*La violación de derechos humanos en Nicaragua, la represión sostenida desde abril 2018, el recrudecimiento de los fundamentalismos religiosos, el desempleo, la pandemia, pobreza, exclusión y exilio, sitúan a la comunidad LGBTIQ+ en un estado de vulnerabilidad para ejercer sus derechos.
**Al menos 53 casos de discriminación y violencia contra Lesbianas, Gays, Bisexuales y Mujeres Trans han sido registrados por organizaciones defensoras de derechos humanos, entre enero y septiembre de 2021 en siete departamentos del país, incluyendo un asesinato en impunidad.
Expediente Público
Angélica Lezama, “la chica de las hojuelas”, dejó de recorrer las calles de Masaya, ciudad a 27 kilómetros al oeste de Managua, la capital, bajó por un momento la bandeja azul de su cabeza en la que lleva envueltos sus dulces para vender y contó a Expediente Público que un día le gustaría ser enfermera o trabajar en una zona franca.
“Cuando yo estaba chiquito, me ponía falditas chiquitas, a veces mi brasielito (brasier), yo me sentía mujer, toda una mujer, una chica trans”, narró Lezama.
De pequeña era tímida en clases y sus compañeros de primer grado le hacían burla, por eso dejó de estudiar, explica. A sus 15 años de edad, Angélica empezó a dedicarse al trabajo sexual, para llevar dinero a su casa, pero empezó a recibir maltrato de hombres, además de ser discriminada por las mismas mujeres trans.
En pobreza y explotación
Hoy a sus 18 años, Angélica quisiera ser una enfermera o trabajar en una zona franca, sin embargo, no ha logrado siquiera tener su partida de nacimiento lo que la limita a reintegrase a la escuela, optar por un trabajo, votar o incluso vacunarse contra la Covid-19.
“Le dije a mi mamá `quiero entrar a clases`, y me dijo que no, porque no tengo partida de nacimiento”, aseguró, Lezama.
Este es solo uno de muchos casos de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersexual, Queer (identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero), (LGBTIQ) nicaragüenses que enfrentan desafíos, asegura el activista Frank Hooker, del Programa Feminista La Corriente.
“Muchas veces personas LGBTIQ se ven en la necesidad de acceder a diversos empleos donde tienen que llevar la sobreexplotación y carecen de información en relación a sus derechos humanos, y esto impide muchas veces que puedan salir de ese círculo vicioso”, asegura.
Por su parte Concha Armas, coordinadora de la Iniciativa Acuerpadas Nicaragua y quien ha participado en varios espacios formativos con jóvenes desde la reflexión crítica y el debate, describió a Expediente Público cómo el sector de mujeres trans tiene muy poco acceso al sistema educativo porque se enfrenta a la calle, y eso significa “dedicarse a trabajos que probablemente no le gusten, pero son necesarios para sobrevivir”, como el trabajo sexual, por ejemplo.
“Particularmente no tengo absolutamente nada en contra de las trabajadoras sexuales, ejercer trabajo sexual es su derecho también, pero si tengo muchos reclamos contra el sistema por obligarnos a hacer eso en determinados momentos de nuestras vidas”, aclaró Armas.
Datos de la violencia contra diversidad sexual
La inestabilidad política en Nicaragua que desemboca en una crisis económica y la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, sitúa a la población sexualmente diversa en un estado vulnerable ante los casos de discriminación laboral registrado en los últimos meses.
En medio de las crisis política, social y económica que atraviesa el país, desde las organizaciones independientes se continúan realizando diversos esfuerzos por documentar y hacer visible la violencia que enfrentan a diario personas LGBTI, a falta de apoyo por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las denuncias de la comunidad.
Entre enero y septiembre del 2021, el Observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Nicaragua del programa feminista La Corriente, ha documentado al menos 57 casos de violencia y discriminación contra la diversidad sexual, entre ellos, 54 agresiones, 1 asesinato en impunidad y 2 suicidios, en los que involucra a 7 departamentos del país.
