*El congresista Chris Smith comparó un reciente video del obispo Rolando Álvarez en el sistema penitenciario de Nicaragua, con el campo 36 de Perm, en la extinta Unión Soviética.
**Deborah Ullmer, directora del programa para América Latina y el Caribe del NDI, pidió sanciones contra el Banco Central de Nicaragua por acciones con propiedades confiscadas.
***Dos sacerdotes y el padre de un prisionero político testificaron bajo anonimato en el Congreso de Estados Unidos las formas en que se persigue a la Iglesia católica en Nicaragua.
Expediente Público
Durante una audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, este 30 de noviembre, representantes y testigos pidieron liberar a monseñor Rolando Álvarez y sanciones directas contra los intereses del régimen, incluyendo el Banco Central y bancos privados colaboracionistas.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo circuló fotografías y un vídeo en los que se observa a monseñor Rolando Álvarez extremadamente delgado en una supuesta celda, el 27 de noviembre, cuando cumplía 57 años.
El congresista Chris Smith, dijo que esto le recordó un viaje que realizó con el congresista Frank Wolf al campo 36 de Perm en 1989, el “infame campo político soviético”.
Durante la audiencia titulada “El martirio del Obispo Rolando Álvarez: prisionero de conciencia de Nicaragua”, Smith llamó al régimen de Daniel Ortega a que “dejen en libertad” al religioso. Álvarez está recluido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro “La Modelo” desde febrero de 2023.
Existe, según el congresista, “gran preocupación por el bienestar y la salud del obispo” por lo que piden su libertad para llegar a Estados Unidos.
“El obispo Álvarez es un hombre inocente que soporta hoy un sufrimiento indescriptible (…) Hacemos un llamado al presidente Daniel Ortega para que lo libere de prisión, dejen ir al obispo Álvarez”, refirió el congresista.
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Deborah Ullmer: Sanciones más específicas
En el Congreso, Deborah Ullmer, directora del programa para América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Demócrata (NDI) planteó a los congresistas que la administración del presidente Joe Biden debería sancionar a sectores que refuercen los intereses económicos del régimen nicaragüense, incluyendo la revisión del tratado de libre comercio conocido como CAFTA-DR.
«Estados Unidos también debería considerar sanciones contra el Banco Central de Nicaragua por lucrarse con las confiscaciones no solo de nicaragüenses, sino ahora también de ciudadanos estadounidenses”, precisó.
Ullmer elevó la denuncia y pidió sancionar también “a los bancos privados que tienen sucursales en Estados Unidos por colaborar con el régimen, ya sea directa o indirectamente mediante su inacción”.
Estados Unidos, agregó, también debería considerar sancionar al Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil por participar en y lucrarse de estos vuelos charter de Cuba y Haití.
Por otro lado, Ullmer manifestó que Estados Unidos tiene la oportunidad de trabajar con la nueva y primera presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Ana Gisela Sánchez de Costa Rica, para “reconsiderar la continuidad de los préstamos a Nicaragua hasta que se tomen medidas para restaurar la democracia”.
“Esto también enviará un mensaje importante a los gobiernos vecinos que ya muestran prácticas autoritarias preocupantes”, puntualizó.
Nicaragua más “totalitaria”
La directora del programa para América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Demócrata (NDI) señaló que a medida que Nicaragua se vuelve cada vez más totalitaria, sus lazos con China y Rusia se profundizan.
“Nicaragua sirve como base política y militar para estas influencias no liberales en América Central. De hecho, el régimen de Ortega Murillo ha tenido éxito al abogar para que China y Rusia actúen como observadores en organismos regionales, incluyendo el Parlamento Centroamericano y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA)”, dijo Ullmer.
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El 17 de noviembre de 2023, el régimen presentó una terna que encabeza el operador político sandinista Valdrack Jaentschke Whitaker como candidato al cargo de secretario general del SICA en sustitución del también nicaragüenses y aliados del régimen, Werner Vargas Torres.
Según Ullmer, el régimen de Ortega Murillo “amenaza con ampliar la influencia de actores malévolos en América Central”.
Pese a las sanciones sobre los funcionarios nicaragüenses que cometen violaciones a los derechos humanos, el régimen de Ortega Murillo “continúa desmantelando las instituciones democráticas, socavando el Estado de derecho y las libertades fundamentales, y consolidando su poder dictatorial”, añadió Ullmer.
Pruebas de vida son insuficientes
El 27 de noviembre de 2023, el régimen circuló fotografías y un vídeo del obispo, sin embargo, el material a juicio del congresista Smith generan dudas sobre la situación del prelado en la prisión.
