*CIDH le recuerda a Honduras “el carácter excepcional y temporal” del Estado de Excepción que ya ha sido ampliado tres veces.
**En 2022, 17 personas defensoras fueron asesinadas y en los primeros cuatro meses de 2023 al menos ocho personas defensoras fallecieron en hechos violentos.
***Hasta marzo de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) registró 66 agresiones contra personas defensoras y periodistas.
Sharon Ardón / Expediente Público
La extensión del Estado de Excepción y la falta de acción del Gobierno de Xiomara Castro para la protección de defensores de derechos humanos, preocupó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos luego de finalizar su visita in loco al territorio hondureño realizada por cinco días.
“Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos en las Américas y en el mundo para la defensa de derechos humanos”, se lee en el informe preliminar que contiene 91 observaciones.
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Estado de excepción
Honduras adoptó el Estado de Excepción para controlar y erradicar los delitos de extorsión y la criminalidad. Entró en vigencia el 6 de diciembre del 2022 y ha sido ampliado tres veces, siendo la última del 20 de abril al 6 de octubre del 2023, con una duración de 6 meses.
“Al respecto, la Comisión recuerda la tesis según la cual el Estado de Excepción no puede formar parte de una política permanente de seguridad, sino que solo se puede justificar ante la enormidad de la anormalidad”, refiere el documento.
El relator, Carlos Bernal Pulido dijo que, aunque entiende que el mantenimiento del orden público es algo complejo, es claro que un Estado de Excepción no puede volverse a un estado de normalidad.
Asimismo, enfatizó que “la momentánea suspensión de ciertas garantías constitucionales sea también temporal y proporcionada”, es decir que sea idónea para el fin que se persigue por lo que, instan al Estado a formular una política pública de seguridad de mediano y largo plazo.
La presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay dijo que se plantearán una serie de recomendaciones al Estado de Honduras para mejorar la situación de los derechos humanos.
Reunión con Castro
La CIDH visitó in loco (en el terreno) a Honduras para observar la situación actual de los derechos humanos en el país desde el 24 hasta el 28 de abril del 2023.
El 28 de abril se reunieron con Castro y brindaron una conferencia de prensa en la que expusieron las observaciones preliminares.
La mesa estuvo integrada por una delegación liderada por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay; la segunda vicepresidenta, Roberta Clarke; el Comisionado Carlos Bernal Pulido, relator para Honduras; la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, la Comisionada Julissa Mantilla Falcón Y el comisionado, Joel Hernández.
También estuvieron el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca y la Relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Soledad García Muñoz.
Complejo
“La comisión reconoce que, en Honduras, los desafíos de Derechos humanos hacen frente a una realidad compleja en la cual, factores de largo plazo estructurales y los problemas que se convergen, esto resulta en problemáticas pendientes que no pueden ser pospuestas” dijo al iniciar la conferencia la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.
Señaló que estos fenómenos sociales tienen un impacto diferenciado en grupos históricamente discriminados, por ejemplo, en las mujeres, las personas LGBTIQ+, indígenas, afrodescendientes y garífunas, personas con discapacidad, así como niños, adolescentes y personas mayores.
Asimismo, recalcó que “las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran constantemente bajo ataque”.
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Defensores ambientales
En su informe la organización detectó la vulnerabilidad que envuelve a las personas defensoras. «Quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan los mayores peligros. La mayoría de los hechos de violencia contra personas defensoras del medio ambiente ocurren en el contexto de proyectos de desarrollo y en el marco de conflictos territoriales”.
Explicaron que la economía en Honduras está fuertemente vinculada con la industria extractivista privatizada, siendo uno de los factores que provocan, tanto un impacto socioambiental como conflictos territoriales, por no reivindicar los territorios que por derecho pertenecen a los pueblos indígenas.
“Estos conflictos sociales, ambientales y agrarios de larga data en el país relacionados con las tierras y territorios, han derivado en altos niveles de violencia”, observaron.
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El Acuerdo de Escazú
La CIDH obtuvo información «preocupante sobre el incremento de la violencia y criminalización en contra de comunidades campesinas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente”, recordando los asesinatos de los defensores que se produjeron en este año.
“La Comisión lamenta la falta de avance en el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en las sentencias de las Comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, en especial la falta de diligencias respecto a la demarcación y titulación de los territorios”, resalta el informe.
Por tanto, exhortaron al Estado a dar cumplimiento a las decisiones adoptadas por los órganos del sistema interamericano relacionadas con los derechos de los distintos grupos de pueblos indígenas y afro-hondureños.
El organismo también observó con extrema preocupación que se continúan dando desapariciones forzadas como el caso de líderes garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz. El 29 de enero pasado fue asesinado Ricardo Arnaúl Montero, defensor garífuna e integrante del Comité de Defensa de esa comunidad.
Por lo tanto, la comisión destaca la importancia de la ratificación por parte del Gobierno de Honduras del acuerdo de Escazú, que garantiza el cuidado del medioambiente y el desarrollo sostenible, el derecho a la salud; protege los derechos de las personas al acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales.
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Educación sexual y el aborto
En el informe de las observaciones preliminares de la visita in loco a Honduras, la CIDH llamó la atención sobre los temas en materia de derechos sexuales y sobre la penalización del aborto.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, la comisión valoró la aprobación de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), sin embargo, observó que la Secretaría de Salud no cuenta con un protocolo para su debida implementación.
Asimismo, le preocupan los discursos que atacan y desinforman sobre los derechos sexuales y reproductivos, principalmente en materia de educación sexual integral, por lo que respalda la aprobación de la Ley de Educación Integral para la prevención de embarazos en adolescentes.
Sobre el tema de la penalización del aborto lamentaron que no cuentan cifras oficiales sobre el número de mujeres condenadas.
Liliana Caballero, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) dijo a Expediente Público que la aprobación de la PAE en Honduras fue algo importante pero que falta avanzar hacia la despenalización del aborto.
Destacaron que la despenalización del aborto en situaciones de violación, en caso de que la vida de la madre corra riesgo y por malformaciones fetales que impidan una vida digna, es una promesa en la agenda de Castro.
Defensores en peligro
“La situación de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos es alarmante. Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos en las Américas y en el mundo para la defensa de derechos humanos”.
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El informe señala cómo en el 2022, 17 personas defensoras fueron asesinadas en el país centroamericano. En los primeros cuatro meses de 2023 al menos ocho personas defensoras murieron en condiciones violentas, algunas de las cuales contaban con medidas de protección del Estado.
Hasta marzo de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) registró 66 agresiones contra personas defensoras y periodistas.
Durante su visita al país, la Comisión recibió información sobre serios obstáculos en el acceso a la justicia. Según información disponible, la impunidad respecto de los delitos en general superaría el 90%. Para el caso de delitos contra mujeres, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las cifras de impunidad alcanzarían un porcentaje mayor.
