CRITERIO.HN te presenta un compendio de cómo ha ido evolucionando la pandemia del coronavirus (Covid-19) en la región centroamericana y las medidas adoptadas por sus gobiernos.
Este trabajo es una construcción de los periodistas:
Emy Padilla, CRITERIO.HN, Honduras
Mario Beltrán, Revista Gatoencerrado, El Salvador
Alejandro Pérez, No Ficción, Guatemala
Cinthya Torrez, La Prensa, Nicaragua
Errol Caballero, La Estrella de Panamá
Tegucigalpa. –La pandemia del coronavirus (Covid-19) ha desnudado la fragilidad, inoperancia y hasta la corrupción y el abuso de poder por parte de los gobiernos centroamericanos. Sus poblaciones no creen en las estadísticas oficiales, reclaman transparencia y denuncian malas prácticas en las compras y contrataciones de emergencia.
En la parte sanitaria las quejas son compartidas en cuanto a que no se están haciendo las pruebas suficientes para detectar los contagios y evitar la propagación. En el caso de Honduras y El Salvador se ha denunciado abuso de autoridad por parte de las fuerzas militares y policiales que, en el marco de un estado de excepción y la suspensión de las garantías constitucionales, han salido a las calles a violentar los derechos humanos de la población.
La duda sobre el manejo de los recursos económicos es otra preocupación de los centroamericanos, ya que los gobiernos han aprobado fondos de emergencia para compras y contrataciones y no se está informando adecuadamente a la población sobre el particular.
Los ciudadanos se quejan además del abuso de las cadenas nacionales de radio y televisión. Aunque esta situación se está dando con mayor énfasis en Honduras, donde algunos días se registran hasta tres. Las cadenas en Honduras son utilizadas para oficializar las estadísticas de la pandemia, pero hay otras que son aprovechadas por el presidente, Juan Hernández, para prometer soluciones a largo plazo mediante la dinamización de la economía, saliéndose del contexto de la emergencia.
Entre tanto, en Panamá las cadenas son una vez al día para dar las estadísticas del Covid-19 y en El Salvador son esporádicas, pero, cuando se organizan su presidente Nayib Bukele habla una hora para ensalzar sus estrategias y compararlas con el fracaso de otros países, de esa manera justifica sus medidas, aunque en algunos casos atenten contra los derechos humanos.
En Guatemala las cadenas sirven para actualizar a diario las estadísticas del Covid-19 y son encabezadas por su presidente, Alejandro Giammattei, quien goza de aceptación por estar en su periodo de “luna de miel”, pues asumió el 14 de enero de este año.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, ha optado por no darle tanta importancia a la pandemia.
LA CORRUPCIÓN EN HONDURAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA
Por si ya Honduras ocupa uno de los sitiales más importantes en cuanto a la corrupción, la pandemia se ha convertido en una oportunidad para seguir saqueando las arcas del Estado. Un informe de Transparencia Internacional, de enero pasado ubicó, a este país entre los tres menos transparentes de la región latinoamericana. Honduras es superado únicamente por Venezuela y Nicaragua, según este informe.
Previo a que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia al Covid-19, Honduras decretó desde el 10 de febrero estado de emergencia sanitaria y desde esa fecha comenzó a aprobar fondos del presupuesto nacional, luego aprobó préstamos y posteriormente recibió donaciones, acumulando a la fecha 80, 640.71 millones de lempiras ($ 3,225,602). Mientras el gobierno tiene una chequera a su disposición, el personal de salud se queja y sigue protestando por la falta de equipo de bioseguridad y su población sigue protestando en las calles por falta de comida.
Del total de los fondos, el gobierno informó que la disponibilidad directa para la emergencia era de 3,804 millones de lempiras ($ 158,500,000) y que de esa cantidad, al 3 de abril, ya se habían gastado 2,195.9 millones de lempiras ($ 87,836).
