*En Sangni Laya Expediente Público logró conocer cómo los mestizos se apropian de las tierras misquitas, causando uno de los peores conflictos en la Costa Caribe de Nicaragua
Expediente Público
Sangni Laya, una comunidad a 550 kilómetros al noreste de Managua, que fue evacuada entre septiembre y octubre de 2020 por secuestros y ataques de colonos a las parcelas de los indígenas misquitos, recibe cada fin de semana a sus invasores. Estos llegan por provisiones, para usar el transporte que conecta con Bilwi o con fines de explotación sexual. Siete mulas amarradas a un árbol son las únicas bestias visibles en la comunidad, pertenecen al grupo de colonos que ronda una de las casas de tambo del pueblo, según constató Expediente Público durante un recorrido por la comunidad.
A orillas de un cauce seco dentro del caserío estaban los propietarios de los animales. Ellos forman parte de una ola de colonos invasores de tierras indígenas que, por medio de contratos ilegales y forzados, logró asentarse en el Caribe Norte. Sin embargo, en la región se rumora que muchos mestizos buscadores de fortuna son estafados por los traficantes de fincas, y muchos otros que llegaron buscando tierras y oro, entraron a la profundidad de la selva para nunca más volver.
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Uno de los colonos, Michael Cerda, dijo ser originario de Bocana de Paiwas (aunque inmediatamente corrigió y dijo Río Blanco, a 356 kilómetros de distancia), municipio del Caribe Sur a 378 kilómetros de Sangni Laya. Tiene dos años de estar en el territorio con un permiso que le dio Emilio Taylor, uno de los líderes comunitarios.
En esta zona hay tres “colectivos” de colonos, indica Cerda. El suyo está conformado por ocho familias, los otros dos que rodean la comunidad son el colectivo de Yumer y el de Rito Aguilar que podrían llegar a tener unas 200 familias en conjunto. Si no estás agrupado, no se puede obtener tierras porque “la comunidad lo prohíbe por las leyes que tienen los misquitos”.
“Me trajo la pobreza, uno allá no puede trabajar, hay demasiada gente que tiene comodidades y tierra, entonces uno tiene que irse al monte. Compramos una tierrita por estos lados, porque uno tiene que vivir, compramos una finquita por Matiguás, en Tungla”, explica Cerda.
Tungla es una comunidad a unos 30 kilómetros de distancia en línea recta de Sangni Laya, pero Matiguás está a 400 kilómetros en carretera.
Cerda explica que con “otros amigos” se dio cuenta que más fincas estaban “en venta” y actualmente tiene un rancho a dos horas en mula del caserío misquito, también asegura que para no tener problemas con nadie siempre compra tierras con acuerdos.
Actualmente produce maíz, yuca y frijoles, “son tierras grandes y estoy empezando a trabajarlas, tengo 50 manzanas”. Agrega Cerda: “Yo estoy trabajando con el permiso de la comunidad, el arriendo que tengo es por cinco años”.
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Todavía no han sacado sus primeros productos. A los colonos también les afectaron los huracanes de noviembre de 2020, por lo que esperan la próxima cosecha para sacar la producción por las vías de Sangni Laya. La comunidad, literal y figurado ha tenido que ceder terreno a los colonos y tolerar su presencia, es constante el tránsito de mestizos por el caserío.
Cerda ingresó al territorio con su esposa y tres hijos, aunque en la zona no hay escuelas ni servicios públicos. Los más cercanos están en Columbus a siete horas de camino.
¿Permisos de los líderes comunales?
El líder del grupo, que prefiere omitir su nombre, afirma: “uno sabe donde nace, pero no dónde vas a morir, uno viene rotando de un lado a otro, negocié un tuco (parcela) de tierra con los misquitos, nací en Bocana de Paiwas”.
