* CIDH lleva ante Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso del Bajo Aguán por las décadas de violencia sistemática en contra de sus campesinos.
**Sólo en el 2023, los crímenes contra el sector campesino en el Aguán dejaron 10 asesinatos, más de 40 desalojos de propiedades y alrededor de 180 criminalizaciones contra defensores.
Sharon Ardón/ Expediente Público
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al Estado de Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por los graves crímenes contra los integrantes del Movimientos Campesinos del Bajo Aguán en Honduras.
“El Estado hondureño es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, libertad de asociación y propiedad privada en perjuicio de las comunidades campesinas de la región del Aguán”, reza el comunicado de la CIDH del 26 de octubre del 2023.
Este conflicto ha asolado la región del Aguán -localizada en el departamento de Colón en Honduras- durante más de 30 años.
En lo que va del 2023, han asesinado a 10 defensores ambientales en el Valle del Aguán.
A pesar de los reclamos de solución por parte de los pobladores de ese sector acuerpados por organizaciones de la sociedad civil, ningún gobierno en Honduras ofrece una solución duradera.
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CIDH registró el conflicto
Expediente Público intentó ampliar la información con la CIDH sobre la denuncia contra el Estado de Honduras, sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Tampoco hubo respuesta de las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) a las consultas de Expediente Público sobre la denuncia de la Comisión Interamericana.
En abril de 2023, una misión de la CIDH realizó una visita a Honduras para investigar diversas problemáticas en materia de derechos humanos, entre ellas, el conflicto en el Bajo Aguán.
Durante esa visita, determinaron que los conflictos relacionados con la tierra desencadenan “altos niveles de violencia en el país, y han revelado debilidades estructurales en la distribución de tierras, así como irregularidades en la autorización de proyectos de desarrollo y corrupción generalizada”.
En su informe preliminar presentado en abril del 2023 en la capital Tegucigalpa, la CIDH subrayó que “existe una falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades” para dar respuesta efectiva a este conflicto de larga data.
En entrevista con Expediente Público, Johny Rivas, vocero del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) expresó que las medidas cautelares de la CIDH “es un reconocimiento a nuestra labor como defensores de derechos humanos mientras que a nivel interno del país se nos ve como una parte oscura”.
Relató que, han intentado incidir a nivel nacional con manifestaciones para evitar futuras sentencias en contra del Estado hondureño.
Sin embargo, las disposiciones por el Gobierno “no son favorables y no han podido evitar que se continúe perpetrando la violencia, desalojos y asesinatos en el sector del Aguán contra los campesinos”.
Tal como la creación por parte del Ejecutivo de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, encargada de la solución de los conflictos agrarios a nivel nacional, incluyendo el sector del Aguán. Para los campesinos, es un absoluto fracaso.
Desalojos de los campesinos de Bajo Aguán
Ileana Morales, representante del Movimiento Amplio para la Dignidad y la Justicia (MADJ), dijo a Expediente Público que percibe que el Gobierno de Xiomara Castro prioriza la protección de los intereses financieros y empresariales en lugar de salvaguardar los derechos de la comunidad campesina.
Esta política se refleja en la creación de la Comisión de Seguridad Agraria que, en su percepción, únicamente se ha centrado en “tramitar los desalojos a petición de las empresas agroindustriales, pero no están haciendo ningún proceso de investigación” así como lo establece la Constitución.
Morales fue determinante en que esta comisión no ha avanzado en otros aspectos más allá de tramitar desalojos, lo que “evidencia un desequilibrio en la protección de los derechos y la tenencia de la tierra en Honduras”.
Fracaso de comisión
La posición del Instituto Nacional Agrario (INA) y la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra es que han adoptado una serie de medidas para enfrentar este conflicto en el Aguán.
A través de un comunicado, la comisión dio a conocer que el gobierno actual ha trabajado en estrecha colaboración con una amplia gama de actores, incluyendo a los campesinos del Aguán y empresarios, para esclarecer los hechos denunciados ante la CIDH.
Asimismo, informan que han realizado acciones como la de proteger temporalmente las cooperativas del Aguán, mismas en las que han suspendido cualquier tipo de desalojo.
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De igual manera, detallan que establecieron una Comisión Tripartita que trabaja en investigar los hechos denunciados, incluyendo asesinatos, compras viciadas de tierras y despojos, con un enfoque en la violación de los derechos humanos.
Sin embargo, los líderes campesinos señalan que, a pesar de la firma del acuerdo se realizó en agosto, no se avanza en su implementación, lo que “perpetúa la impunidad que ha caracterizado a los gobiernos anteriores”.
Objeto de criminalización
Los campesinos sienten que el Gobierno de Honduras no está realmente de su lado y se enfrentan a una creciente criminalización.
Es “inconcebible que el sector campesino lo traten como el peor del crimen organizado”, reclamó Ileana Morales del MADJ.
Relató que, campesinos son llevados ante los tribunales sin un proceso previo adecuado. Y que los jueces parecen tener una predisposición en contra de los campesinos, lo que afecta la capacidad de estos últimos para presentar sus casos de manera justa.
El Bloque Popular Campesino e Indígena, integrado por la Plataforma Agraria Regional del Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) frente al INA señalaron, que hasta la fecha del 2023 contabilizan “al menos 180 personas campesinas criminalizadas”.
Tal es el caso de Adán Sánchez quien tiene un proceso abierto en el tribunal de justicia.
En entrevista con Expediente Público Sánchez relató cómo además de ser criminalizado, es víctima de intimidación y persecución.
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“Me tienen con temor porque las empresas lo que más fácil hacen, es mandar a quitar al líder que le está estorbando, me tienen criminalizado”, externó Sánchez.
Esta acción en el sistema judicial ha generado desasosiego e inquietud entre los campesinos y la sociedad civil, ya que consideran que el sistema no garantiza un juicio justo y muestra falta de coherencia en la protección de los derechos a la integridad física y de propiedad de los campesinos.
Decepción colectiva
Los campesinos del Bajo Aguán manifestaron un profundo sentimiento de decepción hacia el gobierno de Libertad y Refundación (Libre), en el cual habían depositado sus esperanzas pero que, en su lugar, encuentran una aparente inclinación hacia los intereses empresariales en la región.
La ausencia y el desinterés de Francisco Núñez y Rafael Alegría quienes lideran el INA durante la conferencia de prensa que reunió al campesinado, celebrada frente a dicha institución, refuerzan su percepción de indiferencia y desinterés.
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«Nos equivocamos al poner a Xiomara Castro en el gobierno», gritaban en una sola voz los campesinos del Aguán.
De igual forma, expresaron que sienten que ciertos líderes como el “Chico Fúnez y Rafael Alegría están apoyando a los empresarios y terratenientes en lugar de respaldar la lucha de los campesinos por la tierra que legítimamente les pertenece”.
Demandas del sector campesino
En el comunicado emitido por el bloque de campesinos, se estableció una serie de exigencias al gobierno como parte de su llamado para encontrar una solución a este conflicto.
En primer lugar, demandan la detención inmediata de los desalojos hasta que se realicen investigaciones exhaustivas sobre la propiedad legítima de la tierra.
Exigen que los desalojos no sean acuerpados por efectivos policiales y militares, ya que argumentan que su presencia “siembra el terror, amenazando y asesinando» campesinos.
Demandan la instalación inmediata de la Comisión Tripartita, tal como se estableció en un acuerdo previo entre el Gobierno y el Aguán en agosto de 2023, pero que realice su trabajo efectivo ya que sería la responsable de investigar las causas de las violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán y proponer medidas de reparación.
