*El secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó la acción del régimen de Daniel Ortega como “absolutamente despreciable en términos jurídicos”, mientras el inmueble fue declarado de “utilidad pública”.
**Guillermo Belt, exfuncionario internacional de la Secretaría General del organismo, dijo a Expediente Público que el Consejo Permanente podría tomar acciones en el enfrentamiento político y diplomático.
Expediente Público
La ocupación policial y posterior confiscación de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Managua, es un hecho “sin precedentes”, que viola el derecho internacional y que no había ocurrido “ni en tiempos de las peores dictaduras de la región, incluidas las que había vivido Nicaragua”, lo que podría generar acciones de la organización y de sus Estados miembros, advirtió el secretario general, Luis Almagro, en una carta dirigida a la presidenta del Consejo Permanente del organismo, Elizabeth Darius-Clarke.
En la misiva fechada el 26 de abril, Almagro expone que la situación ocurrida la noche del 24 del mismo mes en Managua, la capital, abre un “precedente que la región no había conocido hasta ahora” y pone en “serios riesgos” a los funcionarios que laboraban en esa oficina.
“La acción llevada a cabo por el Gobierno nicaragüense es absolutamente despreciable en términos jurídicos, políticos y éticos, la misma constituye una acción de violencia y es atentatoria de la normativa internacional. En ese sentido la condenamos y la repudiamos”, refirió Almagro en la carta en la que pone en conocimiento al Consejo Permanente para “ulteriores acciones” de la organización.
Dos días después de la ocupación policial, la vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo informó que el bien inmueble donde estaba la oficina de la OEA, organismo al que calificó de “deplorable (y) despreciable”, fue objeto de declaratoria de utilidad pública.
“Pasará al Estado de Nicaragua, quien, a través de la unidad ejecutora, en este caso el Instituto de Cultura va a desarrollar el museo de la infamia, qué más infame que ese ministerio de colonia”, advirtió.
La Secretaría General de la OEA protestó ante el régimen de Nicaragua, porque el hecho por sí mismo afecta directamente sus “competencias, sus obligaciones, sus responsabilidades y sus derechos”.
“Es por sobre todo una violación flagrante al derecho internacional que es norma de conducta de los Estados Americanos”, subrayó Almagro.
Al ocupar el bien inmueble, donde funcionaban las oficinas de la OEA en Managua, la Policía también se apoderó de los archivos, así como de “todo el material existente” que había en el lugar.
¿Qué acciones podría tomar el Consejo Permanente?
Al retirarse de forma expedita del foro hemisférico, el régimen solo confirma su aislamiento y podría desencadenar una reacción de condena por parte del Consejo Permanente, pero no lo inhibe de sus obligaciones, explicó Guillermo Belt, exfuncionario internacional de la Secretaría General del organismo.
Belt, en entrevista con Expediente Público, explicó que el Consejo Permanente de la OEA, que depende directamente de la Asamblea General y tiene la competencia que le asignan la Carta y otros instrumentos interamericanos, puede perfectamente convocar a una sesión con el simple hecho que una delegación lo solicite y aprobar una “declaración”.
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“El Consejo Permanente podría aprobar una declaración expresando su disconformidad, su desagrado, rechazando, usando la terminología que quieran usar los Estados miembros. Lo que ha ocurrido es una violación abierta, indiscutible a la luz de todo, a la luz pública, no es un secreto, existen las fotos, existen los vídeos”, mencionó Belt, de origen cubano.
El Consejo Permanente también tiene la opción de emitir una resolución, que tiene un “poco más de fuerza que una declaración”. En ambos casos, se hace una votación por “mayoría simple”, es decir con el apoyo de más de la mitad de los Estados que integran el organismo.
«La mitad sería 17 votos, por lo tanto, hacen falta 18 mínimo. Con 18 votos en adelante se puede aprobar tanto una declaración como una resolución”, insistió Belt.
El allanamiento a la sede diplomática en Managua, ocurrido la noche del 24 de abril, viola la Carta de la OEA, y otros instrumentos jurídicos del sistema interamericano.
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La Secretaría General de la OEA acusó a las autoridades nicaragüenses que “han ocupado ilegítimamente” las oficinas del organismo. “Sus oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad. Su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias”, advirtió a través de un comunicado.
“Ahora, lo que cabe ver es si los órganos políticos se van a pronunciar sobre el particular. En mi opinión deben hacerlo, porque este es un hecho que, si tiene precedentes yo no los conozco, yo estuve en la OEA casi 40 años y nunca vi una cosa ni parecida. En una época fui director de las oficinas de todos los países, me hubiera enterado en algún momento si hubiera ocurrido”, recordó Belt.
Consecuencias políticas y económicas
Carlos Cascante Segura, profesor de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, explicó a Expediente Público que el acto de tomar los bienes de las oficinas de la OEA en Managua y expulsar a los colaboradores de la misión en el país centroamericano podría provocar un “conflicto jurídico internacional” que derive en una demanda contra Nicaragua, pero es poco probable.
