*Se han cumplido los plazos de 90 días de los primeros detenidos por la investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), por supuesto lavado de dinero y activos, y dictadura los acusa formalmente por varios delitos.
**En tres meses el régimen Ortega-Murillo arrestó a 35 opositores nicaragüenses a quienes organizaciones de derechos humanos dan por desapariciones forzosas, pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
EXPEDIENTE PÚBLICO
El régimen de Daniel Ortega ya acusó formalmente a 19 dirigentes opositores, entre ellos cuatro precandidatos presidenciales, por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, y de presunto «lavado de dinero» a extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En audiencias secretas, sin la asistencia de sus abogados y sin ver a sus familias se han dado los procesos judiciales contra los adversarios de Ortega.
Encarcelados están 35 opositores que estorban las ambiciones de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de perpetuarse en el gobierno de Nicaragua a través de las elecciones, previstas a celebrarse en noviembre del 2021.
Según los comunicados divulgados por el Ministerio Público, las audiencias preliminares a estos opositores se realizaron entre el 26 y 27 de agosto y la autoridad judicial, leal al mandatario y al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), admitió las acusaciones y decretó la medida cautelar de prisión preventiva los 19 acusados hasta ahora, a seis de ellos se giró orden de captura entre los que están el periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios y el politólogo Manuel Orozco.
Hasta la fecha, los opositores detenidos no han podido ejercer su derecho a la defensa como lo señala la Constitución Política y el Código Procesal Penal nicaragüense, en el artículo 4 de la Ley número 406: “Todo imputado o acusado tiene derecho a la defensa material y técnica. Al efecto el Estado, a través de la Dirección de Defensores Públicos, garantiza la asesoría legal de un defensor”.
Las familias y abogados de los detenidos desconocen su paradero y algunos hasta han tenido que exiliarse por asedio, persecución y amenazas de parte de la Policía y grupos sandinistas.
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Georgie Sacasa: “Es tiempo ya que paremos esta farsa”
Georgie Aguirre Sacasa fue entrevistada por Expediente Público y aseguró que desde hace 30 días (hasta el sábado 28 de agosto) su papá, el excanciller de 76 años, Francisco Xavier Aguirre Sacasa fue detenido y desde entonces nadie de su familia ha logrado comunicarse con él.
Aunque por su edad a Francisco Aguirre inicialmente le dieron arresto domiciliar, su hija aseguró que la Policía se lo llevó y desconocen su paradero.
“Supuestamente está en El Chipote, y yo no voy a decir que está ahí hasta que lo veamos, y vemos que está bien, a mí no me importa lo que ellos (régimen) quieran decir, y eso es con todos los presos políticos”, aseguró Aguirre Sacasa.
El Chipote es como se conoce a la Dirección de Auxilio Judicial, ubicado al sur de Managua, la capital. Por las acusaciones formales en los tribunales contra los dirigentes opositores estos podrían ser trasladados a los penales.
Según la Fiscalía, bajo control de la hoy sancionada fiscal general Ana Julia Guido, el excanciller ((1997-2002)= Aguirre Sacasa está siendo investigado por la Policía “por tener indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo” y por presuntamente haber realizado “actos que menoscaban la independencia, la soberanía la autodeterminación” de Nicaragua.
Para la hija de Aguirre Sacasa, la acusación a su padre es una “farsa” como el allanamiento y confiscación de la Prensa el pasado 13 de agosto, la investigación contra la FVBCH y otros procesos.
“Ni en el tiempo de (la dictadura de) Somoza hicieron eso, eso es como que estamos en una película de miedo, que ellos están en una realidad que nadie más vive, nadie quiere que ellos estén en el poder, del pueblo a la gente, todo el mundo ya está al borde con estos dos”, expresó a Expediente Público.
“Mi papá quiere a Nicaragua como me quiere a mí, como quiere a sus nietos, como quiere a su familia y al decir que mi papá es un traidor es una farsa por parte de ellos”, expresó la hija del exembajador de Nicaragua en Estados Unidos, quien asegura que seguirá peleando junto a las demás familias de los casi 140 presos políticos “hasta que regresen a la casa todos”.
Las medidas de la CIDH ignoradas
Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a más de tres años de haber iniciado la crisis en medio de un contexto electoral en Nicaragua, asegura que “urge poner fin a la impunidad”.
Desde 2018 la CIDH ha otorgado alrededor de 77 medidas cautelares incluyendo a líderes estudiantiles, activistas opositores, abogados, periodistas y precandidatos a la presidencia.
