también trabaja para la firma de abogados de Aguilar Castillo Love (ACL). José y Josephinne Zelaya son hermanos y por tanto sobrinos de la legisladora Waleska Marlene que impulsó la ley que estableció el acuerdo que benefició al negocio familiar con el Estado hondureño.
Los hechos
El viernes 2 de julio del 2021, el Congreso Nacional aprobó dos proyectos de decreto cuyos dictámenes fueron enviados a los legisladores menos de dos horas antes de que iniciara la sesión virtual en la que fueron aprobados. Como luego denunciaría públicamente una de las bancadas opositoras, en el pleno tampoco hubo tiempo suficiente para conocer y analizar el contenido de los decretos, ya que ese mismo día fueron sometidos a votación y aprobados con dispensa de dos debates, pese a que el reglamento interno del parlamento establece que un dictamen debe discutirse en tres debates separados, salvo situación de urgencia, que no era el caso.
Fue la bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) la que denunció el lunes siguiente en un comunicado, que además de cometer faltas al procedimiento legislativo, en esa sesión se le mintió, se ocultó información y se aprobó una propuesta que contraviene el Código de Conducta Ética del Servidor Público y que además podría representar un riesgo para la seguridad de la propiedad en el país centroamericano.
No es la primera vez desde que se aprobó la legislación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que trasciende este tipo de denuncias. El 24 de mayo del 2021, con premura y sin contar con mayoría calificada, como denunciaron las bancadas del Pinu y del Partido Libertad y Refundación (Libre), fue aprobada una reforma que le otorgó beneficios fiscales adicionales al proyecto de las ZEDE.
Esta vez la denuncia se refiere a un “Contrato de donación para el uso de software para la implementación y desarrollo de plataforma de administración de la propiedad”, suscrito el 18 de mayo de 2021 entre el Instituto Nacional Agrario (INA), el ente ejecutor de la política agraria en Honduras, cuyo director es Ramón Lara, y la empresa denominada DelNorte, representada por Anton Glotser.
Lara es uno de los procesados por el caso de corrupción Pandora y está casado con la alcaldesa del municipio de Las Vegas, en el occidental departamento de Santa Bárbara, Tona Pineda, quien también es candidata a diputada por el Partido Nacional.
El proyecto de ley para la aprobación de este contrato fue presentado por la diputada oficialista Waleska Marlene Zelaya Portillo al Congreso hondureño, que nombró una comisión especial integrada por once diputados para analizar la viabilidad del acuerdo, que finalmente fue aprobado sin cumplir el proceso, según los opositores.
“Inicialmente solo éramos nueve de la comisión especial», explicó a Expediente Público la diputada del Pinu, Doris Gutiérrez.
Lea además: Honduras: Señalados de corrupción por Estados Unidos le restan importancia a “Lista Engel”
El reglamento del Congreso Nacional de Honduras manda que toda comisión legislativa debe integrarla un número impar de diputados. Pero como el proyecto para validar el contrato con DelNorte no contaba con el apoyo de la mayoría de las ocho bancadas, sumaron a dos diputados más a la comisión especial, incluyendo a otro nacionalista, para que fuesen cinco votos de los once, ya que un dictamen solo puede ser aprobado con la mitad más uno de los votos.
El sexto voto requerido fue el del diputado del Partido Democracia Cristiana, Felícito Ávila.
Al final votaron a favor del dictamen los oficialistas del Partido Nacional Mario Pérez, Diego Zelaya, Samir Molina, Obdulia Matute y Rolando Dubón, y el democristiano Felícito Ávila. Mientras que Mario Segura (Partido Liberal), Samuel Madrid (Libertad y Refundación), Karen Ortega (Alianza Patriótica) y Mario Villafranca (Unificación Democrática) se abstuvieron. El único voto en contra fue el de la diputada del Pinu, Doris Gutiérrez.
Títulos de propiedad «inteligentes»
Según el dictamen, el proyecto de decreto va orientado a la incorporación de una licencia de tecnología blockchain “facilitada en carácter de donación” por la empresa DelNorte, con el fin de “adaptar a las nuevas tecnologías digitales la manera de realizar los trámites de titulación de propiedades”.
“Primero, cuál licencia de tecnología blockchain, si eso es código abierto, eso no es una licencia que se tiene que incorporar”, dijo a Expediente Público el diputado opositor del Pinu, Luis Redondo, quien explicó que se trata de una cadena de bloques de archivos que permite guardar la información en distintos servidores de tal manera que no hay forma de modificarla.
Lea también: ¿Trabajará Washington con diputados con antecedentes de corrupción en Honduras?
Redondo descartó que la empresa DelNorte haya ofrecido como donación tecnología blockchain, ya que esta es una base de datos que no necesita intermediarios y consideró que se trata de una red privada.
Aunque el dictamen de ley habla de tecnología blockchain, en el decreto se cambia la terminología y se refiere a un contrato de donación para el uso de un software para la implementación y desarrollo de plataforma de administración de la propiedad.
