Más de tres mil kilómetros separan al municipio de Choloma con Ciudad Juárez, en México. La primera se encuentra a menos de una hora del Caribe hondureño, la segunda a un paso de Estados Unidos. Son dos ciudades distantes, pero marcadas por la misoginia de un mismo modelo socioeconómico.
El caso mexicano se remonta a la década de los noventa, cuando Ciudad Juárez se posicionó como el epicentro mundial de la violencia de género. Los continuos asesinatos de mujeres y niñas, con sus cuerpos marcados por la violencia sexual y la tortura, estremecieron al mundo entero.
La mayoría de las víctimas aparecieron mutiladas, como resultado de una barbarie deliberada, que año tras año, fue aumentando frente a la impotencia de la población. Mientras la libertad de acción de los victimarios, desveló la incapacidad del Estado mexicano para proteger a sus ciudadanas.
Este fenómeno evidenció los alcances de una cultura cimentada sobre el machismo y el desprecio hacia las pobres, cebándose en contra de las empleadas de las maquilas. Mujeres que percibían como pago, lo mismo que un obrero estadounidense en una hora, pero ellas tras 12 horas continuas de trabajo.
Los casos persistieron y los medios de comunicación las llamó como las «muertas de Juárez», hasta que a inicios de este siglo las feministas mexicanas acuñaron estos crímenes como feminicidios. Un término político que probablemente no existiría sin las víctimas juarenses.
Los femicidios en Ciudad Juárez no son un problema del pasado, en los últimos 25 años, ahí han sido asesinadas unas 1,779 mujeres. Casos que en su mayoría permanecen impunes, a pesar de juicios emblemáticos como el del «Campo Algodonero», el cual sentenció a dos asesinos seriales y al Estado mexicano, por su falta de respuesta.
El modelo
Al igual que Ciudad Juárez en México, en la década de los 90, el municipio de Choloma fue elegido por el modelo neoliberal para ser la sede hondureña de la industria maquilera. Aquella era una apuesta para urbanizar un valle con antecedentes campesinos, donde el desempleo se intensificó tras el desmantelamiento sistemático de la producción agraria.
El modelo de las maquilas cambiaría radicalmente la demografía del municipio y las condiciones de vida de sus familias. Mujeres mayores de la zona, como Marta Peñalba, quien vive en Choloma desde 1973, recuerdan aquellos años.
«Antes acá solo se trabajaba la agricultora, pero cuando vinieron las maquilas, este se volvió un municipio de golondrinas, de habitantes flotantes. Antes nos conocíamos todas, nuestros problemas era acceder a los servicios públicos. La violencia que enfrentábamos las mujeres era sobre todo doméstica, la tradicional. Pero con las maquilas cambió todo para nosotras», relató Marta, una de las fundadoras del Movimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano y Aledaños (MOMUCLAA).
Las representantes de esta organización explicaron a Expediente Público que la instalación de las industrias manufactureras como la única opción laboral para las mujeres, modificó la cohesión social, fomentando la desintegración familiar, debido a las largas jornadas de trabajo de las obreras.
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Además, la proliferación de las industrias generó otros tipos de marginación, coincidiendo con el inicio de las maras y el tráfico de drogas en el municipio. La aparición de estas redes criminales afectó directamente a las mujeres, extendiendo la violencia más allá de sus hogares. Una situación similar que vivió Ciudad Juárez, tras la aparición del Cartel de Juárez durante los años noventa.
El relato de Sonia Funes, una trabajadora de las maquilas, es una muestra de la realidad que viven miles de mujeres en Choloma. «Yo trabajo en las maquilas desde que tenía 13 años. Inicialmente me pagaban 200 lempiras (8 dólares) a la semana, pero después de ocho años de trabajar en una maquila coreana, terminé ganando 900 lempiras (37 dólares) semanales. Hasta que me salí porque me sentía explotada», relató.
Sonia habla con soltura sobre la explotación laboral en la zona, sobre los retos del feminismo en un entorno de extrema violencia. Pero del asesinato de su madre en el 2011, prefiere no referirse. Apenas nombrarla le quiebra la voz.
Violencia
Casos como el de la mamá de Sonia se repiten por decenas año tras año en Choloma, mujeres que desaparecen, cuerpos que aparecen mutilados, víctimas de todas las edades. En los últimos seis años han sido asesinadas más de 130 mujeres, una cifra alarmante, considerando sus 255 mil habitantes.
El Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) reportó que durante el 2016 hubo 1,469 homicidios en el departamento de Cortés, de los cuales 231 se cometieron en el municipio de Choloma, presentando una tasa de asesinatos de 9.6 por cada 100 mil habitantes. Un número considerado como una epidemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo al análisis del ONV, el 43% de estos crímenes estarían directamente relacionados con el narcotráfico, las pandillas y el sicariato. Se trata de redes criminales que han modificado los tipos de violencias contra las mujeres.