El colono cuenta que tenía 18 años cuando emigró hace una década a una zona de Rosita, después se trasladó a Tungla y ahora está en la zona de Sangni Laya. “Por la vía pacífica todo se puede, platicando con ellos me entendí, no tengo problemas con nadie”, explica sobre el arriendo.
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“Tengo dos años de estar viajando, no me han hecho nada, ni ellos ni yo”. El colono asegura tener un aval comunitario emitido por el whista. Su colectivo arrienda 230 manzanas que son compartidas por siete familias emparentadas entre sí. Por entrar a la zona asegura que pagó 20,000 córdobas por cada 50 manzanas al consejo territorial y en febrero le toca pagar 4,500 (córdobas) cada 50 manzanas por 10 años de arriendo a la comunidad y después tendría un nuevo arreglo de pago.
El colono dice que vive tranquilo en la comunidad y ni sabe pelear, “no le ando robando a nadie” por eso no considera que tendrá problemas. “Si quieren que me vaya y me pagan mi billete que he invertido, los intereses y los trabajos, no voy a pelear con nadie, me voy y no voy a pelear por tierra”.
A orillas del río Wawa un cayuco transporta a tres colonos que regresan a las parcelas apropiadas en el bosque, entre ellos, algunos menores de edad. Cristóbal Mejía es el mayor y explica que llegó a la zona hace apenas un mes, procedente de El Tortuguero, un municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) a 530 kilómetros de Managua.
Entraron ese día a Sangni Laya a recoger a una persona que venía en el bus de Bilwi.
La propiedad que cultiva es cercana a Laku, a tres horas de camino de la comunidad: “Mi papá compró aquí, vivía cerca de Bluefields y vino hace seis meses a comprar, le compré una parte”. Un pastor, primo de su papa, tenía ocho años de vivir en la zona y fue quien les informó de las tierras.
Mejía compró 70 manzanas a un precio de 6,000 córdobas cada una, es decir, gastó el equivalente a 12,000 dólares por esa finca, pero asegura que no son tierras comunales, aunque posteriormente admite que la propiedad la compró uno de sus hermanos a los indígenas y tiene documentos cedidos por el antiguo dueño, a quien solo nombra como Santiago.
Arriendos coercitivos
Emilio Taylor, comunitario indígena que arrendó a los colonos, asegura que “siendo franco, ellos estaban en la tierra que nuestros ancestros trabajaban. Eran 16 familias y les dijimos que no podían vivir más ahí, pero nos tenían atemorizados porque estaban armados y nosotros no tenemos cómo sacarlos a la fuerza, la familia decidió arrendarles a ocho personas, no más. No queremos hacerlo, pero estamos obligados bajo amenazas”.
“No queremos arrendarle a nadie porque dónde vamos a vivir, solo la familia Taylor somos 80 personas”, dividir mil manzanas equivale a 12.5 manzanas por cada miembro de la familia.
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“Los ancianos se enojaron, pero las tierras grandes las agarraron sin permiso, solo con autorización del presidente territorial e incluso algunos jueces comunitarios, yo tengo los documentos porque era el vicepresidente territorial”, agrega Taylor.
“No he recibido un centavo de estos colonos por arrendamiento, les voy a dar el permiso, pero no recibo ninguna plata porque algún día habrá una ley para justificar esto”, concluye.
Como una película de vaqueros
Tasba Raya colinda con el territorio de Twi Yahbra, al que pertenece la comunidad de Sangni Laya. Según los comunitarios, ha perdido 12,700 hectáreas, pero el costo humano es mayor: seis asesinatos, tres desaparecidos, dos heridos y varios amenazados de muerte, incluyendo el propio whista de Santa Clara. Dos mujeres fueron raptadas y violadas.
“A partir del 2015 se encrudeció (las tomas de tierra). El 27 de diciembre (de ese año), tres familias estuvieron trabajando en su zona y llegaron 85 colonos armados, raptaron a tres hombres y dejaron a las mujeres y niños irse”, dice Gonzalo Richard Lacayo, whista de La Esperanza-Río Wawa, como llaman los misquitos a sus jueces o líderes comunitarios.