Juan Hernández, que lleva ya dos periodos de gobierno, iniciando el primer mandato el 27 de enero de 2014, ha tenido una cultura de opacidad, pues en junio de ese mismo año entró en vigencia la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, más conocida como “Ley de Secretos”, mediante la cual se declaró en reserva la información, hasta por 50 años, en 16 instituciones del Estado.
La opacidad se profundizó con el estado de excepción, argumento utilizado para suspender, desde el 16 de marzo, la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, negando así el derecho a informar y estar informado. La medida hizo que medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil denunciaran el hecho y fue así como el gobierno determinó poner a la disposición los datos a través del sitio web https://covid19honduras.org/.
Una vez colocados públicamente los datos, la población comenzó a denunciar compras sobrevaloradas a empresas que están en manos de familiares de funcionarios y la aparición de empresas fantasmas radicadas en los Estados Unidos.
El gobierno se ha puesto en aprietos. En las últimas horas organizaciones de derechos humanos han salido a protestar a las calles a exigir transparencia y esta misma actitud ha sido asumida por algunas organizaciones de sociedad civil y empresarios independientes, que exigen públicamente se les incluya como veedores en los procesos de contrataciones y compras, aunque por el momento el gobierno sigue circunscrito en un círculo con el apoyo de organizaciones y empresarios afines.
CADENAS y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
El manejo de la pandemia ha sido delegado al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), una instancia creada por el gobierno en el marco del golpe de Estado de 2009. Sinager se encarga del manejo de las estadísticas de la pandemia y de coordinar a través de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) lo relacionado a las contrataciones y compras de la emergencia.
El gobierno de Hernández organiza cadenas nacionales de radio y televisión desde la madrugada del 11 de marzo, día en que el Sinager notificó el diagnóstico de los dos primeros casos. Y desde el 15 de marzo, que se aprobó el estado de excepción, se realizan a diario entre dos y tres cadenas de radio y televisión, lo que ha sido considerado por diferentes sectores como un abuso y un mecanismo de manipulación de datos.
En el marco del estado de sitio o de excepción, mediante el cual han sido suspendidas las garantías constitucionales de los ciudadanos, se han registrado varias violaciones de derechos humanos. La población ha sido agredida por los agentes de seguridad del Estado (policías y militares) que han reprimido con gases lacrimógenos y hasta con disparos de bala a la gente que sale a protestar por falta de alimentos.
Del total de los fondos aprobados, el gobierno ha destinado apenas el 0.42 por ciento a la dotación de alimentos, supuestamente para 800 mil familias (4,000,000 personas afectadas por los efectos de la pandemia). Aunque economistas locales aseguran que la precariedad está afectando al 70 por ciento de la población, es decir a 6.3 millones de personas que viven del comercio informal y que, a raíz del confinamiento, están inactivos económicamente.
Además de la limitación del acceso a la información púbica, inexplicablemente, el gobierno suspendió, en el marco del estado de excepción, el derecho a la libre emisión del pensamiento y el derecho a la inviolabilidad de la morada.
ABUSOS DEL PRESIDENTE DE EL SALVADOR PONEN EN RIESGO DE CONTAGIO A LA POBLACIÓN
El gobierno de El Salvador fue el primero en América Latina en restringir el ingreso al país de personas provenientes de otras naciones afectadas por el Covid-19, a pesar de que todavía no registraba ningún caso de contagio. Esa, y otras medidas tomadas posteriormente como los decretos de emergencia nacional, cuarentena domiciliar obligatoria para quienes entraban al país a mediados de marzo, cierre de puntos ciegos y fronteras terrestres, cierre del aeropuerto y de lugares y espectáculos públicos, cierre de empresas no necesarias para la emergencia, garantías laborales de no despido y un subsidio de $300 dólares a 1.5 millones de familias, son medidas plausibles.
No obstante, si bien el gobierno de Nayib Bukele está lleno de buenas intenciones, así está plagado de muy malas estrategias de comunicación y planificación para ejecutar esas buenas intenciones, aunado a las divergencias entre la Presidencia, el Órgano Legislativo y el Judicial.