¿Qué dicen las Leyes?
Según el estudio “Variation in Latin American LGBT Rights”, publicado en 2017 por la Universidad de Miami, en Nicaragua no se criminalizaba la homosexualidad hasta 1992 después del final de la revolución sandinista. Esta Ley de Sodomía también prohibía su “propaganda”, criminalizando así cualquier activismo por los derechos de homosexuales.
Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega derogó esta severa ley poco antes que Panamá en 2008.
Puede leer: Comunidad LGBTI+ en Nicaragua: perseguida, silenciada y usada para fines políticos
Durante ese mismo año, Nicaragua reconoció a la homosexualidad como una orientación sexual en su Código Penal para darles protección contra delitos de odio en su artículo 36 y la discriminación en el empleo en el artículo 315.
Hooker señala que “aunque existe dentro de la Constitución Política que somos iguales ante la ley, en el momento que nosotros optamos por un empleo esto no se concreta, esto queda solamente en discurso porque siempre estamos en mayor vulnerabilidad y mayor desventaja”.
Según el activista, también hubo un intento de crear una ley de identidad de género, pero solo fue una promesa más que quedó en papeles, porque hasta la fecha no se ha tocado el tema ni ha sido promovido por la Subprocuraduría asignada hace 13 años.
“Nunca se conoció ni siquiera el borrador de esta propuesta de ley, solo quedó en promesa y nunca se cumplió tal derecho. Hemos visto que desde 2009 a la fecha es un tema que que no se ha vuelto a tocar”, señaló.
¿Qué se hizo la procuradora de la diversidad sexual?
En 2009, María Samira Montiel fue nombrada como Procuradora Especial de la Diversidad Sexual de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Nicaragua (PDDH), pero esta oficina no ha jugado un papel relevante para la comunidad, ni ha escuchado las demandas y necesidades de la población LGBTIQ.
Expediente Público revisó la web oficial de la PDDH y encontró al menos cuatro notas de prensa sobre encuentros para promover los derechos de las personas LGBT y una sola denuncia hecha en el año 2015 por la “falta de beligerancia de la policía nacional en el trámite de las denuncias por discriminación”.
Según la única información pública que ofrece esta oficina, sus funciones están orientadas a promover y defender los DDHH de las personas LGBTI, trabajadoras sexuales y personas con VIH; orientar en los procesos de denuncia en casos de vulneración a sus derechos; capacitar y sensibilizar a servidores públicos; y promover la elaboración de leyes.
“Desde el año 2007 el Gobierno de Nicaragua ha promovido y garantizado permanentemente el goce y disfrute de los Derechos Humanos de las personas de la diversidad sexual, sin ningún tipo de discriminación, como parte integrante de la Nación nicaragüense, garantizando un trato digno, respetuoso e inclusivo, de manera especial, el derecho humano a la educación, desde un modelo gratuito, de calidad e inclusivo para todos y todas”, dice uno de los artículos publicado en marzo de 2021.
No hay oficinas para oír a las personas LGBTIQ +
Aunque este ha sido el discurso del gobierno en Nicaragua, siguen existiendo grandes brechas para el goce de los derechos humanos en el país. Las leyes no contemplan otros derechos como la identidad de género para mujeres y hombres transexuales o el matrimonio gay.
“Como que nuestras voces y nuestras demandas no son escuchadas, no existe una oficina donde podamos hacer una denuncia pública hacia una institución o empresa que haya violentado nuestra dignidad y derechos”, señala Hooker.
“De hecho fue una noticia con revuelo mundial, porque era muy escandaloso que un país con la sociedad como la que tenemos pudiera nombrar a una sub procuradora para atender estos temas relacionados a la comunidad LGBTIQ + […] sin embargo, esto quedó en eso, en una notica de revuelo internacional, un nombramiento de papel, porque nunca se atendió ni las necesidades ni demandas, que se venían realizando desde los colectivos feministas y LGBTIQ +. Fue una oficina ciega, sorda y muda”, reiteró Hooker.
