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Congreso de EE.UU. documenta denuncias sobre “extrema represión” en Nicaragua

*Bertha Valle y Victoria Cárdenas, esposas de los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, ambos encarcelados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunciaron en la Comisión de Derechos Humanos “Tom Lantos”, del Congreso el hostigamiento y represión previo a las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de noviembre en Nicaragua.


Expediente Público

La Comisión de Derechos Humanos “Tom Lantos” del Congreso de los Estados Unidos conoció este 21 de julio, en una audiencia virtual, los testimonios de familiares de precandidatos presidenciales presos, de abogados forzados a exiliarse y de defensores de los derechos humanos sobre “la extrema represión” que se ha instaurado en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que está cerrando las posibilidades de que las elecciones generales de noviembre del 2021 se realicen con transparencia y libertad.

En el actual contexto político en Nicaragua, el mandatario Ortega con su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), inició una nueva “ronda de represión” para sacar a sus oponentes políticos de la contienda electoral, ya que al menos 27 líderes opositores, incluyendo seis aspirantes presidenciales, fueron detenidos en las últimas semanas, según los congresistas norteamericanos miembros de la Comisión Tom Lantos.

“Nos reunimos hoy (miércoles 21 de julio) aquí para examinar la extrema represión política, que incluye golpizas, torturas, la desaparición y encarcelamiento de presos políticos, y la omnipresente supresión de la democracia y el estado de derecho perpetrada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega”, manifestó el congresista Christopher H. Smith, copresidente de la Comisión.

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Entre los encarcelados están la periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro; el académico Arturo Cruz; el periodista Miguel Mora; Medardo Mairena, miembro del Movimiento Campesino; el politólogo Félix Maradiaga y el director ejecutivo de la Alianza Cívica Juan Sebastián Chamorro. Todos son aspirantes presidenciales, y a cinco de ellos la Fiscalía los acusa de promover accesiones de injerencia extranjera al promover sanciones al régimen sandinista por las violaciones a los derechos humanos.

A Cristiana Chamorro la acusación es por supuesto lavado de dinero y activos a través de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), y se le impuso 90 días de casa por cárcel mientras continúan las investigaciones, y ese mismo período de detención tienen los demás 26 dirigentes opositores entre los que figuran estudiantes, campesinos, empresarios y periodistas.

El congresista Smith dijo sentir una “profunda empatía” con los presos políticos que enfermaron en la cárcel por “comerse la comida que les dieron los agentes del gobierno sandinista cuando comenzaron las protestas en 2018”. 

Smith relató que una vivió una experiencia similar hace 37 años, cuando viajó a Nicaragua integrando un grupo bipartidista de cuatro congresistas, entre ellos Frank Wolf, Tony Hall, Bob McEwen, para reunirse con Ortega y algunos de los que llamó sus “secuaces más cercanos”, incluido el entonces ministro del Interior, Tomás Borge (q.e.p.d).

“Enfrentamos a Ortega por una amplia gama de abusos a los derechos humanos, incluida la tortura y los asesinatos sistemáticos. Durante las dos horas de enfrentamiento, Ortega nos sirvió agua. Tres de nosotros bebimos lo que nos sirvieron, no Tony Hall. Y nunca he estado más enfermo en mi vida. Muchos de los que bebimos el agua sufrimos un dolor de estómago debilitante que permaneció con nosotros durante semanas. Perdí cerca de 20 libras durante ese tiempo. Solo Tony, que no había tomado el agua, no se vio afectado”, relató Smith en la audiencia.

El congresista demócrata James P. McGovern, copresidente de la Comisión Tom Lantos, reconoció que las víctimas nicaragüenses, organizaciones de derechos humanos, periodistas y activistas que han “denunciado y documentado los terribles abusos” contra los derechos humanos cometidos desde que comenzó la actual crisis en abril de 2018, son personas que han estado “arriesgando su vida y su bienestar desde el principio”. 

“Como alguien que se opuso firmemente a la guerra de la contra, hace más de 30 años, la Nicaragua de hoy no es lo que estaba apoyando”, cuestionó McGovern.

Elecciones sin credibilidad

De acuerdo con los congresistas estadounidenses, el régimen de Ortega y Murillo no ha implementado “reformas democráticas” como lo solicitó la Organización de Estados Americanos (OEA). Si en el país centroamericano se realizaran en noviembre próximo una elección presidencial de acuerdo con los estándares internacionales es “poco probable que Ortega gane”, señalaron los miembros de la Comisión Tom Lantos.

Bertha Valle y Victoria Cárdenas, esposas de los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, ambos detenidos el pasado 8 de junio de 2021, denunciaron ante esta Comisión la crisis sociopolítica, el hostigamiento y represión que se incrementó previo a las elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua.

Valle y Cárdenas iniciaron esta semana una serie de acciones en Estados Unidos para denunciar la intensificación de la represión en Nicaragua y la situación de sus esposos, a quienes los jueces y la policía no les permiten tener abogados defensores de su selección, tampoco les han dejado ver a sus familiares desde hace más de un mes que llevan en las cárceles. Sus visitas incluyeron una reunión con los congresistas estadounidenses Albio Sires y Mark Green el 20 de julio.

Las esposas de los aspirantes presidenciales encarcelados también se reunieron con Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental.

El 8 de junio de 2021, Maradiaga se convirtió en el tercer precandidato a la presidencia detenido por el régimen de Ortega. El arresto ocurrió cuando el activista y político opositor salió de una cita en el Ministerio Público, donde estuvo por casi tres horas contestando preguntas a los fiscales sobre la investigación por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”.

Valle, esposa de Maradiaga, denunció ante los miembros de la Comisión Tom Lantos que Ortega intenta por todos los medios “mantener el control” del gobierno.

