*La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares ante la información comprobada de que hay estructurales criminales en Guatemala amenazando con asesinar a Bernardo Arévalo.
Expediente Público
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó, este 24 de agosto, medidas cautelares al presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo de León y también a su compañera de fórmula Karin Herrera Aguilar, del Movimiento Semilla, por la «existencia de dos planes para atentar en contra de sus vidas e integridad, uno incluso notificado por fiscales».
El primero, según el organismo de derechos humanos, fue informado antes de la segunda vuelta electoral y lo atribuyen a agentes estatales e individuos particulares, el cual estaría denominado «Plan “Colosio” y habrían recibido la información de al menos tres «fuentes de instituciones estatales con alto grado de fiabilidad».
Un segundo plan de asesinar al binomio presidencial fue informado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión de Guatemala el 20 de agosto de 2023, tras los resultados de la segunda vuelta electoral y lo atribuyen a un plan de las “estructuras criminales de pandillas”.
Al respecto, el presidente electo dijo a periodistas, incluidos de Expediente Público, que efectivamente fue notificado por la CIDH a partir de la creencia de la “existencia de amenazas directas” en su contra.
“Estamos coordinando con el Gobierno de la República, que ya respondió, y dijo que vamos a establecer las medidas necesarias para el efecto”, dijo Arévalo.
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Amenazas no las tomó en serio el Estado
En la Resolución 48/2023 emitida cuatro días después del balotaje en el que resultaron electos los beneficiados de la medida cautelar, la Comisión considera como un elemento «extremadamente serio» el hecho que la Fiscalía contra el Delito de Extorsión haya informado al presidente electo el día de los comicios por la noche sobre la existencia de “información privilegiada” que indicaría que “estructuras criminales de pandillas” podrían poner en riesgo sus vidas.
Por otro lado, según el documento, el Estado cuestionó la existencia del primer plan, pues «no fue denunciado a nivel interno».
Arévalo conocía del plan antes de las elecciones
El 15 de agosto de 2023, los solicitantes de las medidas cautelares informaron que el equipo de seguridad de Arévalo de León recibió «información preocupante sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares».
De acuerdo con la información, el «Plan Colosio” hace referencia al asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) asesinado en el año 1994, mismo que se «implementaría para acabar con la vida» de Arévalo y Herrera.
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«El equipo de seguridad tendría cierta información sobre el referido plan desde el 4 de julio de 2023, sin embargo, fue hasta ese momento que habrían podido corroborar la información por medio de tales fuentes. En ese momento, alegaron que el propuesto beneficiario figuraba como favorito en la intención de voto», describe el documento de la CIDH.
¿Qué debe hacer el Estado guatemalteco?
En el documento se señala que la CIDH, el 24 de julio de 2023, recibió una la solicitud de medidas cautelares presentada por Alfredo Ortega Franco y Christian González Chacón. La parte solicitante alega que el Movimiento Semilla, quien dio la sorpresa en las elecciones de Guatemala, ha sido «objeto de criminalización y persecución política».
Los solicitantes cuestionaron el actuar de «diversas autoridades estatales y se alegó que tales acciones buscarían evitar que los propuestos beneficiarios asuman sus cargos e impedirles participar en nuevas elecciones», por lo que además de sus vidas «sus derechos políticos están en riesgo».
Ante tal situación, la Comisión Interamericana urgió al Estado de Guatemala adopte las medidas necesarias para «proteger los derechos a la vida e integridad personal» de los políticos electos.
La CIDH también manda que informe «sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición».
