*A unos 16,000 pandilleros recluidos en las cárceles les han quitado las colchonetas, racionado los alimentos y no les permiten salir de sus celdas.
**El presidente Nayib Bukele acusa a quienes critican sus medidas, de ser ONG que “no se interesan por las víctimas. Solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre».
*Entre críticas de organismos que denuncian violaciones a derechos humanos, el gobierno salvadoreño lanza fuertes operativos contra las pandilleras.
Expediente Público
El estado de excepción cumplió una semana este domingo en El Salvador con una ola de detenciones de presuntos pandilleros y una confrontación de alto nivel entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y organismos de derechos humanos que reprochan violaciones de derechos fundamentales y las condiciones de los reos en los centros penales del país.
Bukele pidió el sábado 26 de marzo a la Asamblea Legislativa que su partido, Nuevas Ideas, controla, que aprobara el estado de excepción -emergencia- tras un repunte de homicidios que tan solo ese día registró 62 víctimas, el número más elevado desde el fin de la guerra civil hace tres décadas.
La Asamblea Legislativa aprobó la madrugada del domingo 27 de marzo un régimen de excepción que restringe por 30 días los derechos de libertad de asociación, derecho de defensa, y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones. Además, el plazo de la detención administrativa pasó de 72 horas a 15 días.
Desde entonces, la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas han desplegado un vasto operativo, especialmente focalizado en zonas donde las pandillas ejercen control. El resultado ha sido la captura de casi cinco mil pandilleros o sospechosos de serlo.
Bukele ha dirigido los operativos e incluso ha usado un lenguaje altisonante o burlesco contra los detenidos, de los que ha dicho “no saldrán jamás”.
El mandatario también ha anunciado severas limitaciones a los pandilleros en prisión -unos 16 mil- y distribuyó en redes sociales un vídeo en el que mostraba cómo los despojaban de sus colchonetas para que a partir de ese momento duerman en el suelo.
“Desde el domingo, la comida es racionada y los 16,000 pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas, ni han visto el sol. En estos días hemos arrestado 3,000 más (y seguimos). Así que cada vez habrá menos espacio y tendremos que racionar aún más”, anunciaba el martes Bukele en redes sociales.
Al día siguiente, el mandatario mostraba el vídeo de un pandillero quejándose por la reducción de los alimentos.
“Este reconocido pandillero se queja de que ya no le dan pollo en el almuerzo y que ahora solo le dan frijoles con tortilla. Injusto es que los salvadoreños compren frijoles para comer y que de esos impuestos, se le compre pollo a sus asesinos”, escribió Bukele.
En el video el recluso se lamenta que el domingo “sacaron todo lo que son nuestras pertenencias, que son tres uniformes, dos cobijas, dos sábanas, nuestras colchonetas, nuestros cepillos dentales, nuestra pastas dentales, nuestros jabones, los papeles higiénicos, implementos de aseo”. También reclama que “la ley es clara que en periodo o estado de emergencia no abarca la alimentación de los privados de libertad”.
Al menos 51 comunidades intervenidas
Los operativos focalizados, los retenes y el cierre de comunidades de alta peligrosidad fueron hechos frecuentes durante la semana.
Bukele advirtió que «para la inmensa mayoría de personas la vida continúa normal aunque habrá cierres focalizados y temporales en algunas zonas”. Y esa parece ser la estrategia.
Al menos 51 comunidades consideradas de alta actividad pandilleril han sido intervenidas por las fuerzas de seguridad. En algunas de ellas y durante los primeros tres días nadie entraba ni salía a menos que demostrara que tenía empleo o estudios.
Los retenes en las entradas y salidas revisaban a cada persona que ingresaba, incluyendo ancianos, mujeres y niños. Hasta las mochilas escolares eran revisadas.