El artículo 2 del proyecto estipula que los registros en esa plataforma incluirán las transacciones gubernamentales, las del ámbito privado y particular, “facilitando de esta manera el manejo de los bienes y la titulación en las diferentes instancias competentes a nivel nacional”.
Redondo recordó que los datos del INA y del Instituto de la Propiedad (IP) forman parte de un mismo sistema, “entonces nosotros concluimos que esta información va a estar en riesgo” y que “no se debe proceder con esto”.
El político sostuvo que el manejo de los bienes y la titulación de propiedades existentes en las diferentes instancias y competencias a nivel nacional “se presta para el tema de las ZEDE”, y que uno de los objetivos es “ocultar información”.
Por su parte, la diputada Gutiérrez expresó que “el Estado no puede subrogar o no puede tercerizar temas tan delicados como el territorio, que es un punto clave de soberanía nacional y de constitución de un Estado”.
Nadie vio el contrato de “donación”
El dictamen también indica que el contrato de donación entre el INA y DelNorte “tiene una duración de 48 meses”, dijo el diputado Luis Redondo, es decir que será temporaria, algo que ha llamado la atención de los parlamentarios.
De allí que la supuesta donación del software por parte de DelNorte es a criterio de Redondo “una estrategia de venta”, pero cuando toda la información de los bienes del Estado hondureño esté en manos de esa empresa y hayan pasado los 48 meses “le vamos a tener que pagar sí o sí”, pero nadie sabe cuánto debido a que se le ocultó el contrato tanto a la comisión especial legislativa que terminó validándolo como al resto del Congreso.
Sin embargo, el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó en la sesión que la comisión especial que aprobó el dictamen había leído y analizado ese documento, lo cual fue desmentido por Gutiérrez cuando se aprobó el documento y posteriormente a través del comunicado del Pinu.
“El contrato ya fue leído, analizado, por la comisión de dictamen”, afirmó Zambrano el 2 de julio.
Aprobar un contrato en esas condiciones “es darle todo lo que le ponen, y eso lo harán solo ellos, a la manera de ellos y como ellos quieran”, dijo la parlamentaria Gutiérrez a Expediente Público.
Vínculos con el Gobierno
La sociedad mercantil DelNorte fue registrada en el año de 2019 y su dominio fue modificado el 4 de junio pasado.
En su página web afirma que son “la única compañía de blockchain en el mundo que tiene un contrato gubernamental y leyes de respaldo que nos permiten digitalizar, tokenizar y automatizar todas las transacciones de bienes raíces para todo un país”. Además, “nuestro contrato único nos brinda la capacidad exclusiva de utilizar nuestro sello digital para validar transacciones y documentos gubernamentales como escrituras y títulos”.
Como parte de la investigación, Expediente Público identificó los lazos de la familia Zelaya Aplícano con el gobierno, vínculos de los que suelen presumir en las redes sociales. Entre las fotografía publicadas en redes, aparece una del empresario Anton Glotser sonriente con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado.
La suegra del socio de DelNorte, Anton Glotser es la hondureña Marie Aplícano de Zelaya, quien está casada con el hermano de la diputada Waleska Zelaya Portillo, José Rodolfo Zelaya Portillo, quien a su vez es el comisionado presidencial del Plan de Nación en Honduras.
En una imagen publicada en su cuenta de Facebook, Marie Aplícano aparece junto a su hija Josephinne Marie Zelaya y la tía de esta Waleska Zelaya. En otra imagen, posa junto al presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama Ana García. Y en una fotografía más antigua aparece con el expresidente Rafael Callejas (fallecido en 2020), el expresidente Ricardo Maduro (2002-2006) y el actual mandatario Hernández.
El expresidente Maduro es parte del Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), encargado de crear y administrar las ZEDE.
Socios en DelNorte
La Ley de Contrataciones del Estado de Honduras, en su artículo 15 numeral 7, prohíbe expresamente que funcionarios y sus familiares participen en negocios con el Gobierno, tipificando el asunto como un conflicto de intereses.
Y en el Código de Conducta Ética del Servidor Público, el artículo 20 establece sanciones penales relacionadas al conflicto de intereses como violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad, enmarcado en el Código Penal de Honduras.
Lea también: ZEDE, las polémicas zonas económicas a las que Honduras apuesta su futuro
En la página web de la empresa DelNorte, Anton Glotser aparece como cofundador y socio. En su perfil se indica que ha pasado más de cuatro años construyendo la empresa y desarrollando conexiones políticas en América Latina y el Caribe. Además, se destaca que adquirió un contrato en Honduras a escala nacional para digitalizar todos los bienes inmuebles y realizar transacciones inmobiliarias legales exclusivamente en la plataforma que dirige.
Como parte del equipo de ejecutivos aparece José Zelaya, quien es presentado como un abogado con licencia en Honduras que se graduó de la Escuela Americana en Tegucigalpa y de la facultad de derecho en Unitec.
