*El tratado comercial con Nicaragua, los bienes y riquezas de la familia Ortega-Murilo y del Ejército se convierten en los ejes de sanciones de la ley RENACER.
Expediente Público
La noche del Día de Todos los Santos el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó enmiendas a la ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Ley Renacer, por sus siglas en inglés) para acelerar su aprobación en la Cámara de Representantes, anunció este 2 de noviembre en su portal oficial el legislador de New Jersey y presidente de dicho comité, Bob Menendez.
La propuesta de ley Renacer fue aprobada a inicios de agosto por el Senado, pero estuvo trabada en la Cámara de Representantes, porque el parlamento de Estados Unidos es bicameral; sin embargo, la reforma pasó el lunes 1 de noviembre al Senado, que la aprobó por voto de voz y la devolvió a la Cámara de Representantes, de la que esperan una aprobación en “los próximos días”.
El proyecto de ley se ubica en el marco de las votaciones en Nicaragua del 7 de noviembre, pero que están señaladas de ilegitimidad y falta de verdadera competencia e igualdad de condiciones, por el control absoluto que ejerce el gobierno de Daniel Ortega sobre el aparato electoral, además de la cancelación de partidos opositores y el enjuiciamiento con cárcel o exilio de los principales candidatos presidenciales.
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El proyecto de ley urge a la administración del presidente Joe Biden que “examine la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés)”, pero también “requeriría un incremento en los informes de inteligencia sobre las actividades de Rusia en el país centroamericano, incluyendo las ventas de armas que pudieran ser sancionables bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a través de Sanciones (CAATSA, por sus siglas en inglés)”, dice la nota de Menendez.
Fuente: Senador Bob Menendez.
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Otras acciones de la ley
También se permiten iniciativas para monitorear, informar y abordar la corrupción del gobierno del presidente Ortega y la de su familia, así como los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses.
La reforma a la ley incluye a Nicaragua en el paquete de sanciones al Triángulo Norte en la sección 353 de la Ley de Asignaciones Consolidadas, que amplía restricciones migratorias y de visas a funcionarios y personas privadas involucradas en corrupción.
Esta sería una señal de cambio en la política exterior de la administración Biden, que se ha enfocado a nivel continental particularmente en el Triángulo Norte y el tema migratorio, dejando el tema de Nicaragua, hasta ahora, en un segundo plano.
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El proyecto de ley Renacer también requiere que el gobierno estadounidense aumente sanciones contra los actores clave del régimen de Ortega y expanda la coordinación con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea.
“Tomada junto con la Ley NICA y las rondas previas de sanciones selectivas de la administración Biden, la Ley Renacer solidificará el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Nicaragua y nuestra visión absoluta que Daniel Ortega y Rosario Murillo no tendrán ningún derecho legítimo al poder después de la pseudo-coronación de su dictadura dinástica la próxima semana», informó el senador Menendez.
La Ley de Condicionalidad a las Inversiones con Nicaragua (Nica Act) se aprobó en diciembre de 2018 para sancionar a funcionarios involucrados en corrupción y violaciones a derechos humanos y detener los fluidos de préstamos de multilaterales donde Estados Unidos se viera involucrado.
En la mira de servicios de inteligencia, Rusia y los militares
El Congreso pide, de aprobarse la ley, reportes en el plazo de tres meses a los servicios de inteligencia del Departamento de Estado en coordinación con el director nacional de inteligencia sobre actos de corrupción de Ortega, su familia y funcionarios cercanos, estos incluyen miembros del Frente Sandinista que resulten con cargos tras las votaciones y a miembros del Consejo Supremo Electoral.
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Especial interés adquiere la relación rusa con el ejército nicaragüense. Los congresistas piden reportes confidenciales sobre cooperación en personal militar, servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad y legislación, y de contratos privados en materia de seguridad, así como cooperación en telecomunicaciones y navegación satelital, y otras iniciativas económicas y políticas entre ambas naciones.
Se pide igual una lista de todo equipo, tecnología o infraestructura relacionada al ejército o inteligencia militar y adquirido por Nicaragua desde enero de 2011, de países clasificados por el Departamento de Estado como sujetos a sanciones bajo la sección 231(e) de CAATSA, vigente desde 2017 y que sirve para sancionar a personas y entidades de Rusia, Irán y Corea del Norte.
Libertad de expresión
Los congresistas también piden, de aprobarse la ley, un reporte al Departamento de Estado, el administrador de la Agencia Internacional de Desarrollo, el jefe ejecutivo de la Agencia para Medios Globales.
Dicho informe incluiría una evaluación de obstáculos gubernamentales, políticos y tecnológicos para que la gente en Nicaragua obtenga confiables, objetivas y claras noticias e información sobre asuntos domésticos e internacionales.
Además, se pide enlistar a los canales de televisión, radioemisoras, y otras plataformas mediáticas que están siendo controladas directa o indirectamente por el presidente Ortega y su familia o conocidos aliados.
Por otra parte, se pide una evaluación del nivel y el tipo de noticias, programación y contenido proporcionados por Voice of America y otras fuentes que abordan las necesidades de información del pueblo de Nicaragua; una descripción de los esfuerzos actuales de los Estados Unidos para fortalecer la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nicaragua, incluidas recomendaciones para ampliar esos esfuerzos; y una estrategia para fortalecer las plataformas independientes de difusión, distribución de información y medios de comunicación en Nicaragua.
Contexto nacional e internacional de las votaciones
La noticia de la agilización del proceso de aprobación de la ley, se da en medio de circunstancias difíciles para el régimen por varios factores: por un lado Meta, la compañía de redes sociales propietaria de Facebook e Instagram, descabezó la red de propaganda del régimen en las redes sociales, que operaban desde instituciones públicas de Nicaragua para emitir propaganda a favor del régimen, así como noticias falsas y campañas de ataque contra opositores, medios independientes y periodistas y actores sociales nicaragüenses.
A la vez, organizaciones internacionales de derechos humanos, exiliados y hasta la Organización de Estados Americanos, tienen en su agenda debatir, denunciar y observar la situación de abusos de derechos humanos en Nicaragua bajo la desacreditada dirección de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ante el desarrollo de los acontecimientos han cerrado los ojos para aferrarse al poder en nuevo periodo 2022-2026.
Mientras tanto, a nivel local, en medio de un inédito proceso electoral dominado por la falta de participación social, la represión estatal sistemática y el colaboracionismo de partidos políticos aliados del gobierno, el Consejo Supremo Electoral continúa el proceso de votaciones con acompañamiento del Ejército y la Policía.
De acuerdo a los reportes oficialista, el Poder Electoral ha empezado a distribuir en todo el territorio nicaragüense las maletas electorales y material electoral para más de cuatro millones de personas habilitadas para ejercer el voto, para el proceso que se realizará el domingo 7 de noviembre.