Los decretos de emergencia y el Régimen Temporal de Excepción que se aprobaron en marzo, obligan a la cuarentena de todo el país y están ligados al uso de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES) para hacer cumplir la ley. La Ley de Emergencia se ha venido prorrogando, pero el régimen de Excepción, no, pues es considerado por la oposición como excesivo.
El primer punto polémico fue la forma en la que la población podía acceder al subsidio de $300 dólares. Bukele, en cadena nacional, anunció la iniciativa, que se trataba de ingresar el documento único de identidad de las personas a un sitio web que colapsó desde el primer momento. Lo hizo con base al consumo de energía eléctrica de la población como se entrega el subsidio al gas propano, pues el país tiene muchos años de no contar con censo.
La población confundida, especialmente quienes no tienen redes sociales, electricidad o internet, no sabía cómo cobrar o conocer si era beneficiada. Al día siguiente del anuncio, el sábado 28 de marzo, varias personas llegaron a hacer su reclamo o en busca de explicaciones a los Centros Nacionales de Administración de Subsidios (CENADE) pero nada. La página web habilitada seguía sin funcionar y el presidente tuvo que pedir perdón y admitir el fallo, alegando que ya estaban trabajando para reponer el sitio.
Para la mañana del lunes 30 de marzo, todo colapsó. Unas 20 mil personas se agolparon en todas las sedes de los Cenades a nivel nacional, desafiando la cuarentena y exponiéndose al contagio. Ante el riesgo, Nayib Bukele ordenó el cierre de los Cenade y la gente regresó a sus casas sin explicaciones, sin dinero, sin reclamos y con incertidumbre.
Inmediatamente, Bukele tuiteó que había ordenado el cierre por la amenaza de contagios, y habilitó un número para que las personas puedan hacer reclamos de no haber salido beneficiada. Posterior a ello, el sitio web comenzó a funcionar. El gobierno cambió la estrategia de entregar el subsidio partiendo del consumo de electricidad de los hogares. Hasta el momento, se desconoce cuáles son los criterios utilizados para entregar el subsidio, pues hay gente que realmente lo necesita y no fue beneficiada. El pago del subsidio para 1.5 millones de familias fue de $450 millones de dólares de fondos públicos.
En el marco de la emergencia, el Congreso salvadoreño aprobó un endeudamiento de $2 mil millones de dólares con plazo de pago de 35 a 40 años. El 14 de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que se había aprobado un préstamo por $389 millones de dólares para El Salvador, a la base del Instrumento de Financiamiento Rápido para enfrentar la pandemia del coronavirus.
La segunda polémica han sido los excesos de fuerza. Bukele insiste en retener a ciudadanos que circulen sin justificación y llevarlos a cuarentena obligatoria en centros adaptados, e insiste en decomisar los vehículos de quienes sean retenidos. Sin embargo, para la oposición legislativa eso es un exceso y aún analiza si aprobar o no un nuevo Estado de Excepción enviado por Bukele que lo pide así.
En tanto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitió una sentencia de habeas corpus 148-2020, en la que ordena al presidente abstenerse de trasladar a retenidos a otros centros de cuarentena, y le ordena abstenerse de decomisar vehículos.
Pese a la orden constitucional, Bukele ordenó a la PNC y FAES retener y trasladar a incumplidores, y decomisar vehículos. La Sala de lo Constitucional volvió a subrayar su orden el 15 de abril, y Bukele, en un hilo de Twitter, expuso que no acataría la orden del Constitucional porque a su juicio, significaba “dejar morir a salvadoreños”.
Bukele fue más allá, al ver que la Asamblea Legislativa no terminaba de aprobar su petición de Estado de Excepción, él aprobó un decreto Ejecutivo en el marco de la emergencia, que ordenaba retener y trasladar a personas que circularan injustificadamente, y decomisar vehículos, en un abierto acto de desobediencia al Constitucional salvadoreño, e ignorando los análisis que hacía el Legislativo. Bukele emitió ese decreto, el mismo día que se vencía el primer régimen de Excepción.
