A nueve meses de haber ejecutado la compra de las clínicas móviles, solo uno está funcionando. El Consejo Nacional Anticorrupción sostiene que hubo una sobrevaloración de 32 millones de dólares. Arquitectos e ingenieros realizaron una propuesta más económica al gobierno que no fue escuchada
A principios de abril de 2020 solo unas semanas después de haberse detectado el primer caso de COVID-19 en Honduras, el Gobierno a través de Inversiones Estratégicas de Honduras, Invest-H, anunció la compra de siete hospitales móviles para atender la emergencia provocada por esta pandemia que ha puesto de rodillas al mundo. Ahí comenzó uno de los escándalos de corrupción más vergonzosos en la historia reciente del país, superado solo por el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS.
Lea: Inversión Estratégica de Honduras: una nueva mafia institucional al desnudo
Los hospitales le costaron al Estado hondureño 47 millones de dólares que fueron pagados de contado y de “buena fe”, o sea sin garantías, por el director de Invest-H, Marco Bográn, y la ministra de Finanzas, Rocío Tábora. Ninguno de los dos sigue en el gobierno, pero ninguno responde por todas las irregularidades documentadas en la compra de estos hospitales. Contra Bográn, el Ministerio Público abrió una investigación y el 5 octubre emitió el primero de dos requerimientos fiscales, por dos delitos que según el nuevo código penal vigente son excarcelables y un juez decidió que Bográn se defienda en libertad.
Lea: EXCLUSIVA: Presidente Hernández y su familia aprovechan pandemia para hacer negocios
El dolo más evidente en esta compra es que se utilizó como justificación que la emergencia necesitaba una solución rápida y adecuada, pero a nueve meses de haber iniciado el proceso de compra, solamente una de las unidades está funcionando. Ahora con 128,701 contagios y 3,285 muertes, según cifras oficiales, los hondureños siguen esperando por ellos.
San Pedro Sula es la única ciudad con un hospital funcionando. El de Tegucigalpa ya está instalado, pero todavía no está abierto a los pacientes, porque carece de presupuesto, informaron las autoridades del Hospital Escuela que tendrán a su cargo el manejo y administración. La Secretaría de Salud no presupuestó los fondos ni el pago de una planilla de al menos 122 personas, se indicó. Los módulos ubicados en La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Juticalpa, Choluteca y Danlí no han sido instalados. Pese a que desde el gobierno se pregonaba que era una compra “llave en mano”, cuya puesta en funcionamiento una vez en Honduras, sería después de una semana.
El atraso en su funcionamiento es un costo adicional y tiene las características de una estafa al Estado de Honduras. De acuerdo a una investigación realizada por el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, los hospitales móviles fueron sobrevalorados en unos 32 millones de dólares, pues su costo real es de $15 millones y no $47 millones como ha anunciado el gobierno a través de Invest-H.
Al estado hondureño, de acuerdo a la denuncia del CNA, se le desfalcaron 770 millones de lempiras. El costo total fue de 1,132 millones de lempiras. A nueve meses de esta irregular compra, una de las preguntas obligadas es ¿cuántos hospitales permanentes pudo hacer el gobierno con toda esa cantidad de dinero?
Hay tierra fértil para que continúe la danza de millones en 2021. Se ha extendido el estado de emergencia que permite compras directas, entre otras cosas. Además, viene el proceso de reconstrucción tras la devastación que provocaron en el país las tormentas Eta y Iota.
Lea: Tormentas Eta e Iota hunden más en la miseria a los pobres de Honduras
Para el 2021, el presupuesto para la Secretaría de Salud es de 17,232,339 millones de lempiras. Desde marzo al 29 de diciembre del 2020 según el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas se han ejecutado 6,021 millones de lempiras para combatir la emergencia provocada por el COVID-19.
