* Miguel Díaz Bobadilla asumió como ministro de Comunicaciones sin el finiquito obligatorio, requisito que debía presentar antes de la juramentación con el presidente Bernardo Arévalo.
** Nombramiento es una muestra de que el Gobierno de Guatemala mantiene prácticas dudosas como sus antecesores.
Marysabel Aldana/ Expediente Público
El nombramiento de Miguel Ángel Díaz Bobadilla como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda genera una intensa polémica en Guatemala. El funcionario asumió el cargo sin contar con las credenciales necesarias que exige la ley.
Al asumir el cargo, Díaz Bobadilla no contaba con el documento de finiquito, requisito fundamental establecido por la ley para ejercer puestos públicos.
Esta situación podría violar la normativa legal y refleja falta de transparencia en los procedimientos gubernamentales del país, según analistas.
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Miguel Díaz y la implicación legal
El documento de finiquito, emitido por la Contraloría General de Cuentas de Guatemala (CGC), certifica que una persona no tiene cuentas pendientes con el Estado.
Es un requisito indispensable para cualquier persona que desee ocupar un cargo público, especialmente uno de alto nivel, como el de ministro, según la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionario y Empleados Públicos.
Sin embargo, cuando designaron a Miguel Ángel Díaz Bobadilla, no tenía en orden el finiquito por una deuda con el Estado de Q2.2 millones (aproximadamente US$ 300,000), según la CGC.
La multa en cuestión se originó porque Díaz no notificó su retiro como coronel del ejército en 2008.
Aunque logró saldar la deuda en cuestión de días después de asumir el cargo, el hecho de que se le permitiera tomar posesión sin cumplir este requisito establece un precedente preocupante, según analistas legales.
Permitir que una persona sin finiquito asuma funciones ministeriales no solo contradice la ley, sino que pone en entredicho la legitimidad de su gestión, agregaron los expertos, consultados por Expediente Público.
El 16 de enero vía telefónica Expediente Público, intentó hablar con el ministro Miguel Ángel Diaz, sin embargo, el funcionario remitió la comunicación con su equipo de Relaciones Públicas, quienes expresaron únicamente que el tema del finiquito ya se había solventado y que el funcionario no daría más explicaciones sobre el tema.
Expediente Público pidió otras dos veces al funcionario una aclaración, pero tampoco hubo respuesta.
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El contexto del nombramiento
Miguel Ángel Díaz Bobadilla fue nombrado como ministro de Comunicaciones en un contexto político cargado de tensiones.
Algunos interpretan su designación como una estrategia del Gobierno para mantener control en instituciones clave como el Ministerio de Comunicaciones. Esa cartera está históricamente vinculada a grandes proyectos de infraestructura y, en algunos casos, a escándalos de corrupción.
A pesar de los cuestionamientos, el presidente Bernardo Arévalo defendió el nombramiento, argumentando que Díaz Bobadilla cumplía con las credenciales necesarias para el cargo.
Sin embargo, las críticas se centraron en la falta de transparencia del proceso y en la permisividad del gobierno al permitir que asumiera sin finiquito.
“Dejar que iniciará con sus funciones sin tener el finiquito es una muestra de que el presidente Bernardo Arévalo se está dejando presionar por grupos oscuros en el país, para no garantizar el finiquito que es fundamental, ya hasta eso, es un mensaje”, comentó el analista político y abogado Fernando Batres a Expediente Público.
Quién es Miguel Díaz Bobadilla
Antes de asumir el cargo como ministro, Miguel Ángel Díaz Bobadilla tuvo una larga trayectoria en el Ejército de Guatemala.
Como militar se desempeñó en áreas relacionadas con la logística y administración, lo que le permitió familiarizarse con la gestión de proyectos complejos.
Aunque su experiencia en las filas castrenses podría aporta disciplina y organización, algunos sectores lo cuestionan.
El Colegio de Arquitectos de Guatemala critican si estos perfiles son los adecuados para liderar los ministerios, que requieren de una alta especialización técnica.
La multa millonaria y pago exprés
La multa de Q2.2 millones (US$ 300,000) que Díaz Bobadilla tuvo que pagar refleja un problema mayor en las estructuras administrativas del país.
Este tipo de sanciones suelen estar relacionadas con irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos. Su existencia plantea preguntas sobre la idoneidad de los funcionarios seleccionados para ocupar cargos de relevancia, explicó a Expediente Público Manuela Centeno, abogada y exfuncionaria de la CGC.
Díaz tuvo 17 años para pagar la multa, pero solo la solventó tras su nombramiento por Arévalo. Algunos críticos cuestionan cómo logró saldar una suma tan elevada en poco tiempo.
“Me parece difícil de creer que una persona común en Guatemala tenga los millones para pagar esa deuda. Si bien la Contraloría emitió un acuerdo de reducción de multas, de igual manera, sería una cantidad muy elevada a pagar en tan poco tiempo”, comentó Centeno.
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Reacciones y cuestionamientos
La comunidad civil y organizaciones pro-transparencia reaccionaron con preocupación ante el nombramiento de Díaz Bobadilla.
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) señaló que el caso es un ejemplo de cómo las instituciones públicas flexibilizan los estándares en la selección de funcionarios, lo que afecta la confianza de la ciudadanía.
Por su parte, la bancada de oposición VAMOS en el Congreso exigió una explicación por parte del Ejecutivo sobre las razones detrás de este nombramiento. Además, solicitaron a la Contraloría un informe detallado sobre las sanciones pendientes que pudiera haber tenido Díaz Bobadilla antes de asumir el cargo.
Un llamado a la transparencia
“El caso de Miguel Ángel Díaz Bobadilla pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control en la administración pública de Guatemala. La falta de cumplimiento de requisitos básicos como el finiquito no solo debilita la institucionalidad, sino que también alimenta la percepción de impunidad en el país”, comentó Batres.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda es una de las carteras más importantes en Guatemala. Esta gestiona grandes proyectos que impactan directamente en el desarrollo del país, según Centeno.
“Es fundamental que quienes lideren esta institución cuenten con la confianza y el respaldo de la ciudadanía, algo que, en este caso, parece haber quedado en entredicho”, concluyó, Centeno.
