* La exclusión la sufren también en los partidos políticos, donde ni siquiera existe el debate de permitir como candidatos a miembros de la comunidad LGBTI+ en ninguna de las elecciones .
**Muchos de los gays, lesbianas y trans que participaron en las protestas del 2018 fueron acosados, perseguidos y no se les trató según su orientación sexual.
**En Nicaragua hablar de matrimonio igualitario, es todavía un tabú. Los diputados nicaragüenses ni se atreven a abordar el tema de crear una Ley de identidad de género.
Expediente Público
Este 28 de junio la comunidad LGBTI+ del mundo conmemora otro aniversario del inicio de la lucha por sus derechos, pero en Nicaragua este sector de la población continúa marginado, silenciado, perseguido y usado incluso para fines políticos.
Ese mismo día, pero del año 1969, hubo una redada policial en el local Stonewall Inn de Nueva York, Estados Unidos. Homosexuales, transgéneros y lesbianas que estaban en el lugar se negaron a identificarse y reclamaron por ser encarcelados, lo que desató una protesta nacional. Desde entonces es una fecha icónica internacional en la historia de lucha por la igualdad de derechos.
En Nicaragua, en mayo de 2021, el presidente del Partido Restauración Democrática (PRD), Saturnino Cerrato, confirmó que el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló su personería jurídica por la impugnación presentada por un grupo de pastores evangélicos, quienes aseguraron sentirse “traicionados y ofendidos” porque en ese partido se permitían temas que no se apegan a sus principios y valores cristianos como el aborto, feminismo y matrimonio gay, propuestos por grupos de la Coalición Nacional, plataforma a la que pertenecía el PRD.
Además, luego de la insurrección cívica de abril de 2018, decenas de gays, lesbianas y transgéneros que participaron en los movimientos sociales, fueron perseguidos, detenidos, abusados y tratados sin el respeto a las leyes.
“La represión a no poder alzar las voces libremente, la represión a varias trans que han sido privadas de la libertad por demandar o exigir justicia, han sido parte de los retos que hemos venido enfrentando”, enfatizó la activista defensora de derechos humanos, Ludwica Vega.
Marcha LGBTIQ por la Democracia y la Libertad. Tomada el 28 de junio 2018, Nicaragua- Jorge Mejía Peralta
El caso de Celia Cruz
Celia Cruz, de 35 años, se identifica con la cantante cubana del mismo nombre, fue apresada en la isla de Ometepe, en el Lago Cocibolca, en el municipio de Rivas, en abril de 2020 por recordar el aniversario de la rebelión cívica de 2018. Mientras estuvo durante un año en prisión, con frecuencia cantaba la letra de la canción “Yo viviré” a los presos políticos del Centro Penitenciario La Modelo, una cárcel de hombres, ubicada en Tipitapa, cerca de la capital Managua.
En abril de 2021 fue liberada bajo la figura de reo de conciencia, pero el 11 de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la sentencia de 13 años de cárcel para Celia Cruz por obstrucción de la justicia en modo agravado, al aparecer en un video compartido en redes sociales en el que increpaba a oficiales de la Policía Nacional su actuar fuera de la ley. Celia está en un limbo jurídico.
A dos meses de haber sido liberada afirma que “mi voz no la van a pagar, no la van a callar, mi voz va a continuar ahí”.
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Listen to «Orgullo gay en Nicaragua: sin inclusión ni igualdad» on Spreaker.“Desde que tuve 14 o 15 años, me empecé a identificar con el personaje, me encantaba su música, me gustó siempre tratar de personificar a Celia Cruz, aprendí a hablar, a cantar casi igual que la artista cubana” relató con entusiasmo a Expediente Público, mientras viste un elegante enterizo color negro, su pelo crespo recogido y un labial rojo vino desde un rincón de su negocio.
El restaurante “El sazón de Celia Cruz” está ubicado en una esquina del municipio de Moyogalpa, en la Isla de Ometepe, a pocos metros de la estación de la Policía, donde fue llevada el 21 de abril de 2020, tras participar dos días antes en una manifestación en la comunidad de Esquipulas.
La doble moral política
Para la activista Vega, en la comunidad LGBTI+ nicaragüense hay muchas personas con capacidad y experiencia en el activismo y la política del país centroamericano, pero han tenido que enfrentarse a la limitación de oportunidades de participación en estos espacios, en los “que en vez de crear alianzas estratégicas y unificar, han reprimido con su doble moral”, dijo.
“No debió haber sido así, porque si tratamos de llevar una lucha conjunta, no tenés porque excluir sectores, al contrario, tenés que incluir, y en este caso me molestó muchísimo porque digo yo, estoy dentro una lucha que me ha costado, que he puesto mi granito de arena y que alguien viciado de buscar poder, venga te quite y te excluya, que no podemos tenerlos aquí porque estos los que hacen es opacarnos la imagen que tenemos, para mí no es algo que debería de suceder”, respondió también Cruz a Expediente Público.
