*Carlos Pineda, uno de los candidatos que lideraba las encuestas, quedó afuera por supuestas irregularidades en su asamblea de postulación.
**Pineda es el tercer candidato que la Corte de Constitucionalidad deja afuera, luego de vetar también a Thelma Cabrera del Movimiento Popular de Liberación (MLP) y el hijo del expresidente Álvaro Arzú (1996 a 2000), Roberto Arzú.
***Las próximas elecciones se darán en un escenario en el que ha sido detenido el exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción Stuardo Campo y el periodista José Rubén Zamora, fundador de El Periódico de Guatemala.
Yarely Madrid / Expediente Público
Confabulaciones para vetar candidatos de la elección general, un fiscal encarcelado y percusiones a la prensa son el panorama para las próximas elecciones de Guatemala el domingo 25 de junio de 2023.
Expertos entrevistados por Expediente Público consideran que lo que existe en este momento en Guatemala es una “crisis institucional severa”.
Organizaciones internacionales manifiestan su preocupación por las futuras elecciones y piden garantizar los derechos políticos y condiciones de igualdad.
En la contienda electoral se juega la candidatura del presidente, vicepresidente, 340 alcaldes para los 22 departamentos, 160 diputados del Congreso Nacional y 20 para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
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Vetado
Este 26 de mayo del 2023 la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala dejó afuera de las elecciones al candidato Carlos Pineda y a todos los 200 candidatos que se postulaban con su partido, Prosperidad Ciudadana.
Antes, el 19 de mayo, la decisión de suspender a Pineda había sido tomada por Tribunal Supremo Electoral (TSE) temporalmente, pero no fue hasta después que el tribunal respaldó la decisión, declarando la sentencia como inapelable.
La exclusión de Pineda surgió luego de que su partido fuera acusado de no cumplir con los requisitos legales cuando se realizó la asamblea en la que se le eligió como candidato a finales del 2022.
Estas supuestas irregularidades habían sido obviadas por el TSE de Guatemala, pero los abogados del partido Cambio, con quien inicialmente se había alineado Pineda, interpusieron un recurso administrativo evidenciándolas el 7 de mayo.
La caída de Pineda esconde un antecedente importante, debido a que el partido Cambio fue creado por los hijos de Manuel Baldizón, un excandidato presidencial preso por más de 50 meses en Estados Unidos, luego de que se declaró culpable de lavado de activos.
Luego de que Baldizón regresó a Cambio, Pineda decidió renunciar a esa fuerza política y unirse a Prosperidad Ciudadana a finales de enero del 2023.
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Denuncia persecución
Pineda denunció a Expediente Público que la salida de su candidatura fue debido a que el Estado tiene control sobre la corte en Guatemala.
“El Estado tiene cooptado, Miguel Martínez (exjefe de Centro de Gobierno del actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei) tiene cooptado las Cortes y las usa para hacer lo que se le da la gana o el Gobierno si uno quiere ponerle el nombre y apellido”, expresó.
“Para que un presidente pueda participar y gane las elecciones en Guatemala tiene que unirse a todos los corruptores del Estado, empresariado monopólico, o sea, monopolios elitistas, crímenes organizados, gobierno central, cortes del Congreso y todo el narcotráfico, todo se tiene que unir y todos tienen que estar de acuerdo con el presidente y como yo andaba solo solo con el pueblo, entonces no me dejaron”, lamentó Pineda.
En ese sentido, dijo que el Gobierno de Giammattei se había encargado de perseguirlo. “Me han tratado de involucrar en ilícitos, han sacado mis cuentas bancarias, han puesto gente de Gobierno a perseguirme, alquilaron una casa y ahí entra y sale gente del Gobierno e inventaron en la Dirección de Investigación Criminológica de la Policía un perfil falso mío, de mi familia y ahora lo promovieron en las Cortes”, reveló.