En medio de esta divergencia, un agente policial lesionó con dos disparos en sus pernas a un joven del municipio de San Julián en Sonsonate, al occidente del país, quien estaba en la calle y quien, según un reportaje de El Diario de Hoy, se negó a sobornar al agente para que no se lo llevara a cuarentena. El joven sobrevivió y fue llevado a un hospital.
La comunicación oficial de la PNC es que el joven “no se sentía ofendido” y que la inspectoría iba a investigar el caso. Posteriormente, la cuenta oficial de Twitter de la PNC borró dicho comunicado. Mientras, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, minimizó el caso, diciendo que ese reportaje de El Diario de Hoy podría ser falso o alterado “como todos los que sacan”, y se negó a responder a la prensa sobre el caso.
Otro punto polémico del decreto de Bukele, es que ordena que la población abra obligatoriamente sus casas o propiedades para que delegados del Ministerio de Salud, PNC y Fuerza Armada entren a verificar si hay casos sospechosos. Esto, según abogados y organismos de derechos humanos del país, viola el artículo 20 de la Constitución salvadoreña que otorga derecho a la inviolabilidad de la morada, a menos que haya una orden judicial.
La estrategia de comunicación oficial sobre el Covid-19 en El Salvador es en primer lugar por el sitio web https://covid19.gob.sv/ que se actualiza periódicamente con los casos. Luego se desprende a las redes oficiales de los funcionarios de Salud, ministerios y la misma cuenta oficial en Twitter de Nayib Bukele. En última instancia, están las conferencias de prensa del Ministerio de Salud en la que no se deja preguntar a la prensa, y las cadenas nacionales de Radio y Televisión en las que el mandatario se toma más de una hora para compararse con el fracaso de otros países en la estrategia de control de la pandemia, y para justificar sus medidas.
Partiendo de que Twitter es la red social por excelencia para la Presidencia de El Salvador, de ella se desprende una horda de trolles, cuentas falsas y verdaderas de simpatizantes del presidente que atacan a periodistas, ONG de derechos humanos, funcionarios públicos disidentes y medios de comunicación que no replican la información oficial, al punto de proferir amenazas de muerte o violencia contra mujeres.
De hecho, la organización Reporteros Sin Fronteras, pidió a Bukele que no restrinja ni ataque el trabajo periodístico en el país. Eso, aunado a que el gobierno también ha congelado los procesos de entrega de información pública solicitada por medio de la Ley de Acceso a la Información.
GUATEMALA NO ESTÁ EXENTA DE LA CORRUPCIÓN
Las medidas de prevención en Guatemala empezaron a implementarse desde antes de que apareciera el primer caso de personas contagiadas con el SARS-CoV-2, coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19. El Ejecutivo decretó un estado de calamidad, mediante el cual se suspendieron algunas garantías constitucionales y se permitió la compra directa de algunos bienes y servicios sin pasar por el habitual proceso de licitación.
En ese momento las acciones se limitaban a controles aeroportuarios y de aislamientos para evitar el primer contagio. Sin embargo, este contagio apareció el 13 de marzo, en un joven que regresaba de España. Al día siguiente se diagnosticó el segundo caso de un hombre de 85 años que había ingresado al país unos días antes. El tercer día, el segundo paciente falleció y fue en ese momento que se endurecieron las medidas.
A partir de entonces las medidas se fueron endureciendo. Se limitó al transporte público y se instó a promover el trabajo en casa. Además, se puso en cuarentena a cualquier persona sospechosa de contraer el virus.
A partir del 22 de marzo se estableció un toque de queda de 4:00 de la tarde a 4:00 de la mañana. Quienes incumplen con esa disposición son capturados y presentados ante un juez competente. Dos días más tarde el Congreso amplió el estado de calamidad a solicitud del Ejecutivo y aprobó una ampliación presupuestaria y préstamos por $ 4,500 para afrontar la crisis económica y los efectos de la pandemia.
