* En entrevista con Expediente Público, el fiscal Luis Javier Santos, de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), expone la poca voluntad política para ejecutar reformas que frenen la corrupción. En casi 8 meses del Gobierno de Xiomara Castro son pocos los logros
**Gran parte del problema de corrupción se origina en el Legislativo, donde aprobaron el manejo de fondos por parte de los diputados. A la vez, han establecido leyes que bloquean las investigaciones de supuesta corrupción.
Expediente Público
El Gobierno de Xiomara Castro prometió un combate frontal a la corrupción, sin embargo, a casi 8 meses de administración, las resoluciones judiciales siguen amparando a los acusados por ese delito, gracias a leyes vigentes del periodo de Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva (presidente del Congreso Nacional 2014-2022), sin que hasta ahora el Legislativo presidido por Luis Redondo (progobierno) haya sido capaz de modificar el estamento jurídico que favorece la corrupción.
El más reciente caso de inefectividad en la lucha contra la corrupción se evidenció el 21 de julio del 2022, cuando la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó a los tribunales el caso “Red de corrupción en el Congreso Nacional”. El proceso implica a un actual diputado, cuatro exdiputados, dos representantes legales y dos contadores de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y cinco particulares que fueron acusados por el desvío de 18,950,000 lempiras (772,000 dólares).
El 1 de septiembre la jueza Reina Auxiliadora Hércules los absolvió de responsabilidad penal bajo el argumento de que existen leyes que los protegen.
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También: Más allá del discurso, la lucha de un fiscal contra la corrupción y la impunidad
El polémico Fondo Departamental
El Congreso Nacional del periodo 2014-2022, dirigido por el Partido Nacional, aprobó leyes y reformó otras para facilitar el acceso a fondos públicos y, al mismo tiempo, blindar a diputados y funcionarios públicos de la persecución penal en caso de desvío de dinero.
Uno de esos cuerpos legales es el decreto 116-2019, «Ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales», mejor conocida como Fondo Departamental.
Esa ley faculta para que los diputados trabajen con organizaciones no gubernamentales (ONG) y que a través de estas ejecuten proyectos, aunque la realidad ha demostrado ser distinta.
“Varios diputados comparecen ante el presidente del Congreso Nacional solicitando fondos para que las ONG ejecuten programas o proyectos sociales en las comunidades más pobres. Pero una vez que los desembolsos son realizados, las ONG desvían el dinero hacia las cuentas personales de los imputados y los proyectos se quedan sin ejecutar”, explicó a Expediente Público el titular de la Uferco, Luis Javier Santos.
Para ejemplificar las dimensiones de las operaciones, Santos reveló que “hubo años que se manejaron 500 millones de lempiras (20.4 millones de dólares); otros en los que se manejaron 3 mil millones (123 millones de dólares), pero creo que entre los años 2014 y 2017 en un solo año se manejaron 16 mil millones (651 millones de dólares) desde la cuenta de donde salía el dinero para el Fondo Departamental”.
Diputados contra transparencia en Presupuesto
Sin embargo, al verificarse los datos del Presupuesto General de la República de Honduras se logró determinar que entre 2008 al 2012, los diputados dispusieron de 1,900 millones de lempiras (unos 90 millones de dólares) en concepto de Fondo Departamental.
En los presupuestos del 2013 al 2017 no se logró determinar la partida de ese Fondo debido a que los diputados decidieron «desaparecer de las disposiciones generales» del Presupuesto estatal esa asignación, según investigación de la Asociación para una sociedad más justa (ASJ). En 2018 volvió a aparecer oficialmente el Fondo Departamental en el Presupuesto público, asignándose 400 millones de lempiras (unos 16 millones de dólares).
Sin embargo, desde 2019 debido a las investigaciones de la entonces Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que revelaron una red de diputados acusados de haberse apropiado ilegalmente a través de una ONG de fondos públicos destinados a proyectos sociales, entre otros casos, el Fondo Departamental supuestamente fue suspendido. Desde entonces se han dado varios intentos por reactivarlo e incluso organizaciones sociales, como la ASJ, ha señalado que en la práctica la partida quedó oculta en los presupuestos del Congreso para evitar que se conociera y a la vez los legisladores se «blindaron» al restaurar la inmunidad parlamentaria por delitos relacionados con la función legislativa.