“Era lógico que con el régimen que teníamos antes que se decretara el régimen de excepción, cuando nosotros llegábamos a un lugar y permanecíamos en el lugar, ellos (los pandilleros) se acomodaban al dispositivo, se iban a otro lugar y luego regresaban a hacer toda su logística a los lugares intervenidos”, explicó el ministro de Defensa, René Merino Monroy al salir de uno de los operativos el miércoles 30 de marzo.
“Les vamos a cortar (a las pandillas) ese ímpetu que tenían de generar temor en la población, de generar ese pánico”, agregó.
La mayoría de los detenidos, que son mostrados a los medios, tienen tatuajes alusivos a las pandillas.
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Cruce de palabras con la CIDH
Las medidas han generado la crítica de organismos de Derechos Humanos y la réplica furibunda de Bukele, quien llegó incluso a sugerir la posibilidad de retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en Twitter sus observaciones y preocupaciones sobre las medidas tomadas por el gobierno salvadoreño.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por solicitud del presidente de decretar emergencia máxima en las cárceles el 27 de marzo y el anuncio sobre que las personas privadas de libertad permanecen en encierro 24 horas con alimentos reducidos y despojadas de sus colchonetas”, escribió en sus redes sociales.
Bukele replicó: “Ya salió la CIDH a defender a los pandilleros. Pero ni una sola palabra sobre las víctimas de estos asesinos. Queda claro de que lado están. Los países deberíamos de evaluar retirarnos de estas organizaciones internacionales que solo buscan mantener a nuestra gente sufriendo”.
En respuesta a otro mensaje de la CIDH, donde se demandaba “revertir” las medidas “que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas”, Bukele, escribió (mayúsculas incluidas): “SALVADOREÑOS RECUERDEN: Cuando los pandilleros asesinaron a decenas de personas inocentes, la CIDH no dijo NI UNA TAN SOLA PALABRA. Pero no tardaron ni 1 día en condenar que nos pusimos más duros con ellos en las cárceles. RECUERDEN siempre qué intereses representan ellos”.
No hubo una respuesta adicional de la CIDH.
A diario, Bukele publica imágenes de las detenciones y enumera los arrestos de pandilleros cada día, incluyendo cabecillas de las bandas delincuenciales.
De vez en cuando, las imágenes de las cuentas de Twitter de la Policía o las Fuerzas Armadas muestran a detenidos con evidentes signos de golpes, lo que Bukele comenta con expresiones burlescas:
“Claramente se ve que uno de ellos estaba comiendo papitas con ketchup”, escribió sobre un reo que resultó herido en un tiroteo con la Policía.
“Este pandillero de seguro se cayó o algo…”, escribió sobre otro que aparecía con golpes en el rostro.
Otros señalamientos
El martes 29 de marzo, un comunicado del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que “ha tenido conocimiento, con preocupación, del aumento de la violencia y los asesinatos que tuvieron lugar en El Salvador durante el pasado fin de semana”.
Por ello la ONU “expresa su solidaridad con los salvadoreños en esta difícil coyuntura y confía en que las medidas que se adopten como respuesta estén en consonancia con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos”, decía el comunicado.
Además de la CIDH y la ONU, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han hecho señalamientos sobre las políticas del gobierno salvadoreño y advierten de violaciones a los derechos humanos.
Erika Guevara Rosas, ha reprochado a Bukele en una carta abierta que se estén incumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos.
«Sin duda, la crítica situación de violencia que ha enfrentado el país por años, demanda acciones urgentes que protejan la vida y la integridad de las personas frente a la criminalidad», señaló Guevara.
«Sin embargo, muchas de las acciones que las autoridades salvadoreñas han implementado hasta el momento son inadmisibles y de ninguna forma están justificadas», denunció.
Amnistía Internacional considera que las normativas aprobadas «contienen preceptos que violan de forma flagrante los derechos al debido proceso y las garantías judiciales».
Añade que los cambios en el estamento jurídico permiten sentencias sin presencia de imputados, un tipo de juicio que considera injusto. Una persona puede quedar privada de libertad a la espera de una decisión sin que se compruebe su culpabilidad y permiten que los juicios se lleven a cabo desconociendo la identidad de los jueces.