Mediante su creación se buscó el fortalecimiento de apoyo a programas existentes y nuevos para atender a los afectados por la crisis económica. Sin embargo, la ley de emergencia que se aprobó no quedó exenta del riesgo a corrupción y malos manejos, el cual fue señalado por la oposición y organizaciones sociales.
NICARAGUA Y SU ENFOQUE PARTICULAR DEL COVID-19
- En Nicaragua no existe el confinamiento y la propagación es la menos elevada de la región, según las cifras oficiales, en las que casi nadie cree
En Nicaragua la respuesta del Estado, liderado por el gobierno de Daniel Ortega, ante la pandemia de covid-19, ha sido surrealista. Desde caravanas, procesiones, torneos deportivos y cualquier otra actividad que aparente normalidad es lo que se ha impulsado, pese a que estas contradicen las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud para frenar el contagio.
El 18 de marzo se informó sobre el primer caso de Covid-19 confirmado en el país. Después de más de un mes, hay diez personas contagiadas, según el Ministerio de Salud (Minsa), no obstante, la falta de transparencia sobre el avance de la pandemia, incluyendo que aún no se sabe cuántas pruebas se realizan para descartar o confirmar casos, provoca muchas dudas en especialistas y en la misma población, sobre el verdadero avance de los contagios.
Inicialmente las autoridades del Minsa informaron de la práctica de entre cinco y diez pruebas por día, luego indicaron que serían un máximo de 50, pero el fin de semana las autoridades de esta institución gubernamental dijeron que se hacían entre 100 y 200 pruebas diarias.
Lo que más preocupa a médicos independientes es que el gobierno no ha tomado medidas como el cierre de fronteras, ni tampoco cuarentenas o suspensión de clases y alienta actividades que implican aglomeraciones, esto significaría que un brote de Covid-19 podría colapsar el sistema de salud, y afectaría aún más a los nicaragüenses.
Según la proyección del Ministerio de Salud, 813 personas fallecerían durante seis meses, después que se confirmara el primer caso y otras 32,500 saldrían afectadas por la enfermedad, sin embargo, distintas proyecciones creen que el impacto podría ser mayor. Hasta ahora dos personas han fallecido.
Pese a que el gobierno no toma medidas por medio de decretos o algún marco legal permitido por la Constitución Política para evitar la movilización, la misma población se quedó en casa durante el feriado de Semana Santa. Daniel Ortega, quien permaneció oculto por más de un mes, al igual que su esposa y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, reapareció de manera pública el miércoles 15 de abril.
Desde el 12 de marzo, cuando participaron en una reunión virtual con los homólogos de la región, ambos mandatarios nicaragüenses no habían vuelto a aparecer públicamente, por lo que circularon rumores sobre eun supuesto deterioro de la salud de Ortega.
Sin explicar los motivos de su ausencia, Ortega se dirigió a los nicaragüenses para reiterar las estadísticas oficiales y las acciones impulsadas por su gobierno para combatir el coronavirus.
Admitió que el virus se ha multiplicado por todo el planeta y que no hay alguna fuerza para bloquearlo.
Asimismo, que, aunque la pandemia fue decretada el 11 de marzo, hasta el 15 de abril en Nicaragua solo se reportaba una muerte por coronavirus de las 1.237 personas fallecidas durante ese periodo por enfermedades crónicas y accidentes de tránsito.
Por otro lado, la prensa independiente debe monitorear el mensaje del Ministerio de Salud sobre la situación de la pandemia a través de los canales afines a los Ortega-Murillo, que se anuncia cada día. A estas comparecencias solo acceden medios oficialistas, que siguen el discurso del régimen y que obviamente no cuestionan nada.
COSTA RICA, UN ESTADO DE EMERGENCIA QUE PUEDE ABRIR LAS PUERTAS A LA CORRUPCIÓN
Costa Rica reportó el primer caso de Covid-19 el 6 de marzo, correspondiente a una mujer estadounidense de 46 años que ingresó al país junto a su esposo. Ambos fueron puestos en cuarentena.