En 2012 Ortega impulsó la restricción del aborto con el apoyo de la Iglesia católica y evangélica, además ordenó a la Asamblea Nacional un nuevo Código de la Familia que excluye a las familias LGBTIQ+ y prohíbe explícitamente las uniones entre parejas del mismo sexo y adopción. Esta nueva ley fue aprobada dos años más tarde, en 2014.
[masterslider id=»344″]
Lea también: ONU mantiene presión contra Ortega por abusos a los derechos humanos
Un gran secreto que ocultar
“Enfermedad de que sos mujer y te gustan las mujeres”, recordó que puso en el buscador de Google, Jandra Leytón a sus 14 años. Así empezó a descubrir su sexualidad en privado, porque creció en una familia con costumbres católicas.
“Los fundamentos religiosos fueron los que más me marcaron en mi vida”, asegura Leytón, por haber pertenecido a Ministerios pastorales por varios años. No fue hasta que entró a la universidad que asumió su identidad como lesbiana y decidió contarle a su mamá.
“Me dijo: ¡ah! eso es una etapa no te preocupés, se te va a pasar”, Jandra cuenta entre risas, que ya lleva “cuatro años con esa etapa y nada que se me pasa”.
“Para mi mamá ha sido algo difícil de aceptar aunque ella no me lo diga, pues ella no me discriminó, ni me dijo nada. Solo me dijo que no se lo dijera a nadie más, que lo mantuviera en secreto”, narró a Expediente Público.
Jandra de 19 años, estudia tercer año de Enfermería en Cuidados Críticos en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua, y asegura que en este centro de estudios ella ha sido discriminada por “sus comportamientos raros” y otros compañeros gays “por sus comportamientos femeninos”, a pesar de que las autoridades emiten un discurso contrario, hay profesores “machistas”.
“El profesor (de sicología) le dijo al muchacho (gay) que eso que tenía era una enfermedad, y que si él quería le podía dar terapia para que él volviera a encaminarse”, cuenta.
Para Jandra, esta es una clara evidencia de la debilidad en educación sexual que hay en el país. “Creo que lo primero que se debe de trabajar es la educación, porque desde ahí se empieza, desde los más pequeños hasta la Universidad. Bueno, claramente aquí en Nicaragua no se recibe una educación sexual en la que se reconozca a la comunidad LGBT”, añadió.
Pecados y otros prejuicios religiosos
A su denuncia se suma también Guadalupe Canales, una joven bisexual de Ciudad Sandino, municipio de la capital Managua. Ella también descubrió su orientación sexual en su adolescencia bajo un entorno familiar de fundamentalismos religiosos.
“Hace algunos años la iglesia no reconocía la homosexualidad como una orientación sexual, sino como un trastorno, ahora la reconoce, pero es incluso más peligroso porque dicen que si existen los homosexuales, pero ‘somos pecadores’. Ahora nos reconocen, pero inmediatamente pasamos al plano pecador”, señala Canales.
“Creo que la Iglesia más bien frena nuestros intentos por reclamar nuestros derechos”, dijo a Expediente Público.
“Creo que, si el Estado garantizara una educación integral en el país, todo este índice de violencia hacia las personas sexualmente diversas, bajaría”, aunque reconoce que no sería un trabajo de la noche a la mañana porque “los fundamentalismos religiosos están bien arraigados” aseguró la joven.
Los agujeros de América Latina
Las agresiones y actos discriminatorios que se cometen contra lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas trans trascienden las noticias hasta que se trata de crímenes con altos niveles de crueldad, como pasó con el asesinato contra la joven transgénero de 22 años, Kendra Contreras conocida como Lala, el pasado 3 de marzo, en Somotillo Chinandega.