“Actualmente trabaja como consultor legal para el Congreso Nacional hondureño y en Aguilar Castillo Love (ACL una de las firmas de abogados más prestigiosas de Honduras)”, señala el sitio web.
Por último, refiere que Zelaya ha sido fundamental en los últimos cuatro años en la aprobación de numerosas leyes del Congreso que condujeron al contrato del gobierno con la empresa DelNorte.
Yuriy Chudinov es también socio y cofundador de DelNorte, que lo promociona como ingeniero de software. Además, aparece como coautor y creador de una nueva clase de dispositivo operativo que permite realizar transacciones seguras con criptomonedas. Es licenciado en Matemáticas e Informática y durante un tiempo trabajó en el banco PUMB (Primer Banco Internacional de Ucrania) como especialista en automatización y mantenimiento de negocios.
En 2009, Chudinov comenzó su carrera empresarial en el campo del desarrollo de software, consultoría de TI e informatización de negocios. «Después de haber trabajado durante 10 años, tiene experiencia en diferentes campos como el médico, financiero, ingeniería, así como en el desarrollo de software no estándar y altamente especializado», según la información en su perfil.
Otro de los socios en DelNorte, según la página de la empresa, es Tomer Vardi que se describe como «un empresario y filántropo estadounidense nacido en Israel que ahora está radicado en Costa Rica, donde se desempeña como presidente de Envision Holdings».
Vardi está involucrado en proyectos de conservación y proyectos inmobiliarios comunitarios sostenibles, según la información de su perfil. Además, tiene conocimientos técnicos y comerciales en tecnologías, sistemas de pago, tokenización y sistemas de administración en diversas industrias.
Según el sitio ha sido propietario y asesor de varias empresas y es consultor en compañías como Fortune 100.
Investigación en curso
El 6 de agosto de 2020, el Ministerio Público de Honduras inició una investigación contra la empresa Gestión y Tecnología S.A. de C.V. (GyT) por la venta sobrevalorada de 474,000 mascarillas N95 a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
Cada mascarilla fue vendida a 107.25 lempiras, haciendo un total de 58.8 millones de lempiras por ese contrato. En ese caso están involucrados Juan José Lagos Romero y su esposa, la diputada Waleska Zelaya Portillo.
Lea además: Señalada por corrupción, Waleska Zelaya busca su reelección como diputada
El proceso de investigación se abrió luego de una denuncia hecha por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) publicada en su informe “La corrupción en tiempos de Covid-19, parte 2”.
La legisladora Waleska Zelaya Portillo ha negado que se trate de un conflicto de intereses porque niega tener vínculos con la empresa GyT, argumentando que ella y su esposo dejaron de ser socios desde 2019.
Privatizar con las ZEDE
Para la diputada opositora Doris Gutiérrez, el contrato con la empresa DelNorte lleva dedicatoria “a favor de las ZEDE, para eso están midiendo esos territorios”. “Si no, cuál es la prisa en la aprobación del contrato”, cuestionó.
A nivel nacional, DelNorte tendrá acceso a la información de todos los terrenos del país centroamericano.
Mencionó la legisladora que hay tierras de uso público y comuneros, estas últimas relacionadas con las poblaciones indígenas, garífunas y campesinas, las cuales “nunca han sido definidas completa y legalmente, sino que esa ha sido una cosa como histórica”, afirmó Gutiérrez.
Lea también: ZEDE, las polémicas zonas económicas a las que Honduras apuesta su futuro
Alertó que “los territorios los quieren vender, los quieren privatizar” ofreciendo proyectos de inversión privada que generarían empleos. Para la parlamentaria Gutiérrez “es preocupante esta rapidez con que llevaron este decreto” con DelNorte para su aprobación en el Congreso hondureño la bancada del Partido Nacional y sus aliados.
A su juicio “esto va como una cadena”, que empezó con la reforma constitucional de las ZEDE, luego siguió con la exoneración de tasas e impuestos, la creación de juzgados y organismos jurisdiccionales propios hasta pasar a los territorios.
“Todo lleva una relación bastante orgánica y, además de eso, están bajando los costos del transporte aéreo solo para las zonas donde están las ZEDE”, señaló Gutiérrez.
Se refiere a la Ley de fomento para la explotación de rutas de transporte aéreo de bajo costo, que fue aprobada también el 2 de julio a iniciativa del Poder Ejecutivo.
En la nueva ley no se incluyó el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa ni al de Palmerola en Comayagua, dijo el diputado Luis Redondo. “Tampoco en ninguna parte dice que se obliga a las líneas aéreas a dar mejores precios a los usuarios”, agregó.
Los aeropuertos incluidos son el de San Pedro Sula, cercano al de Choloma, donde está ubicada la ZEDE Ciudad Morazán, y los de Roatán y La Ceiba, donde se encuentra la ZEDE Próspera.