Choloma es un «pueblo grande», todos saben cómo operan las pandillas y el narcotráfico, las historias están a la vuelta de la esquina. En los sectores más marginales del municipio, estas redes reclutan a las jóvenes para colaborar en sus negocios, algunas veces de manera forzada. También son violentadas para mandar mensajes a terceros, por ello la demanda de las feministas para tipificar dentro del código penal el «femicidio por conexión».
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«En 2015 vino una madre para que le ayudáramos con su hija, quien estaba siendo sonsacada por los pandilleros. Unas semanas después me llamó para que la acompañara a recoger el cuerpo de su hija, quien había sido descuartizada. Según, la mataron quienes vendían droga. A ella la habían agarrado para que fuera mula», comentó Melania Reyes, la directora del MOMUCLAA.
Trabajo social
Organizaciones como Codemuh o MOMUCLAA trabajan en el corazón del municipio, donde promover el feminismo bajo esas condiciones de inseguridad, parecería un trabajo imposible. Pero la necesidad de equidad es superior. «Nosotras vemos el feminismo como una política de justicia», explica Marta Peñalba. Esa visión las ha convertido en defensoras comunitarias.
La articulación existente de las cholomeñas se les debe a ellas. Codemuh es la única organización en Honduras que aborda las condiciones de salud y de seguridad ocupacional de las trabajadoras de las maquilas. En pocas palabras, su trabajo ha reemplazado lo que en teoría deberían realizar los sindicatos de las industrias.
Por su parte, MOMUCLAA tiene más de dos décadas conscientizando a cientas de mujeres sobre sus derechos, su red consta de más de 500 integrantes. Además, dan apoyo legal a las víctimas de los diferentes tipos de violencia.
El trabajo de estas organizaciones no ha erradicado la violencia ni ha cambiado todas las reglas laborales, pero sin ellas, las mujeres de Choloma estarían totalmente desprotegidas. Como sucede en Ciudad Juárez con la Mesa de Mujeres, Nuestras Hijas de Regreso a Casa y otros comités de familiares de las víctimas.
Las causas de los problemas solo son posibles de eliminar con un Estado comprometido a atacar las causas de la desigualdad de género. «La violencia contra las mujeres no se reducirá si no hay un cambio radical en la gente que toma las decisiones», comentó María Luisa Regalado.
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Como sucede donde predomina la impunidad, las acciones de las organizaciones también se ven maniatadas. Frente a ciertas situaciones, no les queda más que denunciar con precaución. «Acá hay un cerro donde todo el mundo sabe que ahí llevan mujeres, las violan, las mutilan y a algunas las matan. Todo mundo lo sabe, pero las mismas autoridades dicen que no suben porque tienen miedo, ¿entonces quién hace algo?», detalló la directora de Codemuh.
A pesar de esta violencia, los mecanismos de protección son escasos. En toda Choloma no hay ninguna casa refugio para que las mujeres amenazadas puedan resguardarse el tiempo que sea necesario. La última carta que tienen es emigrar.
«Hay muchos desplazamientos internos por la violencia. La gente que se va no dice para dónde va. Generalmente buscan su lugar de origen. Teníamos unos grupos en la Rivera Hernández, pero se desorganizó porque las mujeres se tuvieron que ir», explicó Regalado.
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«El acoso sexual se da bastante en las maquilas, pero son casos no denunciados por temor a perder el empleo. Porque normalmente la víctima es la castigada, no el victimario. Con las obreras que están organizadas, el acoso es menor, tienen un trato diferenciado», comenta la directora del Codemuh, la única organización a nivel nacional especializada en los derechos laborales de las mujeres que trabajan en las maquilas. Para María Luisa Regalado, en Honduras ha habido avances y retrocesos en materia de derechos labores. «Antes las mujeres de las maquilas no tenían rostro, no querían que les mencionaran sus nombres al declarar, no se podían organizar, porque tenían problemas en sus empresas, los mismos esposos les prohibían para que no fueran a las reuniones. Ahora es diferente, hay un mayor nivel de autonomía. Ha habido un avance al salir del mundo de las cuatro paredes de las maquilas, de las cuatro paredes de sus casas, para salir a la vida pública y denunciar, exigir», explicó. Según los maquiladores, este sector emplea a más de 120 mil personas a nivel nacional. En Choloma prácticamente es la única oportunidad laboral para la mayoría, aunque tampoco ofrece estabilidad para las mujeres, «lo que hacen es emplear con contratos de dos o seis meses, hay muy poca permanencia», explicó Regalado. |