«Plantea serias preguntas y preocupaciones sobre su bienestar. ¿Ha perdido peso? ¿Está enfermo? ¿Se le proporciona una nutrición adecuada y atención médica básica? No tenemos idea de lo que sucede”, expresó.
La primera vez que el régimen mostró fotografías del obispo encarcelado fue el pasado 25 de marzo cuando recibió visitas de sus familiares. Pasaron ocho meses hasta que este 27 de noviembre difundieron nuevas imágenes en el que se ve al religioso delgado y pálido.
Testimonios de sacerdotes
Dos sacerdotes católicos nicaragüenses desterrados por el régimen testificaron bajo condición de anonimato ante los miembros del Subcomité.
Uno de los testigos refirió que la Carta Pastoral del 21 de mayo de 2014, presentada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) a Daniel Ortega planteando problemas de orden social, político y económico fue la punta del iceberg de los ataques contra la Iglesia.
El sacerdote, uno de los 222 prisioneros políticos desterrados el 9 de febrero de 2023 , afirmó que tras ser secuestrado por la policía fue “interrogado y acusado de predicar el odio” y de seguir órdenes de monseñor Álvarez.
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Según el testigo, sus interrogadores insistentemente preguntaron: “¿Cuáles fueron esas órdenes? ¿Cuánto dinero había recibido el obispo Álvarez de Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Y cuánto dinero habíamos recibido yo y los demás sacerdotes?”.
Origen de los ataques contra la Iglesia católica
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018 emprendió una serie de ataques contra la Iglesia católica, institución que sirvió de mediadora en el fallido diálogo nacional.
“Nos dijeron que éramos miembros de una organización criminal y que los líderes eran los obispos, y sobre todo dijeron monseñor Rolando”, afirmó uno de los religiosos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre el Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua expone que la prohibición de celebraciones religiosas, la criminalización de servicios religiosos es parte de la represión hacia la Iglesia.
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Además, el cierre de medios de comunicación religiosos, la confiscación de bienes y cuentas bancarias, la expulsión de órdenes religiosas también son represalias contra integrantes de la Iglesia católica como consecuencias de su rol de mediación en el Diálogo Nacional en 2018.
La Iglesia en 2018 jugó un papel crítico al denunciar las violaciones a los derechos humanos.
Otro de los testigos, un sacerdote ordenado en 2003 y ahora desterrado en Estados Unidos, manifestó que, durante las protestas de 2018, el obispo y el clero salió en defensa de los ciudadanos que eran atacados por policías y paramilitares.
Templos refugiaron manifestantes
Durante la audiencia, el testigo relató que las iglesias sirvieron como refugios y clínicas para jóvenes que huían de la represión y de los disparos de policías y miembros del partido gobernante.
“El obispo me pidió que me hiciera cargo directo de ayudar y acompañar a familias que tuvieran hijos o familiares en prisión”, afirmó.
El religioso que participó en la audiencia es uno de los que fueron secuestrado por la Policía del régimen el 19 de agosto 2022 junto al obispo de Matagalpa.
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Odio contra los religiosos
«Un grupo de policías antidisturbios ingresó violentamente al edificio de la Curia Episcopal y sin presentar orden de aprehensión alguna, nos sacó de las habitaciones”, dijo.
En la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua “me chantajearon y amenazaron la vida de mis padres, porque querían que declarara que el obispo y yo éramos miembros de una organización que quería promover un golpe de Estado contra Ortega, y que recibimos dinero del Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea”, apuntó.
Ambos sacerdotes que comparecieron ante el Subcomité señalaron que fueron secuestrados y al momento de su detención nos les “presentaron una orden judicial, no hubo investigación previa, todo fue arbitrario”.
Padre de prisionero político
Un tercer testigo en la audiencia de este jueves fue el padre de un prisionero político, que por “razones de seguridad” está en el exilio y pidió anonimato.
El nicaragüense explicó a los congresistas que en 2018 se unió a las protestas junto a su familia como miles de nicaragüenses y fueron “amenazados, perseguidos y continuamente acosados por la policía, sandinistas militantes y grupos paramilitares”.
Relató que el 15 de mayo de 2018 recordó que la Iglesia católica logró poner un “alto al fuego” a los ataques de la policía y grupos paramilitares que en Matagalpa atacaron a los jóvenes manifestantes, incluyendo a su hijo.
En junio de 2018, su hijo mayor fue “secuestrado por paramilitares” y trasladado a Managua.
«No sabíamos si nuestros hijos estaban vivos o muertos, fue hasta que llegó el obispo Rolando José Álvarez a (la cárcel) El Chipote y pidió ver a los jóvenes secuestrados y supe que mi hijo estaba vivo”, recordó.
El testigo dijo que llegó a Estados Unidos en octubre de 2018, mientras su hijo logró salir de la prisión en 2019.
