* La persecución política y la invasión de colonos en Nicaragua lleva a cientos de familias indígenas a refugiarse en Costa Rica.
** La falta de empleo y vivienda se agrava por la limitante del idioma.
Expediente Público
Salomón Martínez es un miskito que esperó dos años en Costa Rica para reunirse con sus dos hijos adolescentes y su esposa, quienes habían quedado en Walakitan, una comunidad ubicada sobre la ribera del río Coco en Nicaragua.
Ellos forman parte de las más de 300 familias de pueblos originarios, principalmente miskitos, que se exiliaron en Costa Rica en los últimos años por la represión política, la invasión de colonos y el cambio climático.
“Yo no tenía el plan de traer a mi familia (a Costa Rica) porque la vida es dura, pero por fuerza mayor tenía que tomar la decisión de por lo menos tener cerca a mis hijos pequeños y a mi señora”, contó Martínez a Expediente Público.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
Desde que tenía 16 años hasta su adultez, Martínez se involucró en “asuntos de defensa del pueblo” miskito.
“Ningún indígena, aunque tenga su territorio, nunca gobierna su territorio porque tiene que estar debajo del talón de un gobierno central”, explica Martínez.
Los miskitos tradicionalmente tienen sus propias formas de autogobierno, principalmente regido por un consejo de ancianos en cada comunidad.
Por su resistencia frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, este hombre de 51 años se convirtió en un perseguido político.
“Daniel Ortega tiene todas las razones de perseguirme, porque yo nada tengo que ver con él y con su partido (…). Yo hablo del derecho de la propiedad, de los fundamentos históricos como pueblo especial que somos, de las leyes históricas que aún mantenemos”, explica Martínez.
Pidió “posada” en Costa Rica
Sin recursos y sin un rumbo claro, Martínez tocó puertas desconocidas en Costa Rica, confiando en la bondad de extraños.
“Algunas personas me abrieron los brazos, me ayudaron con posada por una semana, dos semanas… hasta que logré tener la capacidad para pagar un cuarto”, recuerda.
Hace apenas una semana logró reunirse con su familia y sabe que tiene un “reto” mayor por delante.
Además: Condenan al régimen de Nicaragua por violar derechos indígenas en proyecto del Gran Canal
“Tenemos que estar claro que aquí en San José yo puedo tener un trabajito en este momento, pero en cualquier momento me echan por no pagar prestaciones sociales”, argumenta Martínez.
Pese a todas las dificultades, Martínez solo tenían en mente reunir a su familia y comenzar de nuevo, juntos, en un lugar seguro.
Nicas siguen llegando a Costa Rica
No existen datos desagregados que permitan conocer con exactitud cuántos indígenas y afrodescendientes llegaron a Costa Rica en los últimos años. Sin embargo, desde 2018 el país recibió 243,841 solicitudes de refugio de nicaragüenses.
Esta cifra refleja el éxodo masivo causado por la crisis política y social en Nicaragua que afecta a diversas comunidades, incluyendo a pueblos indígenas y afrodescendientes.
La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica confirmó a Expediente Público que, de ese total, aprobaron 6,179 solicitudes de refugio entre 2021 y 2024.
El mayor flujo de nicaragüenses desplazados a Costa Rica se registró en 2021 y 2022, cuando el país recibió 52,929 y 80,028 solicitudes de refugio, respectivamente.
Además, en los últimos seis años, Migración rechazó 5,001 solicitudes de nicaragüenses solicitantes de refugio.
Desplazados por colonos
De acuerdo a organizaciones indígenas nicaragüense en el exilio, la mayoría de las familias desplazadas a Costa Rica son miskitas, aunque también hay mayangnas y creoles.
La mayoría de los desplazados se encuentran viviendo en el distrito de Pavas, en la capital, San José. Otras zonas con una presencia notable de esta población son La Carpio, Alajuelita y Purral de Guadalupe, según la organización indígena.
También: Yatama en la ONU denuncia criminalización contra indígenas en Nicaragua
Aunque se estima que también se refugian en Upala y la provincia de Limón, en el Caribe costarricense.
En Pavas vive “Lorna”, una mujer miskita que llegó a Costa Rica en 2021 junto a su esposo y dos hijos, con el objetivo de reunirse con su familia.
Su padre se había desplazado nueve años antes tras perder sus tierras a manos de colonos en el sector de río Coco, Nicaragua.
“Yo tuve que venir con mi esposo a causa de mis hijos. No podía estar ahí porque la gente (los colonos) entraba a matar hasta nuestras vacas”, recuerda “Lorna”.
