*La amplia mayoría de Nuevas Ideas en la nueva Asamblea Legislativa, que tomó posesión este 1 de mayo, podrá aprobar reformas a la Constitución sin necesidad de la ratificación de la legislatura siguiente.
**Miembros de la sociedad civil advierten que los diputados oficialistas preparan el camino hacia la reelección indefinida de Nayib Bukele.
Eric Lemus / Expediente Público
La Asamblea Legislativa de El Salvador que tomó posesión este 1 de mayo para el periodo 2024-2027 prepara una reforma exprés a la Constitución de la República tan pronto Nayib Bukele inicie su segundo mandato consecutivo, el 1 de junio, tras evadir las prohibiciones en la ley salvadoreña.
Miembros de la sociedad civil, que prefieren omitir identificarse, advierten a Expediente Público que los diputados oficialistas preparan el camino hacia la reelección indefinida para eternizar a Bukele en el poder siguiendo la fórmula autoritaria de Nicaragua o Venezuela.
La Asamblea Legislativa precedente impulsó la reforma de la Carta Magna 48 horas antes de concluir su ciclo, el 29 de abril, cuando modificó un artículo, el 248, para agilizar reformas a solicitud del mandatario y sin necesidad de debate o ratificación como dictaba la ley.
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El cambio fue aprobado en el último plenario del Congreso saliente -sin estudio ni análisis previo- por 66 votos a favor y 16 en contra.
“De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria número 154, esta Asamblea Legislativa es consciente de que la Constitución ha enfrentado realidades distintas a la que se vivía en 1983, época en la que la cual la Asamblea Constituyente promulgó dicha norma. Después de más de 40 años de su promulgación, la realidad social ha sufrido cambios estructurales que necesitan ser regulados”, anunció el órgano legislativo a través de un comunicado a la prensa.
El espíritu original del 248
El artículo pétreo derogado estuvo vigente desde 1983, luego que los actores políticos de la época convocaron a una Asamblea Constituyente para encontrar una salida negociada a la guerra civil que enfrentó a la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con el ejército.
El inciso segundo de la redacción original del artículo 248 estableció que la única forma de reformar la Constitución era primero mediante la aprobación en una legislatura con mayoría simple y, luego, ratificada con los dos tercios del pleno.
Sin embargo, las cosas cambiaron el 29 de abril debido a la maniobra del oficialismo.
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El jefe de fracción partidaria de Nuevas Ideas (NI), Christian Guevara, fue el encargado de esgrimir la posición de la bancada en el pleno legislativo.
“Nosotros no le estamos quitando absolutamente nada a la Constitución de la República, sino que simplemente le estamos agregando una opción más al artículo que permite reformarla, pero bajo las mismas reglas del juego”, argumentó Guevara.
Asamblea con súper poderes
La medida fue criticada por organizaciones sociales tanto a nivel nacional como internacional porque advierten que el mandatario acumulará más poder en este segundo Gobierno que iniciará el 1 de junio de 2024.
El partido NI obtuvo 54 congresistas de 60 en la nueva Asamblea Legislativa, tras votar los salvadoreños en las elecciones municipales del 4 de febrero a favor del proyecto político de Bukele.
Oficialmente, el publicista convertido en político goza de un permiso de seis meses que fue concedido por sus diputados afines. Sin embargo, desde diciembre, su nombre sigue presente en todos los eventos públicos al margen de que El Salvador es gobernado por una designada presidencial.
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Por su parte, el vicepresidente Félix Ulloa, que también goza de licencia otorgada por el poder legislativo, sigue realizando giras internacionales en calidad de funcionario electo como un viaje a China en busca de inversores en telecomunicaciones.
Rechazo a reforma exprés
Diversas organizaciones centroamericanas de la sociedad civil denunciaron que “esta acumulación de poder deja a los salvadoreños y salvadoreñas sin defensa ante abusos por parte del Estado y a expensas de las decisiones de un partido político”.
“… nos solidarizamos y elevamos nuestra voz para reafirmar que, como región, debemos estar unidos en la protección de nuestros valores democráticos y nuestras Constituciones, así como en la promoción de la libertad, la justicia y la igualdad para todos”, agregan.
Por su parte, Eric Olson, director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de Seattle International Foundation y Global Fellow sobre México y Centroamérica del Wilson Center, fustigó la reforma promovida por el oficialismo.
“Las amenazas a la democracia en El Salvador son numerosas. No podemos dejar pasar desapercibido este último acontecimiento”, publicó Olson en su cuenta personal de X.
Cambios sensibles se avizoran
Con el decreto de reforma del Código Electoral ratificada por el congreso en junio de 2023, la Asamblea Legislativa pasó de 84 a 60 diputados y eso facilitó que el partido gobernante consolidara el poder en los comicios de febrero pasado.
En las elecciones legislativas de febrero pasado, sólo quedaron seis diputados no oficialistas, del Partido de Conciliación Nacional (PCN, creado por militares en 1961) con dos escaños; Alianza Republicana Nacionalista (Arena) también con dos, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con uno y el partido Vamos con la abogada Claudia Ortiz, que logró ser reelecta.
“Lo complejo de este momento es que se abren las posibilidades numerosas, numerosísimas, de poder cambiar tantas cosas que son fundamentales en un Estado”, dijo Ortiz a Expediente Público, en relación a los posibles cambios constitucionales.
“Por ejemplo, los derechos fundamentales de las personas, la forma de gobierno, el régimen económico, la forma de acceder al poder mediante elecciones o cualquier otra modalidad”, señaló la diputada de Vamos.
En tanto, Amnistía Internacional elevó la voz de alerta por lo que considera pérdida de garantías civiles.
“Los retrocesos que -en materia de derechos humanos, especialmente los civiles y políticos- ha registrado El Salvador en el último quinquenio son alarmantes”, esgrimió.
“La reforma constitucional aprobada en la última sesión de la Asamblea Legislativa saliente, suscita preocupación por el impacto negativo que podría haber sobre el respeto de los derechos humanos a futuro”, añadió Ana Amancay, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
