* El Gobierno de Nayib Bukele promueve la construcción de un aeropuerto en el Golfo de Fonseca con financiamiento de China y el desarrollo inmobiliario turístico.
** Una organización indígena-campesina acudió a foro de Naciones Unidas a denunciar el expolio de la población salvadoreña que estaría siendo desplazada del litoral de este país centroamericano.
Eric Lemus / Expediente Público
La construcción del denominado aeropuerto del Pacífico en el departamento de La Unión, en la costa que limita con el Golfo de Fonseca, es uno de los proyectos que el Gobierno de Nayib Bukele planea desarrollar con el financiamiento de China.
Tras la reelección inconstitucional en febrero de este año, los pobladores de las zonas identificadas para la ocupación de estas nuevas instalaciones han sido testigos de la llegada sucesiva de personeros asiáticos y temen ser expulsados con el desarrollo del proyecto.
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La organización Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas por los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) busca visibilizar esta situación, en el marco de la 23 sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII).
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El Foro de la ONU de los Pueblos Indígenas, que auspicia alrededor de 2,000 delegados de todo el mundo, también cuenta con la participación de Ángel Flores, que integra MILPA, con quien Expediente Público sostuvo una conversación tras los debates que se llevan a cabo en la sede en la ciudad de Nueva York.
¿Qué significa la participación de una organización indígena y campesina en esta conferencia mundial con el contexto social y económico que atraviesa El Salvador?
Primeramente, nos permite acceder a otro tipo de mecanismos que vayan encaminados a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente el caso de El Salvador que ha sido siempre un país donde el mismo Estado ha tenido una conducta de no reconocimiento de los derechos colectivos e, inclusive, de la existencia de las poblaciones indígenas en el país.
Ante esta situación al estar acá nos permite conocer estos mecanismos y poderlos activar para poder ver en este caso cómo las instancias internacionales pueden velar por su cumplimiento a nivel nacional.
¿El Gobierno de El Salvador participó en este foro?
En las diferentes conferencias sobre pueblos indígenas que se ha desarrollado no ha habido participación por parte de representantes del Estado salvadoreño e inclusive en otras actividades realizadas siempre en el marco de Naciones Unidas que han coincido con este espacio no ha habido presencia por parte de representantes del Gobierno.
¿Qué implica acudir a esta conferencia en calidad de sociedad civil?
Nuestra organización es la primera que logra acceder a una beca por parte del Fondo Voluntario que permite estar acá; además de poder contar con una formación.
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Lamentablemente, en el plano de población civil, hay mucho desconocimiento sobre estos mecanismos y por eso nos deja una tarea como MILPA y que es poder llegar con esta información a otras organizaciones o fomentar articulación con otro sector de la población para poder utilizarla, conocerla e implementarla.
Creo que de esa manera se puede ver la problemática que ellos están enfrentando en diversos sectores en materia de derechos humanos.
¿Cómo es que surge MILPA como organización?
MILPA surge a partir de la necesidad de organización de diferentes comunidades, especialmente de la franja costera marina de El Salvador donde se encuentran asediadas por iniciativas económicas como megaproyectos impulsados por el propio Gobierno salvadoreño como es el caso del aeropuerto del Pacífico como por iniciativas económicas de sectores empresariales en el ámbito turístico.
A partir de este asedio e inclusive amenazas por el derecho a la tierra diferentes comunidades nos agrupamos más otros sectores como el sindical y ambiental para poder constituir la organización MILPA.
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Tenemos el caso del río Sensunapán donde una empresa desarrolla proyectos hidroeléctricos y sostiene que promueve la energía renovable porque utiliza el recurso agua, pero al mismo tiempo la comunidad adyacente a la población de Nahuizalco denuncia que están perdiendo su territorio.
¿Qué lección o ejemplo nos puede dar este caso?
Esto forma parte de la falsa narrativa de las economías verdes o energías renovables que también disfrazan todas esas formas de despojo que se están impulsando y en esta ocasión bajo el planteamiento de que son de interés público o de beneficio para otros sectores de la población salvadoreño.
Así se está afectando a las comunidades.
Para nosotros es un despojo disfrazado y que al final siempre responde a los intereses de generar energía, más que todo para los sectores empresariales, tomando en cuenta que nuestro país se produce más del 40% de energía que se requiere entre la población salvadoreña.
Simplemente es para vendérsela a sectores corporativos.
¿La energía que se produce llega a las comunidades?
Siempre en este tipo de tipo de despojos donde se les quita territorio a las comunidades también se da esa contradicción donde la población no logra acceso a ese servicio a un costo accesible.
Y lo podemos ver con las empresas de generación de energía eléctrica en El Salvador tienen altos niveles de rentabilidad o ganancia, pero que lamentablemente los costos para la población no se ven reducidos. Si no, todo lo contrario.
¿Qué sucederá en el litoral salvadoreño donde el desarrollo turístico está a la vista sumado al aeropuerto del Pacífico que financiará el Gobierno de China?
En este caso todo el proceso que se está realizando de intervención entre la comunidad ha implicado la violación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En este caso el Estado salvadoreño debe informar sobre las implicaciones tanto negativas como positivas de este tipo de iniciativas económicas.
Luego de tener toda esa información, la población debe ser consultada si está de acuerdo con este tipo de iniciativas ya sea impulsada por este Gobierno o por sectores turísticos afines a ellos.