Es de aclarar que en este 2022 no se estableció una partida para ese Fondo.
El Fondo Departamental se creó durante la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) , hoy asesor de su esposa la presidenta Xiomara Castro.
Rendir cuentas es saludable a la democracia
En entrevista con Expediente Público, Carlos Barrachina, profesor investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de Seguridad Nacional opinó que «la costumbre es que -los subsidios entregados a los congresistas- no se tenían que justificar, y con esos recursos, los diputados podían hacer obras sociales o no hacer nada y quedarse con el dinero, o las dos cosas”.
A criterio de Barrachina, en torno a ese subsidio deben existir reglas claras y la rendición de cuentas es imprescindible. “En un contexto democrático saludable debe respetarse la rendición de cuentas”, refirió.
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Ese método de usar ONG ha derivado en varias acusaciones por desvío de fondos públicos. Sin embargo, han sido descartadas por los jueces a causa de leyes hechas a la medida de los procesados.
Leyes a medida de los acusados
Por ejemplo, el decreto 116-2019 otorga al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la potestad para investigar el uso de los recursos, antes de que la Fiscalía pueda intervenir. Como parte del proceso, le da a los investigados la posibilidad de conocer las pruebas y desvirtuarlas.
Aunque por ley el TSC es el órgano dedicado a velar por el buen uso del dinero público, en la práctica es un botín político. Sus tres magistrados son electos por el Congreso y los cargos se los reparten los tres principales partidos: Liberal, Nacional y Libertad y Refundación.
Según el artículo 16 del decreto 116-2019, mientras el TSC “no emita una resolución definitiva, queda en suspenso cualquier otro tipo de acción administrativa, civil o penal, independientemente de la fase en que se encuentre, en relación a la deducción de cualquier tipo de responsabilidad sobre los fondos que están siendo auditados”.
Ese artículo fue aplicado a los acusados en la Red de Corrupción en el Congreso Nacional, pues el TSC no ha concluido auditorías a los fondos que recibieron.
Ante esa clase de resoluciones judiciales, el diputado presidente Redondo llegó a pedir públicamente que investiguen a los magistrados del TSC, pero su presidente por ley, José Juan Pineda Varela (de filiación nacionalista), le envió una misiva donde señala que el “decreto 116-2019 continúa vigente”, lo que les impide remitir información al Ministerio Público.
Reformas a favor de la corrupción
Adicionalmente, en diciembre de 2019 se aprobó, y en marzo de 2020 se publicó en La Gaceta, la reforma de 32 artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Algunos de esos enunciados legales también tienen como fin bloquear el trabajo anticorrupción.
Por ejemplo, el artículo 105 señala que las capacidades del TSC para investigar prescriben en cinco años cuando se trata de asuntos administrativos; diez años cuando se trata de asuntos civiles; y, cuando se trate de asuntos penales, será acorde con el Código Penal vigente, que es de 20 años.
Esos periodos comienzan desde la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo. Quiere decir que si en algún momento del periodo en vigencia, el TSC inicia una auditoría a un funcionario, la Fiscalía debe detener cualquier investigación que esté practicando y esperar a su conclusión para proceder.
Otro de los artículos reformados fue el 77, que bloquea la entrega de documentos en poder del TSC a cualquier institución que los solicite, incluyendo a la Fiscalía, sino media una orden judicial.
Para el fiscal Santos, “la intención detrás de todas esas reformas es alargar más el proceso de investigación para que al final los delitos que se puedan imputar como consecuencia del desvío de estos fondos queden en la impunidad”.
Lamentó que se les otorgó dinero a todas esas ONG sin ningún control, sin siquiera solicitarles liquidación de los fondos de manera oportuna.
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Ver: CICIH en Honduras ¿para cuándo?
Pactos de impunidad vigentes
Además de las leyes descritas, existen otras que han sido señaladas como “pactos de impunidad. Por ejemplo, el Código Penal aprobado en el 2019, donde las penas contra los delitos de corrupción son mínimos, y máximas “las posibilidades que tienen los corruptos de librarse de una pena”, señala el fiscal Santos.
Consideró necesario que se “derribe la cobertura legal de la impunidad”, concretamente el decreto116-2019, ya explicado. También el 57-2020, el cual le quitó al Ministerio Público la potestad de secuestrar documentos y objetos probatorios de un delito, y delegó en un juez la facultad o no de concederlos.