Asimismo establece penas de 20 a 30 años de prisión para personas que «reciban provecho directa o indirectamente de las relaciones de cualquier naturaleza con tales organizaciones», lo cual no cumple requisitos del principio de legalidad.
Según la organización internacional, este régimen impide que los detenidos puedan impugnar las acusaciones y que tengan un juicio justo. Esto, señala, podría impedir que las víctimas tengan justicia.
«Las violaciones de derechos humanos no pueden ser la solución a la violencia, solo profundizan la grave situación, generando un contexto de abusos y arbitrariedades, del cual no hay retorno», subrayó Guevara.
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La remoción del juez Salazar
La respuesta de Bukele ha sido culpar a las organizaciones de proteger a los pandilleros. Y la confrontación más directa la tuvo con Human Rights Watch (HRW), a quienes llamó peyorativamente “Homeboys Rights Watch”.
“Homeboy” o “homeys” es el nombre genérico con el que los pandilleros se refieren a los miembros de su pandilla.
Human Rights Watch criticó especialmente a Bukele por su demanda de destituir a un reconocido juez salvadoreño que dejó libres a 42 pandilleros por falta de pruebas. El caso correspondía a un proceso previo al estado de excepción.
“Hoy en El Salvador: 8.30 am: Bukele pidió por Twitter que se investigue al juez Godofredo Salazar porque ordenó la liberación de presuntos pandilleros. 2.30 pm: la Corte Suprema ordenó el traslado del juez Salazar a otro juzgado. El Estado de derecho ha muerto en el país», escribió en Twitter el investigador para las Américas de HRW, Juan Pappier.
Entonces Bukele replicó: “Para estas ONG autodenominadas de ‘defensa de los derechos humanos’, estado de derecho significa que los 42 pandilleros debieron haber salido libres a asesinar salvadoreños. Su agenda está clara. Ya ni la disimulan. Quieren ver a nuestro pueblo desangrarse, ese es su negocio”, escribió en Twitter.
El juez Godofredo Salazar efectivamente fue trasladado por la Corte Suprema, también controlada por Bukele, a un municipio del interior del país.
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Fue la segunda vez en una semana en la que Bukele y HRW chocaron entre denuncias y acusaciones.
La directora en funciones de HRW para las Américas, Tamara Taraciuk, «condenó» y reclamó por lo que consideró «ataques infundados por el presidente Bukele contra defensores de derechos humanos que se pronuncian sobre sus abusos» después de que el mandatario señalara a tales entidades de que «no se interesan por las víctimas. Solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre».
Taraciuk enfatizó que tales comentarios «evidencian el nivel de intolerancia de Nayib Bukele y su descarado esfuerzo por cerrar espacios democráticos».
Lo que opinan los salvadoreños
Los comentarios del salvadoreño común suelen ser de respaldo a las medidas anunciadas por Bukele, debido a que el acoso y el accionar delincuencial de las pandillas afecta especialmente a las clases populares.
“Creo que es una cuestión muy necesaria desde hace mucho tiempo. Me parece bien que les hagan un proceso de investigación, están enfocados en los pandilleros”, dijo a Expediente Público, Roberto Flores, un empleado de una empresa privada en el centro de San Salvador.
“Es una medida buena pero también hay que saberla manejar, no pasarse. Si presumen de alguien es por alguna razón, habría que investigar bien”, dijo María José Orellana, una estudiante universitaria.
Pero también se percibe temor entre estudiantes y población civil por posibles excesos durante los operativos. “En ciertos casos impide la libertad de los estudiantes, uno a veces sale con miedo porque no vaya a ser que lo pare a uno un policía o algo así. Por mi caso, yo siento que a veces agarran a la gente solo por el aspecto, por andar un tatuaje, por la manera en que se visten, siento que ya los policías tienen eso y los agarran”, se quejó Susana Guadalupe Rodríguez.
