*Las operaciones de Ortega Murillo contra los opositores y organizaciones de la sociedad civil abarcan no solo la confiscación de bienes, también de cuentas, ahorros y depósitos donde se involucran a los bancos privados.
** Expediente Público pidió a los bancos aclarar cuántas cuentas cerraron por orden del régimen y bajo qué pretextos, pero no emitieron respuesta.
*** En los últimos meses también se están cerrando cuentas de opositores y organizaciones de refugiados y perseguidos políticos nicaragüenses en Costa Rica.
Expediente Público
El congelamiento y cierre de cuentas, la cancelación de tarjetas de crédito, certificados de depósitos, pólizas de seguro y otros servicios bancarios, fueron convertidos en parte de los instrumentos represivos del régimen Ortega Murillo contra sus opositores, según víctimas y organizaciones consultadas por Expediente Público.
En algunos casos los bancos tienen la “cortesía” de comunicar a sus clientes la decisión de cancelar sus servicios, el principal argumento que dan es la aplicación del marco legal vigente para la prevención del lavado de dinero, bienes o activos.
Pero a la mayoría de los afectados ni siquiera les explican qué motivó la decisión del banco de congelar o suspender servicios y mucho menos qué pasó con el dinero o activos de sus cuentas.
Los nicaragüenses que han enfrentado acusaciones judiciales por razones políticas, entrevistados por Expediente Público, dan por hecho que estas acciones son parte de los procesos en su contra, otros lo atribuyen a su relación con alguna Organización No Gubernamental (ONG), y unos más simplemente no entienden por qué el banco en que confiaron tomó esa decisión.
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Ortega Murillo acabó con 4,000 ONG
En medio del terror que implica para los afectados denunciar estos abusos, cada día surgen nuevas historias sobre este tema. Entre las víctimas sobresalen casi cuatro mil Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que desde diciembre de 2018 el régimen Ortega Murillo comenzó a cerrar quintándoles la personería jurídica.
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El uso del sistema financiero contra la oposición y disidencia en Nicaragua se ha vuelto tan recurrente que, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), lo incluyó en el segundo informe sobre la situación de Nicaragua, presentado a inicios de marzo.
¿Cómo cancelan las cuentas bancarias?
Según el GHREN, la persecución por parte del régimen en contra de opositores reales y percibidos “se ha vuelto más sutil”. Ahora priva a las víctimas de otros derechos, entre ellos, sus medios de vida, ya sea el trabajo y los ingresos, las cuentas bancarias y otros activos.
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Desde 2019 comenzaron a congelar cuentas bancarias y certificados de depósito, y cancelaron tarjetas de crédito, pólizas de seguro y otros servicios a las personas naturales o jurídicas que el régimen Ortega Murillo considera opositoras.
Entre los afectados también están 222 exreos políticos que el 9 de febrero de 2023 Daniel Ortega desterró a Estados Unidos en el llamado Vuelo de la Libertad, y luego les quitó la nacionalidad y le confiscó sus bienes.
Luego se sumaron los 94 nicaragüenses que días después de ese vuelo, fueron desnacionalizados y confiscados.
Represión de Ortega Murillo traspasa frontera
Los primeros casos de cierre de cuentas ocurrieron en 2019 y cinco años después, en lugar de terminar, continúa, pero ahora también en Costa Rica, donde miles de perseguidos políticos se han refugiado.
Con el tiempo se han ido sumando a la lista negra de los bancos algunas ONG que trasladaron sus operaciones a Costa Rica y otras que nacieron en ese país a raíz de la crisis, otros exreos políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, personal administrativo de los medios de comunicación y opositores en general.
La medida ahora se replica en ese país y existe el temor de que también llegue a Estados Unidos, ya que en estos dos países se concentra una parte de los dirigentes de organizaciones políticas, sociales, empresariales, estudiantiles, exreos políticos, directivos de ONG, periodistas, defensores de derechos humanos y otros grupos que constituyen el principal foco de ataque orteguista.
Principalmente cuatro entidades han sido señaladas: el Banco de América Central (BAC Nicaragua), Banco Lafise Bancentro, Banco de la Producción (Banpro) y el Banco de Finanzas (BDF).
Por otra parte, hay casos de instituciones financieras que cerraron cuentas, pero todavía cobran rigurosamente sus créditos personales a través de diversos mecanismos. Y como en cualquier otro caso, no honrarlas en los tiempos y formas establecidos daña en el historial crediticio del afectado, incluso en Costa Rica.
¿Qué pasó con el dinero donado a las ONG?
Una de las primeras víctimas del nuevo método represivo fue la extinta Fundación del Río, una organización ambientalista dirigida por el activista Amaru Ruiz, también desnacionalizado en 2023.
