* Relatora sobre los Derechos de las Personas Migrantes explicó que en Nicaragua “hay una situación muy delicada” en cuanto al reconocimiento de nacionalidad, a diferencia de otros países del continente.
**La CIDH publicó una resolución sobre derecho a la nacionalidad, prohibición arbitraria de la nacionalidad y apatridia para orientar a los Estados a brindar protección a los desnacionalizados por el régimen Ortega-Murillo.
Expediente Público
La comisionada Andrea Pochak, relatora sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió que Nicaragua vive una situación “muy delicada” por la desnacionalización de expresos políticos y exiliados.
“Esa privación arbitraria de la nacionalidad puede implicar apatridia si el país, el Estado que recibió a esos presos políticos, a esos exiliados políticos, no les otorga la nacionalidad si es que ellos la han solicitado”, indicó.
“Es un contexto muy delicado con claros riesgos de apatridia”, advirtió la comisionada Pochak durante un webinar organizado por el Centro de Estudios sobre Refugiado en el que participó Expediente Público.
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El 9 de febrero de 2023, el Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó la “deportación inmediata” de un grupo de 222 presos políticos a quienes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó de “incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”.
Ese mismo 9 de febrero, la Asamblea Nacional, durante una sesión de emergencia, aprobó por unanimidad una reforma constitucional y una Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense con los que declaraba apátrida a los expulsados por haber sido sentenciados como “traidores a la patria”.
Los defensores, miembros de la iglesia, empresarios y periodistas, entre otros nicaragüenses que conformaban el grupo fueron expulsados a los Estados Unidos, donde se les asignó un Permiso de Permanencia Temporal con una vigencia de dos años para vivir y trabajar.
“En Nicaragua hay una situación muy delicada en un contexto de un Estado, absolutamente, autoritario y en un contexto en donde había muchas personas presas políticas, presas arbitrarias, el Estado decidió expulsarlas del territorio y al mismo tiempo retirarles, quitarles arbitrariamente su nacionalidad”, recordó Pochak.
Nacionalidad, un derecho “inderogable”
A través de la Resolución sobre derecho a la nacionalidad, prohibición de privación arbitraria de la nacionalidad y apatridia (Resolución número 2/23), la CIDH recuerda a los Estados el cumplimiento de las obligaciones internacionales.
Los Estados, según la resolución adoptada en diciembre de 2023, “no deben privar de su nacionalidad a una persona si esa privación ha de convertirla en apátrida”.
Según la CIDH, la privación de nacionalidad que genere apatridia es “considerada arbitraria y está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos”.
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Efectos en la vida de una persona
La comisionada Pochak advirtió que la falta de una nacionalidad produce “efectos sobre las capacidades más básicas del ser humanos para desarrollar vida social y acceder a derechos”.
“La CIDH ha advertido que esta falta de nacionalidad limita las posibilidades de acceder a derechos básicos con el tener una nacionalidad y poseer un documento de identificación de los países de origen, destino o acogida”, manifestó Pochak.
El año pasado, la CIDH celebró la excarcelación del grupo de 222 ciudadanos nicaragüenses, pues la situación puso fin a un “encierro arbitrario, bajo condiciones deplorables de detención”, pero al mismo tiempo el organismo de derechos humanos repudió que las excarcelaciones fueron acompañadas de la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, con lo cual “la mayoría de las 222 personas liberadas estarían en situación de apatridia”.
No todos acogieron pasaporte español
Algunos de los excarcelados, a la fecha, se han acogido al ofrecimiento del Gobierno de España y se han nacionalizado españoles.
En la resolución adoptada en conjunto con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la CIDH recuerda que los Estados deben garantizar que las personas privadas de su nacionalidad tengan acceso a un recurso efectivo, el cual debe “garantizar la posibilidad de restitución de la nacionalidad”.
Existen, según Pochak, otras situaciones legales en el que una persona puede renunciar a una nacionalidad, siempre que tenga o adquiera otra nacionalidad en su lugar.
“Es un derecho renunciar a la nacionalidad, (pero) esa renuncia debe ser voluntaria, además no puede generar apatridia, es decir, tienes un derecho a renunciar a una nacionalidad y ese derecho debe ejercerse de manera voluntaria y sin presiones, pero nunca puede dar lugar a situaciones de apatridia”, recordó la comisionada.
Nicaragua el caso más emblemático
La relatora sobre los Derechos de las Personas Migrantes explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advierte que Nicaragua es uno de los casos más “palmario” en la región donde se priva de la nacionalidad a los ciudadanos y se convierten en apátridas.
En ese contexto, según la comisionada, la Comisión Interamericana en su proceso de monitoreo “ha advertido sobre “algunos países que atraviesan situaciones de extremo autoritarismo como en el caso de Nicaragua, la situación de la privación arbitraria de la nacionalidad a través de situaciones judiciales o de Gobierno”.
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“El caso más palmario es el de Nicaragua, donde en febrero de 2023, 222 personas presas políticas fueron además privadas arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense y expulsadas del país”, enfatizó.
El 15 de febrero de 2023, el régimen Ortega Murillo declaró apátridas a 94 ciudadanos nicaragüenses que en su mayoría estaban en el exilio.
Preocupación en la región
Ángela María Buitrago, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), durante una conferencia de prensa en San José, Costa Rica, confirmó que los expertos reciben información actualizada sobre los grupos declarados apátridas por el régimen en el país centroamericano.
“Estamos hablando de un grupo de 222 y después de 94, sin lugar a duda, tenemos personas que han sido declaradas apátridas in situ, es decir en Nicaragua y eso significa entender que también hay personas que están en condición de privación de nacionalidad aún dentro de Nicaragua como es el caso de Vilma Núñez”, reiteró Buitrago.
Según la CIDH, apátrida es toda persona que no es considerada como nacional por ningún Estado, conforme a su legislación.
José Sieber, del Acnur, durante el webinar explicó que las personas que se vuelven apátridas son “víctimas de persecución”.
“Esa persecución se traduce en la privación arbitraria de la nacionalidad y esto es una preocupación que existe en la región (…) Hay una situación en la región en la que vemos cada vez más casos de desplazamientos forzados”, puntualizó.