De igual forma, el decreto 093-2021, que reforma una serie de artículos del Código Penal, entre ellos el 26, el cual bloquea a la Fiscalía el acceso a los registros bancarios de aquellos investigados por lavado de activos, y deja esa potestad en manos de un juez.
“Yo creo que si hubieran tenido voluntad ya se hubieran derogado al menos tres o cuatro decretos que están limitando las investigaciones”, dijo Santos.
Agregó que existe mucha diferencia “entre el discurso” de los políticos y lo que se hace en la práctica. Lo que se hace “es algo insignificante para los niveles de corrupción que tiene nuestro país. Realmente no se tiene el interés de luchar de manera frontal contra la corrupción”.
Añadió que combatir la corrupción no es solo interponer acusaciones en los tribunales. “Así podemos pasar toda una vida, pueden pasar 100 años más y vamos a seguir presentando requerimientos”. Advirtió que lo que se debe hacer “es tomar las medidas para que los hallazgos que resulten como consecuencia de esas investigaciones no vuelvan a suceder”.
Requerimiento para instalar la CICIH
La derogación de decretos que imposibilitan la investigación, es una solicitud por parte de la Organización de las Naciones Unidas para instalar una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Esto quedó expresado en el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno y la Secretaría de la ONU.
“La necesidad de abrogar, derogar, reformar y aprobar ciertas leyes y determinados textos reglamentarios, constituirá un requisito para que las Naciones Unidas prosigan con su involucramiento”, dicta el apartado.
Asimismo, el documento señala la necesidad de reformar el marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito. También ajustar los procedimientos que mejoren la investigación y procesamiento por parte del Ministerio Público.
“Incluyendo la aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento de la figura de colaboración eficaz”, se lee en el Memorándum.
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De acuerdo con derogarlo, pero no lo hacen
Algunos diputados se muestran a favor de abolir el decreto 116-2019, del Fondo Social Departamental en el Congreso, pero no actúan para derogarlo.
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, (aliado del gobernante Libre) considera que “los diputados no estamos para administrar fondos”. Enfatiza que el gestionar proyectos le compete al Poder Ejecutivo.
En abril pasado, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, del PSH, presentó un decreto para derogar el Fondo, pero la iniciativa quedó en suspenso porque para su aprobación se necesita mayoría calificada, es decir 86 votos de 128.
Esto implica que requieren los votos del Partido Nacional, 44, cuya bancada dice estar de acuerdo con su abolición, siempre y cuando se derogue la Ley de Amnistía. Esta última ha servido para favorecer a funcionarios acusados de corrupción del periodo 2006-2009, en el gobierno del ahora asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales.
La abogada Maribel Espinoza, del PSH, indicó en sus redes sociales que la “fetidez del Fondo Departamental ejecutado por (el) gobierno anterior es innegable. Algunos no quieren derogar (el) decreto 116 porque es cuestión de su impunidad. Exhorto al sr., presidente del CN para que someta a votación la derogación y allí el pueblo verá y juzgará a quiénes se opongan”.
Que desaparezca
Para el analista político, Raúl Pineda, hay una tergiversación del papel de los diputados. Ellos “descuidan su labor principal”, que es legislar y “adoptan una posición obsequiosa de andar haciendo caminos de terracería, centros comunales” y otras actividades que le competen al Poder Ejecutivo.
A criterio de Pineda, eso debilita la acción legislativa. “Si usted ve el debate en el Congreso, es bastante pobre, porque los diputados se preocupan más por hacer escaleras, pintar escuelas o conseguir trabajo a sus seguidores que por cumplir la función del Poder Legislativo”.
El analista considera necesario que este Fondo Departamental desaparezca. “O darle una minuciosa reglamentación que aleje al diputado del manejo del dinero y que pueda ser un gestor de proyectos, pero no un administrador ni receptor de recursos”.
En entrevista con Expediente Público, el secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, señaló que el propósito original de ese Fondo era que los diputados pudiesen ayudar directamente a sus comunidades, sin embargo a través de los años, se perdió la causa.
“El hecho concreto es que eso no ocurrió así. Al final los diputados lo que hicieron fue aprovecharse de las circunstancias y robarse el dinero”, concluyó.
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