Al preguntarle qué le esperaba a Guatemala con los 22 candidatos que continúan en la contienda electoral Pineda aseveró que ganará “otro Gobierno corrupto que le dé impunidad al que va saliendo, que le dé privilegio a los empresarios, que roben el dinero las empresas constructoras y que se roben el dinero del pueblo”.
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Otros casos
Carlos Pineda es el tercer candidato que la Corte de Constitucionalidad deja afuera, también en un fallo judicial fue expulsada, Thelma Cabrera del Movimiento Popular de Liberación (MLP), de izquierda, por supuestamente faltarle a su compañero, Jordan Rodas, un documento que probaba que no tenía cuentas pendientes con el Estado, asimismo el hijo del expresidente Álvaro Arzú (1996 a 2000), Roberto Arzú, del partido We Can de derecha, por realizar campaña electoral antes de tiempo.
Además de estos tres candidatos vetados, se mantiene en suspenso la candidatura de Edmond Mulet, otro de los favoritos para la presidencia según una encuesta de Cid- Gallup, luego de que la Oficina del Fiscal General, Rafael Curruchiche, presentó un desafío legal en su contra.
El centroderechista, Mulet, trabajó en las Naciones Unidas, fue presidente del Congreso Nacional y fue señalado de participar en adopciones ilegales de niños en los ochenta.
¿Existe legitimidad?
“La pregunta acá no es tanto la legalidad, es la legitimidad y lo que hay detrás de este tipo de acciones”, manifestó Ana María Méndez, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) a Expediente Público.
Explicó que en Guatemala “se ha manipulado y han mal utilizado e interpretado la ley. Hay una manipulación de la justicia con fines políticos”, manifestó.
“¿Por qué hasta 30 días antes de elecciones se establece que era ilegal el acta del partido Prosperidad Ciudadana con el candidato Carlos Pineda?, es decir, aquí detrás hay un componente político y eso es lo grave”, evidenció.
Méndez señaló que en comparación con otros países de Latinoamérica en Guatemala no “ejerce poder una sola persona, una familia o un grupo, sino que son diversos grupos. Entonces hay una pugna de poder de estos distintos grupos”.
Polarización
Para el analista político, Pedro Trujillo, el hecho de que hayan quedado afuera de las elecciones tres candidatos independientemente de “las cuestiones jurídicas o judiciales, es perturbador… porque se crea cierto sentimiento de que las cosas no están bien, de que hay cierta polarización”.
“La ciudadanía interpreta, acepta, entiende o cree que todo está corrompido y todo no está corrompido, aunque sí hay mucha corrupción. No hay que quitar tampoco el dedo de la llave, es un proceso electoral convulso y polarizado”, manifestó.
Democracia
Las elecciones en Guatemala serán democráticas, según Trujillo, pero el problema es que “nos llevamos quejando mucho tiempo de la corrupción, de los políticos corruptos, de los políticos ladrones, de los políticos narcos, sin embargo, en todas las elecciones hay mucha gente que los vota, hay mucha gente que vota a los narcos, hay mucha gente que vota los corruptos y quizás como sociedad no queremos entender que el problema somos nosotros mismos”.
“Necesitamos un presidente que empiece a ver que el mundo ha cambiado, que no se pueden tener sociedades polarizadas, que además Guatemala es un mundo mitad indígena, que para desarrollar un país hay que establecer unas bases y unas garantías jurídicas y que el dinero público no está para robarlo, sino para invertirlo”, ejemplificó.
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Acusaciones falsas
El viernes 26 de mayo del 2023 fue arrestado el exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción de Guatemala, Stuardo Campo, bajo acusaciones de “espuria”, “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”.
Su arresto ocurrió luego de una denuncia de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). Una organización que Estados Unidos describe como “una ONG conocida por tomar como blancos a defensores de los derechos humanos y (luchadores) anticorrupción”.