El que domina el poder, es quien decide
Por su parte, Kisha López, aseguró que, en los poderes del Estado, hay disidentes sexuales en clandestinidad: “sé que existen tanto como heteros, lesbianas, bisexuales, pero hay temor, porque el que domina el poder, es el que decide […] y creo que el temor de ellos en decir, soy gay, soy lesbiana, al trabajarle a alguien público como es el Estado, te rige como tenés que vestirte y actuar”. López es una mujer transgénero de 30 años quien antes de la insurrección cívica de abril de 2018, era prestamista y ahora es acusada de terrorismo y financiar tranques en su ciudad de origen, Diriamba, departamento de Carazo en la zona central de Nicaragua.
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El sicólogo Forense, Marvin Mayorga, quien ha formado parte de varias investigaciones sobre la violencia en la diversidad sexual en Nicaragua, estimó que es importante rescatar que antes y durante las protestas de abril, hubo muchas personas de la diversidad sexual involucradas en todas las actividades. “De una u otra forma la política en Nicaragua debe irse abriendo campo e ir respetando las ideas de las personas en su integridad y su sexualidad, sí o sí va a ser un tema que se tiene que abordar dentro de un proceso democrático, no puede haber democracia sin respeto sin igualdad de condiciones, sin respeto en su identidad sexual y de género”, dijo.
El país vive en el atraso
“Vivimos en una Nicaragua muy atrasada en educación, los prejuicios son muy grandes y es de entender a una población que no se ha educado en estos temas de sexualidad, de saber lo que es el respeto, la tolerancia, y es muy duro decir soy transgénero, soy transexual, soy gay, soy lesbiana es muy duro en un país donde el Estado no se ha preocupado en educar […] a esta nación para que puedan tolerar y respetar”, aseguró López a Expediente Público.
“Una Nicaragua cambiada, sería donde todas tengamos igualdad, tanto de pensar como de expresar, que podás decir, esto es lo que quiero, o expresarte física o verbalmente, esto soy, esto quiero ser, que se respete todo lo que debe ser como persona independientemente de su rasgo político, color, tamaño, sexo”, enfatizó Cruz.
Kisha López y Celia Cruz, sueñan con una nueva Nicaragua inclusiva y respetuosa ante sus derechos como ciudadanas, y esperan ser recordadas como activistas que defendieron su identidad. “El legado que quiero dejar es que no callemos nada, que siempre denunciemos todo lo que nos haga sentir maltrato”, afirmó López.
Un contexto difícil para la comunidad LGBTI
En Nicaragua, el “delito de Sodomía” estuvo vigente en el artículo 204 del Código Penal hasta el año 2008. Aunque la derogación de este artículo ha significado un avance, después de 13 años de lucha contra la discriminación y exclusión, la población LGBTI+ persiste en que se respeten sus derechos y espacios políticos, sobre todo en un año de contexto electoral.
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En las elecciones generales del 7 de noviembre próximo los nicaragüenses elegirán presidente, vicepresidente, diputados ante la Asamblea Nacional (parlamento) y al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Son 11 partidos políticos con representación nacional los autorizados por el Consejo Supremo Electoral (CSE) a participar en el proceso, aunque el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) agrupa en su alianza electoral a otras ocho organizaciones políticas, incluidos dos de la Costa Caribe.
En la selección de candidatos, los partidos políticos no hablan de incluir a miembros de la comunidad LGBTI+, es prácticamente un tema vetado.
A pesar que en Nicaragua existir una Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual desde el 2010 a cargo de Samira Montiel Sandino, no se han logrado significativos avances en los derechos de este sector.
La activista defensora de derechos humanos, Ludwica Vega, reiteró que hasta el día de hoy “no existen leyes que reconozcan a la población LGBTI, leyes específicas como la Ley de identidad de género, que reconozca a esta mujer, a este cuerpo, a esta mente, como Ludwica”.
Vega tiene 37 años, y ha superado el promedio de vida de una mujer trans (35 años), es sobreviviente de violencia, y hoy es directora de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT) que lleva 10 años trabajando en el país centroamericano.
“La Procuraduría trabaja principalmente el tema de acceso a tratamiento por el VIH y antiretrovirales, que es una cuestión de salud importante, sin embrago, no hemos tenido la constancia de que la Procuraduría de los Derechos Humanos tenga un papel más beligerante como se espera”, dijo el sicólogo forense a Expediente Público, Marvin Mayorga.
Recordó que, en 2012, después de haber enviado 47 cartas junto a la Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos (IDSHDH) a la Asamblea Nacional y llevar a la mesa el tema del “matrimonio igualitario”, la entonces diputada sandinista Marina González les dijo que en Nicaragua tenían que esperar otros 30 años para que eso pasara.
Expediente Público intentó tener la posición de Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), sobre las demandas de la comunidad LGBTI+ de inclusión en los diferentes ámbitos de la sociedad, pero no se aceptó las solicitudes de entrevistas.