En diciembre de 2018, en plena crisis sociopolítica los diputados de la Asamblea Nacional le cancelaron la personería jurídica y le confiscaron sus bienes.
Y entre enero y febrero 2019, Banpro congeló 25 mil dólares donados por la cooperación internacional para financiar proyectos de la Fundación del Río, organización que desde 1990 desarrollaba en defensa de los ecosistemas naturales del sureste nicaragüense.
Hasta la fecha el Banpro no ha notificado a Ruiz si el dinero sigue congelado o el régimen de Ortega y Murillo ordenó transferirlo al Estado.
Las leyes que usan los bancos
Desde entonces, la lista de afectados por esta medida represiva no deja de crecer y en los casos en que los bancos notifican al afectado, lo hacen bajo el argumento de que están cumpliendo lo establecido en la Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 que es la Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Los bancos también aplican la Ley 977 Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de. Armas de Destrucción Masiva.
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El ambientalista y exdirector de la extinta Fundación del Río, Amaru Ruiz, advierte que, si ahora sustentan estos cierres con el supuesto cumplimiento de la Ley 977, en su caso no pudieron hacerlo así, ya que esa ley se aprobó en mayo de 2021; casi dos años después que les congelaron su dinero.
Pero no solo a oenegés cerradas les congelaron dinero, también a personas naturales.
En junio de 2021, es decir, casi dos años antes de que lo incluyeran en la lista de los 94 nicaragüenses a quienes les retiraron la nacionalidad y confiscaron sus bienes, un analista político quiso realizar un retiro de su cuenta personal que tenía en Banpro, pero no pudo sacar su dinero, la cajera de la institución le dijo que su cuenta estaba congelada.
Saber que sus cuentas estaban congeladas lo alertó e impulsó a salir del país, por lo que no pudo regresar al banco a exigir una mayor explicación, ya que antes de febrero de 2023, cuando fue incluido en la lista de los 94 desnacionalizados nunca estuvo involucrado en ningún caso judicial que justificara la medida.
“Nos robaron”
Estos ejemplos mencionados son representativos de la actuación de los bancos, calificada por diferentes afectados que entrevistó Expediente Público como un robo o abuso, perpetrado en su contra por las instituciones financieras en las que confiaron el resguardo de su dinero.
Esta práctica se sigue aplicando de igual manera a personas jurídicas que, como Fundación del Río, fueron despojadas de su personería, pero también a naturales que estuvieron involucradas en procesos judiciales.
Sin embargo, Expediente Público constató casos de personas que no han estado vinculadas a ninguna acusación, pero que igualmente por decisión de “alguien” les arrebataron el derecho a tener cuentas bancarias, certificados de depósitos, pólizas de seguro y utilizar tarjetas de crédito.
Bancos violan protección a refugiados
Además, la práctica represiva involucra a personas en condición de refugio o solicitantes de refugio en Costa Rica donde desde hace varios meses, sin justificación convincente el BAC y Lafise han cerrado cuentas.
También hay organizaciones de exiliados afectadas en este país que mantenían una relación financiera y a otras les han negado el servicio, según denuncias a Expediente Público.
Por la diversidad y ubicación actual de los afectados no es posible contar con un dato preciso del número de cuentas, certificados de depósitos, pólizas de seguro y tarjetas de crédito que los bancos han “congelado” o cancelado a las personas y organizaciones consideradas por el régimen Ortega Murillo como opositoras.
BAC, LaFise y Banpro y BDF no responden
El 27 de febrero Expediente Público envió correos electrónicos a BAC Nicaragua, Banpro, BDF y Lafise Bancentro y a las filiales del BAC, Banpro y Lafise en Costa Rica, solicitando entrevistas con sus funcionarios o al menos una explicación sobre estas medidas contra exiliados y desterrados.
El 4 de marzo se buscó, vía telefónica, a las responsables de las relaciones públicas de los bancos para insistir con la petición, y en el caso del BAC también a la agencia de relaciones públicas que trabaja con ellos, pero en ninguno de los casos se consiguió una respuesta.
Al momento de esta publicación ningún banco había contestado a nuestras consultas.
A cada uno de los bancos se les preguntó la cantidad de casos de este tipo que tramitaron, el sustento legal que utilizaron y en el caso de cuentas y certificados de depósitos congelados, el destino de los recursos que había en ellos al momento de aplicar la medida.
También se les consultó si están preparados a posibles demandas, en tribunales internacionales por parte de los clientes afectados.
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¿Bancos violan normas al obedecer a Ortega Murillo?
Gonzalo Vila, especialista en lavado de activos y un alto funcionario del sistema financiero en América Latina, aseguró a Expediente Público que los bancos tienen en su defensa estar cumpliendo orientaciones de los entes encargados de la prevención de lavado de activos.