“Sabemos que hay peligro, en cualquier momento nos pueden atacar, no tenemos posibilidades de resistencia, no nos podemos exponer porque nos pueden matar, estamos acorralados en nuestra comunidad”, afirma Richard Lacayo.
Tenemos graves problemas de invasión, gente sin escrúpulos han vendido sin consentimiento de la comunidad, no podemos cruzar porque estamos siendo amenazados”, sostiene el whista.
Las comunidades Wisconsin, La Esperanza, Santa Clara y Francia Sirpi del territorio de Wangki Twi-Tasba Raya, tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras los ataques de colonos ocurridos en 2014 y 2015. Sin embargo, el régimen en lugar de acatar medidas de protección ha ocultado a los organismos internacionales sobre la situación de los indígenas en el Caribe de Nicaragua.
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El sandinismo y el derecho a la propiedad
El régimen de Daniel Ortega, en su informe del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en 2019, expuso que garantiza la seguridad jurídica y soluciona los conflictos sociales originados por problemas de propiedad.
“Se han emitido 138,737 títulos de propiedad, beneficiando a 542,333 personas, siendo 55% mujeres y 45% hombres; promoviendo el desarrollo económico de las familias y de pequeños productores al legalizar sus parcelas. Se realizó medición en 225,080 parcelas, y en complementariedad con la DIRAC (Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia) se atendieron 2,114 casos de conflicto, el 59% con acuerdos satisfactorios y el 41% pendientes de acuerdo, se han atendido a 5,171 protagonistas (2,562 [49.5%] mujeres y 2,609 [50.5%] hombres)”, reportó el régimen.
Sin embargo, para muchos caribeños el Estado mismo patrocina las invasiones de tierra. “Una particularidad del Frente Sandinista es tomarse lo ajeno, las tierras en específico. Lo hicieron en los ochenta y lo siguen haciendo. El colono que invade las tierras tiene eso bien metido, no sé cómo se ha masificado tanto, pero es una realidad, más cuando el Frente Sandinista está en el poder”, analiza el activista de la organización indígena Prilaka, Juan Carlos Ocampo.
Agrega: “Yo relaciono el impulso por tomarse la tierra ajena como parte de las prácticas de poder y control del sandinismo, su gente toma tierras y toma las tierras de quienes no son su gente, es una manera de presión y control, pero también de pagar a su gente”.
En la década de los 80 el gobierno del Frente Sandinista confiscó miles de propiedades, desde empresas, fincas hasta casas particulares, planteó una reforma agraria sin titular a muchos beneficiaros, al perder las elecciones de 1990 traspasó la mayoría de ellas a su dominio o el de sus simpatizantes con las leyes 85 o «Ley de Transmisión de la Propiedad de Viviendas y otros Inmuebles pertenecientes al Estado y sus Instituciones», la 86 o “Ley Especial de Legalización de Viviendas y Terrenos”, y la 88 de “Protección a la Propiedad Agraria”.
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Entre 1993 y 2014 el Estado pagó 1,279 millones de dólares en indemnizaciones por las confiscaciones, habiendo resuelto 4,844 casos, el 97% del total. De ese número 1,949 eran ciudadanos estadounidenses o naturalizados, según datos de la Procuraduría General de la República divulgados por diferentes medios.
En la postguerra el sandinismo también se caracterizó por invasiones de tierras urbanas y rurales, obligando al Estado a indemnizar a los propietarios. Con las protestas de 2018 distintos grupos de precaristas, a veces, identificándose con banderas rojinegras del Frente Sandinista, se habrían tomado ilegalmente 63 propiedades con una extensión total de 9,800 manzanas hasta septiembre del mismo año, informó el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
La exigencia del saneamiento
El régimen aseguró en la ONU que en 2018 se registraron 288 tomas ilegales de propiedades, pero había realizado 256 desalojos (88.8%). En cuanto a los pueblos originarios “continúa trabajando en la titulación de los territorios. En el período se entregaron ocho títulos comunitarios, seis en la RACCN y dos en la RACCS, con una extensión territorial total de 15,347.89 km2 (13% del territorio nacional y el 23.6% de la Costa Caribe). Esto benefició a 92 comunidades, 81 cayos y 17,257 familias”.