“Conozco muy pocos casos, sé de un caso de la década de los cincuenta en el conflicto palestino-israelí en donde la organización de Naciones Unidas recurrió a solicitarle a la Corte Internacional de Justicia definir ciertos parámetros sobre el tratamiento de funcionarios de Naciones Unidas”, recordó Cascante Segura.
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Cascante Segura también ve venir una posible “resolución” por parte del Consejo Permanente, condenando la actuación de Nicaragua por tomar los activos de la organización.
Lo más fuerte que arrastra el conflicto diplomático con la OEA son las consecuencias económicas que la decisión del régimen puede provocar, pues el país dejaría de acceder a préstamos de organismos de cooperación, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“El gobierno de Ortega toma estas decisiones calculadamente. Sabe que los efectos no van a causarle tanto dolor y sabe que está haciendo un acto de bravuconería que le sirve para vender su discurso a los leales que tenga adentro (…) Dejar a Nicaragua sin cooperación por parte de un ente como el BID, que lo controlan los socios ricos del continente no se va a dar de una forma violenta, porque sería dejar a Nicaragua más cerca de China, y ni los Estados Unidos, ni Canadá desearían eso”, agregó Cascante Segura.
El BID es una institución de desarrollo regional que fue establecida en el año 1959. Desde entonces ha contribuido a impulsar el progreso económico y social de América Latina y el Caribe.
Belt explicó que el BID es parte del sistema interamericano y el “único organismo financiero de carácter internacional que depende de la OEA o que tiene algún vínculo con la OEA”, pero tiene sus propios procedimientos y toma sus propias decisiones.
“Yo veo muy difícil, una vez que un Estado miembro se separa voluntariamente de la OEA, como es el caso, que el BID continúe financiando, ese sería un efecto práctico. Los otros efectos son más bien de carácter político”, agregó Belt.
Nicaragua debe cumplir compromisos
El comunicado de la Secretaría General advierte que la salida de Nicaragua del organismo regional solo será efectiva hasta fines de 2023. “Hasta tanto, Nicaragua es miembro pleno de la organización y debe cumplir con todos sus compromisos”.
El ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, indicó que tanto el recién nombrado embajador, Orlando Tardencilla, como los otros dos miembros de la delegación, Iván Lara y Michael Campbell, fueron retirados y no participarán más en la organización ni sus actividades.
Moncada anunció la decisión leyendo un comunicado lleno de insultos y en el que dejan claro que “no tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal llamada OEA”.
Al día siguiente, el 25 de abril, en una entrevista ante un medio oficialista, Moncada acusó a la OEA de mantener una “política de injerencia, intervención, de instrumentos de los Estados Unidos, precisamente para diseñar su estrategia de dominio, incluyendo golpes de Estado”.
La vocera del régimen y vicepresidenta, Rosario Murillo, alimentó el discurso de Moncada añadiendo que Nicaragua no seguirá siendo parte de un «instrumento de dominación de los imperios, o del imperio yanqui en particular”.
“Nosotros no somos ni entreguistas, ni serviles, ni decrépitos, ni decadentes, ni somos parte de ninguna institución que promueve colonialismo, vasallismo, humillación, que promueve servidumbre al yanqui”, dijo Murillo.
Según Belt, nada de lo que el régimen ha hecho hasta ahora disminuye las responsabilidades de Nicaragua ante la OEA.
“Ninguna de esas acciones, ninguna de ellas, aparte que la primera que mencionaba es violatoria al derecho internacional, pero ninguna de ellas implica de ninguna forma que Nicaragua no continúe sujeta a todas las obligaciones que contrajo voluntariamente cuando firmó la Carta de la OEA de 1948 y cuando firmó, posteriormente, todos los demás documentos fundamentales de la OEA, incluyendo la Carta Democrática”, aclaró Belt.
El 19 de noviembre de 2021, Nicaragua pidió su retiro de la OEA, un proceso que dura dos años y que va a representar mayor “aislamiento total” del que ya está sufriendo el régimen.
“El gobierno de Nicaragua en este momento, el régimen que gobierna Nicaragua ha violado, prácticamente, todas las disposiciones internacionales que, repito, son obligaciones que contrajo voluntariamente (…) La voz de Nicaragua no se va a escuchar en este foro que es el más antiguo de los foros internacionales y el que le corresponde expresamente a nuestra parte del mundo”, indicó Belt.
“Estado policíaco y de terror”
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más expresó a través de un comunicado que la acción de tomarse las instalaciones de la sede de la misión de la OEA en Managua, revela el mismo “patrón para el cierre y ocupación ilegítima” de más de un centenar de organizaciones civiles en el país, universidades y medios de comunicación.
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«Durante cuatro años se ha impuesto un Estado policíaco y de terror, con sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la comisión de lesa humanidad, hasta ahora en total impunidad”, señaló el Colectivo, cuyos defensores se encuentran en el exilio desde 2018.