“Pese a la seriedad de la situación de las personas beneficiarias de medidas cautelares el Estado no ha proporcionado ninguna información concreta sobre sus condiciones actuales de detención o paradero exacto ni de las medidas tomadas para proteger los derechos en riesgo, al contrario, el Estado no está presente acá, y ha persistido en su detención y en la total incomunicación de estas personas”, señaló durante la audiencia pública ante Corte Interamericana de Derechos Humanos, el viernes 27 de agosto.
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Urrejola, relatora especial para Nicaragua describió la situación actual como una forma de “desaparición forzada”, tal y como lo define el organismo de derechos humanos Amnistía Internacional (AI).
Nueva táctica de represión
Según el reciente informe “¿Dónde están? Desaparición Forzada como estrategia de represión en Nicaragua”, publicado por Amnistía Internacional a partir del 28 de mayo de 2021, el régimen de Ortega inició “una nueva fase de su estrategia represiva”, en la que la privación legal o ilegal de la libertad de una persona, la intervención de agentes estatales y la negativa de reconocer que la detención tuvo lugar, son elementos propios de la “desaparición forzada”, de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El mismo informe señala que desde el inicio de la crisis en Nicaragua, AI ha emitido recomendaciones que Ortega ha ignorado, tales como: el fin al hostigamiento y amedrentamiento de personas disidentes u opositoras, dar inmediato cumplimiento a las medidas cautelares y provisionales ordenadas por la CIDH y reparar a las víctimas y familiares de las personas desaparecidas, detenidas, torturadas y asesinadas entre otras.
Para la abogada y defensora de derechos humanos en el exilio, Leyla Prado, la estrategia del gobierno al desarticular a la oposición es “precisamente asegurar una ‘victoria indiscutible’”.
“Y de esa manera hacer creer a la comunidad internacional que jugaron limpio y que no hubo fraude, pues en el pasado han sido señalados con pruebas irrefutables que han recurrido al fraude para arrebatar el poder a los legítimos ganadores como fue el caso de don Fabio Gadea, para citar uno de tantos ejemplos”, observó Prado.
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Familiares exigen “prueba de vida”
Durante la audiencia la jueza y presidenta de la Corte-IDH, Elizabeth Odio Benito, lamentó la ausencia del representante del gobierno de Nicaragua en donde estuvieron presentes algunos familiares de los presos políticos más recientes, que elevan la cifra a más de 140 encarcelados desde 2018.
“Mi hermano, la familia entera y yo, decimos fuerte y firmemente: ‘queremos ver a nuestra madre, saber cómo y dónde está, cómo la están tratando, que le respeten sus derechos humanos por lo que ella ha luchado toda su vida, exigimos la libertad inmediata de mi madre, y de los más de 150 presos políticos en Nicaragua’”, expresó Julio Sandino Granera, hijo de la activista y excandidata a la vicepresidencia, Violeta Granera.
Por su parte Javier Hidalgo, hermano de Támara Dávila, quien goza de medidas cautelares por la CIDH, reiteró no saber nada de ella desde el 13 de junio que allanaron la casa de seguridad en la que se encontraba.
“No sabemos dónde está Tamara, nadie ha podido verla para conocer de primera mano su estado físico, saber si está siendo maltratada, si le están torturando, si come, si toma agua, si está sana, si está aislada o logra ver simplemente el sol”, dijo Hidalgo.
Victoria Cárdenas, esposa del precandidato Juan Sebastián Chamorro, y a quien en 2020 una jueza sandinista emitió orden de captura contra ella, su hermana y mamá, relató ante la Corte-IDH su abandono al país: “Me vi obligada a huir de Nicaragua junto con mi hija, quiero enfatizar que no sabemos absolutamente nada sobre Juan, ni siquiera tenemos certeza respecto de donde está detenido, por 80 días ha sido desaparecido, sin acceso a su familia y sus abogados”.
El calendario electoral de Nicaragua avanza rumbo al 7 de noviembre, fecha de las “elecciones generales”, mismas que han sido señaladas por organismos internacionales como “elecciones sin competencia”, donde Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo sin competencia.
Mientras tanto, más de 140 presos políticos permanecen en los centros penitenciaros y otros desaparecidos, más de 100 mil nicaragüenses han salido al exilio y decenas de abogados, periodistas y médicos han sido judicializados; decenas de medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos han sido cancelados arbitrariamente, como parte de las acciones que, bajo el régimen de Ortega, convierten a Nicaragua en una nación sin derechos ni libertades.