LA COMPRA Y LLEGADA
En la compra de los hospitales, el gobierno de Juan Orlando Hernández actuó velozmente. Una vez que se determinó la necesidad de más capacidad hospitalaria, se erogaron sin trabas 47 millones de dólares de un solo plumazo. El discurso oficial retumbaba en micrófonos: es una compra llave en mano.
En un comunicado emitido el 12 de mayo del 2020 por la oficina de prensa de la Presidencia de la República, el mandatario hondureño expresó que los hospitales adquiridos eran “apenas un grupo de una enorme cantidad de instalaciones sanitarias que están en proceso de planificación, otras en construcción, ya con presupuesto la mayoría”.
Hernández se refería a la promesa de su gobierno de construir 95 centros asistenciales para fortalecer el sistema sanitario del país. Al final se quedó en siete hospitales móviles, de los cuales solamente uno funciona.
En esa ocasión, el presidente afirmó que los hospitales llegarían en mayo y que una vez en territorio hondureño su instalación “tardaría una semana”. La realidad es que las primeras dos unidades llegaron el 9 de julio y, el primero y único que está funcionando comenzó a hacerlo a mediados de octubre.
“Lo bueno es que casi vienen armados, para el caso las partes clínicas, los espacios donde están los pacientes no tan graves y las unidades de cuidados intensivos. Estos hospitales le darán mucho a Honduras”, decía Hernández en mayo del 2020.
Meses después, en octubre cuando se terminó la instalación del hospital en San Pedro Sula, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores contradecía la verborrea de su jefe: “Quiero aclarar que un hospital no es cierto que se entregue en 15 días. Se tarda en instalar todos los sistemas y equipamiento, no es un hotel ni restaurante”, afirmó en una entrevista para Radio América.
Luego, aceptó que la estructura móvil de San Pedro Sula, iba a funcionar con 61 camas y no con las 91 que fueron previstas. En tanto, los interventores de Invest-H informaron en diciembre de 2020, que el hospital móvil de Tegucigalpa con capacidad para 91 camas, solo operará con 60 por recomendaciones médicas al señalar que los espacios entre una cama y otra eran muy estrechos y no era aconsejable para pacientes con contagio.
En concordancia con lo dicho por la ministra Flores y como para cerrar el mal negocio, el Estado hondureño ha tenido que erogar 62 millones de lempiras en traslado e instalación de los hospitales. El vendedor Axel López y su empresa Elmed Medical solamente se comprometieron a traer las clínicas hasta Puerto Cortés.
El escándalo provocado por esta compra terminó en la salida de dirección de Invest-H de Marco Bográn, que al momento de dejar el cargo ni siquiera podía explicar con claridad dónde se estaban haciendo los hospitales. Más de mil millones de lempiras pagados de “buena fe” se habían esfumado de la tesorería nacional.
Ante la lluvia de críticas, Juan Orlando Hernández sacó su as preferido en los siete años que lleva en el poder: nombrar una junta interventora para Invest-H integrada por el militar en retiro José Leva, quien la preside, José Benítez y Gustavo Boquín, a quienes recientemente el poder ejecutivo prolongó su mandato hasta finales del actual gobierno.
Lea: La salud pública en Honduras, desdibujada y desmantelada en el gobierno de “la vida mejor”
En cuanto a los hospitales móviles su papel de interventores ha sido muy discreto. No se necesita ser un especialista para realizar esa evaluación, solo hay que saber lo básico de matemáticas pues de siete hospitales, funciona uno.
El viernes anterior la junta interventora realizó una conferencia para presentar su rendición de cuentas ante los medios de comunicación. En la misma aseguraron que entregarían el hospital de Tegucigalpa el lunes 11 de enero. Y así fue, lo entregaron en la tarde, sin la presencia de la titular de Salud, y sin fecha disponible para ser usado por los pacientes.
Manifestaron los interventores que su gestión ha sido transparente, aunque reconocieron que está pendiente de solución el asunto que provocó su nombramiento “¿Qué no hicimos?: La instalación completa de los cinco hospitales restantes, pero nos encontramos que cuando Marco Bográn compra los hospitales al señor Axel López todavía no sabíamos que existían, había muchas versiones. Hoy sabemos que existen y los estamos instalando”.