Se entregaron ocho títulos del 2014 al 2018, y 15 en el período 2005-2013 que totalizan 23 territorios que las comunidades pedían se les legalizaran; y en proceso de titulación se encuentra el territorio en Alto Wangki, Amador Francis David, whita de la comunidad de Francia Sirpi, ve las cosas de otro modo.
“Hemos investigado la presencia de los colonos. En 2004 realizamos un diagnóstico y el territorio mayangna limítrofe lo estaban vendiendo de forma ilegal. Tenemos archivos, documentos con nombre y apellido de quienes han vendido y los que están metidos en estos negocios ilícitos”, explica a Expediente Público.
La comunidad ha hecho varias denuncias a las autoridades, pero el gobierno no ha dado respuesta, “nos sentimos con los pies y manos atadas”. Las invasiones que se habían aminorado desde el 2016, volvieron a aumentar a partir de 2018. al entrar colones en el perímetro del caserío. En julio y noviembre de 2020 también se avistaron colonos cerca de la comunidad y el 17 de enero de 2021 hicieron un nuevo carrileo tomando tierras comunitarias nuevas y dejando una demarcación a apenas tres kilómetros de la comunidad, asegura Francis Davis.
Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), precisa que “no ha habido una acción concreta de parte del estado de Nicaragua para reducir la violencia, para proteger la vida y el territorio de las comunidades”.
Por el contrario, la situación en las regiones caribeñas “es bastante grave por la continua pérdida de sus territorios y desplazamientos forzosos, que ha creado una inseguridad alimentaria e inseguridad dentro de las comunidades, incrementando la violencia en torno al conflicto de la tierra”, dice Cunningham.
Aunque Expediente Público no pudo constatar el uso de armas de fuego por parte de los colonos en Sangni Laya, los indígenas de Twi Yahbra como los de Tasba Raya aseguran que hay armas de guerra entre los colonos e identifican fusiles AK, UZI, M-16 y AR-15.
Por otra parte, a pesar de la titulación de tierras, la principal preocupación de los comunitarios es el saneamiento, es decir, la expulsión de terceras personas de los territorios indígenas, afrodescendientes y especiales, que es la última de cinco fases de la demarcación territorial impuesta por la Ley No. 445 o del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de las Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
Cunningham explica que “cuando hablamos de sanear, las personas naturales o jurídicas que ocupan ilegalmente tierras, tendrán que desocupar o abandonar estas tierras para que las comunidades indígenas puedan tener un uso, ocupación y control de sus territorios, pero el Estado de Nicaragua ha omitido esta última fase”.
Por el contrario, la situación en las regiones caribeñas “es bastante grave por la continua pérdida de sus territorios y desplazamientos forzosos, que ha creado una inseguridad alimentaria e inseguridad dentro de las comunidades, incrementando la violencia en torno al conflicto de la tierra”, dice Cunningham.
Marisela Joseph, hija de Francisco Joseph, secuestrado por colonos el 17 de septiembre de 2015 y desde entonces desaparecido, responde que la mejor manera de ayudar a su comunidad es devolverle el acceso a la tierra y que los colonos sean desalojados y regresen de donde vinieron.
“Lo que yo te puedo decir lo diría cualquiera en la comunidad, lo primero es la tierra, nuestra fuente de vida, y no tenemos acceso a ellas, sin eso no somos nada, ahorita por ejemplo para sacar un pez del río no podemos ir más allá, porque la persona que pasa es perseguida, asediada, atacada y tiene que correr como animal para volver a la comunidad”, afirma Marisela Joseph.
