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CIDH: Régimen Ortega Murillo incrementa prácticas de torturas contra presos políticos

* Secuestrados y presos políticos reciben descargas eléctricas, golpizas, desnudamiento forzado y otros actos denigrantes, denuncian en el marco del 189 periodo de sesiones de la CIDH.

**Tininiska Rivera, hija del líder indígena desaparecido Brooklyn Rivera y la defensora desterrada Evelyn Pinto ofrecieron su testimonio.

***Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denunció que existen razones para considerar que se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.


Expediente Público

A partir del destierro de 222 nicaragüenses, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo empeoró las prácticas de torturas en contra de los presos y presas políticos, denunciaron defensores y víctimas de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se identifican más de 40 métodos de castigo en las cárceles de Nicaragua que incluyen choques eléctricos y violación sexual, dijeron los defensores de derechos humanos.

Durante la audiencia “Nicaragua: Privación arbitraria de libertad por motivos políticos” que se realizó este 1 de marzo en el marco del 189 periodo de sesiones de la CIDH, los defensores de derechos humanos también denunciaron que existen motivos razonables para concluir que, desde el 2018 “se han cometido violaciones y abusos compatibles prima facie (de primera vista) con los elementos que constituyen crímenes de lesa humanidad”.

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CIDH: Ortega ordena torturas

“La práctica de tortura física, luego del destierro de las 222 personas (presas políticas) se ha incrementado, volviendo a reportarse altos como choques eléctricos en las plantas de los pies, interrogatorios intensos y encierro a baja temperatura estando desnudos, así como también constantes golpizas tanto en centros policiales como penitenciarios”, denunció Braulio Abarca, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

El defensor de derechos humanos señaló que las torturas empleadas por el régimen incluyen “golpes en las piernas, en la ingle, en el abdomen (y) en los brazos”.

“Ha incrementado las agresiones verbales y psicológicas, tanto agentes policiales como penitenciarios. Constantemente les dicen que se pudrirán en la cárcel, que nadie los llega a visitar, porque no los quieren (…) Se utilizó también esposas durante días, impidiendo a las personas realizar sus necesidades fisiológicas”, señaló Abarca.

Christopher Arif Bulkan, miembro de la CIDH, tras escuchar a los defensores expresó preocupado que los “métodos que gozan de impunidad” en Nicaragua se están “replicando en otros países”.

“Para los Estados que aman la democracia en la región les incumbe, no solo por cuestiones de derechos humanos, hacer todo lo posible para evitar la amenaza de una mayor inestabilidad en la región”, señaló Bulkan.

Patrón de crímenes de lesa humanidad

Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, explicó a los relatores de la CIDH presentes en la audiencia que desde el año 2018, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y los tribunales de Justicia, “todos bajo la influencia del régimen, establecieron un sistema coordinado de criminalización y persecución política”.

Ese sistema de persecución política “ha variado y se ha sofisticado” en los últimos seis años, mencionó Quesada.

«En 6 años, más de dos mil personas han sido detenidas por motivos políticos en un sistema que garantiza la total impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos (…). Desde el 2018 se han cometido violaciones y abusos compatibles prima facie con los elementos que constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo Quesada haciendo alusión al más reciente informe del Grupo de Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés).

Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa jurídica (UDJ) reiteró que en el país centroamericano hay más de 121 personas presas por motivos políticos, entre ellas 19 mujeres, 102 hombres y 22 personas adultas mayores.

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Desde el último semestre de 2023, según Salazar, las personas detenidas arbitrariamente son “trasladadas casi inmediatamente de sus casas hacia el sistema penitenciario”, sin existir una acusación en su contra.

“Son sometidos a interrogatorios y torturas con participación coordinada entre interrogadores del sistema penitenciario y agentes policiales. Una vez detenidas, se niega la información sobre el paradero de estas personas a sus familiares y abogados, por lo que se ha identificado como un agravamiento de los casos de desaparición forzada por ocultamiento de paradero”, denunció Salazar.

Prácticas de torturas han cambiado

Durante la audiencia, los defensores de derechos humanos denunciaron el caso específico de Jaime Navarrete, quien ha estado encarcelado por motivos políticos dos veces desde el 2018.

El 28 de enero del 2023, Navarrete cumplió la condena del último juicio, sin embargo, no ha sido liberado hasta la fecha, debido a que las autoridades “iniciaron un proceso de unificación de penas con la pena del primer proceso político del 2018, el cual había sido objeto de amnistía en 2019”, señaló Salazar.

“Es sumamente grave, que algunas de las personas presas políticas han cumplido sus condenas, pero continúan sin ser liberadas”, añadió la defensora de la UDJ.

Abarca recordó que las prácticas de torturas aplicadas contra los detenidos por razones políticas cambiaron desde 2018 a la fecha. A partir de 2021, el régimen recurrió mayoritariamente a “actos de violencia psicológica y desestabilización emocional, orientada en ir debilitando y destruyendo su personalidad y humanidad”, dijo.

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El defensor del Colectivo, señaló que este periodo “comenzaron a potencializar técnicas como el aislamiento o la sobreexposición sensorial”, una técnica de tortura que usaron con los 222 presos políticos, posteriormente desterrados y desnacionalizados.

“Se han identificado más de 40 métodos de tortura y malos tratos por parte de las autoridades. Entre las principales formas se encuentran la violencia sexual ejercida a través de la desnudez forzada, incluyendo en algunos casos tomas de fotografías y videos, la violación, amenaza de violación y abuso sexual tanto a las personas presas políticas como a sus familiares”, mencionó Abarca.

Testimonio de la represión

La defensora de los derechos de la niñez y la adolescencia, Evelyn Pinto, desterrada y desnacionalizada en el grupo de los 222 del 9 de febrero de 2023, como víctima del régimen testificó ante los miembros de la CIDH que la cárcel fue para ella una «terrible experiencia”.

No obstante, el destierro es una situación “profundamente dolorosa”. “Me han arrancado de mi hogar, mi familia, mis amigos, mi tierra natal. La sensación de desarraigo es abrumadora”, dijo.

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La defensora, que hace poco cumplió 65 años en el destierro, debe trabajar ocho horas seguidas diarias para garantizar su sobrevivencia, ya que el régimen le quitó su jubilación como una medida adicional por su desnacionalización.

“Eso me permite pagar un seguro médico para atender mi salud y cubrir algunas necesidades, procurando mantenerme estable, porque durante el tiempo en prisión mi enfermedad renal avanzó, al igual que otros padecimientos crónicos propios de mi edad”, destacó Pinto.

Desapariciones forzadas  

Por su parte, Tininiska Rivera, hija del líder indígena Brooklyn Rivera, denunció que tras el secuestro y desaparición de su padre el 29 de septiembre del 2023, se exilió a Costa Rica por el asedio constante que vivía.

A su padre, el líder de Yatama, lo secuestraron al menos 60 policías que “entraron forzando las puertas y sin orden de detención o de allanamiento”.

“Por informaciones no oficiales, sino por los comunitarios misquitos, tuvimos conocimiento de que fue trasladado hacia Managua en helicóptero y desde entonces se desconoce su paradero (…) Yo trabajaba en el Estado y cuando esto pasó, me despidieron y bloquearon mis cuentas bancarias”, dijo.

Durante la audiencia, la hija del líder indígena destacó que estando en Nicaragua le negaron la atención médica y se trasladó a Costa Rica “por puntos no autorizados”.

«Desde la detención de mi padre padezco de insomnio, no duermo por las noches, lloro a solas porque no quiero que mi hijo me vea así, pues mi padre es líder de mi pueblo, pero también es líder de mi familia”, reiteró.