Lea: Empresarios acusados por fraude recibieron contratos del Estado durante la pandemia en Honduras
El CNA presentó el 11 de enero de 2021 un informe en el cual evalúa la gestión de los interventores de Invest-H desde su nombramiento hace seis meses, tomando como base las publicaciones de la institución en su portal de transparencia. Entre las conclusiones del informe destaca que la intervención no ha podido dar respuestas sobre la calidad de las siete estructuras móviles adquiridas, las que llegaron dañadas e incompletas, tampoco ha podido rendir un informe sobre los ventiladores mecánicos comprados en la emergencia y que también están incompletos, entre otras acciones relacionadas con la pandemia que se les delegó al momento de ser nombrados en la interventora. Los hallazgos más relevantes, según el CNA, es el salario de los interventores y lo que ello representa para el Estado, sin que su trabajo sea relevante, pues han hecho lo mismo que su antecesor, Marco Bográn.
“No se ha podido solventar la problemática para la cual intervino Invest-H, lo único que ha logrado cambiar a lo interno de la institución es el pago de más de 600 mil lempiras mensuales a tres personas durante seis meses y que ahora se pretenda extender a un año más”, cita el informe al referirse a la decisión del ejecutivo de extender el período de labores de los interventores.
En San Pedro Sula ya funciona un hospital móvil con 65 camas. Comenzó a recibir pacientes desde el 16 de octubre, así que está por cumplir tres meses en funciones.
Expediente Público conversó sobre el funcionamiento de este hospital con el doctor Iván Torres, que es miembro de la comisión interventora del hospital Mario Catarino Rivas. El médico refirió que ha habido un alza en las atenciones por COVID-19.
Lea: Radiografía del fracaso: el sistema de salud de Honduras estaba en coma antes de la pandemia
“En las últimas dos semanas hemos tenido casi un 100% de ocupación en el área de adultos. Actualmente de 65 camas disponibles, tenemos 62 ocupadas y esto es porque consideramos que durante las últimas dos semanas hubo un relajamiento de la población y de las instituciones en cuanto a lo que es el uso de las medidas de bioseguridad”, explicó el doctor Ramos.
Contó que algunas situaciones relacionadas con el oxígeno y la electricidad continúan resolviéndose, pero que en general los módulos han funcionado bien.
Por criterio técnico de los especialistas que manejan la sala, habilitaron 65 camas consideraron tener más espacio para evitar aumento de la carga viral y mantener la distancia según estándares; el resto de camas están en custodia de Bienes Nacionales y algunas en áreas de atención de la Torre Hospitalaria del Mario Rivas.
Lea: Honduras apuesta a los seguros y servicios privados, en detrimento de la salud pública
MÓVILES VS. PERMANENTES
El análisis de la compra de los hospitales móviles se puede hacer desde diferentes perspectivas. Una de las preguntas que surgen es cuántos centros asistenciales permanentes pudieron construirse con 47 millones de dólares.
Como una referencia a los costos se puede mencionar un proyecto comunitario en Olanchito, Yoro, al norte del país, en el cual los miembros de la comunidad recaudaron fondos y ampliaron la capacidad de atención en el hospital local “Aníbal Murillo Escobar”. Construyeron ocho salas para acomodar 84 camas.
Los gestores del proyecto habían estimado invertir 2.5 millones de lempiras para acondicionar las salas, pero los ciudadanos de Olanchito recaudaron alrededor de seis millones de lempiras. Las salas fueron inauguradas en septiembre. Antes de esta iniciativa el hospital “Aníbal Murillo Escobar” solo tenía 16 camas disponibles para COVID-19.
Expediente Público conversó con el ingeniero Juan Carlos Sobalvarro, miembro de Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, quien brindó una opinión técnica sobre las estimaciones de costos de una construcción permanente, que serán utilizadas como referencia respecto al valor pagado por los hospitales móviles.