Además, recuerda que en todos los países los bancos son regulados y reciben orientaciones de estos organismos y deben cumplir, porque de no hacerlo se exponen a multas y otras sanciones que los pueden llevar a la quiebra.
La Asamblea Nacional aprobó en 2021 la Reforma a la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros, así como la Ley de Mercado de Capitales y Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
En 2022 el régimen Ortega Murillo también aprobó 15 normativas y tres reformas al sistema financiero, que incluyen multas, bajo el argumento de fortalecer a la banca y cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (GAFILAT).
Siboif y su rol en la represión
En la presentación del informe al parlamento de 2022 del superintendente de Bancos, Luis Montenegro, informó que realizaron 308 inspecciones y cobraron por 13 sanciones, por un monto de 99,600 córdobas, menos de 2,700 dólares.
Wálmaro Gutiérrez, sandinista y presidente de la Comisión Económica parlamentaria celebró, la presentación de Montenegro en 2022, porque “sin lugar a duda tenemos uno de los sistemas más sólidos y estables de Centroamérica que da confianza a los usuarios y da una poderosa señal a los inversionistas, especialmente, a los extranjeros”.
Sin embargo, Vila admite que el problema es que ante el debilitamiento de las instituciones y del Estado de Derecho en Nicaragua, siempre quedará la duda sobre cuál es el motivo real por el que se incluye a las organizaciones y personas en estas listas.
De hecho, los mismos bancos fueron víctimas del régimen cuando el 3 de febrero de 2023, le canceló la personería jurídica a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), que desde 1993 aglutinaba a los bancos privados del país.
Ortega Murillo y su venganza contra Asobanp
Asobanp era la interlocutora de los banqueros con todos los gobiernos que pasaron, incluyendo el mismo Ortega Murillo, en las negociaciones referidas a la aprobación de leyes y normativas relacionadas a la regulación y funcionamiento del sistema financiero.
Durante sus casi treinta años de vida, Asobanp fue miembro del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que en marzo de 2023 también perdió su personería jurídica junto a otras 18 cámaras empresariales.
Como miembro de Cosep, Asobanp fue parte del modelo diálogo-consenso que, durante más de una década, rigió la relación entre la gran empresa y el Gobierno y que Daniel Ortega presentaba como uno de sus grandes logros.
Sin embargo, a raíz de la ruptura del modelo, cuando en 2018, tras la imposición de una fallida reforma a la seguridad social, se desató una crisis sociopolítica. Según el GHREN, a la fecha sigue sumando víctimas, los representantes del gran capital no escaparon a ella.
Banqueros y empresarios entre expresos
El presidente del Cosep Michael Healy (fallecido en 2024), el vicepresidente Álvaro Vargas, el expresidente José Adán Aguerri, y el CEO del Banpro, Luis Rivas, fueron algunos de los empresarios acusados y condenados por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, portación ilegal de armas de fuego y fabricación, tráfico y uso de armas restringidas.
Ellos están entre los 222 reos políticos desterrados en el llamado Vuelo de la Libertad del 9 de febrero de 2023 y posteriormente le quitaron la nacionalidad y confiscaron sus bienes. Healy murió a inicios del año.
También fue cancelado en 2021 el centro de pensamiento del sector privado, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), su director ejecutivo, Juan Sebastián Chamorro, fue encarcelado y desterrado también, sus directivos fueron investigados y sus cuentas congeladas.
Entre los directivos de Funides estaban Juan Carlos Sansón Caldera, gerente general del BAC Nicaragua y Edwin Mendieta Chamorro, secretario del banco Avanz del Grupo Pellas.
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Para Gonzalo Vila, director de Latin America at Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS), una empresa certificadora de especialistas de lavado de activos, el marco legal nicaragüense tiene muchos vacíos que le permiten, tanto a los bancos como a los organismos encargados, actuar con discrecionalidad.
Estas medidas dentro del sistema financiero coinciden con el uso de todo el aparato estatal para perseguir a los opositores reales o percibidos así por el régimen.
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SIBOIF en la mira de sanciones internacionales
El informe que presentó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a principios de marzo, recomienda a la comunidad internacional que, al evaluar el cumplimiento por parte de Nicaragua de las normas contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, tengan en cuenta las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aplicando el principio de no hacer daño.
Además, el 15 de noviembre de 2021 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de la designados al superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), Luis Ángel Montenegro.
Según el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, en su función como superintendente, Montenegro autorizó a los bancos a entregar información financiera sobre tres altos funcionarios y empresarios que estaban bajo investigación con la Ley 1055.
Además, en abril de 2020 emitió reglamentaciones derivadas de la reforma a la Ley 842, Ley de Protección de los Consumidores, que prohíbe que los bancos en Nicaragua, sin un motivo reconocido por el derecho nicaragüense, nieguen servicios financieros a los clientes, incluso, personas designadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