El coordinador regional del Proyecto Diversxs de Amnistía Internacional, Yahir Zavaleta, resalta la preocupación en Latinoamérica por las cifras de violencia contra la comunidad en los últimos años, y sobre todo en Nicaragua, por la crisis de derechos humanos que arrastra desde 2018 con mayor énfasis.
“Los índices de violencia y discriminación siguen siendo alarmantes, tan solo en 2020, Amnistía internacional registró 287 crímenes de odio hacia personas de la comunidad LGBTIQ motivados por orientación sexual e identidad o expresión de género no normativos”, reiteró Zavaleta a Expediente Público.
Señaló que entre 2019 y 2020, el Observatorio Sin violencia LGBTI LGBTIQ + ha contabilizado al menos 689 crímenes, y esto indica un incremento en la violencia y discriminación.
[masterslider id=»343″]
Lea también: Nicaragua: persiste la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres
“Esto sigue siendo preocupante y digo que es uno de los principales retos porque de ellos se deriva justamente el acceso a una cultura de no violencia y discriminación”.
Zavaleta por otro lado, señala como la pandemia de Covid-19 ha exacerbado gran parte de los retos que ya históricamente las personas enfrentaban en América Latina y el Caribe.
“Las personas de la comunidad LGBTIQ, no la tienen fácil en una región que es violenta, machista, homofóbica y transfóbica, que está permeada de una ola de grupos conservadores que limitan el acceso a su reconocimiento”, dice.
Centroamérica y el Caribe son las subregiones menos desarrolladas de América Latina, según el Informe de la Universidad de Miami, y carecen de derechos para gays y transexuales. Nicaragua, Honduras y Guatemala tienen cada uno un bajo Producto Interno Bruto per cápita y baja matrícula terciaria. “Costa Rica destaca Centroamérica con mayor desarrollo y más derechos LGBT”, cita el informe.
[masterslider id=»341″]
Puede leer: Crueldad carcelaria contra liderazgo opositor nicaragüense
¿Qué exige la comunidad?
Nicaragua carece de una base social fuerte que favorezca a las personas LGBT, contrario al discurso que mantiene el gobierno.
Para Génesis Dávila, de 25 años, quien ha tenido que autoemplearse después de no encontrar oportunidad laboral al salir de la universidad y coronar su carrera como Licenciada en Lengua y Literatura Hispánica, la falta de derechos LGBT en el país ha tenido consecuencias directas en las vidas de minorías sexuales, especialmente en mujeres transexuales.
“Hay homosexuales que mantienen su masculinidad, tienen empleo, han logrado entrar a instituciones, están dando clases, otros son doctores, de cierta forma hay más ‘inclusión’ y al menos en mi caso, sentí que se me negaron totalmente las puertas y en cuanto a lo laboral como mujeres trans te puedo afirmar que no conozco a ninguna mujer que labore según sea sus capacidades y carrera profesional”, aseguró.
“Lo que exigimos es que se nos reconozca como personas que no estamos enfermas ni descarriadas, que se nos brinden los mismos derechos por el simple hecho de ser personas, el derecho a la educación, a la salud y un empleo digno, sin importar la orientación o identidad de género”, denuncia Yandra Leytón.
Por su parte Canales denuncia que el estado de impunidad que ha creado toda la crisis sociopolítica en Nicaragua, ha hecho que violadores hacia las personas sexualmente diversas, se sientan con el derecho y permiso social para seguir violentando.
“Saben que probablemente no van a tener un castigo, porque ya sabemos que el sistema judicial de aquí de Nicaragua, es totalmente deficiente cuando nosotros vamos a denunciar un caso de violencia”, aseguró a Expediente Público.
Hasta la fecha, la principal demanda de la comunidad LGBTIQ sigue siendo ser reconocidas y reconocidos por el Estado nicaragüense y una sociedad más inclusiva, seguido de una educación integral, respeto y apoyo.