Sobalvarro quiso dejar claro que el Colegio de Ingenieros es una organización gremial que no tiene ningún vínculo político con nadie y tampoco tiene fines de lucro.
Dijo que al comienzo de la emergencia y antes que se diera la compra en cuestión, el colegio fue el primero en levantar la mano para ofrecer el apoyo al gobierno de Juan Orlando Hernández. En aquel entonces, los ingenieros y el Colegio de Arquitectos presentaron una propuesta para construir unidades permanentes, pero no fueron escuchados. “Le dijimos al gobierno que estábamos en la disposición de generar propuestas que se podían realizar”, afirmó Sobalvarro.
“Consideramos injustificable que no se haya tomado en cuenta a los colegios profesionales que agrupan entre sus agremiados a empresas y profesionales con la experiencia suficiente para dar opinión y asesoría, así como el acompañamiento, en el proceso para la realización de los hospitales de aislamiento”, señalaron en un comunicado arquitectos e ingenieros civiles después de que su propuesta no fue escuchada.
Diario El Heraldo recogió en sus páginas la propuesta realizada por arquitectos e ingenieros, entre las que destacan la ampliación de la capacidad hospitalaria para atender la emergencia, la cual hubiese costado 924 millones de lempiras menos que lo invertido por Invest-H. Se hubiesen construido igualmente 10 hospitales temporales que a esta altura funcionarían todos.
Lea: EL COVID-19 HUNDE A LA ECONOMÍA DE HONDURAS ANTE LA INEFICIENCIA DEL ESTADO
El ingeniero Sobalvarro explicó que para realizar una comparativa entre la compra realizada por Marco Bográn y lo que se pudo realizar en Honduras tiene que tomarse en cuenta los metros cuadrados de construcción. Y sostiene que, ya conociendo esos datos, puede afirmar que lo que se compró cuesta el doble o el triple de lo que hubiera costado si el proyecto se hubiese desarrollado en el país.
“Nosotros hubiéramos logrado desarrollar entre 15 y 20 hospitales en todo el país y en categoría de permanentes”, dijo el experto, al asegurar que, a nueve meses de haber llegado la pandemia del coronavirus, todas esas instalaciones ya estarían operando desde al menos hace dos meses.
El ingeniero también hace referencia a la gran cantidad de trabajos que pudieron haberse generado en el país en un momento en el que no había empleos. “Me imagino el derrame económico que se hubiera provocado en medio de la pandemia si esos hospitales se hubieran ejecutado aquí”, dijo, al destacar que habría visto cierto dinamismo en la economía porque las compras se hubiesen realizado también en el comercio local.
“Se empezó mal, pero siguieron haciendo mal las cosas, y da la impresión de que no hay todavía realmente conciencia e interés en corregir”, sostiene.
Sobalvarro refiere que, por experiencia, conoce los protocolos y mecanismos que se deben realizar para que se realice un cobro en este tipo de trabajos, al referirse al caso de las estructuras móviles. “Y allí sin papeles, pagando por adelantado el 100%. Es increíble por donde usted lo analice y evalúe, da mucho que pensar”.
No obstante, pese a que califica la compra de los hospitales como una mala inversión, sugiere sacar el máximo provecho a la instalación. “No quiere decir que porque sea móvil va a durar 5 o 10 años. No es así porque primero es el mantenimiento”. La vida útil de esas unidades, se conocerá una vez instaladas, afirma al ingeniero, mientras todo apunta a que el capítulo de los hospitales móviles procedentes de Turquía, está lejos de ser cerrado. Por ahora, solo dos están instalados, uno en funciones y otro aún en espera por falta de presupuesto, mientras los cinco restantes, apenas han sido trasladados a las zonas de destino, pero todos, sin excepción, presentan problemas de fábrica, según se colige de los amplios informes proporcionados por el CNA.