Desempleo, hambre y falta de Salud
Desde 2018, el régimen Ortega Murillo incrementó su control sobre las comunidades indígenas y afrodescendiente en Nicaragua que constitucionalmente gozan de autonomía.
El Caribe es una región estratégica para proyectos económicos.
El régimen de Nicaragua incentiva la ocupación ilegal de tierras comunales y provoca que las familias indígenas y afrodescendientes tengan que abandonar sus comunidades y territorios en busca de seguridad personal.
El hecho de proteger sus vidas no implica que su situación en el país de destino sea igual a la que tenían en Nicaragua.
Jhoswel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU) explicó a Expediente Público que “viven en crisis constante”.
“Están pasando desempleo, hambre, dificultades de acceso a recursos bastante grandes. Cuando tienen empleo ganan menos del salario mínimo (…). Se ven obligados a decidir entre tener alimentos o tener condiciones de habitación mínimas”, afirmó Martínez.
Un sondeo con 679 personas indígenas y afrodescendientes de 309 hogares desplazados en Costa Rica arrojó que el 15% de esos hogares sobreviven con menos de 50,000 colones mensuales (aproximadamente 100 dólares).
“Vivir acá, en Costa Rica, sin ninguna fuente de trabajo, sin ningún ingreso económico, sin ninguna cuenta con efectivo en el banco, (la) única alternativa es volverse callejero, volverse como forastero”, entiende Martínez.
El 70% de las personas de esos hogares no acude a ningún centro de salud para recibir atención médica, reveló el sondeo.
Un estudio realizado por Fundación Sin Límites reveló que los “los planes y expectativas de los migrantes se han transformado en un enfoque de supervivencia”, especialmente durante los primeros años tras la migración.
La barrera del idioma
Al llegar a Costa Rica, los miskitos experimentan discriminación, como le ocurrió con uno de sus hijos a “Lorna”.
“En la casa mis hijos solo hablan miskito, pero en la escuela solo español. Un día mi niño me dijo que, en la escuela cuando él hablaba con sobrinito mío en miskito, los demás niños se burlaron”, recuerda “Lorna”.
Según Martínez, quienes logran conseguir un empleo “les prohíben hablar en sus idiomas nativos”.
Puedes leer: Oro y sangre en el Caribe de Nicaragua: riqueza minera en el conflicto indígenas-colonos
Además, escuchan a las personas decir “qué horrible” cuando alguien habla en miskito.
La lengua materna se convierte en una barrera también que dificulta regularizar su estatus migratorio.
Gabriela Oviedo, coordinadora del equipo de movilidad humana del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explicó a Expediente Público que el poco o nulo dominio del español representa un obstáculo para las personas indígenas que buscan refugio en Costa Rica.
“Las personas indígenas y afrodescendientes nicaragüenses que vienen a Costa Rica no pueden acceder a esta condición de refugio y lo que hemos identificado es un gran número de personas que se encuentran en una condición irregular”, señaló Oviedo.
La barrera lingüística dificulta su acceso a servicios básicos, oportunidades laborales y educación, dejando a muchos desplazados aislados y con pocas opciones para mejorar su calidad de vida.
“No tener una condición regular los pone en una situación de doble vulnerabilidad. Por un lado, no pueden acceder a estos derechos económicos, sociales y culturales y, por el otro lado, cuando existen estas vulneraciones de derecho tampoco pueden acceder a la justicia”, añadió Oviedo.
Costa Rica, país de tránsito
A través de las alianzas estratégicas entre organizaciones defensoras de derechos humanos, se logró designar a un facilitador que domina el idioma miskito en las oficinas de la Unidad de Refugio de Migración, con el fin de apoyar a los refugiados que enfrentan barreras lingüísticas.
“Se trata de resolverle lo más rápido posible a estas comunidades. Se entiende que son comunidades en desprotección, desplazadas forzadas por condiciones múltiples de vulnerabilidad como ataque de la minería, de los colonos armados, que sufren la protección del Estado”, explicó Martínez.
El número de personas indígenas y afrodescendientes exiliadas en Costa Rica sigue en aumento.
Aunque no existen estadísticas oficiales al respecto, pero algunas organizaciones de la sociedad civil “han alertado” que muchos eligen Costa Rica solo como un punto de tránsito en su camino a terceros países.
“Han alertado de estos procesos que están habiendo de un segundo o tercer desplazamiento hacia otros países (…). No hay un conteo estadístico claro sobre las personas que se encuentran en Costa Rica de forma irregular porque también a veces salen y entran de Nicaragua”, alertó Oviedo.
Cientos de miskitos huyeron de sus tierras ancestrales y en algunos casos, también cruzaron la frontera hacia Honduras.