Los medios televisivos del país pasaban las imágenes cuando Campo era trasladado a la judicatura con grilletes y esposas. “Sé que el ejercicio de mi cargo como fiscal anticorrupción como jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción me hizo ganar mucha animadversión con muchos sectores. Es parte de las persecuciones políticas que se ha vuelto comunes y habituales en Guatemala”, dijo el exfiscal cuando en un video al ser trasladado.
Campo es reconocido por su investigación “Libramiento de Chimaltenango” que demostró el supuesto fraude del expresidente guatemalteco, Jimmy Morales (2016-2020), por 63 millones de dólares y la criminalización de varios funcionarios por irregularidades en la construcción de la obra.
Pero el exfiscal no es el único caso, un informe de Amnistía Internacional, revela que durante el Gobierno Giammattei al menos unos 12 trabajadores de la justicia tuvieron que exiliarse, la mayoría trabajaban en casos de corrupción.
“Entre enero y octubre del 2022, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró 2,273 agresiones a personas que defendían los derechos humanos o que trabajaban en la administración de justicia”, dice una parte de la publicación.
Caso José Rubén Zamora
El caso contra el periodista de 66 años, José Rubén Zamora, fundador de El Periódico de Guatemala, ha sido un fuerte golpe para el periodismo en el país centroamericano.
Zamora está siendo acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, según el Ministerio Público. La fiscal auxiliar fiscal, Samari Gómez, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) también se le culpó de revelar información confidencial o reservada.
El periodista fue arrestado en julio del 2022 y según la fiscalía de ese país, su detención «no está relacionada con su actividad periodística«. Zamora lleva unos 9 meses preso enfrentando su juicio que recientemente llegó a una fase final.
Zamora dedicaba su labor periodística a realizar investigaciones periodísticas que evidenciaban actos irregulares en el Gobierno de Giammattei.
Al comunicador se le ha acusado de no justificar el origen de US$ 38.000. Al respecto, el comunicador ha dicho a la prensa nacional que no se le permitió presentar «las pruebas que justifican el origen lícito del dinero».
Brian A. Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos pidió la liberación de José Zamora. “Salvaguardar la #LibertadDePrensa es esencial para la #Democracia. Estados Unidos insta al pleno respeto al debido proceso bajo la ley #GUA y protección de la seguridad personal para @el_periodico @ChepeZamora y la fiscal de la FECI Samari Gómez”, publicó en un Tweet.
“Los periodistas que informaban sobre la corrupción y la impunidad (en Guatemala) se enfrentaban con frecuencia a acciones penales y campañas difamatorias”, también denuncia el informe de Amnistía Internacional.
Organizaciones internacionales piden transparencia
La instalada Misión de Observación Electoral (MOE-GE) en Guatemala, de la Unión Europea, emitió un comunicado el pasado 23 de mayo mostrando su preocupación por “el curso del proceso electoral, inmerso en irregularidades y una creciente judicialización, que puede derivar en la pérdida total de integridad y legitimidad de lo que hasta ahora es lo único que sostiene a nuestra frágil democracia guatemalteca”.
“El Estado de Guatemala se encuentra amenazado por grupos que socavan paulatinamente los fundamentos de la república y de la democracia participativa. Hoy resulta redundante hablar de la crisis política que atraviesa Guatemala, porque encontramos evidencias abundantes de que las instituciones erigidas para defender a la ciudadanía se han constituido en una amenaza para ella”, evidencia otra parte del comunicado.
“Alertamos a la sociedad de las consecuencias que tendrá resolver por la vía judicial lo que en un sistema democrático se dirime en elecciones libres, transparentes, plurales y competitivas. Coartar estas características destruirá el último puntal que sostiene a nuestra frágil democracia”, indica.
En una reciente llamada telefónica de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris con el presidente Giammattei de Guatemala, la funcionaria ratificó “el apoyo de la administración Biden-Harris para unas elecciones libres, justas, inclusivas y pacíficas, y para un proceso electoral transparente”.
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