De acuerdo con los datos registrados en la región Centroamericana, Costa Rica registra hasta el momento el mayor número de casos, pero a la vez tiene la tasa de letalidad más baja con seis decesos de un total de 662 casos y 124 pacientes recuperados.
En Costa Rica se han aprobado algunas medidas de control como confinamiento voluntario, restricción parcial de la circulación vehícular y prohibición total de circulación de las 17:00 horas a las 5:00 horas del día siguiente, cierre total de fronteras, suspensión de vuelos internacionales, suspensión de clases en todos los niveles educativos, entre otras.
El Gobierno de Costa Rica, al igual que el resto de Centroamérica, aprobó un decreto de estado de emergencia a causa del Covid-19, mediante el cual se autorizó a las instituciones del Estado a simplificar y eliminar los trámites y requisitos ordinarios que se estimen no sean estrictamente necesarios para atender la situación. También giró instrucciones para utilizar los procedimientos de urgencia en la contratación administrativa, lo que supone prescindir de formalidades, flexibilizarlas o sustituirlas.
Asimismo, el Gobierno puso en marcha el llamado “Plan Proteger”, mediante el cual destinará un billón de colones –cerca de 1 750 millones de dólares– a la ayuda de personas, trabajos y empresas que sufren las negativas consecuencias de la pandemia. Y en días pasados, en ese contexto, emitió el decreto de creación del “Bono Proteger”.
Anteriormente, el 19 de marzo la Asamblea aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley de alivio fiscal ante el Covid-19. Esta iniciativa estableció la moratoria en el pago de adelantos parciales del Impuesto sobre la Renta, Impuesto Selectivo de Consumo, Impuesto sobre el Valor Agregado y aranceles por nacionalización, durante los meses de abril, mayo y junio. Adicionalmente, incluye una exoneración del Impuesto sobre el Valor Agregado en arrendamientos comerciales para los meses de abril, mayo y junio.
Por otra parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) determinó adaptar cargas sociales a salarios reducidos por emergencia de covid-19, permitiendo a las empresas afectadas por la pandemia pagar las cargas sociales de sus trabajadores sobre sueldos reducidos en el caso de que opten por disminuir las jornadas laborales.
Estas medidas tienen el fin de contener la morosidad por cuotas de patronos y trabajadores independientes, así como de incentivar la continuidad del empleo ante la emergencia nacional.
Expertos en administración pública han rechazado el decreto de emergencia por considerar que es una puerta abierta para la corrupción tanto para los funcionarios públicos como para la empresa privada.
PANAMÁ SE TAMBALEA ENTRE LA MANIPULACIÓN DE CIFRAS
En Panamá toda la información sobre el desarrollo de la pandemia proviene del Ministerio de Salud, por lo que los periodistas dependen de las cifras oficiales para su cobertura.
Hasta ahora, a pesar de algunos cuestionamientos sobre posibles manipulaciones en el número de pruebas realizadas cada día, la información ha sido tomada por cierta. Esto se debe, en gran parte, a que las pruebas están siendo realizadas por el equipo del Instituto Conmemorativo Gorgas, la institución de investigación médica más prestigiosa del país y que lleva el nombre del doctor que erradicó la fiebre amarilla durante la construcción del Canal.
La evolución de los casos del coronavirus se da a conocer todos los días a las 6:00 de la tarde a través de una cadena que es replicada por los medios, tradicionales y digitales.
FONDOS
Durante el estado de emergencia se han liberado fondos con diversos fines: $ 1.200 millones en concepto de ayuda a la banca; se ha autorizado el uso de $ 1.000 millones del Fondo de Ahorro Nacional y la emisión de bonos estatales en el mercado internacional por $ 2.500 millones; se han gestionado $ 1.300 millones que serán aportado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Asimismo, el estado de emergencia permite contrataciones directas hasta por $ 427 millones de dólares, en un plazo de 180 días. Esto además de donaciones internacionales, como las realizadas por el gobierno chino y otros.