“Está muy claro que Daniel Ortega hará todo lo posible para mantener su control sobre el poder. Al arrestar a los candidatos presidenciales y a decenas de otros críticos, Ortega le ha demostrado al mundo que no puede ganar la reelección si se permite la participación de la oposición”, señaló Valle ante los congresistas.

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En Nicaragua, agregó la también periodista, los abogados continúan “agotando los recursos legales disponibles a nivel local” para que les permitan visitar a sus esposos en la cárcel.

“En mi mano tengo una lista de todos los presos políticos que tiene el régimen de Ortega y pido que esta lista sea incluida y registrada en la audiencia de hoy”, manifestó Valle en referencia a los más de 140 opositores detenidos, la mayoría desde las protestas del 2018.

Denuncian serie de abusos

El pasado 8 de junio, la Policía también detuvo al director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, el cuarto en aspirar a la presidencia que fue encarcelado. Chamorro también enfrenta un proceso penal por supuestamente violar la Ley número 1055, “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.

“No elegí una vida de política y activismo, pero las circunstancias en mi país no me han dejado más remedio que levantarme y denunciar la opresión del régimen de Ortega que ha detenido y desaparecido a mi esposo, Juan Sebastián Chamorro, y más de 25 activistas de la oposición en el último mes”, denunció Victoria Cárdenas, esposa del precandidato nicaragüense.

Según la empresaria, cuando su esposo Juan Sebastián decidió postularse a la presidencia se comprometió a apoyarlo, pero nunca imaginó la represión vivida en el último mes.

“Nunca pensé que sería yo quien hablaría en su nombre, pero los acontecimientos de las últimas semanas han demostrado que debemos hacer todo lo posible para salvar la democracia en Nicaragua. Como esposa, madre y orgullosa nicaragüense, debo hacer mi parte y por eso estoy aquí para pedirles que se unan a nosotros para exigir que el régimen de Ortega libere a nuestros maridos y a todos los presos políticos en Nicaragua. Sean solidario con nosotros, pero también levanten la voz y usen su poder para asegurar que el mundo permanezca enfocado en la crisis en Nicaragua”, solicitó Cárdenas.

“Ortega no está dispuesto a cumplir”

La activista Bianca Jagger, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Bianca Jagger, también estuvo en la audiencia de la Comisión Tom Lantos, acusó al mandatario de Nicaragua de traicionar el “principio” que inspiró la revolución sandinista que el pasado 19 de julio cumplió 42 años.

“Creíamos que la revolución iba a traer libertad, justicia y democracia, pero no fue así. Daniel Ortega y su hermano, Humberto, cooptaron la dirección del FSLN y para nuestra gran sorpresa, Daniel Ortega traicionó el principio que inspiró esa revolución. A lo largo de sus años en el poder, ha desmantelado todas las instituciones legales y democráticas en Nicaragua”, afirmó Jagger durante la audiencia.

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La defensora de derechos humanos agregó que el objetivo del sandinista es “perpetuar su poder a cualquier precio mediante el establecimiento de una nueva dinastía tiránica”.

“La represión brutal e implacable de Ortega es comparable o peor que la de Somoza. Si el 2 de agosto de 2021, último día que el calendario electoral permite la inscripción de candidatos, Ortega no está dispuesto a cumplir con las condiciones, la comunidad internacional no debe ni puede reconocer esta farsa electoral”, afirmó Jagger. 

Entre las formas que para Jagger se puede ejercer mayor presión al régimen es un “trabajo coordinado” entre Estados Unidos con los demás miembros de la OEA, para concretar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que implicaría la suspensión de Nicaragua del foro hemisférico. Además, de que el gobierno estadounidense coordinado con la Unión Europea y Canadá apliquen nuevas sanciones a funcionarios nicaragüenses vinculados en la región a la ciudadanía. Según Jagger es “hora de suspender (a Nicaragua) del DR-Cafta”, el tratado comercial existente entre Centroamérica y Estados Unidos.

“El régimen de Ortega ha hecho todo lo posible para socavar estas elecciones y creo que deberíamos llegar a la conclusión congresistas que esto es una farsa, que se trata de otra elección fraudulenta en proceso y que no hay posibilidad en este Estado, en las condiciones que tenemos en Nicaragua para tener una elección”, afirmó Jagger.

Estrategia para reprimir

Boanerges Fornos, coordinador del Acción Penal, una organización integrada por exfiscales que defienden personas presas políticas, expuso ante los congresistas que Ortega desde su llegada al Gobierno en 2007 se encargó de controlar políticamente el sistema judicial.

“El gobierno de Ortega instrumentalizó el sistema de justicia penal en Nicaragua y lo usó como órgano represor, de tal suerte que la Policía Nacional realizaba acciones dirigidas a detener a personas que participan en las protestas (…) Los jueces y magistrados no ejercen el control de legalidad de las actuaciones de la policía y la fiscalía, la defensoría pública ha dejado en indefensión a los acusados”, afirmó Fornos, hoy exiliado.

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En 2018, la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos, también realizó una audiencia en la que recibió de parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), toda la documentación sobre el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

Rafael Estrada, presidente de la Fundación Nicaraguans for Security and Prosperity señaló que “como líder del mundo libre”, Estados Unidos tiene un papel elemental en la búsqueda de una solución a esta crisis que viven los nicaragüenses desde hace tres años.

“El régimen de Ortega está apostando a que la actual administración de Biden sea complaciente con la situación actual en Nicaragua. Confiamos en que la administración del presidente Biden demostrará que esta teoría de la complacencia es incorrecta y responsabilizará al presidente Ortega por sus abusos y crímenes contra los derechos humanos”, puntualizó Estrada.